El ganador inesperado

Reconozcámoslo: no es imposible, pero sí muy difícil que Javier Milei pierda las elecciones presidenciales. Más aún: dentro de un mes quizás estemos discutiendo si gana o no en primera vuelta ¿No es eso lo que tiene tan nerviosos a todos?

Ya he sabido de muchas personas que votaron el 13 de agosto a Patricia Bulrich solo para que Horacio Rodríguez Larreta perdiera la interna, pero que van a votar por Milei el 22 de octubre. También están los que deciden su voto en función de su utilidad para derrotar al kirchnerismo; ¿cuántos votantes de Juntos por el Cambio en las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) estarán considerando por estas horas que, si Milei tiene más posibilidades, convendría votarlo a él en las generales?

En medio de la maratón de especulaciones largada a partir de la victoria de Milei en las primarias, hay una que dice que, no habiendo votado un 30% por ciento del padrón, esos votos (unos diez millones de votos) estarían disponibles y podrían dar vuelta la elección en las generales. Pero esta hipótesis prescinde del hecho de que normalmente en una elección hay un 20% del padrón que no vota (muertos, enfermos, ancianos, viajeros y un largo etc.). Por lo que los votos ausentes de las PASO que realmente podrían ir a votar en las generales no llega a los tres millones y medio ¿Y cuántos de esos son gente que “vota a ganador” (siempre los hay)? ¿Cuántos que, partidarios de Milei, dieron por descontado que entraba a la general y se abstuvieron de votar en las PASO? ¿Cuántos desencantados de la política, que no votaron en las primarias, serán seducidos por Milei en los próximos dos meses?

No hace falta tener una gran imaginación conspirativa para pensar que en el cuarto oscuro se hicieron desaparecer boletas de La Libertad Avanza. En las redes hay centenares de denuncias al respecto, y todos los que alguna vez estuvimos en el control de un comicio sabemos que eso existe y es muy difícil de combatir si no se tiene una estructura de fiscalización suficiente. Estructura que, además, sirve para cuidar los votos en el escrutinio, momento en el que la desesperación remueve las convicciones republicanas del más demócrata de los fiscales, que termina mirando para otro lado si los votos que se pierden son los del contrario ¿Cuántos votos le costó a Milei la falta de fiscales? ¿Cuántos sumará para cuidar mejor las elecciones del 22 de octubre?

Es cierto que todo es posible y que la elección ha sido casi de tercios. Pero nadie puede llamarse a engaño: ese “casi” significa que hubo un candidato que sacó más votos individualmente que los demás, sin hacer interna, que era “punto” y se convirtió en “banca”, al que las primeras encuestas post PASO ya le están dando un 37%, y al que le va a resultar, en el curso de las próximas siete semanas, más fácil sumar votos y retener electorado que a sus contrincantes. Milei sólo depende de sí mismo. Sus adversarios, que en las primeras semanas parecieron haberse quedado atontados y sin discurso, necesitan crecer a expensas de él ¿Cómo podrían hacerlo?

El periodismo tiene su propio papel en el éxito de Milei. Es habitual y lógico que los periodistas (y los medios, en general) tengan sus preferencias políticas: que haya oficialistas y opositores. Estas preferencias siempre se transparentan en el nivel de complacencia / hostilidad con que cada periodista (o cada medio, reitero) trata a tal o cual candidato. Pero pocas veces como en esta campaña para las primarias recuerdo haber visto a periodistas opositores, incluso de los más serios, cuestionarle a Milei con vehemencia lo que pasaban por alto a los candidatos de Juntos por el Cambio (en particular a Rodríguez Larreta). Pero este punto da para un artículo por separado.

Lo cierto es que el favoritismo de los medios opositores por Bullrich, y la consecuente impugnación a Milei, es cada vez más evidente ¿Por qué reaccionan así los medios no oficialistas? ¿Porque no lo vieron venir? ¿Porque la agenda del electorado resultó no ser la misma que la del “círculo rojo”? ¿Porque hay influencers que demostraron ser más influyentes que los formadores de opinión? ¿Porque, al final, los simulacros de votación de Crónica fueron más precisos que las encuestadoras?

Sería bueno que quienes, desde los partidos o los medios, impulsan o se suman a la campaña del miedo (del miedo a Milei) recordaran que ese tipo de estrategias nunca funcionó. Por el contrario, siempre resultaron contraproducentes: desde aquella patética campaña de Angeloz en la que se pretendía equiparar al entonces casi desconocido Menem con lo peor del peronismo, hasta la de Scioli en la segunda vuelta de 2015, en la que todo el argumento era: “ese cambio, no”. Las campañas del miedo son demostración de la falta de mejores argumentos. Y los resultados de Milei, mal que les pese a quienes insisten en hablar de un “voto bronca”, demuestran que el electorado está empezando a buscar, no simplemente un cambio de caras, sino un cambio de argumentos ¿El miedo puede ser un buen argumento?

Porque lo que todos parecen pasar por alto es que, desde que La Libertad Avanza presentó su plataforma, oficialistas y opositores se dedicaron a hablar de por qué esa plataforma era mala o, en el mejor de los casos, inviable. Pero nadie presentó alternativas concretas. Entonces, todos hablaron de la plataforma de Milei, sin hablar de la propia plataforma. Sin proponérselo y con su vacío de propuestas, le hicieron la campaña a Milei.

El problema no son las ideas, ni la cordura, ni los candidatos de Milei. El problema es convencer al electorado de que se tienen mejores ideas, mayor racionalidad o candidatos mejores. La decadencia actual de nuestra dirigencia política hace dudar seriamente de que alguien pueda, a esta altura, dar respuesta cabal a esas necesidades y mejorar la oferta.

En definitiva y si la gente se convence de que debe votar al mal menor, ¿habrá algo menos malo que Milei?

¿Renovación o más de lo mismo?

La irrupción de Javier Milei en la política tiene aspectos positivos y no tanto.

Es positivo, si su discurso contra la “casta” política es la impugnación de la enorme mayoría de políticos que administran y gobiernan en función de su propio beneficio y de la conservación del poder. Habría que ver si la “casta” toma nota.

No sería el caso, en cambio, si todo terminara en un nuevo “que se vayan todos”, para que los nuevos que vengan sigan medrando con el poder como lo hacían los anteriores.

Es positivo que ser liberal deje de ser un insulto, y que el liberalismo se ha vuelto popular entre las franjas etarias más jóvenes. Reivindicar la iniciativa privada como motor de la economía, revalorizar la economía de mercado, o proponer una reforma del Estado, dejan de ser patrimonio del Coloquio de Idea, y se convierten en consignas que vociferan chicos de edad universitaria en Tik Tok.

Pero, ojo: como toda ideología, el liberalismo tiene su “lado oscuro”. Si fuera la coartada para promover un individualismo egoísta y despersonalizado, la de los libertarios se convertiría en una cruzada tan inhumana y perniciosa como la del trotskismo, solo distinguible por el signo.

Es positivo que haya quien reivindique una agenda verdaderamente contracultural, que cuestione la legalización del aborto, la ideología de género, la reingeniería social, o la ingerencia del Estado como comisario de la moral “progre” en la vida privada de las personas. Estos cuestionamientos dejan a muchos políticos y comunicadores en evidencia como defensores de una agenda que es ajena y lejana para el electorado peatón: la inflación o la inseguridad resultan más urgentes que las “nuevas masculinidades” o la “invisibilización de minorías”.

La pregunta es saber hasta dónde Milei está dispuesto a ser inflexible y qué es lo que está dispuesto a negociar, llegado el caso.

Los dogmatismos (de izquierda o derecha) se pagan caro en política: el rival también juega. Descalificar hasta la cancelación al adversario siempre ha sido una especialidad de la izquierda y, en su propia frecuencia, del peronismo. Así estamos.

Pero el fundamentalismo ideológico no es patrimonio de nadie, y nadie está vacunado contra él.

¿Se habrá dado cuenta Milei, en su recorrido político, que con la sola teoría no se va a ningún lado, que hace falta entender qué es lo importante y qué lo que se puede ceder; que tener principios no nos habilita a tirárselos por la cabeza al adversario, que “lo cortés no quita lo valiente”?

No sea que, en lugar de una renovación, termine siendo más de lo mismo. No sea que se convierta en una oportunidad de cambio perdida. Otra más.

 

Hace un año...

Hace un año, el progresismo conseguía su victoria soñada en el Congreso: la legalización del aborto. Y lo festejaba como un avance. Se tomaba revancha de la derrota de 2018. No le importó que no fuera prioritario, ni que la mayoría de la opinión pública estuviera en contra. Lo importante era imponer el dogma de que “el aborto es un derecho”; como si fuera justo decidir sobre la vida de los demás.

Hace un año, cada argentino que nace es un sobreviviente de un sistema que afirma que nadie es ser humano si su existencia no es deseada, o significa una carga, o puede ser interpretada como inconveniente, o alguien (no necesariamente la madre, también el entorno o la sociedad que la presiona) decide, por la razón que sea, que se trata de una vida que no debe o no merece ser vivida.

Hace un año, un presidente que nada tenía, ni tiene hasta ahora, para legar se asumía, con esa ambigüedad que lo caracteriza y que bascula entre la ignorancia y el cinismo, como un “católico que está a favor del aborto”.

Hace un año, el electorado que se auto considera provida y que había votado por las distintas opciones mayoritarias se dio cuenta de lo que había votado al votar “en contra de...”.

Hace un año, el Congreso decidió que la Constitución no defiende la vida sino en la medida en que le conviene a quien quiera abortar o hacer abortar. Que era más urgente, en un país que se hunde en una de sus peores crisis económicas y sanitarias, legalizar la eliminación sistemática de vidas humanas, para que a los diputados y sus hijas la obra social o la prepaga les cubran el aborto.

Hace un año, quedó claro que, para muchos, los derechos humanos son solo una consigna manipulable en función de las propias necesidades políticas, y que nada tienen que ver con derechos objetivos, ni siquiera con el primero de ellos: la vida humana.

Hace un año, vivimos en un país más inhumano y cruel. En el que ahora, los mismos que desprecian la vida naciente cuando la consideran descartable, van por la vida de los que se convierten en una carga, con el proyecto de legalización de la eutanasia. Siguen, así, el manual de procedimientos del progresismo en todos lados, sin importarles las consecuencias que ya son visibles en todos aquellos países donde se legalizaron estos crímenes; países donde ya es una realidad la revisión de todas esas prácticas. 

Hace un año empezó otra lucha: la de reponer el respeto irrestricto por la vida humana, el de devolverle humanidad a una Argentina que parece condenada a la decadencia.

Una lucha que vale la pena.

La justicia social, esa coartada...

“Libertad, igualdad, fraternidad”. Es el lema de la Revolución Francesa. Pero, además, es el resumen de los valores fundantes de la democracia moderna, tal y como la entendemos desde hace 250 años. No quiere decir que hayan nacido esos valores entonces; por el contrario, son valores incomprensibles sin los veinte siglos anteriores de cultura grecorromana y judeocristiana. Podría decirse que son el fruto, cuajado en tiempos de las “nuevas ideas”, de siglos de evolución. No podemos decir que sean la última palabra, porque la historia humana demuestra que siempre estaremos lejos de la perfección a la que aspiramos, pero sí se puede afirmar que representan un escalón del que no podemos bajarnos sin riesgo de retroceder, de involucionar.

Después de referirnos a la fraternidad y la libertad, queda hacer una reflexión acerca de la igualdad. Pocos valores tienen tanta prensa como este en los últimos años: la promoción de la igualdad se ha esgrimido como justificación de innumerables movimientos sociales que aspiran, o dicen aspirar, en última instancia a una mayor justicia. Porque la relación entre igualdad y justicia es esencial: no puede entenderse una sin la otra. Por aquello que los griegos enseñaban, y los romanos procuraban poner en práctica, de que lo justo es lo igual, según determinado tipo de igualdad. Quizás en la dificultad para entender este último punto, la distinción de los tipos de igualdad, residan muchas de las confusiones modernas en materia política: al olvidar que existe una igualdad aritmética, que supone dar a cada uno lo mismo, distinta de otra igualdad geomética, que implica dar a cada uno según su mérito, terminamos queriendo igualar cosas que no pueden ser iguales y, paradójicamente, discriminando allí donde no debe haber distinciones.

Pero hoy detengámonos en una confusión muy actual en nuestro país: la referida a la justicia social, que es aquella que busca la igualdad en orden al bien común. Ambos conceptos, inasibles para el liberalismo político y económico cuando se lo convierte en una ideología atada al individualismo, también resultan confusos hoy por hoy al haber sido manipulados por el socialismo y la izquierda en general, y aquí, en la Argentina, especialmente por el peronismo (que no por nada adoptó institucionalmente el nombre de “justicialismo”).

El peronismo se ha caracterizado, a lo largo de sus casi 80 años de historia, por afirmar que promueve la justicia social. Digo afirmar que promueve, porque los hechos distan, con demasiada frecuencia, de tales afirmaciones: la corrupción en los sucesivos gobiernos peronistas ha sido proverbial en nuestro país, superando con creces la de los restantes gobiernos civiles y militares (que también existió). Y pocas cosas pueden ser tan injustas como que los gobernantes se enriquezcan ilícitamente en el poder, porque siempre será a expensas de los impuestos que paga todo el pueblo, ricos y pobres, fuertes y débiles, siendo estos últimos los que suelen sufrir las peores consecuencias. Pero aún más injusto es que esa corrupción se haya dado en un marco de políticas económicas que, lejos de promover la prosperidad material de la Argentina, han conducido a una cada vez más marcada decadencia, justamente durante las mismas décadas en que la “justicia social” se convirtió en una verdadera política de Estado.

En efecto y desde que, de la mano de Perón, se convirtiera en la razón legitimadora del golpe del '43, la justicia social fue caballito de batalla de todos los gobiernos que le sucedieron, democráticos o no, de un signo u otro. En las últimas ocho décadas, casi nadie se atrevió, por ignorancia o por conveniencia, a cuestionarle al peronismo su noción de justicia social, tal y como se la apropió esa facción.

La justicia social tiene que ver, sí, con las exigencias éticas que impone, para los particulares, las organizaciones intermedias y el Estado, la realización del bien común, entendido como el conjunto de condiciones que permita a cada uno de los miembros de una sociedad determinada alcanzar su realización personal.

La justicia social tiene que ver con generar condiciones económicas que permitan el progreso material de todos; y no con quitarle a unos para darle a otros. La justicia social supone combatir los impedimentos para el acceso a bienes elementales como la salud, la educación, el empleo; pero no puede ser la coartada para que esos bienes sean monopolizados y administrados discrecionalmente por el Estado. Así como no hay justicia social si impera el puro individualismo, origen de tantas desigualdades, tampoco hay justicia social si no se respetan los bienes individuales indispensables para la realización de cada persona: la vida, la libertad, la propiedad privada.

Abel Albino tiene una observación genial, que generalmente se pasa por alto: creemos que “los pobres” son gente igual a la de clase media o alta, pero “sin plata”; por eso, nuestros gobiernos se esfuerzan en repartirla como si con eso se combatiera la pobreza y se hiciera “justicia social”. Pero como la pobreza es más que la falta de dinero, los recursos que estos gobiernos “justicieros” de distinto signo utilizan para combatirla no resultan eficientes: a la parte que se lleva la corrupción de los intermediarios, debe agregarse que la falta de una correcta nutrición, de educación, de cultura del trabajo, de una familia estable, de un ambiente social favorable y de una cantidad de bienes intangibles cuya carencia constituye una pobreza mayor que la falta de dinero, hace que muchos de los beneficiarios, cada vez más, no sepan cómo utilizar provechosamente lo que se les da y, en lugar de ser palanca que los saque de la pobreza, se convierte en medio para hundirlos más en ella, con el agravante de las adicciones, la violencia y el crimen.

Justamente por tratarse de una exigencia ética, la justicia social puede vivirse y promoverse, proponerse como una meta, pero no imponerse coactivamente, porque en ese mismo momento se estará faltando a la justicia. Por eso resulta urgente una suerte de cambio de paradigma: la justicia social nada tiene que ver con repartir dinero (o cosas). La justicia social supone, primero, un compromiso ético personal, individual, de cada miembro de la sociedad; la justicia social supone también el respeto de la libertad, porque solo las personas libres pueden realizarse practicando la justicia con sus semejantes; la justicia social constituye una meta que nunca podrá ser definitivamente alcanzada, en la que siempre podremos mejorar y que, como tal, exige un constante ejercicio de promoción que la convierta en objetivo de cada agente personal, corporativo o estatal de la sociedad.

Parafraseando al proverbio chino, la justicia social consiste en enseñar a pescar para dejar de tener hambre, en facilitar las condiciones para que todos, no solo estos o solo aquellos, progresen de verdad como personas.

El precio de la libertad

La renovación de las restricciones de actividad pública y de reuniones privadas con fundamento en la pretendida preservación del sistema de saludo frente al aumento repentino de contagios por la pandemia del Covid-19, ha renovado el debate en torno de la libertad ciudadana, su respeto y sus condicionamientos.

La libertad es uno de los bienes originales más preciados del hombre, junto con la vida. Convertidas en derechos en su relación con los demás hombres, el equilibrio entre las vidas y las libertades de los ciudadanos resulta la materia más delicada de cualquier agenda de gobierno en orden a dictar las normas que rigen una determinada sociedad. Lo vemos en debates públicos como el del aborto, la inseguridad, la libertad de expresión y de información, etc. También, como dijimos, en torno a las medidas que los distintos países, y la Argentina en particular, han tomado para enfrentar los desafíos de la pandemia que nos aqueja desde hace ya más de un año.

¿Cuál es el precio que la libertad debe pagar para salvar vidas humanas? ¿Hasta dónde es posible restringir la libertad sin comprometer, a largo plazo, la misma vida? El enfoque para contestar a estas preguntas y otras similares, lamentablemente, suele ser ideológico y superficial, no pasando de la repetición de fórmulas y lugares comunes, cuando no de la adopción de simples posturas de conveniencia para el momento. Así, resulta que quienes son partidarios de la libertad cuando les resulta cómodo, se vuelven enemigos de ella cuando los compromete; y no es raro encontrar quienes reclaman la propia libertad al tiempo que se la niegan a sus adversarios. 

Desde chico he escuchado la contraposición de la libertad (buena) al libertinaje (malo). Pero me llevó un tiempo entender cuándo estábamos frente a la una o al otro. Fundamentalmente, porque, como veíamos, tendemos a calificar de libertinaje a aquella libertad que nos molesta y que no queremos reconocer.

Pero el punto de división entre libertad y libertinaje es el precio de la libertad: la responsabilidad. Porque somos libres, respondemos por las consecuencias del uso de esa libertad. Si no nos quisiéramos hacer cargo de ellas, caeríamos en el libertinaje. Porque somos libres, somos responsables; y porque somos responsables, somos realmente libres: los animales no responden por sus actos; ellos siguen un instinto, carecen de una voluntad libre que les permita contradecirlo, pasar por encima de él. Los animales, por salvajes que sean, viven condicionados en forma absoluta por su naturaleza. Sólo el hombre puede contradecirla, obrar el mal.

Este precio de la libertad supone, en primer lugar, hacernos cargo de las consecuencias de nuestro propio obrar. Por lo general tendemos a pretender lo contrario: queremos libertad para hacer algo en particular, pero rechazamos las consecuencias de ello. Un ejemplo clásico es el de la llamada revolución sexual: a todos nos fascina usar de nuestra sexualidad según el deseo del momento... siempre y cuando no tenga consecuencias; pero siempre las tiene, aunque no nos lo parezca; por eso buscamos perfeccionar los medios para prevenirlas, y cuando no lo conseguimos, tendemos a buscar eliminarlas. Nos divierte la promiscuidad sexual, pero no nos queremos hacer cargo de unas consecuencias que siempre son previsibles: el embarazo no buscado, las enfermedades de transmisión sexual, los estragos del egoísmo en las relaciones humanas, la manipulación de las personas como si fueran objeto de nuestra personal satisfacción, la proliferación de ataques sexuales y de casos de pedofilia, la soledad y la depresión, el abandono, las adicciones, y una larga lista de consecuencias del uso irresponsable de la sexualidad, pretendidamente libre, pero que prescinde del compromiso, de la empatía y, en definitiva, del amor.

Siempre podemos elegir, libremente, entre el camino que nos lleva al oasis o al precipicio. Podemos equivocarnos, ciertamente, en la elección. Y siempre podemos rectificar, por lo menos hasta que la muerte nos quite esa posibilidad. Lo que no podemos es culpar al precipicio por nuestra caída.

Pero el precio de la libertad también se paga en los otros. Defender la propia libertad supone defender la de los demás, con el implícito riesgo de que los demás no obren, en uso de esa libertad, como nos gustaría o como consideramos mejor. En ejercicio de la libertad de expresión se puede denunciar el mal que los poderosos pretenden ocultar, pero también se puede calumniar al inocente; se puede hacer legítima difusión de las propias ideas, pero también se puede agredir al que piensa distinto. Como un cuchillo, la libertad de expresión sirve tanto para cortar el pan como para apuñalar al otro.

Respetar la libertad del otro pasa, necesariamente, por tolerar que el otro se equivoque u obre mal. Cuando ese mal obrar se traduce en una injusticia, interviene el orden jurídico, que busca restablecer el orden de la justicia. Pero no pocas veces este objetivo se convierte en coartada de los poderosos para recortar la libertad que le resulta incómoda. En esta tensión, el extremo es el totalitarismo, en el que ya no se legisla y gobierna para restablecer la justicia, sino para prevenir que los ciudadanos piensen de una determinada manera. Totalitarismo del que no están exentas nuestras sociedades democráticas occidentales, si se tienen en cuenta, por ejemplo, la multitud de normas orientadas a imponer determinados lineamientos ideológicos en la educación y a sancionar a quienes no adhieran a esos contenidos o enseñen a cuestionarlos. Occidente viene jactándose desde hace tres siglos de haber descubierto la importancia de la defensa de la libertad de pensamiento frente a los siglos previos de oscurantismo, en los que se imponía el dogma religioso. Paradójicamente, esta jactancia llevó a reemplazar a la religión por la ideología, y al dogma por el principio a priori, pero la censura y las persecuciones persistieron, aun impulsadas por quienes se ufanaron de defender la libertad, como recuerdan las últimas palabras de Madame Roland, revolucionaria guillotinada en tiempos del “Terror”: “¡Oh, Libertad!, ¡cuántos crímenes se cometen en tu nombre!”. Aún hoy abundan quienes, autotitulándose “tolerantes” y partidarios de la tolerancia invitan a quienes disienten con ellos, con más o menos coherción, al silencio, la catacumba o el cadalso.

En síntesis, el precio de la libertad es bancarse las consecuencias. Es muy sencillo defender la propia libertad a expensas de la libertad ajena: todo se resuelve en una cuestión de poder; quien tiene el suficiente para imponer determinado parecer será libre de hacerlo, mientras que el que lo contradiga será perseguido y carecerá de libertad alguna para disentir. Claro que esto no resulta coherente; más bien es expresión del cinismo que hoy calificamos de doble estándar. Al defender realmente la libertad, el desafío es estar dispuesto a soportar que otros la usen para decir, opinar, sostener, expresar o ejecutar ideas diversas, y hasta opuestas, a las propias. Y esto en el entendimiento de que la defensa de la libertad ajena repercute positivamente en el ejercicio de la propia libertad.

Y, para bancarse las consecuencias, hay que hacerse cargo de la propia responsabilidad, actitud que es propia de la madurez. El “progresismo” (la “Matrix” cultural en la que estamos inmersos, según imagen utilizada por el escritor Juan Manuel de Prada) no entiende esto: pretende alcanzar la mayor libertad sin responder por las consecuencias; por eso puede decirse que la del progresismo es una actitud inmadura, adolescente. Es notable como, al entender a la libertad como una pura indeterminación, como si diera igual obrar en un sentido u otro, las consecuencias negativas de nuestro obrar tienden a ser atribuidas, como hacen los adolescentes, a los demás, a las conspiraciones, al destino, a Dios o a la mala suerte: nunca al error propio, nunca a la mala decisión propia, nunca a nuestro mal obrar. Sin proponérselo, le cabe a esa actitud “progre”, aquel remate de Mafalda frente a los escandalizados: no es el acabose, “es el continuose del empezose de ustedes”. 

Las discusiones acerca de la libertad en la Argentina durarán lo que los argentinos tardemos en asumir, personal y colectivamente, nuestras responsabilidades, y en aceptar su precio. Porque para ser realmente libres hay que madurar, aceptar el disenso de la libertad de los demás, y hacernos cargo de lo que hicimos mal, para corregir, para asumir personalmente que el futuro, el de cada uno y el de todos, depende, no del destino, del azar o de la buena voluntad de otros, sino de nuestro propio esfuerzo por construirlo. Puede parecernos un desafío inoportuno en tiempos de Covid y kirchnerismo; sin embargo y si lo pensamos un poco, el desafío es absolutamente actual... y urgente.

La maldita grieta

Es universalmente conocida aquella fábula de Esopo en la que los ratones de una casa, cansados de las acechanzas del gato, deliberan acerca de cómo ocuparse de él para poder salir a buscar comida. Uno de los ratones propone la idea genial: ponerle un cascabel al gato para que su ruido los alerte y evite los furtivos ataques del felino. Todos los ratones festejaban la idea, hasta que uno preguntó: “¿quién le va a poner el cascabel al gato?”. La moraleja es que toda gran idea es más fácil de formular que de llevar a cabo.

Se aplica perfectamente esta fábula a las declamaciones de nuestros políticos acerca de cerrar la grieta: es fácil proponer aquello que todos sabemos necesario. La “grieta” de la que hablamos en la Argentina desde hace más de una década no es una mera discrepancia de opiniones, de métodos o de proyectos: se trata de la descalificación de la posición contraria, generalmente sin matices, en ejercicio de una dialéctica irreconciliable sobre la que no puede construirse nada, y que tiene como consecuencia el estancamiento del país, toda vez que cualquier proyecto común requiere, si no de un total consenso, por lo menos de un ánimo de diálogo que reconozca en quien no piensa como nosotros la legítima intención de sacar adelante a la Argentina. Difícilmente pueda recrearse este ambiente de diálogo, esta discusión civilizada, si unos desconfían y descalifican sistemáticamente a los otros como oligarcas, corruptos, “gorilas”, “peronchos”, vendepatrias, autoritarios, y un largo etcétera.

Todos coincidimos en que hay que cerrar la grieta, pero ¿quién le pondrá el cascabel al gato?, ¿quién tomará la iniciativa?, ¿quién se abstendrá de contestar la descalificación del otro?, ¿quién será capaz de ponerse por encima de la grieta para reconocer en el otro a un argentino que, aunque consideremos que está fatalmente equivocado, puede querer de buena fe el bien del país. 

Quizás la grieta sea un vicio de época. La proliferación de las redes sociales y la magnificación que en ellas encuentra todo tipo de opiniones, además de la facilidad con la que a través de ellas puede mentirse, tirar la piedra y esconder la mano, atacar anónimamente, y denigrar con o sin argumento, ha generado, no solo aquí, sino en todo el mundo un ambiente en el que la agresión masiva se ha vuelto relativamente sencilla, asequible a cualquier individuo o grupo, y las consecuencias se ven tan potenciadas como el alcance universal de Internet. Y esto vale tanto para el estallido de escándalos, como para la organización de movilizaciones populares, la cultura de la cancelación, o la instalación de dogmas de corrección política: no hacen falta ya los argumentos, basta con la descalificación, el hashtag apropiado y el resto lo hace la voluntad de no escuchar ni atender sino a lo que se quiere.

Lamentablemente y si bien el vicio no distingue ideologías, algunas hacen una verdadera instrumentalización del odio. Especialmente la izquierda: el marxismo exige enfrentamiento dialéctico, y éste no es posible sin el odio al contrario: el diálogo y la tolerancia son prejuicios burgueses. La grieta es funcional a todo discurso que se base su poder en este enfrentamiento. Por eso es impensable que la grieta termine mientras el kirchnerismo gobierne: éste necesita del enfrentamiento antipatria-patria, oligarquía-pueblo, ricos-pobres, ellos-nosotros, y ya ha demostrado que sus cultores no reparan ni siquiera en incoherencias y contradicciones para sostener estas dicotomías. Es imposible que un gobierno kirchnerista (y eso es lo que actualmente tenemos en la Argentina) le ponga el cascabel al gato. Por este motivo resulta tan irritante observar a funcionarios, dirigentes e “intelectuales” kirchneristas hablar del odio de quienes los contradicen, cuando los hechos demuestran, no sólo que ellos son expertos en odiar y fomentar el odio, sino que parecen sentirse cínicamente cómodos en ese ambiente de división.

De la divisa revolucionaria “libertad, igualdad, fraternidad”, la libertad siempre ha sido asociada al liberalismo y la igualdad a la socialdemocracia. Pero ninguna ideología parece haber hecho suya la necesaria fraternidad, sin la cual la libertad se convierte en la coartada de la desaprensión individualista, y la igualdad en la excusa del autoritarismo. Sin embargo, es en la fraternidad donde se encuentra la clave para superar la grieta: entender que el otro es mi hermano, aunque esté equivocado, y que, como tal, merece respeto; y que ese respeto se traduce en escucharlo, en no agredirlo, en tratarlo cordialmente más allá de las diferencias, por graves y profundas que estas sean.

Es cierto: es difícil ponerle “ese” cascabel al gato. Más fácil es victimizarse y señalar al otro como culpable de la grieta. Pero alguien debe correr el riesgo de pasar por ingenuo, o por tonto, y dejar de contestar el odio con más odio. Sólo creciendo en fraternidad, sólo superando y pasando por alto la obcecación de quienes sostienen por conveniencia la grieta, puede recrearse el clima social que permita la construcción de consensos, de políticas de estado, de un proyecto común de país. Proyecto común que no implica que todos sostengamos las mismas posiciones en todos los temas, pero sí que todos reconozcamos en el otro la voluntad sincera de construir un país mejor.

Sólo así aprenderemos a criticar sin agredir al criticado, a disentir sin odiar al que disiente con nosotros, a buscar ese proyecto común de buena fe, y superar de una vez por todas la maldita grieta.

La necesaria reconstrucción del federalismo argentino

Vivimos en un estado formalmente federal, pero unitario de hecho. Al contemplar el panorama de tantas provincias argentinas, sobre todo de las más pobres, resulta evidente que muchas de ellas dependen económicamente para su funcionamiento casi en forma exclusiva de la ayuda del gobierno nacional. Esto se ha visto agravado a lo largo de los años por normas de la Constitución que aún no se han cumplido, o paréntesis “provisorios permanentes” en sus previsiones.

El ejemplo clásico de esto último es el del Impuesto a las Ganancias. La Constitución de 1853 estableció que los impuestos directos podían sólo ser establecidos por las provincias, y que el gobierno federal, a través del Congreso, sólo podía establecer este tipo de impuestos “por tiempo determinado y proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan”. Así fue como el gobierno de facto surgido del golpe de Estado de 1930 estableció, y el gobierno democrático posterior confirmó, en 1932 el impuesto a los réditos, como un impuesto de emergencia, surgido en el marco de una recesión económica, en forma provisoria hasta diciembre de 1934. No obstante, la “provisoriedad” se fue prorrogando, hasta que en 1973 (41 años después de la creación del impuesto) el tercer gobierno de Perón le cambió el nombre al impuesto aún existente y lo institucionalizó como Impuesto a las Ganancias. La reforma constitucional de 1994 (62 años después) no modificó la previsión sobre cómo y en qué circunstancias excepcionales los impuestos directos podían ser establecidos por el gobierno federal, sino que le agregó la condición de que se coparticiparan y de que se dictara para ello una ley especial. Lo cierto es que, casi 90 años después de instituirse en forma excepcional, el Impuesto a las Ganancias sigue siendo un impuesto directo establecido por del gobierno federal, sin que esté clara su condición de excepcionalidad, y sin que exista aún un régimen de coparticipación, pese al mandato constitucional, que regule el modo en que debe transferirse lo recaudado a las provincias.

Situaciones como estas han hecho que la “caja” del gobierno federal sirva para subsidiar en forma permanente a las provincias, de manera discrecional y facilitando un sistema de disciplinamiento político en perjuicio del federalismo: un unitarismo de hecho, del que ni siquiera las provincias más ricas logran librarse del todo.

Porque el federalismo, como la libertad, supone responsabilidad. Responsabilidad fiscal, en primer lugar. Si el que pide el voto es el mismo que cobra el impuesto, deberá responder por la utilización de cada peso que cobró, si quiere que lo vuelvan a votar. Pero si quien pide el voto es un gobernador que vive del subsidio del gobierno federal, del impuesto que éste le cobra a ciudadanos de otras provincias para financiar la provincia que él gobierna, dará lo mismo en qué se utilice, se despilfarre o se robe: la responsabilidad y el costo será siempre de otro. Cuanto más depende de la caja nacional, el gobernador de la provincia se convierte en un señor feudal que, viviendo del dinero que no recauda, carece de incentivos para promover el desarrollo de su propia provincia; desarrollo que, de darse, generaría empleos que el señor feudal no podría manejar a discreción con fines electorales, quitándole una llave fundamental de su poder. Es experiencia común que la dependencia económica de la población respecto del Estado resulta ser inversamente proporcional a la responsabilidad de los gobernantes frente al electorado.

De ahí que un paso urgente para restaurar el federalismo en el país pase por cumplir con las previsiones en materia impositiva de la Constitución Nacional (reforma impositiva y ley de coparticipación mediante), para restablecer la responsabilidad fiscal de las provincias, especialmente la de las más pobres, que son las más expuestas a la manipulación del gobierno central. Pero, además, esas previsiones deben cumplirse de modo tal que favorezcan el mayor desarrollo y la mayor autonomía económica de las provincias, y no su dependencia.

Por otro lado, el estado federal debe promover concretamente el federalismo demográfico. La concentración de población en el área del Gran Buenos Aires y de otros centros urbanos importantes del interior, como el Gran Córdoba o el Gran Rosario, no son señal de pujanza sino de falta de oportunidades cuando la gente del interior prefiere ir a hacinarse en un asentamiento cerca de una gran ciudad porque no encuentra futuro en su propio pueblo.

Las posibilidades que la tecnología actual facilita para desconcentrar las ciudades y la economía deberían ser potenciadas desde el gobierno federal orientándolas a facilitar que las provincias puedan retener a sus propios pobladores, e incluso atraer nueva población desde los grandes centros urbanos, y que los pueblos del interior puedan desarrollarse para depender cada vez menos de las capitales. El capital humano es el primer recurso de las economías regionales, y la falta de políticas demográficas ha conspirado contra su desarrollo tanto como el exceso de regulaciones e impuestos.

También el federalismo debe reflejarse en el Congreso. La desproporción de la representación provincial en la Cámara de Diputados ha sido señalada por la Justicia Electoral hace casi tres años, sin que hasta ahora se hayan hecho las reformas que la corrijan. La discusión es espinosa, porque, si bien en abstracto resulta razonable una corrección que ajuste la proporcionalidad prevista en la Constitución, en concreto plantea la alternativa de ampliar aún más la cantidad de diputados nacionales con el consiguiente aumento de la burocracia (en concreto y según los números manejados por la Justicia, habría que agregar unos 66 diputados a los 257 actuales: un aumento del más del 25%), en un país que ya tiene un Estado sobredimensionado. Pero lo cierto es que nadie ha propuesto, tampoco, alternativas de ajuste que corrijan la subrepresentación provincial sin ampliar sustancialmente la cantidad de diputados, como podría ser reformar la Ley nº 22.847 (dictada por el último presidente de facto) para modificar sus parámetros
siempre de acuerdo con la Constitución.

El federalismo no es sólo un enunciado. Nuestro unitarismo fiscal y la potenciación del Gran Buenos Aires en desmedro del resto del país, casi siempre con fines electorales, perjudican no solo a las economías regionales, sino que, además, facilitan la proliferación de feudalismos que mantienen en un virtual subdesarrollo a no pocas provincias del interior, y generan un desbalance poblacional que impide la optimización del recurso humano también en materia de Justicia, salud y educación.

El federalismo no es una opción, es una necesidad real para el desarrollo de la Argentina.

Dura lex, sed lex!

El “vacunagate” del que somos testigos en estos días, y que ya venía generando polémicas antes de estallar, parece una anécdota más de un gobierno que, además de improvisado y errático (por decir lo menos), muestra que lo único en lo que progresa es en el desparpajo y la obscenidad de la corrupción. Pero el episodio, aún siendo grave, no es más que un botón de muestra de algo más complejo: lo que Luciano Román resume como la “cultura del acomodo, el ventajismo, el amiguismo mal entendido y la avivada”, un rasgo lamentablemente distintivo de la idiosincrasia argentina. Idiosincrasia que nos ha conducido a un estado general de anomia: las leyes no existen, o actuamos como si no existieran, o como si las normas existentes fueran sólo aplicables a los demás; pareciera que cada argentino se siente ubicado por encima de las leyes, tanto más cuanto más poder se tiene.

La anomia argentina nos llevó a donde estamos. Las consecuencias prácticas de este vicio social van desde incumplir normas de tránsito (para lo que siempre encontramos excusas) hasta el tráfico de influencias para conseguir una vacuna antes de tiempo (o una contratación de favor, lo mismo da), pasando por la manipulación de las normas, como si fueran un mero instrumento de poder, y la aplicación del doble estándar (“a los amigos todo, al enemigo, ni justicia”). La anomia argentina produjo golpes de estado, guerrillas fratricidas, violaciones a los derechos humanos, corrupción estructural, estados de emergencia, ruptura masiva de contratos, saqueos, clientelismo, entre muchas otras lacras, algunas de ellas ya asimiladas como normales. Las consecuencias están a la vista: una sociedad dividida por odios que no se superan, una economía con crisis crónicas, un crecimiento estancado, una dirigencia política absolutamente desprestigiada, un país en decadencia desde hace más de 70 años.

Si queremos cambiar esto, tenemos que restablecer el respeto irrestricto por la ley. Esto significa hacernos cargo de aquel aforismo latino: “Dura lex, sed lex” (“la ley es severa, pero es la ley”). Lo que se traduce, concretamente, en la aplicación igualitaria del orden jurídico: las normas son para que las respetemos todos, sin excepción. En esta subordinación de todos (ricos y pobres, fuertes y débiles) ante la ley consiste la república: las excepciones no pueden ser la coartada de los privilegios y la arbitrariedad; del mismo modo que los cuestionamientos a una ley no pueden ser el atajo para su violación en perjuicio de los demás. Sólo respetando el estado de derecho seremos un país previsible, en el que no haya privilegios para nadie, y en el que se pueda confiar para invertir a largo plazo.

Este cambio -verdadera revolución sería- no es responsabilidad de un dirigente, ni de un gobierno, ni de un grupo más o menos grande, sino de todos los argentinos. No tenemos que sentirnos individualmente eximidos: cada uno debe hacerse cargo de su parte, porque se trata de una verdadera reforma cultural necesaria para la Argentina. No solo hay que exigir el respeto por las leyes: debemos empezar por respetarlas nosotros mismos.

No obstante, es evidente que esta reforma nunca será efectiva si no es asumida por nuestra dirigencia. Esto significa que el respeto por la ley debe reclamarse, exigirse como condición indispensable en cada oportunidad, en cada foro, en cada campaña, en cada votación, de aquellos que aspiren a gobernarnos. Y esa exigencia deberá ir acompañada con la debida sanción para aquellos dirigentes, del color que sea, que no respeten la ley.

De ello depende nuestra maduración como sociedad y el país que dejaremos a nuestros hijos.

Cuando haya pasado todo

Cuando haya pasado la pandemia. Cuando haya pasado el kirchnerismo. Cuando todo esto haya pasado, la Argentina se encontrará nuevamente ante la gran oportunidad de un recomienzo. Como en tantas otras oportunidades a lo largo de su historia. Y también, como entonces, cabrá el peligro de volver a malograr una oportunidad.

¿Sabremos aprovecharla? Depende.

En primer lugar y como no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír, los argentinos tendremos que disponernos a cambiar paradigmas e idiosincrasias que nos han hecho decaer a lo largo de los últimos 90 años. No es fácil, pero tampoco imposible. Habrá que reconocer que somos ciegos y sordos, y luego querer salir de la situación en la que nos encontramos por ello.

Tomar conciencia de que estamos como estamos no por una conjura internacional o una conspiración de poderes, sino por nuestros propios vicios como sociedad: el ventajismo, que nos lleva a buscar el provecho propio a cualquier precio; la anomia, que nos hace pensar que las leyes son siempre para que las cumplan los otros; el cortoplacismo, que ha hipotecado a las generaciones futuras con los costos que conlleva buscar resultados inmediatos sin medir sus sustentabilidad; el prebendarismo, que nos hace incapaces de prosperar si no es a expensas del Estado (y, por lo tanto, a expensas del pueblo contribuyente); el complejo de superioridad, que nos lleva a exaltar como presente a una Argentina que ya no existe. Porque la Argentina educada, rica, genial, con valores, potente, líder en Latinoamérica, ya no es ni la de nuestros padres ni la de nuestros abuelos, sino que quedó empantanada hace casi un siglo, hundiéndose en un charcal de autocomplacencia.

Si queremos que el país cambie, deberemos cambiar nosotros. La fraternidad debe dejar de ser una palabra hueca, un eslogan, una coartada para intenciones inconfesables, y convertirse en una realidad entre los argentinos; el argentino que tenemos al lado, con sus virtudes y defectos, no es un enemigo, ni es alguien de quien debemos sacar provecho: es nuestro hermano y nuestro socio en la construcción de un futuro común. El respeto por el Estado de Derecho nos debe igualar a todos, en el entendimiento de que nadie, por bueno que sea, puede ponerse por encima de la ley; que ésta no debe ser la herramienta de los poderosos, sino el límite a su poder; que nuestra libertad, su ejercicio y su respeto, depende de un orden justo que la garantice. La Argentina debe retomar un proyecto común, un “sueño argentino” que inspire al más alto dirigente y hasta al último de los habitantes de este país, que aliente políticas de Estado, que sea la falsilla de largo plazo de todos proyecto particular. En ese marco, los argentinos debemos hacernos cargo, cada uno, de nuestro propio destino, de nuestro propio progreso, de la realización de nuestro propio proyecto, sin esperar que el gobierno de turno nos ayude, sin creernos con derecho a usar lo que es de todos para nuestro provecho particular, sino sintiéndonos responsables por hacer nuestro propio aporte al desarrollo del país que queremos. Solo así la Argentina podrá recomenzar; solo así, cuando haya pasado todo, podremos construir un futuro mejor.

Se suele decir que los pueblos tienen los gobernantes que merecen. Para tener mejores gobernantes, hemos de empezar por merecerlos. Esa será la verdadera revolución: la que empieza por cada uno.

¿Estamos dispuestos a iniciarla?

A prepararse...

Decir que la crisis de la pandemia se llevará puesto al gobierno nacional ya se está convirtiendo en un secreto a voces. En épocas en que está de moda hablar de sustentabilidad, cada vez es más evidente que no resulta sustentable un gobierno que parece empeñado en su autodestrucción.

Ya no es sólo el mal manejo de la crisis sanitaria del Covid, con un confinamiento que, anunciado como un modo de preparar mejor al sistema de salud para el pico de la pandemia, sólo consiguió retrasar el problema sanitario, sin siquiera disminuirlo; y, al contrario, agravando, de paso, el problema económico. A lo que debe agregarse ahora el uso político de la vacunación, en un contexto donde nadie en el mundo puede siquiera garantizar su efectividad, con la consiguiente incertidumbre acerca de cómo se enfrentará la segunda ola de contagios, que ya está causando estragos en países más preparados y serios que el nuestro.

A todo esto se suma la falta de un plan de salida: para cualquier observador independiente resulta claro que el gobierno no tiene idea de cuándo ni cómo salir del atolladero en el que ha metido al país: una recesión sin precedentes por la velocidad en que se produjo, al ritmo del aislamiento social obligatorio más largo del mundo y la degradación social que promete a las generaciones futuras la falta de escolaridad presencial durante un año. Pero también esta falta de ideas claras lleva al gobierno a moverse en forma espasmódica, emparchando, con la consiguiente generación de desconfianza y la huida de inversiones nacionales y extranjeras.

Estos manotazos se realizan, además, a costa de la palabra del propio Presidente, que hace ahora lo que prometió siempre que no haría. Como a nadie le gusta que le mientan, ni que lo manipulen, ni que lo traicionen, el gobierno se va quedando, no ya sin apoyos, sin la más mínima comprensión de los distintos sectores de la economía y de la oposición. Y este aislamiento lo perjudica aún más en su propio frente interno, en el que el kirchnerismo confirma, día a día, las presunciones más pesimistas de cuando asumieron los Fernández: el Presidente no gobierna, la agenda la impone la Vicepresidenta, y esta agenda nada tiene que ver con las necesidades del país, sino con las de Cristina Kirchner; contraste de agendas que se ve magnificado por la pandemia, al punto de parecernos que el kirchnerismo no es consciente de la gravedad del iceberg con el que chocó el Titanic en el que viajan.

No es la primera vez que el kirchnerismo genera desconcierto y desconfianza, tampoco la primera vez que se ufana de su aislamiento político, de su autoritarismo y de su anacrónica visión de la economía. El problema ahora es que, por primera vez en su historia, el kirchnerismo no tendrá fondos para disimular su impericia.

Por ello, mientras en el gobierno siguen buscando a quién echarle la culpa de sus males, los argentinos de bien tenemos que prepararnos para el día después...

Desde el encierro

Buenos Aires vacía por la cuarentena

La pandemia del covid-19 nos tiene a todos encerrados... ¿A todos...? No, en realidad, pero sí a muchos. Y nuestras sociedades se encuentran prácticamente paralizadas por la situación, independientemente de la situación de encierro que cada uno particularmente tenga que vivir.

Las razones para ser pesimistas se multiplican, y se potencian por la depresión que nos produce estar forzosamente inactivos por un tiempo que nadie es capaz de predecir cuánto durará exactamente. La sensación de que los gobernantes improvisan, de que se nos oculta información, y de que lo que viene, más allá de si nos contagiamos o no del virus, será un futuro ominoso por la crisis que para las distintas economías supone esta pandemia, fácilmente pueden conducir a cualquiera al desaliento.
El problema no sólo es local: en distintos países de ambos hemisferios existe la misma sensación. No se hicieron los manuales para gobernar en esta situación, por lo que nuestras dirigencias recurren al método de prueba y error, y es lógico. Lo que sí indigna es que muchas penurias e incertidumbres de hoy se hubieran ahorrado, por lo menos en nuestro país, de no haber existido décadas de mala praxis en los sucesivos gobiernos: errores no forzados que nos llevan a pensar que la crisis sanitaria y económica nos golpeará más duramente a causa, no ya de la improvisación, sino de la ineptitud y de la mala fe.

Efectivamente, sobran los motivos para quejarse, para protestar, para denunciar, para impugnar; y la responsabilidad cívica impondrá en muchos casos que así se haga, para evitar, especialmente, que la pandemia se convierta en la coartada del totalitarismo.
Pero también hay que tener presente que, precisamente por todas las razones enumeradas (y por muchas otras que cada uno podría sumar), el parón de la cuarentena debería ser ocasión para pensar, proyectar y prepararnos adecuadamente para el futuro: muchas familias padecerán, y ya padecen, los efectos económicos de esta pandemia como nunca antes; nuestro país necesitará, como nunca, de dirigentes que estén a la altura del desafío que supondrá reconstruirlo, como todo el mundo, en el orden social, institucional y económico después de un fenómeno sólo comparable a una guerra.
Quizás sea, por eso, muy importante no sólo batir las cacerolas cuando haga falta, sino aprovechar el ocio forzado para sentarse a organizar serenamente el futuro, que tendrá sus propias luchas y soluciones.

El fracaso de una oportunidad

No.
No somos traidores.
No causamos la derrota de Cambiemos.
No somos responsables del regreso del pero-kirchnerismo.

Quienes criticamos primero, nos fuimos después y apoyamos otras alternativas no fuimos “funcionales a los K”. Aunque Lavagna, Gómez Centurión y Espert no se hubieran presentado, el actual presidente electo, Fernández, igual hubiera ganado en primera vuelta. Y es que, en un escenario de polarización como la que se dio y con una campaña paroxística como la que tuvimos, en la que se llamó desesperadamente a evitar que “el mal” triunfe, es evidente que quienes siguieron apostando por terceras opciones lo hicieron porque, de otro modo, hubieran votado mayoritariamente en blanco.

Quizás haga falta, para quienes estarán en la oposición del próximo gobierno y cuando se haya terminado de asimilar el mal trago (llevamos dos meses y medio preparándonos para esto, después del resultado de las PASO), hacer un poco de examen de conciencia y aprender a ejercitar la humildad, que, como decía santa Teresa, es la verdad.
Para algunos parece más grave el reemplazo del #NoVuelvenMás por el #Volvimos, que los peligros institucionales que ello representa para la república. Les duele como si tuvieran que contemplar de locales la vuelta olímpica del contrario ¿Duele la patria o duele el orgullo?
Pensamos, ingenuos, que el kirchnerismo se había terminado en 2015. Que el peronismo tardaría en recuperarse, hasta encontrar otro líder a quien seguir. Creímos que al electorado le importan más los buenos modales que las penurias económicas, que prioriza la lucha contra el narcotráfico sobre el desempleo, que la obra pública es más valorada que la dádiva clientelista, que la corrupción del anterior gobierno era tan incontestable que opacaría todo otro cuestionamiento al gobierno actual.
Nada de eso fue así. Y aceptar la verdad puede ser, a veces, muy duro. Porque nos falta humildad, como decíamos, nos duele comprobarlo. Y, lo que es peor, muchos sangran por la herida, prefiriendo creer en cualquier teoría conspirativa o buscando responsables que expliquen por qué una reelección que estaba firmada hace un año naufragó en los últimos meses.

Pero, al final del día, el presidente Macri es el principal y único responsable de la vuelta del pero-kirchnerismo al poder. El país ha retrocedido un escalón en la escalera de la normalidad gracias a su falta de visión política y su impericia (por decir lo menos) en materia económica; y esto sin entrar a considerar la frivolidad y tibieza (también por decir lo menos) con que su gobierno manejó temas sensibles en materia de educación y de salud referentes a la vida y a la familia, que no hicieron más que continuar las políticas del anterior gobierno de Cristina Fernández, que seguirá seguramente el ahora futuro gobierno de Alberto Fernández.
Se ha malogrado la oportunidad de llevar a la Argentina al sendero que la convirtió en potencia hace 100 años.

Nos queda ver cómo se acomodan las piezas de la política que viene, que no será necesariamente como la última experiencia kirchnerista: basta apreciar como queda conformado el Congreso de la Nación, para darse cuenta de que el nuevo Fernández deberá negociar más que la antigua.
Nos queda aprender la lección: gobernar no es solo ganar elecciones y cortar cintas.
Nos queda seguir luchando, por nosotros y por nuestros hijos.

Volver a empezar

Han pasado 16 años largos desde que me afilié a Recrear, el entonces partido fundado por Ricardo López Murphy. Experiencia malograda por egos e impericias políticas, y finalmente absorbida por la alianza con el entonces partido de Mauricio Macri (Compromiso para el Cambio); alianza (Propuesta Republicana) que más tarde se convirtió en partido (Pro).
A pesar de las discusiones internas, muchos ex Recrear seguimos en el Pro convencidos de que el camino al poder era el único que nos permitiría producir los cambios que el país necesitaba, en esos años de hegemonía “K” que cada vez nos interpelaban más respecto de nuestro papel en la política. Y nos bancamos las críticas de los que se fueron porque pensaron que quedarse sería traicionar sus principios, o porque no tenían lugar con los nuevos socios políticos, o porque simplemente se cansaron. Y postergamos proyectos personales que podrían ser exitosos en pos de la Argentina que soñábamos. Y perseveramos, y pusimos la cara con parientes, amigos y conocidos cuando oponerse al kirchnerismo del 54% no estaba bien visto, e hicimos campaña por gente que cada vez nos representaba menos -haciendo, a veces, cosas tan insólitas como inflar globos para regalar a los pibes-, y perdimos domingos enteros y extenuantes fiscalizando -a veces, como en el invierno de 2009 a expensas de nuestra salud-, y “tragamos sapos” con aliados que no nos convencían, y gastamos el tiempo y el dinero que no nos sobraba, y confiamos en que todo valdría la pena cuando se alcanzara el poder.
Queríamos cambiar la república, queríamos que se dejara de perseguir al que piensa distinto, queríamos que se dejara de castigar al que trabaja y produce, queríamos recuperar los valores que hicieron grande a la Argentina. Muchos sabíamos que Macri no era el candidato ideal, que le faltaba carisma, que carecía de convicciones profundas, que era un tecnócrata que despreciaba la política, pero apostábamos a que sus limitaciones no serían suficiente obstáculo para el cambio que el país necesitaba, a que con buenos cuadros (que no faltaban) en puestos de responsabilidad se suplirían esas falencias.
Y lo apoyamos.
Y lo votamos.

...Y nos decepcionó.

Al principio fueron “chambonadas”, cosas fáciles de pasar, más útiles para la chicana fácil que para una crítica de fondo. Luego vinieron los ajustes, que sabíamos necesarios, pero que se hicieron mal. Y un Estado que no se reformó en ningún momento, y que siguió alimentando, con los impuestos de quienes trabajan y producen, a multitudes que ni siquiera responden políticamente al gobierno. Y un discurso que empezó a volverse monótono: la promesa del cambio que se volvió cada día más hueca y sospechosa.
Pero en 2018 la cosa fue peor. No solo porque la gestión económica se quedó sin respuestas frente a la crisis. Fundamentalmente, porque el gobierno abrió frentes que no debía, en cuestiones que no eran prioritarias y contrariando sin razón promesas de campaña.

Me refiero, obviamente, al debate sobre la legalización del aborto, abierto por un presidente que se había declarado pro vida, fogoneado por lo más radicalizado de la oposición, y en contra de lo que la mayoría de los votantes del Pro pensábamos.
Pero no habría sido más que un error -aunque peor que un crimen, parafraseando a Fouché-, si la actitud del gobierno se hubiera quedado en una simple pasividad neutral frente a la campaña que entonces se desató. Lamentablemente, fueron muchos los funcionarios y legisladores oficialistas, votados por nosotros, los que se sumaron activamente a la cruzada a favor del aborto; al punto que vimos al entonces Ministro de Salud repetir consignas “verdes” abiertamente contradictorias con las estadísticas oficiales de su propio ministerio. A ello se le agrega la insistencia del Presidente en afirmar que no vetaría una eventual ley que sería contraria a sus convicciones; cuando cualquier lector del Boletín Oficial sabe que se ha empecinado en vetar normas muchísimo menos graves ya cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad. Y también se le agregan los vehementes rumores acerca de presiones oficiales para dar vuelta la votación, que venía siendo contraria al aborto, en Diputados la madrugada del 14 de junio de 2018, cuando la iniciativa consiguió media sanción gracias al repentino cambio de postura de algunos legisladores.

Luego de esta campaña, en la que nos jugamos por defender la vida humana frente a quienes consideran que tienen derecho a decidir quién debe nacer y quién no, vino la ofensiva de la llamada “educación sexual integral”, que no es más que el adoctrinamiento compulsivo en ideología de género en las escuelas. Para que se entienda: como el aborto encontró una inesperada resistencia en la sociedad, sus impulsores pretenden que se lo enseñe como verdad de fe a las generaciones futuras. En un país donde el progresismo oficial se escandaliza de la educación religiosa en las escuelas, ese mismo progresismo rompe lanzas para imponer la enseñanza obligatoria de una superstición acientífica, la “perspectiva de género” que viene imponiéndose en el hemisferio norte a fuerza de prohibiciones legales, violaciones a la libertad de conciencias y cárcel para quienes se resistan. Y todo esto en un país, la Argentina, donde el déficit en comprensión de textos entre los egresados de la escuela secundaria es mayor y más alarmante, por sus consecuencias, que la tasa de embarazo adolescente.

A todo ello debe agregarse que el gobierno ni siquiera ha sido imparcial en todas estas cuestiones, a pesar de querer aparentar lo contrario. La candidatura del doctor Alfredo Vítolo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue bajada por presión de los grupos abortistas; pero la candidatura de una partirdaria del aborto y el adoctrinamiento en ideología de género de alto perfil, como la doctora Marisa Graham, para ser Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación fue sostenida y votada a mano alzada a pesar de la oposición de los grupos pro vida y de la protesta de legisladores propios y de la oposición.

Íbamos a cambiar el país...
Lo único que tenemos para ofrecer, después de cuatro años de gobierno, es “nosotros o Cristina”.
A pesar de todo, la falta de alternativas y la obstinación del kirchnerismo en recordarnos su peor legado llevarán a la reelección del gobierno nacional.
Pero las decisiones equivocadas tienen consecuencias, y es probable que esto se refleje en la próxima composición del Congreso.

Valió la pena luchar para rescatar a la Argentina del kirchnerismo.
Pero la República es para el hombre, y no al revés. Tenemos un gobierno que actúa como si la defensa de la vida humana y de la familia fuesen una moneda de cambio, que patrocina el adoctrinamiento en ideología de género a los chicos en las escuelas, promueve la agenda del feminismo radical sin dar la cara, y permite que se estigmatice (cuando no se persiga) a los que levantamos la voz para disentir: homofóbicos, chupacirios, antiderechos, medievales, machistas, heteropatriarcales, y un largo etcétera.
Son cosas con las que no se juega, y en esto Cambiemos no ha sido diferente del kirchnerismo. Se está hipotecando humanamente a las futuras generaciones con políticas que harán más infelices a nuestros hijos y nietos: tendremos República para un pueblo al que se le habrá enseñado a ser un hato de egoístas al que se pueda manejar con pan y circo, porque habremos destruido la familia, que es el principio de su cohesión.

La lucha, hoy, pasa por otro lado.
Por eso me desafilié del Pro.
A veces hay que volver a empezar.

¿Habla el silencio?

El siguiente es el texto de una carta de lectores que acabo de remitir al diario La Nación.

Leí con suma atención el artículo titulado “Habla el silencio” de F. Sández en la columna “Manuscrito” de la edición de ayer de La Nación.
Me llamó la atención que la autora (quizás por falta de espacio) se haya referido a “la figura femenina de yeso expuesta en la biblioteca del Centro Cultural Conti, con la boca tapada al estilo de quienes reclaman la legalización del aborto” sin aclarar, como puede comprobar cualquiera que haya seguido la historia en las redes, que se trataba de una imagen de la Virgen María, más exactamente una imagen popular de la Virgen de la Medalla Milagrosa, de esas que se consiguen en cualquier santería, “intervenida artísticamente” para permitirnos -en palabras de Picasso, citadas por la autora del artículo- comprender la verdad.
Imagino, después de leerla, que la autora celebraría del mismo modo el arte y condenaría a sus cuestionadores comparándolos con el nazismo (como lo hace en el artículo) si la “figura femenina” fuera, por ejemplo, la de la propia autora o la de alguien querido por ella (su madre o su abuela, digamos) o, por lo menos, respetada (¿Simone de Beauvoir estaría bien?), intervenida artísticamente con un pañuelo celeste que diga: “Salvemos las dos vidas”. También imagino que estaría absolutamente de acuerdo con que tal expresión artística estuviera expuesta en un local financiado con sus impuestos, aunque ella no coincidiera con la posición política de la autora o autor de la obra.
Supongo, también, que la autora no es de la clase de personas que impugna la indignación ajena por las obras artísticas provocativas, al tiempo que se escandaliza de quienes, en nuestro afán de permitir comprender la verdad, mostramos las imágenes reales (y crudas, por supuesto) de abortos provocados. Allí también habla el silencio.

La trampa del totalitarismo

Con motivo del debate acerca de la ideología de género, el pasado 12 de octubre la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación se sintió en la obligación de publicar el siguiente...


Es interesante analizar el discurso del posteo oficial, porque es botón de muestra de la prosa “progre” con la que se busca confundir y manipular a las personas.
Y es que nadie niega los compromisos que el Estado pueda haber contraído o la legitimidad de que quienes gobiernan impulsen las políticas que consideren mejores para la población; esto, aun cuando tales políticas pudieran estar equivocadas, por más que respondan a buenas intenciones y serios compromisos internacionales.
El problema viene cuando se le niega al público legitimación para oponerse a tales políticas, cuando se descalifica mediante la minusvaloración (“grupos religiosos y organizaciones de la sociedad civil”) a quienes no están de acuerdo, cuestionan o exigen explicaciones acerca de posiciones oficiales frente a temas delicados y opinables.
Más allá de la discusión acerca de la carencia de fundamentos científicos de la tan mentada “perspectiva de género” (que, hasta el momento, no pasa de ser una superstición ideológica impuesta por determinados grupos de interés), resulta grave que un organismo oficial afirme que “la libertad de expresión tiene su límite en aquello que fuera discriminatorio, genere odio o violencia, por lo que bajo el argumento de la libertad de opinión no se puede manifestar, negar y/o impedir el ejercicio de los derechos humanos de las personas, y en particular ante estos mensajes de intolerancia, los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”. Dicho “en fácil”: “si no están de acuerdo con la ideología de género, son discriminadores que generan odio y violencia, y no tienen derecho a decir nada”.
¿Pensábamos que el delito de opinión era exclusivo de los regímenes totalitarios? No es así. También en democracia se puede silenciar la disidencia acusándola de criminal por “generar odio”. En otros lados, la disidencia es silenciada porque es contraria al pueblo, o a los intereses de la patria, o a la seguridad nacional, o al Corán. Aquí, porque cuestionar la ideología de género es, sin más explicaciones, “negar y/o impedir el ejercicio de los derechos humanos de las personas”.

Alexis de Tocqueville alertaba, en “La democracia en América”, acerca de los peligros de que aquélla fuera manipulada para que grupos de poder impusieran su voluntad al resto de forma tal que, finalmente, la democracia se convirtiera en un arma contra la libertad. Lo apreciamos a lo largo de la historia posterior, lo vemos hoy en fenómenos populistas que surgen de una elección democrática y terminan en regímenes hegemónicos que buscan aplastar las disidencias de un modo que en otro artículo calificábamos de peligrosa concepción del poder.

Habría, quizás, que recordarles al señor Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, al señor Ministro de Justicia y al señor Presidente de la Nación que la democracia sin libertad se pervierte. Si la libertad de expresión es sólo para aquellos que piensan de determinada manera. Si no tenemos libertad para expresar nuestras opiniones, por equivocadas que éstas puedan parecerles a algunos, la democracia se convierte en la coartada de la tiranía ideológica de quienes detentan el poder, y hablar de ella resultará una hipocresía, una burla cruel, porque habremos caído en la trampa del totalitarismo.

Iglesia y Estado, asunto separado

Resulta tragicómico ver los pañuelos naranjas de la campaña por la pretendida separación de la Iglesia y del Estado.

Trágico, porque ahora se ha convertido en una excusa para justificar todo tipo de agresiones y de injurias hacia la Iglesia católica en particular, y hacia la religión en general. Agresiones que, en algunos casos, resultan especialmente y hasta morbosamente violentas, haciendo temer un brote de intolerancia anticlerical como los que se han registrado en distintos lugares de Occidente durante los últimos doscientos años.
Cómico, porque en el caso de la Argentina la Iglesia y el Estado están separados de hecho desde tiempos de la primer presidencia de Roca (1880-1886), cuando un gobierno denostado por los progres de hoy dio los primeros pasos efectivos de separación de la administración civil respecto de la eclesiástica -especialmente a través de la creación del registro civil y del matrimonio civil- y de un modo traumático que dejó formalmente enemistada a la Santa Sede con el Estado argentino prácticamente hasta 1966. La jerarquía católica (que a ella se refieren siempre los medios cuando hablan de “la Iglesia”) tuvo una influencia fluctuante a lo largo de los años constitucionales respecto del gobierno nacional; fluctuante, como lo fue también la influencia de las Fuerzas Armadas, la masonería, el sindicalismo, el empresariado, la banca internacional, los Estados Unidos, la Unión Soviética o el “lobby gay”; influencia, por lo demás, siempre condicionada por las necesidades políticas coyunturales del gobierno civil o militar de turno.

Pero, contrariamente a lo que se pretende hacer creer, esta influencia fluctuante no ha sido ni determinante ni mayor que la de cualquiera de los otros grupos de interés citados. Así como no impidió la imposición obligatoria del matrimonio civil o de la laicidad de la educación pública en tiempos de Roca, tampoco impidió la progresiva secularización de la cultura a lo largo del siglo XX, ni la persecución abierta por el peronismo en 1955, ni la sucesiva introducción en la legislación nacional desde 1983 del divorcio vincular, la promoción estatal de métodos anticonceptivos artificiales, la imposición oficial de la ideología de género, el matrimonio de personas del mismo sexo, y la introducción del aborto en la agenda estatal. Tampoco impide el hecho de que la jerarquía católica argentina sea hoy señalada como abierta opositora al Gobierno por señalar la pobreza, como un problema aún pendiente de solución.

Entonces ¿qué se quiere decir cuando se dice que hay que separar Iglesia de Estado?
Creo que, si lo que se pretende es terminar con la asistencia del presupuesto nacional para la Iglesia Católica como institución, uno no podría estar más de acuerdo. Si bien es un tema opinable, el artículo 2do. de la Constitución Nacional no se refiere necesariamente al sostenimiento material del culto; sobre el tema hay bibliotecas escritas en un sentido u otro. La misma Conferencia Episcopal avanza en un acuerdo con el Estado Nacional para suprimir en un par de años los alrededor de 130 millones de pesos que constituyen la partida del presupuesto nacional con el que se solventa apenas el 6% de los gastos de la Iglesia Católica en la Argentina. El tema no es nuevo y se viene charlando desde las épocas en que el entonces cardenal Bergoglio presidía esa Conferencia.

Pero algo me dice que una partida que representa algo así como cinco milésimas del presupuesto nacional no es algo que desvele a los portadores del “pañuelo naranja”. A juzgar por sus manifestaciones, a veces virulentas (soy testigo de visu de sus escraches), el tema de la separación, para ellos, pasa por otro lado: concretamente, que la Iglesia no levante la voz para contradecir ninguna política que considere equivocada; menos aún si esa política está dictada a partir de dogmas “progres”, como la legalización del aborto o la imposición de la “perspectiva de género”, por citar dos casos recientes. En una palabra y como decía un post que andaba circulando en las redes, lo que se pretende de la Iglesia no es su tolerancia, que ya la tienen, sino su silencio: amablemente o no, se le pide a los católicos en particular, y a los cristianos en general, que vuelvan a las catacumbas.

Habría que analizar con lupa el presupuesto nacional y comparar los 130 millones que percibe la Iglesia Católica argentina con las partidas destinadas, por ejemplo, para las políticas de promoción de la agenda LGBT, para la repartija de anticonceptivos gratis, o para los viáticos de determinados funcionarias y funcionarios para asistir a encuentros internacionales donde se le “baja línea” al Gobierno acerca de lo que debe legislar en materia de aborto, anticoncepción, género y otras yerbas. No vaya a ser que lo que haya que separar del Estado, por su relevancia económica, sea a ciertos ideólogos.

El desafío de ir más allá de lo urgente

En este año, quienes apoyamos activamente el acceso de Cambiemos al poder en 2015 hemos tenido sentimientos encontrados.
Por un lado, la convicción de que este gobierno al que apoyamos tiene la oportunidad histórica de marcar la diferencia y producir el cambio republicano que la Argentina necesita.
Por el otro, la sensación de que falta en nuestros gobernantes la conciencia cabal de los problemas sociales y culturales que afectan al país, o la convicción necesaria para enfrentarlos definitivamente.

Sin duda, es muy positivo que, con aciertos y errores, la administración económica y política haya encarado con mayor realismo y rigor técnico problemas estructurales del Estado que hasta 2015 sólo habían recibido respuestas políticas, oportunistas o demagógicas que, lejos de solucionarlos, los fueron profundizando. Así, son elogiables los avances en transparencia, apertura al mundo, eficiencia estatal, etc. También es positivo que se procure respetar la división de poderes, abandonar los discursos de confrontación, reemplazar el clientelismo político por una acción estatal decidida a solucionar los problemas que lo generan, y encarar sin miedo ni prejuicios los desafíos que supone una mejora en la seguridad de los ciudadanos.
Sin embargo y quizás por estas mismas expectativas, resulta desconcertante ver cómo el gobierno, después de casi tres años, mantiene estructuras que nos han llevado a una nueva crisis económica; lo que puede resumirse en la insistencia en exprimir al sector privado activo para subsidiar a amplios sectores improductivos, sin planes concretos para revertir la situación. Y si estos problemas, que son de origen fundamentalmente económico, son graves, más trágico resulta, a largo plazo, el mantenimiento de políticas sociales y educativas que atentan directa o indirectamente contra la vida humana y la integridad de las familias argentinas: entre ellas, la insólita e innecesaria apertura del debate en torno a la legalización del aborto, y la promoción de prejuicios ideológicos a través de planes educativos totalitarios, como resulta de un detenido análisis de los proyectos de reforma de la “educación sexual integral” que se plantean tanto a nivel nacional como local.

No resulta coherente que un gobierno que aspira a la reconciliación de los argentinos le haya dado cabida a una causa, como la del aborto, que no sólo surgió de un electorado distinto del que le dio el voto a Cambiemos, sino que, además, desde un inicio se planteó en términos divisivos: basta consultar en Internet noticias anteriores a febrero de este año para darse cuenta de que la minoría que entonces militaba con el pañuelo verde procedía del feminismo más radical e intolerante; basta comparar en los discursos de los legisladores la cantidad de descalificaciones de uno y otro lado para darse cuenta de que el abortismo no sólo no quiso dialogar, sino que tampoco respetó la legitimidad de la posición contraria, lo que ha llevado a generar una nueva y lamentable grieta entre los argentinos.
Tampoco es coherente que un gobierno que se propone expresamente hablar con la verdad, y que quiere hacer de la calidad educativa una bandera, haga suyas causas de minorías que buscan imponer su forma de pensar en forma totalitaria a través de los planes de estudio. La denominada “perspectiva de género”, que hoy se quiere imponer en el ámbito educativo, recibe en todo el mundo cuestionamientos intelectuales y científicos serios, que lamentablemente no son tenidos en cuenta por la mayoría de nuestros legisladores, sin importar el partido al que pertenezcan, comprometiendo seriamente la formación humana de nuestras generaciones futuras.

No quiero con esto parecer pesimista, pero sí tomar una distancia que dé perspectiva para observar la realidad del país sin prejuicios ideológicos y sin ingenuidades. No estamos mal solamente por haber sido gobernados durante 12 años por lo que ahora, escándalo de los cuadernos mediante, se demuestra que fue una asociación ilícita que vació al país. Tampoco estamos mal solamente porque desde mediados del siglo pasado estamos más enfocados en dilapidar nuestros recursos económicos y humanos que en progresar como nación. Estamos mal porque no asumimos, cada uno, nuestra propia responsabilidad en todo el problema; estamos mal porque, preocupados por nuestro bienestar del hoy y ahora, nos hemos desinteresado de los grandes temas que afectan no solo nuestro presente, sino también nuestro futuro.
Sin embargo, tenemos un país que lo tiene todo. Sólo nos hace falta un poco de humildad para comprender que los argentinos somos parte del problema, y la determinación necesaria como para convertirnos en la solución.
Existe un campo enorme de trabajo por delante, para hacer de la Argentina una potencia. Y aunque parezca que los problemas de cuenta corriente del país y la discusión del presupuesto de 2019 son lo más importante, esos son solo la punta del iceberg del desafío. Por debajo de la superficie existen cuestiones que requieren una atención más estratégica.

Creo que hace falta defender la vida como el primer derecho del ser humano, sin concesiones: no sólo la vida naciente, también la niñez vulnerable, también la vejez digna, también la salud y la seguridad de todos los ciudadanos.
Creo que hace falta defender la libertad como el fundamento de la república, en todos los ámbitos de la vida ciudadana, para evitar el regreso del autoritarismo y toda pretensión totalitaria.
Creo que la familia es la célula básica de la sociedad, y promover su fortalecimiento es contribuir a la fortaleza de la patria. Las familias fuertes nos ayudarán a vencer el individualismo, a superar los resentimientos, y a fortalecer los vínculos sociales de nuestra Argentina.
Creo que la iniciativa privada es el primer motor de la economía, y de su dinamismo depende el progreso de nuestro país. Toda política económica tiene que apuntar a fomentar esa iniciativa, que es la que ha hecho grandes a los países más poderosos de la tierra.

Entre los avances políticos del cambio iniciado en 2015 debe estar el del disenso constructivo, abandonar definitivamente el fanatismo oficialista, para aprender a aportar y a aceptar miradas distintas de la oficial, sin dejar de apoyar un cambio que, para la Argentina, sigue siendo positivo.
Hacen falta espacios, dentro y fuera del oficialismo, para organizar y brindar recursos de conocimiento para la participación ciudadana de todos los argentinos, y así movilizar iniciativas que cristalicen en proyectos concretos que defiendan la vida, la libertad, la familia y la iniciativa privada.
El desafío es grande, pero será posible enfrentarlo con el compromiso de todos.

El día después

Terminó una batalla, de una guerra que será larga.
Reconozco que, como muchos, por momentos dudé del éxito de la causa pro vida frente al proyecto de ley denominado de “Interrupción Voluntaria del Embarazo”.
Enfrentar a los dogmas progresistas nunca es fácil: su principal fortaleza es la debilidad humana. Sus postulados siempre son complacientes con nuestro egoísmo más profundo y con las perturbaciones de nuestra conciencia. Eso explica su éxito y el fenómeno moderno de la “Matrix progre”.
Pero, además, y quizás justamente por lo anterior, teníamos enfrente a los medios masivos de comunicación. Se cuentan con los dedos de las manos los periodistas pro vida que se animaron a dar la cara; y algunos, como Amalia Granata, pagaron con sus empleos semejante atrevimiento. Será cuestión de ver qué consecuencias futuras tendrá para ellos haber levantado la voz a favor de la vida y en contra del aborto. La mayoría de los periodistas adhirió sin la menor crítica a la legalización del aborto, cuando no a la abierta militancia; los más serios, en el mejor de los casos, bajaron el perfil; y no pocos periodistas críticos del aborto prefirieron mostrar equidistancia.
A ellos hubo que agregar a la farándula, cuya frivolidad hacía previsible la adhesión masiva a la causa abortista, aunque también con sus honrosas y valientes excepciones. En ese sentido, la entrega de los premios Martín Fierro fue un muestrario de la militancia artística.
También habría que computar en el haber del abortismo los intereses en juego y las presiones internacionales, de las que la solicitada de Amnesty en el NYT fue solo la manifestación más gruesa.

Ahora queda mucho por hacer, en adelante.
Se acusó al sector pro vida de no tener propuestas. Lo cual no sólo es falso ahora, sino que siempre lo fue. Son innumerables las iniciativas, laicas o confesionales, que promueven desde hace tiempo la contención de las embarazadas en situación vulnerable (léase: madres en situación de abortar). Puede nombrarse a Grávida, por ejemplo, o a muchas de las agrupaciones que forman Unidad Provida, ya que ninguna de ellas es un “sello de goma” creado para la ocasión.
Pero también lo han sido los proyectos legislativos en orden a prevenir abortos, lamentablemente relegados, cuando no condicionados por los propios legisladores impulsores del aborto. Esta es la ocasión, y así lo adelantaron algunos legisladores, de impulsar con más vigor esas iniciativas, cuya implementación (por mucho que le pese al progresismo) vaciaría de contenido muchos de los alegatos “verdes”.
En efecto, proteger y contener a las chicas violadas, a las adolescentes presionadas a abortar por sus familiares (o por sus mismos abusadores), a las jóvenes que por distintas razones se sienten desbordadas por la realidad de un embarazo no deseado, siempre y en todos lados ha demostrado ser más positivo que promover la eliminación de vidas humanas en gestación; esto, por decir de una manera elegante que optar por la vida siempre es mejor que por la muerte. También es lógico que una educación sexual que se enfoque en ayudar a los niños, adolescentes y jóvenes a fortalecer su autoestima y madurar en su afectividad, ayudaría más a evitar embarazos no deseados que el puro fomento de la anticoncepción.
También es cierto que, alejando un poco el ángulo de visión para tomar perspectiva, procurar una sociedad menos individualista y egoísta llevará a una mayor sensibilidad por la vida ajena, dentro o fuera del útero materno: no sólo importa la vida del niño por nacer, sino también la del ya nacido, la del ya crecido, la del adulto y la del anciano, en cualquier situación de necesidad.
Son desafíos que deben espolearnos para seguir adelante en la lucha por defender la vida.

También quedan muchas lecciones por aprender. Quienes defendemos la vida hemos sido ingenuos al dar por descontado que determinadas cosas son, o deberían ser, evidentes. La desinformación, cuando no la lisa y llana manipulación ideológica, ha sido el arma para confundir en todo momento el debate, aún por parte de personas de las que, por su formación académica, cabía esperar algo más. Resulta patético, por poner sólo un ejemplo de mi propia profesión, ver a una jurista como Aída Kemelmajer de Carlucci afirmar dogmáticamente que “mientras que el feto va creciendo van aumentando sus derechos y se van reduciendo los derechos de la mujer”, y que “el embrión no tiene un derecho absoluto a la superviviencia”; y esto contradiciendo -sin más explicación y solo porque no van con su postura- pronunciamientos de sendas academias nacionales de derecho y de medicina.
En adelante y aunque sea más engorroso, habrá que explicar no sólo que 2 + 2 son 4, también habrá que tomarse el trabajo de demostrar por qué. La pirotecnia conceptual que se ha desplegado para defender el aborto en las exposiciones realizadas tanto en las audiencias públicas como en las sesiones del Congreso de la Nación durante los últimos meses nos muestra que, cuando se quiere, se encuentran argumentos, aunque sean aparentes, para fundar cualquier cosa, por aberrante que sea.
También tenemos que aprender la cruda lección que da la política: el interés es más fuerte que las convicciones. Entre los legisladores, tanto los cambios repentinos de voto a último momento, como el vuelco de indecisos para uno u otro lado, no se explican tanto porque repentinamente hayan tenido una clarificación de ideas que los decidieran, como por el movimiento de prebendas, favores y dinero, o por la especulación electoral frente a sus gobiernos o a sus electorados. Es lamentable, pero, para un diputado o senador, una movilización de micros resulta más persuasiva que un discurso académico.
Finalmente, la lección que hemos de tener bien aprendida es que los intereses en juego detrás de la legalización del aborto no sólo no han desaparecido, sino que garantizan una guerra continuada, sin reglas ni cuartel.

De que no bajemos los brazos, de que sigamos empeñados en impulsar las causas que nadie impulsa, de que hayamos aprendido el día después lo que esta batalla nos deja, dependerán muchas vidas.