La trampa del totalitarismo

Con motivo del debate acerca de la ideología de género, el pasado 12 de octubre la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación se sintió en la obligación de publicar el siguiente...


Es interesante analizar el discurso del posteo oficial, porque es botón de muestra de la prosa “progre” con la que se busca confundir y manipular a las personas.
Y es que nadie niega los compromisos que el Estado pueda haber contraído o la legitimidad de que quienes gobiernan impulsen las políticas que consideren mejores para la población; esto, aun cuando tales políticas pudieran estar equivocadas, por más que respondan a buenas intenciones y serios compromisos internacionales.
El problema viene cuando se le niega al público legitimación para oponerse a tales políticas, cuando se descalifica mediante la minusvaloración (“grupos religiosos y organizaciones de la sociedad civil”) a quienes no están de acuerdo, cuestionan o exigen explicaciones acerca de posiciones oficiales frente a temas delicados y opinables.
Más allá de la discusión acerca de la carencia de fundamentos científicos de la tan mentada “perspectiva de género” (que, hasta el momento, no pasa de ser una superstición ideológica impuesta por determinados grupos de interés), resulta grave que un organismo oficial afirme que “la libertad de expresión tiene su límite en aquello que fuera discriminatorio, genere odio o violencia, por lo que bajo el argumento de la libertad de opinión no se puede manifestar, negar y/o impedir el ejercicio de los derechos humanos de las personas, y en particular ante estos mensajes de intolerancia, los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”. Dicho “en fácil”: “si no están de acuerdo con la ideología de género, son discriminadores que generan odio y violencia, y no tienen derecho a decir nada”.
¿Pensábamos que el delito de opinión era exclusivo de los regímenes totalitarios? No es así. También en democracia se puede silenciar la disidencia acusándola de criminal por “generar odio”. En otros lados, la disidencia es silenciada porque es contraria al pueblo, o a los intereses de la patria, o a la seguridad nacional, o al Corán. Aquí, porque cuestionar la ideología de género es, sin más explicaciones, “negar y/o impedir el ejercicio de los derechos humanos de las personas”.

Alexis de Tocqueville alertaba, en “La democracia en América”, acerca de los peligros de que aquélla fuera manipulada para que grupos de poder impusieran su voluntad al resto de forma tal que, finalmente, la democracia se convirtiera en un arma contra la libertad. Lo apreciamos a lo largo de la historia posterior, lo vemos hoy en fenómenos populistas que surgen de una elección democrática y terminan en regímenes hegemónicos que buscan aplastar las disidencias de un modo que en otro artículo calificábamos de peligrosa concepción del poder.

Habría, quizás, que recordarles al señor Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, al señor Ministro de Justicia y al señor Presidente de la Nación que la democracia sin libertad se pervierte. Si la libertad de expresión es sólo para aquellos que piensan de determinada manera. Si no tenemos libertad para expresar nuestras opiniones, por equivocadas que éstas puedan parecerles a algunos, la democracia se convierte en la coartada de la tiranía ideológica de quienes detentan el poder, y hablar de ella resultará una hipocresía, una burla cruel, porque habremos caído en la trampa del totalitarismo.