A los que se ubican a la izquierda, en general, y a los que se autoproclaman "progresistas", en particular, la palabra "ajuste" les resulta insufrible.
"Ajuste" es una mala palabra. Las personas buenas no hacen ajuste. Eso lo hacen "los malos": "la derecha"; esos tipos sí que están obsesionados con hacer ajustes; tienen la "ideología del ajuste". Pero la gente que se preocupa por la justicia social, la gente buena, la que es de izquierda, al parecer, no hace nunca ajustes. Ellos están sólo para dar buenas noticias.
Sin embargo, el ajuste es lo que viene siempre después de la "fiesta". Después de haber repartido generosamente "servicios sociales" durante su primer gobierno, Perón tuvo que imponer austeridades en la primera mitad de los '50. Tras años de inflación al 25% anual y la pretensión de frenarla con los controles de precios de Gelbard (1973-74) que produjeran la ilusión de haberla dominado, las distorsiones llevaron a su corrección brutal mediante el "Rodrigazo", de infeliz memoria. La "plata dulce" de Martínez de Hoz culminó con la crisis del '81 y la carrera entre el dólar y las tasas de interés, que fuera el primer capítulo del final del "Proceso". El festival de gasto y empleo públicos de Alfonsín se financió con emisión monetaria a destajo, hasta estallar con la hiperinflación de 1989. La convertibilidad del 1 a 1 de Menem, en cambio, se financió con crédito externo; igual que Alfonsín, las reformas de fondo del Estado y de la economía no se llevaron a cabo, y la ilusión se volvió a quebrar en la aciaga cesasión de pagos de fines de 2001.
Las tarifas de los servicios públicos, pactadas con las concesionarias originalmente en los dólares del 1 a 1, fueron congeladas al morir la convertibilidad (enero de 2002), a la espera de una renegociación de los contratos. Esa renegociación no llegó con el gobierno provisional de Duhalde. Las tarifas de transporte también seguían reguladas y prácticamente congeladas.
Para cubrir la brecha entre costos y tarifas, se empezaron a aumentar los subsidios; cada vez más...
Y vino Kirchner. El Fisco se sostuvo sobre los famosos superávits gemelos, gracias a los inéditos precios de la soja en la primera década del siglo XXI. Esto permitió salir del pozo a los privados, y al gobierno nacional un margen de maniobra considerable, traducido en la fórmula del Frente para la Victoria: "dinero = poder".
Pero los contratos de servicios públicos tampoco fueron renegociados en esta administración. Las tarifas permanecieron casi sin variantes. Los subsidios empezaron a resultar insuficientes, pero todavía alcanzaban para evitar el colapso.
Y vino Cristina Fernández. La del congelamiento de tarifas ya parecía una política de Estado: ¿para qué asumir el costo político de un sinceramiento, si estábamos tan bien? La cuestión se sigue dilatando. Las tarifas baratas hacen que los usuarios instalen equipos de aire acondicionado en cada ambiente de la casa, regulen el calor de sus estufas abriendo las ventanas y se tomen el subte para ahorrarse caminar cuatro cuadras: el congelamiento de emergencia se convirtió en la financiación de la fiesta de consumo.
Pero el dinero ya no alcanzaba como antes. El gobierno pretende esquilar a los productores agropecuarios más allá de lo tolerable, y se produce la crisis del campo (2008). Fracasado el intento, echa mano de los fondos jubilatorios, estatiza el sistema y la Anses se convierte en una suerte de genio que concede deseos y presta a terceros a tasas negativas la plata de los pasivos, que tienen que hacer juicio para forzar al Estado a actualizarles los haberes. Cuando esto ya no alcanzó, se avalanzó el gobierno sobre las reservas del Banco Central, descapitalizando el país para solventar gastos corrientes; algo así como hipotecar la casa para pagar la cuenta del supermercado. No fue suficiente, porque las deudas con el exterior seguían allí para ser pagadas en divisas; entonces llegó el "cepo" cambiario, para evitar que se fugaran dólares; y se aceleró la fuga. Y, no contentos con esto, descapitalizado el Banco Central, sin dinero suficiente para financiar el gasto público creciente, se volvió a imprimir moneda sin control.
Todo esto, acompañado en los últimos diez años con medidas demagógicas y hasta disparatadas, y de una política económica cada vez más errática y arbitraria. Estatizaciones de ventajas improbables (YPF), cuando no decididamente deficitarias (Aerolíneas), o puramente propagandísticas (Fútbol para Todos); prohibiciones y regulaciones estrafalarias que entorpecen, cuando no anulan, el comercio exterior; falseamiento de estadísticas para sostener un relato en el que la inflación es de "sólo" el 10% anual. Un escenario macroeconómico, en definitiva, que desalentó y hasta espantó inversiones.
No hace falta haber ido a la escuela de Chicago para darse cuenta de que, si uno no ajusta, la que termina ajustando es la realidad. Pasó en cada uno de los episodios que fuimos reseñando de los gobiernos argentinos en los últimos 70 años. Nada puede hacernos pensar que no vaya a ocurrir de nuevo... De hecho, ya está ocurriendo.
Basta ser padre de familia para saber que, si uno gasta sistemáticamente más de lo que ingresa, llega un momento en que los recursos se agotan, incluido el crédito.
No se puede vivir en "fiesta" permanente: la cuenta se paga, más tarde o más temprano. No hay necesidad de ajustes allí donde hay racionalidad en la economía; nuestros vecinos latinoamericanos han aprendido esa lección, a partir de las sucesivas crisis de los '90. Es cuando se opta por la irresponsabilidad fiscal que las distorsiones terminan llevando al ajuste, del mismo modo que el agua desbordada tiende a desagotar en las zonas más bajas. Uno puede elegir entre tomar la iniciativa, realizar el ajuste y aprender de la lección, o simplemente dejar que sea la realidad la que ajuste las variables. El problema es que, mientras el primero es un ajuste controlable en su magnitud y efectos, el ajuste que hace la realidad siempre será más cruel e incontrolable: ¡cuántas vidas, por ejemplo, se habrían salvado en diciembre de 2001 si el gobierno de Menem hubiera optado por reformar el Estado, para no segur aumentando el gasto, mantener la financiación con crédito externo en niveles soportables y facilitar una salida ordenada de la convertibilidad.
Pero para los "progres", populistas vergonzantes, amigos de fiestear con la plata ajena, "ajuste" es, decíamos, mala palabra. Y lo es porque pone en evidencia su propia incapacidad y desmanejo. Quienes, desde el pensamiento "de izquierda", demonizan el ajuste, actúan siempre como si el dinero creciera en la copa de los árboles, como si no tuviera ningún costo el gasto indefinido, como si nada tuvieran que ver sus excesos demagógicos con las correcciones brutales que después exige la realidad. Levantan, como decía un amigo de mi padre, altares a los principios... y cadalsos a las consecuencias.
Es por eso que el gobierno nacional no se hace cargo del producto de sus malas políticas. Cuando, en los primeros años del kirchnerismo, la energía empezó a escasear debido al aumento del consumo y la falta de incentivos para invertir en más generación al mismo ritmo, se le cortaba la electricidad a la industria para favorecer el consumo domiciliario. Como esto no alcanzó, se empezó a penar el consumo por la vía de "premiar" a quienes consumieran menos que el año anterior. Como tampoco alcanzó, se comenzó a importar energía. Como tampoco esto alcanzó, se empezó tibiamente a ajustar la tarifa domiciliaria de determinados sectores de la población. Y así siguiendo. Sólo que el costo político de cada ajuste (ajuste en los hechos, aunque se lo bautizara con eufemismos) cada vez era mayor, lo que amedrentaba a un gobierno más preocupado por las próximas elecciones que por asegurar una provisión de energía de manera sostenible para una economía, según decían, en permanente expansión. Lo cierto es que cada vez que había un golpe de calor (y esto, en Buenos Aires, es más frecuente año a año), había problemas con la electricidad.
Otra técnica del gobierno para sacarse de encima el costo político del ajuste (su única preocupación) fue la de tercerizarlo. El ejemplo más grosero fue el del subte, que, después de cuatro años de negarse a transferirlo, un día se decidió "tirárselo por la cabeza" a la Ciudad, sin transferirle las correspondientes partidas presupuestarias que lo subsidiaban, y que así se ahorraría el Estado nacional. Como la Ciudad no tenía fondos para "manotear" ni la máquina de fabricar billetes, nunca podría mantener los niveles del subsidio y tendría que ajustar. Encima estaba gobernada por satán (Macri) y la maldita derecha (el Pro): el truco "cerraba" por todos lados. La Ciudad de Buenos Aires tuvo que asumir el costo político de ajustar la tarifa del Subte y rebuscárselas para financiar lo más posible el subsidio; no obstante, en un año el boleto de Subte subió un 218%.
De paso, sirvió para distraer la atención del ajuste que sufrieron las tarifas de transporte automotor de pasajeros, que en mismo periodo, aún con subsidio, aumentaron más de un 108%, y un 483% el boleto sin subsidio.
Según consultoras privadas, entre 2001 y 2013 el nivel general de precios aumentó 6 veces, los alimentos 11 veces, el dólar oficial 5 veces y el paralelo 8 veces, los salarios privados y formales 9 veces y los informales más de 7 veces, lo mismo los combustibles, los alquileres y los medicamentos 3 veces, y las tarifas de servicios, apenas, 1,4 veces.
Decir que, con este panorama, las tarifas de transporte siguen atrasadas puede sonar obsceno u horroroso, parafraseando al ministro Kicillof. Pero la realidad sigue humillando los dogmas "progresistas": no se puede seguir la fiesta sin pagarla; no es cuestión de aplicar recetas capitalistas o liberales, es simplemente el resultado de la "ley de la gravedad". Ya le tocó al transporte ferroviario. Le está tocando ahora a la energía: un golpe de calor excepcionalmente prolongado deja al descubierto 10 años de falta de planificación estatal; resulta patético que el Ministro de... Planificación, en funciones desde 2003, sea el que chicanee a quienes le reclaman y busque culpables entre aquellos a quienes debió haber controlado en todo este tiempo.Y mientras el gobierno nacional y popular busca la forma de "zafar" del ajuste (ya hablan de pasarles a la Ciudad y a la Provincia la distribución eléctrica: otra vez la tercerización), la "maldita derecha" organiza jóvenes que, sin pecheras, se suman en silencio al esfuerzo de muchos otros para paliar la crisis. Me dirán que es oportunismo; no lo sé; en cualquier caso, prefiero eso al cinismo.
Como decía un colega en Facebook: "¿Como son dos años más de esto? No logró imaginarme".
