El “vacunagate” del que somos testigos en estos días, y que ya venía generando polémicas antes de estallar, parece una anécdota más de un gobierno que, además de improvisado y errático (por decir lo menos), muestra que lo único en lo que progresa es en el desparpajo y la obscenidad de la corrupción. Pero el episodio, aún siendo grave, no es más que un botón de muestra de algo más complejo: lo que Luciano Román resume como la “cultura del acomodo, el ventajismo, el amiguismo mal entendido y la avivada”, un rasgo lamentablemente distintivo de la idiosincrasia argentina. Idiosincrasia que nos ha conducido a un estado general de anomia: las leyes no existen, o actuamos como si no existieran, o como si las normas existentes fueran sólo aplicables a los demás; pareciera que cada argentino se siente ubicado por encima de las leyes, tanto más cuanto más poder se tiene.
La anomia argentina nos llevó a donde estamos. Las consecuencias prácticas de este vicio social van desde incumplir normas de tránsito (para lo que siempre encontramos excusas) hasta el tráfico de influencias para conseguir una vacuna antes de tiempo (o una contratación de favor, lo mismo da), pasando por la manipulación de las normas, como si fueran un mero instrumento de poder, y la aplicación del doble estándar (“a los amigos todo, al enemigo, ni justicia”). La anomia argentina produjo golpes de estado, guerrillas fratricidas, violaciones a los derechos humanos, corrupción estructural, estados de emergencia, ruptura masiva de contratos, saqueos, clientelismo, entre muchas otras lacras, algunas de ellas ya asimiladas como normales. Las consecuencias están a la vista: una sociedad dividida por odios que no se superan, una economía con crisis crónicas, un crecimiento estancado, una dirigencia política absolutamente desprestigiada, un país en decadencia desde hace más de 70 años.Si queremos cambiar esto, tenemos que restablecer el respeto irrestricto por la ley. Esto significa hacernos cargo de aquel aforismo latino: “Dura lex, sed lex” (“la ley es severa, pero es la ley”). Lo que se traduce, concretamente, en la aplicación igualitaria del orden jurídico: las normas son para que las respetemos todos, sin excepción. En esta subordinación de todos (ricos y pobres, fuertes y débiles) ante la ley consiste la república: las excepciones no pueden ser la coartada de los privilegios y la arbitrariedad; del mismo modo que los cuestionamientos a una ley no pueden ser el atajo para su violación en perjuicio de los demás. Sólo respetando el estado de derecho seremos un país previsible, en el que no haya privilegios para nadie, y en el que se pueda confiar para invertir a largo plazo.
Este cambio -verdadera revolución sería- no es responsabilidad de un dirigente, ni de un gobierno, ni de un grupo más o menos grande, sino de todos los argentinos. No tenemos que sentirnos individualmente eximidos: cada uno debe hacerse cargo de su parte, porque se trata de una verdadera reforma cultural necesaria para la Argentina. No solo hay que exigir el respeto por las leyes: debemos empezar por respetarlas nosotros mismos.
No obstante, es evidente que esta reforma nunca será efectiva si no es asumida por nuestra dirigencia. Esto significa que el respeto por la ley debe reclamarse, exigirse como condición indispensable en cada oportunidad, en cada foro, en cada campaña, en cada votación, de aquellos que aspiren a gobernarnos. Y esa exigencia deberá ir acompañada con la debida sanción para aquellos dirigentes, del color que sea, que no respeten la ley.
De ello depende nuestra maduración como sociedad y el país que dejaremos a nuestros hijos.

