El fracaso del Gobierno nacional en el denominado "7D" es una buena ocasión para reflexionar acerca del modo en que concibe el poder y la democracia, y para señalar una peligrosa desviación que trasciende la anécdota de tal o cual "batalla" política que el cristinismo haya enfrentado o vaya a enfrentar en el futuro.
Es notable la reacción violenta que produce en el gobierno cualquier revés judicial. No es nuevo, pero sí notable. En cualquier democracia republicana resulta normal y esperable que, dada la división de poderes que está en su misma raíz, el Poder Judicial falle unas veces a favor y otras en contra del Poder Ejecutivo; es lo normal, así fueron pensadas las instituciones, de modo tal que aquel poder contrapese las facultades de éste. Lo mismo puede decirse del Poder Legislativo frente al Ejecutivo; aquél discute las leyes en un ámbito político donde el juego de mayorías y minorías, de oficialismo y oposición, de alianzas e intereses, va tejiendo normas que, a veces, son impulsadas o del gusto del Ejecutivo, y otras no; éste puede vetar las leyes que no le gustan, aquél puede insistir en ellas. Otro contrapeso es el que existe entre el Poder Legislativo y el Judicial, donde éste resulta el último intérprete de las leyes que aquél dicta, al tiempo que controla su constitucionalidad. Con matices, con la intervención de otras instituciones menores -formales o informales- que funcionan como contralor de los tres poderes del Estado, este sistema republicano es el que rige en todas las democracias de occidente, en particular en aquellas que garantizan actualmente los mejores estándares de vida (por lo menos, desde un punto de vista material y mensurable) para sus habitantes.
Pero el cristinismo (y, antes, el kirchnerismo) no cree en estas cosas. El único poder legítimo, en su concepción, resulta ser el Poder Ejecutivo, surgido de la voluntad popular que, de algún modo, encarna y personifica: el Poder Ejecutivo "es el pueblo". Consiguientemente, un Poder Legislativo que no siga el "dictado" del pueblo a través del Ejecutivo resulta un poder traidor de la voluntad popular y deslegitimado. Por eso, los legisladores del partido gobernante no pueden sino seguir instrucciones del Poder Ejecutivo (del pueblo, encarnado en la Presidenta) y sus proyectos no deben discutirse, por cuanto tal discusión pondría en tela de juicio la voluntad del pueblo. Otro tanto puede decirse del Poder Judicial, cuyas sentencias, si contrariaran las políticas del Poder Ejecutivo, resultarían antipopulares, inicuas, y quienes las dictaran serían pasibles del calificativo de traidores al pueblo, a cuyos intereses (encarnados en aquellas políticas del Poder Ejecutivo, siguiendo con la misma lógica) deben subordinarse.
No es exageración: debemos recordar cómo fue calificado de traidor el entonces Vicepresidente Cobos por frustrar la ratificación de la Resolución nº 125, cómo los proyectos de presupuesto llegan al Congreso Nacional con la advertencia de que no puede tocárseles ni una coma, cómo el Gobierno nacional gobernó por decreto cuando se le hizo difícil sacar leyes en el Congreso durante el bienio en que estuvo en minoría, cómo interpretó como un desafío a su autoridad la protección que el Poder Judicial hiciera del entonces Presidente del Banco Central, Martín Redrado. Finalmente, cómo ha hecho un despliegue impúdico de presiones para intentar forzar un fallo a su favor en la pendencia con Clarín, al punto de advertir que cualquier fallo en contra del Ejecutivo -por ser un fallo en contra del pueblo- debía interpretarse como un "alzamiento" y amenazar con el juicio político a los jueces que así fallen.
El relato, reitero, es lineal: el gobierno de Cristina Fernández, por haber ganado con el 54%, es el gobierno del pueblo; el que contradice a dicho gobierno, contradice al pueblo; el que contradice al pueblo es, en consecuencia, antidemocrático; y cualquier pensamiento o acción de quien es antidemocrático carece absolutamente de legitimidad, y si todavía no ha recibido la condigna sanción, es por los defectos propios de un sistema institucional liberal y burgués que, por tal motivo, deberá ser reformado para ajustarlo al verdadero espíritu de la democracia, esto es, del gobierno del pueblo.
Esta lógica no es nueva. Está presente en todas las concepciones autoritarias y totalitarias desarrolladas en los últimos 300 años en todo el mundo. El pueblo se convierte, en tales ideologías, en la coartada de la tiranía; tiranía disfrazada de encarnación misma de la voluntad popular, que no le debe explicaciones ni tiene por qué rendir cuentas ante nadie.
Que el pueblo sea pasible de ser convertido en masa, maleable para el poder de turno; que su expresión sólo pueda efectuarse en elecciones periódicas; que éstas puedan ser manipuladas por un Estado estructurado al servicio del partido gobernante; que, en última instancia, las mayorías sean falibles y mudables en sus opiniones; todas estas son cuestiones que no interesan a la concepción del poder de que venimos hablando. Por el contrario, está dispuesta a mostrar tales reparos como producto de los intereses espurios de grupos de poder que permanentemente conspiran contra el pueblo.
Así han procedido el comunismo, el fascismo, el nazismo, los populismos de todos los colores y tendencias, las dictaduras de todos los orígenes. Siempre hay justificaciones, para ellos, que se enraízan en los supremos intereses del pueblo. Siempre hay enemigos más o menos visibles y peligrosos, entre quienes se les oponen.
Así concibió el poder el primer peronismo. Concepción que el propio Perón se encargó de revisar y que el justicialismo moderno había abandonado, pero que la izquierda del movimiento conservó y hoy, reconvertida en el Frente para la Victoria, reivindica.
Es por esto que no podemos darnos el lujo de ignorar, quienes militamos en la oposición y todos los ciudadanos, que el verdadero peligro no está, solamente, en tal o cual avasallamiento de la libertad de expresión o de la propiedad privada, ni siquiera en la desaprensión por la vida y la dignidad humana que rezuman tantas posturas del Gobierno nacional (como su desdén por el combate a la inseguridad, por ejemplo). El verdadero peligro del "kirchner-cristinismo" radica en una concepción del poder que excluye cualquier límite institucional, que interpreta que las mayorías son para "tirárselas por la cabeza" al contrario, que subordina la ley al interés político del poderoso, y que considera, en definitiva, que derechos como la vida, la libertad, la dignidad y la propiedad son excusas burguesas para oponerse al supremo interés del pueblo; interés que nadie como su líder puede interpretar.
