La trampa del totalitarismo

Con motivo del debate acerca de la ideología de género, el pasado 12 de octubre la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación se sintió en la obligación de publicar el siguiente...


Es interesante analizar el discurso del posteo oficial, porque es botón de muestra de la prosa “progre” con la que se busca confundir y manipular a las personas.
Y es que nadie niega los compromisos que el Estado pueda haber contraído o la legitimidad de que quienes gobiernan impulsen las políticas que consideren mejores para la población; esto, aun cuando tales políticas pudieran estar equivocadas, por más que respondan a buenas intenciones y serios compromisos internacionales.
El problema viene cuando se le niega al público legitimación para oponerse a tales políticas, cuando se descalifica mediante la minusvaloración (“grupos religiosos y organizaciones de la sociedad civil”) a quienes no están de acuerdo, cuestionan o exigen explicaciones acerca de posiciones oficiales frente a temas delicados y opinables.
Más allá de la discusión acerca de la carencia de fundamentos científicos de la tan mentada “perspectiva de género” (que, hasta el momento, no pasa de ser una superstición ideológica impuesta por determinados grupos de interés), resulta grave que un organismo oficial afirme que “la libertad de expresión tiene su límite en aquello que fuera discriminatorio, genere odio o violencia, por lo que bajo el argumento de la libertad de opinión no se puede manifestar, negar y/o impedir el ejercicio de los derechos humanos de las personas, y en particular ante estos mensajes de intolerancia, los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”. Dicho “en fácil”: “si no están de acuerdo con la ideología de género, son discriminadores que generan odio y violencia, y no tienen derecho a decir nada”.
¿Pensábamos que el delito de opinión era exclusivo de los regímenes totalitarios? No es así. También en democracia se puede silenciar la disidencia acusándola de criminal por “generar odio”. En otros lados, la disidencia es silenciada porque es contraria al pueblo, o a los intereses de la patria, o a la seguridad nacional, o al Corán. Aquí, porque cuestionar la ideología de género es, sin más explicaciones, “negar y/o impedir el ejercicio de los derechos humanos de las personas”.

Alexis de Tocqueville alertaba, en “La democracia en América”, acerca de los peligros de que aquélla fuera manipulada para que grupos de poder impusieran su voluntad al resto de forma tal que, finalmente, la democracia se convirtiera en un arma contra la libertad. Lo apreciamos a lo largo de la historia posterior, lo vemos hoy en fenómenos populistas que surgen de una elección democrática y terminan en regímenes hegemónicos que buscan aplastar las disidencias de un modo que en otro artículo calificábamos de peligrosa concepción del poder.

Habría, quizás, que recordarles al señor Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, al señor Ministro de Justicia y al señor Presidente de la Nación que la democracia sin libertad se pervierte. Si la libertad de expresión es sólo para aquellos que piensan de determinada manera. Si no tenemos libertad para expresar nuestras opiniones, por equivocadas que éstas puedan parecerles a algunos, la democracia se convierte en la coartada de la tiranía ideológica de quienes detentan el poder, y hablar de ella resultará una hipocresía, una burla cruel, porque habremos caído en la trampa del totalitarismo.

Iglesia y Estado, asunto separado

Resulta tragicómico ver los pañuelos naranjas de la campaña por la pretendida separación de la Iglesia y del Estado.

Trágico, porque ahora se ha convertido en una excusa para justificar todo tipo de agresiones y de injurias hacia la Iglesia católica en particular, y hacia la religión en general. Agresiones que, en algunos casos, resultan especialmente y hasta morbosamente violentas, haciendo temer un brote de intolerancia anticlerical como los que se han registrado en distintos lugares de Occidente durante los últimos doscientos años.
Cómico, porque en el caso de la Argentina la Iglesia y el Estado están separados de hecho desde tiempos de la primer presidencia de Roca (1880-1886), cuando un gobierno denostado por los progres de hoy dio los primeros pasos efectivos de separación de la administración civil respecto de la eclesiástica -especialmente a través de la creación del registro civil y del matrimonio civil- y de un modo traumático que dejó formalmente enemistada a la Santa Sede con el Estado argentino prácticamente hasta 1966. La jerarquía católica (que a ella se refieren siempre los medios cuando hablan de “la Iglesia”) tuvo una influencia fluctuante a lo largo de los años constitucionales respecto del gobierno nacional; fluctuante, como lo fue también la influencia de las Fuerzas Armadas, la masonería, el sindicalismo, el empresariado, la banca internacional, los Estados Unidos, la Unión Soviética o el “lobby gay”; influencia, por lo demás, siempre condicionada por las necesidades políticas coyunturales del gobierno civil o militar de turno.

Pero, contrariamente a lo que se pretende hacer creer, esta influencia fluctuante no ha sido ni determinante ni mayor que la de cualquiera de los otros grupos de interés citados. Así como no impidió la imposición obligatoria del matrimonio civil o de la laicidad de la educación pública en tiempos de Roca, tampoco impidió la progresiva secularización de la cultura a lo largo del siglo XX, ni la persecución abierta por el peronismo en 1955, ni la sucesiva introducción en la legislación nacional desde 1983 del divorcio vincular, la promoción estatal de métodos anticonceptivos artificiales, la imposición oficial de la ideología de género, el matrimonio de personas del mismo sexo, y la introducción del aborto en la agenda estatal. Tampoco impide el hecho de que la jerarquía católica argentina sea hoy señalada como abierta opositora al Gobierno por señalar la pobreza, como un problema aún pendiente de solución.

Entonces ¿qué se quiere decir cuando se dice que hay que separar Iglesia de Estado?
Creo que, si lo que se pretende es terminar con la asistencia del presupuesto nacional para la Iglesia Católica como institución, uno no podría estar más de acuerdo. Si bien es un tema opinable, el artículo 2do. de la Constitución Nacional no se refiere necesariamente al sostenimiento material del culto; sobre el tema hay bibliotecas escritas en un sentido u otro. La misma Conferencia Episcopal avanza en un acuerdo con el Estado Nacional para suprimir en un par de años los alrededor de 130 millones de pesos que constituyen la partida del presupuesto nacional con el que se solventa apenas el 6% de los gastos de la Iglesia Católica en la Argentina. El tema no es nuevo y se viene charlando desde las épocas en que el entonces cardenal Bergoglio presidía esa Conferencia.

Pero algo me dice que una partida que representa algo así como cinco milésimas del presupuesto nacional no es algo que desvele a los portadores del “pañuelo naranja”. A juzgar por sus manifestaciones, a veces virulentas (soy testigo de visu de sus escraches), el tema de la separación, para ellos, pasa por otro lado: concretamente, que la Iglesia no levante la voz para contradecir ninguna política que considere equivocada; menos aún si esa política está dictada a partir de dogmas “progres”, como la legalización del aborto o la imposición de la “perspectiva de género”, por citar dos casos recientes. En una palabra y como decía un post que andaba circulando en las redes, lo que se pretende de la Iglesia no es su tolerancia, que ya la tienen, sino su silencio: amablemente o no, se le pide a los católicos en particular, y a los cristianos en general, que vuelvan a las catacumbas.

Habría que analizar con lupa el presupuesto nacional y comparar los 130 millones que percibe la Iglesia Católica argentina con las partidas destinadas, por ejemplo, para las políticas de promoción de la agenda LGBT, para la repartija de anticonceptivos gratis, o para los viáticos de determinados funcionarias y funcionarios para asistir a encuentros internacionales donde se le “baja línea” al Gobierno acerca de lo que debe legislar en materia de aborto, anticoncepción, género y otras yerbas. No vaya a ser que lo que haya que separar del Estado, por su relevancia económica, sea a ciertos ideólogos.