El dinero no crece en los árboles

En la actual discusión alrededor de los subsidios del Estado a los servicios públicos (particularmente a la electricidad y el gas) parece olvidarse, a juzgar por el discurso de algunos, que el dinero no crece en los árboles.
Me explico: cuando se le pide al Estado que se haga cargo de algo -que estatice un servicio público, que expropie algo, que subsidie tarifas, que asuma el sostenimiento de alguien, etc.-, se le está pidiendo que gaste dinero en ese compromiso.
Al igual que un particular, el Estado puede utilizar dinero propio o prestado. El dinero propio del Estado es el que recauda con los impuestos. El dinero prestado es el que le proporcionan los bancos o el mercado, a través de empréstitos, bonos, etc.; dinero que, como prestado que es, el Estado se compromete a devolver en algún momento, con intereses.
Pero, a su vez, el Estado puede tener (es el caso de nuestro Estado nacional) la facultad de imprimir dinero. Pero el dinero impreso, en cualquier economía del mundo, representa el conjunto de bienes y servicios que esa economía produce: si tenemos una economía que produce 1000, tendremos que tener un total de dinero circulante por 1000. Por esta razón, si se imprime más dinero sin que la economía crezca en igual proporción, esa relación se desbalancea: tendremos, por ejemplo, una economía que produce 1000 y un circulante por 1100. Así inicia el proceso de la inflación, en términos muy generales, que se va retroalimentando en un círculo vicioso donde la desconfianza en el valor de la moneda va haciendo escalar los precios de los bienes y servicios en forma desproporcionada: la economía real crece un ritmo menor (o, incluso, decrece) que el dinero que la representa. Los argentinos sabemos cómo termina el proceso: la hiperinflación de 1989 es el ejemplo histórico más traumático; pero en menor escala hemos padecido cómo la inflación se come nuestros ingresos y nos empuja a una carrera en la que lo importante es gastar, sacarse de encima la moneda sin valor, y el ahorro (origen de la inversión) brilla por su ausencia. La inflación, en los hechos, se comporta como el más cruel de los impuestos, porque el Estado, a través de la emisión, ya no financia nada más que su propia ineficiencia.
Esto dicho en términos más que generales y primarios. Los detalles y matices no vienen al caso, y los puede ilustrar cualquier economista mínimamente leído.

Lo cierto es que, sea por la vía de los impuestos, por la vía del crédito, o por la vía de la emisión (inflación), el costo de que el Estado se haga cargo de cualquier aspecto de la economía lo terminamos pagando todos. Con un ejemplo: cuando una aerolínea privada da pérdidas, son sus dueños quienes salen perdiendo; cuando la que da pérdidas es Aerolíneas Argentinas, somos todos los argentinos quienes asumiremos el quebranto; sea porque deberemos pagar más impuestos, sea porque nuestros hijos deberán pagar los créditos que hoy se tomen para compensar las pérdidas, sea porque sufriremos todos la inflación que produzca la emisión monetaria para tapar el agujero.

Por ello es tan grave la corrupción estatal: el dinero que va a parar a los bolsillos del funcionario corrupto es un costos que el Estado deberá compensar a expensas de los gobernados.
Por ello no es tan simple, ni tan patriótico, expropiar empresas de servicios públicos: los servicios que terminan siendo "nuestros", son los que financian sus eventuales quebrantos a expensas nuestras; y el Estado argentino ha dado históricas muestras de ineficiencia en el manejo de las empresas públicas. Peor aún: no pocas veces, supuestas gestas por la soberanía nacional encubren ambiciones de funcionarios, políticos y sindicalistas, ávidos de hacerse con recursos privados para poder financiar sus propias carreras políticas (cuando no llenar, directamente, sus cajas fuertes).
Por ello, también, resultan engañosos los subsidios: lo que se paga de menos por un lado, se termina pagando de más por otro; y de manera más inequitativa aún, si se tiene en cuenta que, como ha sucedido en nuestro país, los subsidios fueron orientados a sectores de la población determinados con el fin, no de compensar el menor poder económico, sino de ganar o conservar el favor electoral.

Y no: no son los ricos quienes más se perjudican con estos desmanejos del dinero público. Los ricos tienen más recursos para poner en resguardo sus bienes. Son los pobres los que no tienen alternativa, quienes terminan pagando los alimentos más caros, quienes no pueden evadir el IVA, quienes no tienen forma de ahorrar porque deben utilizar todos sus ingresos para subsistir.
No seamos ingenuos: el dinero del Estado no crece en los árboles, no sale de un caldero mágico sin fondo que todo lo puede y a todos alcanza. Sale de nuestro esfuerzo... o de nuestro bolsillo... y somos nosotros, cuanto más pobres peor, los que terminamos pagando la fiesta.

Responsabilidad bicentenaria

El Bicentenario de la Independencia nos invita a reflexionar acerca de la libertad y el uso que hacemos de ella.
Hace 200 años, las Provincias Unidas decidieron hacerse cargo, no ya de su propio gobierno, sino de su propio destino.

Hacerse cargo.

Es frecuente reclamar libertad, para hacer esto o para hacer aquello. Y es lógico: la libertad es uno de los primeros derechos del hombre, junto con la vida; la libertad es atributo de nuestra misma humanidad. Por eso tendemos instintivamente a defenderla y, en la modernidad democrática, a exaltarla como principio de ciudadanía.
Lo que no es tan frecuente es asumir que la libertad implica, como contracara, la responsabilidad: el que es libre, y porque es libre, responde de sus actos.

Se hace cargo.

Por eso el Bicentenario nos interpela a los argentinos como pueblo: ¿nos hacemos cargo de nuestro destino? ¿Asumimos las consecuencias de nuestras decisiones? ¿O tendemos a buscar endilgar a otros la culpa de nuestros propios errores? ¿O actuamos como adolescentes, deseando y buscando los beneficios sin estar dispuestos a pagar su precio?

Los padres de nuestro país pensaron en un pueblo libre que tuviera las herramientas para construir su propia prosperidad, con responsabilidad. Tal vez el Bicentenario sea la oportunidad, para gobernantes y gobernados, de revisar el modo como nos hacemos cargo del futuro, de asumir nuestra parte en lo que nos pasó y en lo que nos espera, de darlo todo por amor a esa Argentina que le dejaremos a nuestros hijos y a las generaciones futuras.

Las lecciones del sistema

Corrupción política hubo siempre. Es cierto. Y, segura y lamentablemente, siempre habrá. Por lo menos, mientras los gobiernos sean ejercidos por seres humanos. Falibles y débiles, como regla.
Y la hubo siempre en la Argentina. También es cierto. Más o menos generalizada, en mayor o menor escala. Y desde que se fundó el puerto de Buenos Aires, puerto de mala muerte en un rincón ignoto del planeta, olvidado de Dios y del rey y condenado al contrabando en tiempos de la colonia, la corrupción local tuvo su peculiaridad cultural con la "avivada", en los porteños en particular y en los argentinos en general.
Ni los gobiernos civiles ni los militares, ni los peronistas ni los radicales de los últimos años dejaron de presentar más o menos casos de corrupción. Ni Alfonsín, ni Menem, ni De la Rúa, ni Duhalde pudieron mostrar gestiones impolutas. Sí, es cierto: algunos menos que otros.
Es probable que en el actual gobierno del Pro, con el tiempo, también haya casos de corrupción, más o menos importantes.

Pero lo que distingue a los últimos 12 años de gobierno kirchnerista es, quizás, el volumen, la intensidad, la escala y la institucionalización de la corrupción gubernamental, que día a día va apareciendo en las fojas de los expedientes judiciales que, "milagrosamente", encuentran impulso en estos meses, gracias a la presión de la opinión pública y a la mayor libertad de que parecen gozar los jueces desde el 10 de diciembre.
Nos vamos enterando, no ya de la clásica "coima" para conseguir el pago de tal o cual obra, o del sobreprecio puntual, o del negociado que favorece a tal o cual funcionario, o del juez venal, o de la relación mafiosa de políticos con el narcotráfico. No. Aquí aparece todo un sistema en el que el desvío del dinero del Estado a los bolsillos de quienes componían la clase dirigente se hacía en forma sistemática, al parecer, hasta el estrato más alto del gobierno; un sistema en el que la plata negra del narcotráfico financiaba campañas a cambio de impunidad y facilidades operativas en todo el territorio de la nación y en directa asociación con funcionarios del gobierno; un sistema en el que las fuerzas armadas y de seguridad, y los servicios de inteligencia del Estado, estaban infiltrados y manipulados en función, no de la protección de los ciudadanos, sino de los negocios turbios del poder; un sistema en el que el latrocinio no fue una excepción, sino la regla general.
Para colmo, este latrocinio fue, además, perpetrado en nombre de una supuesta revolución social que, al cabo de 12 años de un incomparable escenario económico internacional en términos relativos para la Argentina, no redujo la pobreza en el país. Antes, peor, se sirvió de ella para sus propios fines, a través del clientelismo que facilitó la conservación del poder por parte del "Frente para la Victoria".

Los jueces ya dirán quiénes fueron y en qué medida los responsables de semejante estado de cosas. Esto, si tienen un mínimo de coraje y decencia. Pero nos toca a todos los argentinos aprender las lecciones que nos deja este sistema. Y "todos" somos todos. Los que estuvieron a favor del gobierno anterior y quienes estuvimos siempre en contra. Los de arriba y los de abajo. Los de la izquierda y los de la derecha. Los que formaron parte de aquella administración y los que forman parte de la actual.
Porque quienes estuvieron a favor del kirchnerismo muchas veces hicieron -en homenaje a la "revolución", en el mejor de los casos- la vista gorda sobre hechos que desmentían eso que ellos decían defender. Porque quienes estuvimos en contra del kirchnerismo nos tomamos 12 largos años, como si a la Argentina le sobrara tiempo, para articular una alternativa política más o menos viable (y cuya eficacia aún está por verse), sumidos en peleas de cartel y mezquindades que, muchas veces, fueron complicidad con la corrupción gobernante. Porque no faltaron los de arriba que sólo se acordaron de la ética y el patriotismo cuando les tocó a ellos pagar la cuenta. Porque no faltaron los de abajo que se aprovecharan de la situación para enriquecerse a expensas de los impuestos de todos. Porque la izquierda medró ideológica y materialmente con el dinero del Estado. Porque la derecha es la autora de muchos de los argumentos que sirvieron de coartada al kirchnerismo. Porque quienes gobernaron durante esos 12 años no vieron o no quisieron ver lo que muchos de sus colegas hacían. Porque quienes gobiernan ahora no terminan de escarmentar y repiten vicios que, si no se corrigen a tiempo, pueden degenerar en lo mismo que, dijimos, vienen a cambiar.

Los argentinos tenemos lecciones que aprender. El mani pulite actual no debe ser sólo una especie de reality para satisfacer el morbo de quienes nos opusimos al régimen kirchnerista. Debe ser, en cambio, ocasión para una reflexión masiva acerca de qué cosas tenemos los argentinos que cambiar, cada uno, para que la historia no vuelva a repetirse y la corrupción vuelva a ser la excepción, no la regla.

#NiUnaMenos

Desafiar el "cánon progre" siempre representa el riesgo, en estos tiempos, de la etiqueta fácil y el prejuicio. Lo digo porque, en determinados actores sociales, la campaña #NiUnaMenos me parece un poco inconsecuente.

No voy a cuestionar -por lo menos, no ahora- la expresión "violencia de género", que parece referirse a la dirigida contra las mujeres. Y digo "parece", porque la ambigua expresión "género" remite a una perspectiva que nada tiene de científico o filosófico, y que viene imponiéndose como aquel traje del emperador del cuento de Andersen. Pero esta es una cuestión para tratar otro día.

La inconsecuencia a la que me refiero es esa actitud que un amigo de mi padre le reprochaba al autodenominado progresismo, señalando que levanta altares a los principios y cadalzos a las consecuencias.

¿Por qué -si no- en una sociedad con costumbres cada vez más pretendidamente progresistas, los casos de "violencia de género", en lugar de disminuir, aumentan?
Sí, ya sé: las feministas observantes y los repetidores de frases hechas me responderán que ahora se denuncia más, que quedan resabios de machismo irreductible, que hace falta más educación (sexual) y varios etcéteras más.

Pero lo cierto es que las estadísticas muestran que la violencia contra las mujeres (y en general) se da con muchísima más frecuencia en las uniones "libres" que en los matrimonios, en las familias "no tradicionales" que en las "tradicionales"; que los golpeadores son, en su inmensa mayoría, varones que han aprendido a copular pero que desconocen lo que es el amor; que las adicciones, la cultura del hedonismo, la falta de compromiso y el egoísmo infundido por una educación individualista abundan como antecedentes de las actitudes violentas.

Deberíamos reflexionar si no es hora de revisar muchos de los paradigmas de la cultura contemporánea, de madurar y hacernos cargo de las consecuencias, para que el reclamo de #NiUnaMenos no se quede en una catarsis para tercerizar culpas, sino que sea ocasión de asumir la parte que nos toca en el problema y en su solución.
Alguna vez habrá que dejar de podar las ramas de la "violencia de género", y atacar la raíz de todo género de violencia.

El rosario de Milagro

El siguiente es el texto de una carta de lector que envié al diario La Nación, y me publicaron el 22 de febrero:

Más allá de las razones pastorales que puede haber tenido el Papa para enviarle un rosario a Milagro Sala (bien desarrolladas por Mons. Fernández en su artículo de hoy en LA NACIÓN), conviene tener presente un detalle que a los críticos de ese gesto parece habérseles pasado por alto: buscarle significado político al rosario de Francisco supone, indirectamente, reconocerle un carácter político a la prisión de Milagro Sala.

Y Sala no es, aunque así lo pretenda un sector de la oposición, una presa política. No está en la cárcel por lo que piensa, sino que se la investiga como imputada en graves delitos, que incluirían, a juzgar por lo que informan quienes llevan la causa, el lavado de dinero del narcotráfico.

No seamos sectarios: Milagro Sala merece justicia como cualquier otro ciudadano, y puede ser objeto de misericordia como cualquier preso, culpable o inocente.

Y no seamos ingenuos: nada hay de político en un gesto hacia un preso, a menos que se reconozca a éste mismo como político.

Justicia se busca

Los pedidos de Justicia son un "clásico" de la política. Desde la izquierda y la derecha, pedir justicia siempre fue (y es) un modo sencillo de convocar a la protesta, a ganar la calle.

Dos aclaraciones. Una: el análisis no pretende ser peyorativo; más allá de la buena fe o las intenciones últimas de toda reclamación, el solo hecho de poder reclamar justicia es, en sí mismo, justo, apropiado a nuestra condición de hombres libres, y más aún en un régimen republicano y democrático. Otra: cuando hablamos de "reclamar justicia", nos referimos no a la justicia en general (la vigencia del Estado de Derecho), sino a la justicia en particular, a que se haga justicia en tal o cual caso.

Justicia por los desaparecidos, justicia por los presos políticos, justicia por los atentados contra la Embajada de Israel y contra la AMIA, justicia por Cabezas, justicia por Kosteki y Santillán, justicia por Axel Blumberg, justicia por Cromagnon, justicia por la tragedia de Once, justicia por Nisman... Y puede seguirse hasta el infinito.

Sin embargo, siempre que pedimos "Justicia" tenemos que atenernos a los límites que el propio Estado de Derecho nos impone.
Por un lado, que la justicia es para todos. No puede confundirse justicia con venganza. Resulta trágico que, cuando los vientos políticos cambian, haya quienes hablen de justicia para justificar la retorsión: como si aquel cambio de tendencia fuera el aval para devolver mal por mal. "Ahora les toca a ustedes", se argumenta, sin hacerse cargo de que la justicia supone equilibrio; su balanza debe equilibrarse, y no inclinarse hacia un lado o hacia el otro. Reclamar justicia supone exigir ese equilibrio, no una mera satisfacción de la propia ofensa. "Que vayan todos presos", se dice; y debiera agregarse "si así corresponde legalmente y cumpliendo con las exigencias de la misma ley".
Por otro lado, también el sistema republicano impone el límite de la división de poderes. La pretensión de justicia con frecuencia se dirige al poder equivocado. No son nuestros gobernantes (entendiendo por tales a quienes integran el Poder Ejecutivo) ni nuestros legisladores quienes deben hacer justicia, sino los jueces; y siempre asumiendo que tal justicia puede no identificarse, ni total ni necesariamente, con nuestros personales deseos.

Es evidente que, vista con esta perspectiva, la justicia posible puede resultarle, a más de uno, una "pobre justicia". Pero es lo que los hombres, limitados como somos, podemos ofrecer. Quienes estén más abiertos a la trascendencia pueden esperar otra Justicia, definitiva. Pero ella no es de esta tierra, ni de este tiempo.

La Argentina que cambia

Una anécdota personal: mi tío, ya mayor y con sus achaques, sin obligación (por su edad) de votar, sale del cuarto oscuro con su andador y su voto, para ir a depositarlo en la urna; la providencia quiso que su hijo menor, mi primo, fuera el presidente de la mesa. Su nieto grabó el video del momento y lo publicó en Facebook, con palabras de admiración para el ejemplo cívico de su abuelo. Todos sabemos a quién votó y porqué.
Quienes hemos sido fiscales o autoridades de mesa podemos dar fe de que este ejemplo de mi tío se repitió muchas veces, tanto el 25 de octubre como ayer. Fueron muchas las personas mayores o discapacitadas que se sobrepusieron a sus limitaciones porque querían ir a votar un nuevo presidente. Esto explica, en parte, la mayor afluencia de votantes, por encima del promedio histórico en ambas vueltas estas últimas elecciones.

Quienes militamos en la coalición finalmente ganadora de las elecciones nacionales podemos también dar fe de la inmensa cantidad de gente que se ofreció para fiscalizar las elecciones, especialmente tras el escándalo del fraude en las elecciones tucumanas de agosto.
No fue sólo la mala imagen del candidato oficialista, ni la buena imagen de la gobernadora electa, ni la mala gestión del gobernador saliente, las causas de que la provincia de Buenos Aires cambiara de signo político tras 28 años de gobiernos peronistas. No habría sido posible sin el compromiso y la dedicación de miles de fiscales que se volcaron a controlar la transparencia de una elección que, en otras condiciones, habría sido fácilmente manipulable por el aparato de los llamados "barones del conurbano". Como diría la Presidenta, no fue magia.

Compromiso para votar; compromiso para fiscalizar. Esto no es el final de nada. Es apenas el comienzo de una Argentina cuya ciudadanía da señales de empezar a cambiar, más allá de las frases de campaña.

Ahora viene lo más difícil, lo más importante, y lo más apasionante.
Ahora tendrán, quienes recibieron nuestro apoyo, que dar cuenta de la responsabilidad que les encomendamos con nuestro voto. Ahora tendremos, como ciudadanos, la obligación de ayudar y poner el hombro, pero también de exigir y fiscalizar, no ya una elección, sino a nuestros gobernantes.
Ahora vienen horas difíciles para la Argentina y todos, gobernantes y gobernados, debemos estar a la altura del desafío.

Y quienes acompañamos la campaña del vencedor no podemos bajar los brazos ni abandonarnos al fanatismo que, hasta hoy, combatimos. Tenemos que organizarnos con la mira puesta no sólo en apoyar políticamente el cambio que ya llegó, sino en acompañarlo racionalmente, con sentido común y también espíritu crítico, para generar una dirigencia que sirva a la Argentina y la saque de la decadencia a la que nos llevaron décadas de dirigentes mediocres.

El cambio empezó. Queda mucho por delante.