En la actual discusión alrededor de los subsidios del Estado a los servicios públicos (particularmente a la electricidad y el gas) parece olvidarse, a juzgar por el discurso de algunos, que el dinero no crece en los árboles.
Me explico: cuando se le pide al Estado que se haga cargo de algo -que estatice un servicio público, que expropie algo, que subsidie tarifas, que asuma el sostenimiento de alguien, etc.-, se le está pidiendo que gaste dinero en ese compromiso.
Al igual que un particular, el Estado puede utilizar dinero propio o prestado. El dinero propio del Estado es el que recauda con los impuestos. El dinero prestado es el que le proporcionan los bancos o el mercado, a través de empréstitos, bonos, etc.; dinero que, como prestado que es, el Estado se compromete a devolver en algún momento, con intereses.
Pero, a su vez, el Estado puede tener (es el caso de nuestro Estado nacional) la facultad de imprimir dinero. Pero el dinero impreso, en cualquier economía del mundo, representa el conjunto de bienes y servicios que esa economía produce: si tenemos una economía que produce 1000, tendremos que tener un total de dinero circulante por 1000. Por esta razón, si se imprime más dinero sin que la economía crezca en igual proporción, esa relación se desbalancea: tendremos, por ejemplo, una economía que produce 1000 y un circulante por 1100. Así inicia el proceso de la inflación, en términos muy generales, que se va retroalimentando en un círculo vicioso donde la desconfianza en el valor de la moneda va haciendo escalar los precios de los bienes y servicios en forma desproporcionada: la economía real crece un ritmo menor (o, incluso, decrece) que el dinero que la representa. Los argentinos sabemos cómo termina el proceso: la hiperinflación de 1989 es el ejemplo histórico más traumático; pero en menor escala hemos padecido cómo la inflación se come nuestros ingresos y nos empuja a una carrera en la que lo importante es gastar, sacarse de encima la moneda sin valor, y el ahorro (origen de la inversión) brilla por su ausencia. La inflación, en los hechos, se comporta como el más cruel de los impuestos, porque el Estado, a través de la emisión, ya no financia nada más que su propia ineficiencia.
Esto dicho en términos más que generales y primarios. Los detalles y matices no vienen al caso, y los puede ilustrar cualquier economista mínimamente leído.
Lo cierto es que, sea por la vía de los impuestos, por la vía del crédito, o por la vía de la emisión (inflación), el costo de que el Estado se haga cargo de cualquier aspecto de la economía lo terminamos pagando todos. Con un ejemplo: cuando una aerolínea privada da pérdidas, son sus dueños quienes salen perdiendo; cuando la que da pérdidas es Aerolíneas Argentinas, somos todos los argentinos quienes asumiremos el quebranto; sea porque deberemos pagar más impuestos, sea porque nuestros hijos deberán pagar los créditos que hoy se tomen para compensar las pérdidas, sea porque sufriremos todos la inflación que produzca la emisión monetaria para tapar el agujero.
Por ello es tan grave la corrupción estatal: el dinero que va a parar a los bolsillos del funcionario corrupto es un costos que el Estado deberá compensar a expensas de los gobernados.
Por ello no es tan simple, ni tan patriótico, expropiar empresas de servicios públicos: los servicios que terminan siendo "nuestros", son los que financian sus eventuales quebrantos a expensas nuestras; y el Estado argentino ha dado históricas muestras de ineficiencia en el manejo de las empresas públicas. Peor aún: no pocas veces, supuestas gestas por la soberanía nacional encubren ambiciones de funcionarios, políticos y sindicalistas, ávidos de hacerse con recursos privados para poder financiar sus propias carreras políticas (cuando no llenar, directamente, sus cajas fuertes).
Por ello, también, resultan engañosos los subsidios: lo que se paga de menos por un lado, se termina pagando de más por otro; y de manera más inequitativa aún, si se tiene en cuenta que, como ha sucedido en nuestro país, los subsidios fueron orientados a sectores de la población determinados con el fin, no de compensar el menor poder económico, sino de ganar o conservar el favor electoral.
Y no: no son los ricos quienes más se perjudican con estos desmanejos del dinero público. Los ricos tienen más recursos para poner en resguardo sus bienes. Son los pobres los que no tienen alternativa, quienes terminan pagando los alimentos más caros, quienes no pueden evadir el IVA, quienes no tienen forma de ahorrar porque deben utilizar todos sus ingresos para subsistir.
No seamos ingenuos: el dinero del Estado no crece en los árboles, no sale de un caldero mágico sin fondo que todo lo puede y a todos alcanza. Sale de nuestro esfuerzo... o de nuestro bolsillo... y somos nosotros, cuanto más pobres peor, los que terminamos pagando la fiesta.
