La justicia social, esa coartada...

“Libertad, igualdad, fraternidad”. Es el lema de la Revolución Francesa. Pero, además, es el resumen de los valores fundantes de la democracia moderna, tal y como la entendemos desde hace 250 años. No quiere decir que hayan nacido esos valores entonces; por el contrario, son valores incomprensibles sin los veinte siglos anteriores de cultura grecorromana y judeocristiana. Podría decirse que son el fruto, cuajado en tiempos de las “nuevas ideas”, de siglos de evolución. No podemos decir que sean la última palabra, porque la historia humana demuestra que siempre estaremos lejos de la perfección a la que aspiramos, pero sí se puede afirmar que representan un escalón del que no podemos bajarnos sin riesgo de retroceder, de involucionar.

Después de referirnos a la fraternidad y la libertad, queda hacer una reflexión acerca de la igualdad. Pocos valores tienen tanta prensa como este en los últimos años: la promoción de la igualdad se ha esgrimido como justificación de innumerables movimientos sociales que aspiran, o dicen aspirar, en última instancia a una mayor justicia. Porque la relación entre igualdad y justicia es esencial: no puede entenderse una sin la otra. Por aquello que los griegos enseñaban, y los romanos procuraban poner en práctica, de que lo justo es lo igual, según determinado tipo de igualdad. Quizás en la dificultad para entender este último punto, la distinción de los tipos de igualdad, residan muchas de las confusiones modernas en materia política: al olvidar que existe una igualdad aritmética, que supone dar a cada uno lo mismo, distinta de otra igualdad geomética, que implica dar a cada uno según su mérito, terminamos queriendo igualar cosas que no pueden ser iguales y, paradójicamente, discriminando allí donde no debe haber distinciones.

Pero hoy detengámonos en una confusión muy actual en nuestro país: la referida a la justicia social, que es aquella que busca la igualdad en orden al bien común. Ambos conceptos, inasibles para el liberalismo político y económico cuando se lo convierte en una ideología atada al individualismo, también resultan confusos hoy por hoy al haber sido manipulados por el socialismo y la izquierda en general, y aquí, en la Argentina, especialmente por el peronismo (que no por nada adoptó institucionalmente el nombre de “justicialismo”).

El peronismo se ha caracterizado, a lo largo de sus casi 80 años de historia, por afirmar que promueve la justicia social. Digo afirmar que promueve, porque los hechos distan, con demasiada frecuencia, de tales afirmaciones: la corrupción en los sucesivos gobiernos peronistas ha sido proverbial en nuestro país, superando con creces la de los restantes gobiernos civiles y militares (que también existió). Y pocas cosas pueden ser tan injustas como que los gobernantes se enriquezcan ilícitamente en el poder, porque siempre será a expensas de los impuestos que paga todo el pueblo, ricos y pobres, fuertes y débiles, siendo estos últimos los que suelen sufrir las peores consecuencias. Pero aún más injusto es que esa corrupción se haya dado en un marco de políticas económicas que, lejos de promover la prosperidad material de la Argentina, han conducido a una cada vez más marcada decadencia, justamente durante las mismas décadas en que la “justicia social” se convirtió en una verdadera política de Estado.

En efecto y desde que, de la mano de Perón, se convirtiera en la razón legitimadora del golpe del '43, la justicia social fue caballito de batalla de todos los gobiernos que le sucedieron, democráticos o no, de un signo u otro. En las últimas ocho décadas, casi nadie se atrevió, por ignorancia o por conveniencia, a cuestionarle al peronismo su noción de justicia social, tal y como se la apropió esa facción.

La justicia social tiene que ver, sí, con las exigencias éticas que impone, para los particulares, las organizaciones intermedias y el Estado, la realización del bien común, entendido como el conjunto de condiciones que permita a cada uno de los miembros de una sociedad determinada alcanzar su realización personal.

La justicia social tiene que ver con generar condiciones económicas que permitan el progreso material de todos; y no con quitarle a unos para darle a otros. La justicia social supone combatir los impedimentos para el acceso a bienes elementales como la salud, la educación, el empleo; pero no puede ser la coartada para que esos bienes sean monopolizados y administrados discrecionalmente por el Estado. Así como no hay justicia social si impera el puro individualismo, origen de tantas desigualdades, tampoco hay justicia social si no se respetan los bienes individuales indispensables para la realización de cada persona: la vida, la libertad, la propiedad privada.

Abel Albino tiene una observación genial, que generalmente se pasa por alto: creemos que “los pobres” son gente igual a la de clase media o alta, pero “sin plata”; por eso, nuestros gobiernos se esfuerzan en repartirla como si con eso se combatiera la pobreza y se hiciera “justicia social”. Pero como la pobreza es más que la falta de dinero, los recursos que estos gobiernos “justicieros” de distinto signo utilizan para combatirla no resultan eficientes: a la parte que se lleva la corrupción de los intermediarios, debe agregarse que la falta de una correcta nutrición, de educación, de cultura del trabajo, de una familia estable, de un ambiente social favorable y de una cantidad de bienes intangibles cuya carencia constituye una pobreza mayor que la falta de dinero, hace que muchos de los beneficiarios, cada vez más, no sepan cómo utilizar provechosamente lo que se les da y, en lugar de ser palanca que los saque de la pobreza, se convierte en medio para hundirlos más en ella, con el agravante de las adicciones, la violencia y el crimen.

Justamente por tratarse de una exigencia ética, la justicia social puede vivirse y promoverse, proponerse como una meta, pero no imponerse coactivamente, porque en ese mismo momento se estará faltando a la justicia. Por eso resulta urgente una suerte de cambio de paradigma: la justicia social nada tiene que ver con repartir dinero (o cosas). La justicia social supone, primero, un compromiso ético personal, individual, de cada miembro de la sociedad; la justicia social supone también el respeto de la libertad, porque solo las personas libres pueden realizarse practicando la justicia con sus semejantes; la justicia social constituye una meta que nunca podrá ser definitivamente alcanzada, en la que siempre podremos mejorar y que, como tal, exige un constante ejercicio de promoción que la convierta en objetivo de cada agente personal, corporativo o estatal de la sociedad.

Parafraseando al proverbio chino, la justicia social consiste en enseñar a pescar para dejar de tener hambre, en facilitar las condiciones para que todos, no solo estos o solo aquellos, progresen de verdad como personas.