Ya dijimos que tenemos que empezar por respetar la ley.
También que hemos de asumir la responsabilidad que nos toca a cada uno frente a las exigencias del cambio que la Argentina reclama.
Que no podemos pretender encarar ese cambio sin una defensa irrestricta de la institución familiar.
Que no podemos imaginar siquiera el cambio sin concordia entre los argentinos.
Hoy quiero enfocarme en otro aspecto "revolucionario" de este giro que el país anda necesitando: volver al principio de subsidiariedad.
Digo "revolucionario", porque los argentinos, como sociedad, nos hemos acostumbrado en las últimas décadas a desertar de nuestra iniciativa propia y a esperarlo todo del Estado. Y no sólo lo referente a las obras de infraestructura básica, el funcionamiento de la administración o la provisión de servicios esenciales, como la salud, la educación o la seguridad. Esperamos del Estado la solución de nuestros problemas microeconómicos, la satisfacción de nuestros deseos personales, la mitigación de nuestras miserias más íntimas.
Así, acudimos al Estado para reclamarle la protección de nuestros negocios, la organización de espectáculos culturales, el subsidio de nuestras cuentas domésticas y hasta la homologación de nuestras relaciones interpersonales.
Claro que, como siempre y como enseñaba aquel profesor, levantamos "altares a los principios" y pretendemos "cadalsos para las consecuencias". Porque nada de cuanto nos da el Estado es, aunque lo parezca, gratuito; y no sólo por los costos que supone para el presupuesto estatal el mantenimiento de tal o cual subsidio, o de tal o cual plan de ayuda, ni por los desequilibrios macroeconómicos a los que han conducido, invariablemente, las políticas demagógicas. También porque quienes nos gobiernan esperan un rédito político de toda esa demagogia, utilizada como una verdadera herramienta extorsiva: "o me votan..." -parecen decir- "...o se les acaba la fiesta". De donde cada prebenda que arrancamos al Estado la pagamos con lealtad al gobierno (mejor dicho, a quienes lo componen), so pena de terminar siendo objeto de represalias por nuestra eventual deslealtad.
Volver al principio de subsidiariedad supone asumir que la iniciativa, el impulso, la fuerza motora de la sociedad y de la economía está en cada uno de nosotros. No se trata de construir de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. El Estado sólo debe intervenir cuando el esfuerzo del particular resulta insuficiente, y sólo mientras resulte insuficiente.
Supone el compromiso por parte de cada uno de los ciudadanos de hacerse cargo del esfuerzo que supone sacar adelante el país, como si no pudiéramos esperar nada del Estado.
Supone la responsabilidad importante de los gobernantes de no convertir la acción subsidiaria del Estado en la coartada para expoliar a los ciudadanos y ahogar, así, a la iniciativa privada.
El principio de subsidiariedad es mala palabra para la izquierda "progre", tan propensa a sacralizar al Estado y a desconfiar sistemáticamente de los individuos (como si el aparato del Estado no estuviese formado por individuos). Pero la historia humana testimonia que los grandes cambios, las grandes iniciativas e inventos, los procesos institucionales más perdurables, el progreso económico de las naciones, rara vez han sido fruto de la acción estatal; casi siempre han surgido de las personas individuales, de quienes han han comprometido su propio destino, corrido su propio riesgo, jugado su propia responsabilidad.
