La maldita grieta

Es universalmente conocida aquella fábula de Esopo en la que los ratones de una casa, cansados de las acechanzas del gato, deliberan acerca de cómo ocuparse de él para poder salir a buscar comida. Uno de los ratones propone la idea genial: ponerle un cascabel al gato para que su ruido los alerte y evite los furtivos ataques del felino. Todos los ratones festejaban la idea, hasta que uno preguntó: “¿quién le va a poner el cascabel al gato?”. La moraleja es que toda gran idea es más fácil de formular que de llevar a cabo.

Se aplica perfectamente esta fábula a las declamaciones de nuestros políticos acerca de cerrar la grieta: es fácil proponer aquello que todos sabemos necesario. La “grieta” de la que hablamos en la Argentina desde hace más de una década no es una mera discrepancia de opiniones, de métodos o de proyectos: se trata de la descalificación de la posición contraria, generalmente sin matices, en ejercicio de una dialéctica irreconciliable sobre la que no puede construirse nada, y que tiene como consecuencia el estancamiento del país, toda vez que cualquier proyecto común requiere, si no de un total consenso, por lo menos de un ánimo de diálogo que reconozca en quien no piensa como nosotros la legítima intención de sacar adelante a la Argentina. Difícilmente pueda recrearse este ambiente de diálogo, esta discusión civilizada, si unos desconfían y descalifican sistemáticamente a los otros como oligarcas, corruptos, “gorilas”, “peronchos”, vendepatrias, autoritarios, y un largo etcétera.

Todos coincidimos en que hay que cerrar la grieta, pero ¿quién le pondrá el cascabel al gato?, ¿quién tomará la iniciativa?, ¿quién se abstendrá de contestar la descalificación del otro?, ¿quién será capaz de ponerse por encima de la grieta para reconocer en el otro a un argentino que, aunque consideremos que está fatalmente equivocado, puede querer de buena fe el bien del país. 

Quizás la grieta sea un vicio de época. La proliferación de las redes sociales y la magnificación que en ellas encuentra todo tipo de opiniones, además de la facilidad con la que a través de ellas puede mentirse, tirar la piedra y esconder la mano, atacar anónimamente, y denigrar con o sin argumento, ha generado, no solo aquí, sino en todo el mundo un ambiente en el que la agresión masiva se ha vuelto relativamente sencilla, asequible a cualquier individuo o grupo, y las consecuencias se ven tan potenciadas como el alcance universal de Internet. Y esto vale tanto para el estallido de escándalos, como para la organización de movilizaciones populares, la cultura de la cancelación, o la instalación de dogmas de corrección política: no hacen falta ya los argumentos, basta con la descalificación, el hashtag apropiado y el resto lo hace la voluntad de no escuchar ni atender sino a lo que se quiere.

Lamentablemente y si bien el vicio no distingue ideologías, algunas hacen una verdadera instrumentalización del odio. Especialmente la izquierda: el marxismo exige enfrentamiento dialéctico, y éste no es posible sin el odio al contrario: el diálogo y la tolerancia son prejuicios burgueses. La grieta es funcional a todo discurso que se base su poder en este enfrentamiento. Por eso es impensable que la grieta termine mientras el kirchnerismo gobierne: éste necesita del enfrentamiento antipatria-patria, oligarquía-pueblo, ricos-pobres, ellos-nosotros, y ya ha demostrado que sus cultores no reparan ni siquiera en incoherencias y contradicciones para sostener estas dicotomías. Es imposible que un gobierno kirchnerista (y eso es lo que actualmente tenemos en la Argentina) le ponga el cascabel al gato. Por este motivo resulta tan irritante observar a funcionarios, dirigentes e “intelectuales” kirchneristas hablar del odio de quienes los contradicen, cuando los hechos demuestran, no sólo que ellos son expertos en odiar y fomentar el odio, sino que parecen sentirse cínicamente cómodos en ese ambiente de división.

De la divisa revolucionaria “libertad, igualdad, fraternidad”, la libertad siempre ha sido asociada al liberalismo y la igualdad a la socialdemocracia. Pero ninguna ideología parece haber hecho suya la necesaria fraternidad, sin la cual la libertad se convierte en la coartada de la desaprensión individualista, y la igualdad en la excusa del autoritarismo. Sin embargo, es en la fraternidad donde se encuentra la clave para superar la grieta: entender que el otro es mi hermano, aunque esté equivocado, y que, como tal, merece respeto; y que ese respeto se traduce en escucharlo, en no agredirlo, en tratarlo cordialmente más allá de las diferencias, por graves y profundas que estas sean.

Es cierto: es difícil ponerle “ese” cascabel al gato. Más fácil es victimizarse y señalar al otro como culpable de la grieta. Pero alguien debe correr el riesgo de pasar por ingenuo, o por tonto, y dejar de contestar el odio con más odio. Sólo creciendo en fraternidad, sólo superando y pasando por alto la obcecación de quienes sostienen por conveniencia la grieta, puede recrearse el clima social que permita la construcción de consensos, de políticas de estado, de un proyecto común de país. Proyecto común que no implica que todos sostengamos las mismas posiciones en todos los temas, pero sí que todos reconozcamos en el otro la voluntad sincera de construir un país mejor.

Sólo así aprenderemos a criticar sin agredir al criticado, a disentir sin odiar al que disiente con nosotros, a buscar ese proyecto común de buena fe, y superar de una vez por todas la maldita grieta.

La necesaria reconstrucción del federalismo argentino

Vivimos en un estado formalmente federal, pero unitario de hecho. Al contemplar el panorama de tantas provincias argentinas, sobre todo de las más pobres, resulta evidente que muchas de ellas dependen económicamente para su funcionamiento casi en forma exclusiva de la ayuda del gobierno nacional. Esto se ha visto agravado a lo largo de los años por normas de la Constitución que aún no se han cumplido, o paréntesis “provisorios permanentes” en sus previsiones.

El ejemplo clásico de esto último es el del Impuesto a las Ganancias. La Constitución de 1853 estableció que los impuestos directos podían sólo ser establecidos por las provincias, y que el gobierno federal, a través del Congreso, sólo podía establecer este tipo de impuestos “por tiempo determinado y proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan”. Así fue como el gobierno de facto surgido del golpe de Estado de 1930 estableció, y el gobierno democrático posterior confirmó, en 1932 el impuesto a los réditos, como un impuesto de emergencia, surgido en el marco de una recesión económica, en forma provisoria hasta diciembre de 1934. No obstante, la “provisoriedad” se fue prorrogando, hasta que en 1973 (41 años después de la creación del impuesto) el tercer gobierno de Perón le cambió el nombre al impuesto aún existente y lo institucionalizó como Impuesto a las Ganancias. La reforma constitucional de 1994 (62 años después) no modificó la previsión sobre cómo y en qué circunstancias excepcionales los impuestos directos podían ser establecidos por el gobierno federal, sino que le agregó la condición de que se coparticiparan y de que se dictara para ello una ley especial. Lo cierto es que, casi 90 años después de instituirse en forma excepcional, el Impuesto a las Ganancias sigue siendo un impuesto directo establecido por del gobierno federal, sin que esté clara su condición de excepcionalidad, y sin que exista aún un régimen de coparticipación, pese al mandato constitucional, que regule el modo en que debe transferirse lo recaudado a las provincias.

Situaciones como estas han hecho que la “caja” del gobierno federal sirva para subsidiar en forma permanente a las provincias, de manera discrecional y facilitando un sistema de disciplinamiento político en perjuicio del federalismo: un unitarismo de hecho, del que ni siquiera las provincias más ricas logran librarse del todo.

Porque el federalismo, como la libertad, supone responsabilidad. Responsabilidad fiscal, en primer lugar. Si el que pide el voto es el mismo que cobra el impuesto, deberá responder por la utilización de cada peso que cobró, si quiere que lo vuelvan a votar. Pero si quien pide el voto es un gobernador que vive del subsidio del gobierno federal, del impuesto que éste le cobra a ciudadanos de otras provincias para financiar la provincia que él gobierna, dará lo mismo en qué se utilice, se despilfarre o se robe: la responsabilidad y el costo será siempre de otro. Cuanto más depende de la caja nacional, el gobernador de la provincia se convierte en un señor feudal que, viviendo del dinero que no recauda, carece de incentivos para promover el desarrollo de su propia provincia; desarrollo que, de darse, generaría empleos que el señor feudal no podría manejar a discreción con fines electorales, quitándole una llave fundamental de su poder. Es experiencia común que la dependencia económica de la población respecto del Estado resulta ser inversamente proporcional a la responsabilidad de los gobernantes frente al electorado.

De ahí que un paso urgente para restaurar el federalismo en el país pase por cumplir con las previsiones en materia impositiva de la Constitución Nacional (reforma impositiva y ley de coparticipación mediante), para restablecer la responsabilidad fiscal de las provincias, especialmente la de las más pobres, que son las más expuestas a la manipulación del gobierno central. Pero, además, esas previsiones deben cumplirse de modo tal que favorezcan el mayor desarrollo y la mayor autonomía económica de las provincias, y no su dependencia.

Por otro lado, el estado federal debe promover concretamente el federalismo demográfico. La concentración de población en el área del Gran Buenos Aires y de otros centros urbanos importantes del interior, como el Gran Córdoba o el Gran Rosario, no son señal de pujanza sino de falta de oportunidades cuando la gente del interior prefiere ir a hacinarse en un asentamiento cerca de una gran ciudad porque no encuentra futuro en su propio pueblo.

Las posibilidades que la tecnología actual facilita para desconcentrar las ciudades y la economía deberían ser potenciadas desde el gobierno federal orientándolas a facilitar que las provincias puedan retener a sus propios pobladores, e incluso atraer nueva población desde los grandes centros urbanos, y que los pueblos del interior puedan desarrollarse para depender cada vez menos de las capitales. El capital humano es el primer recurso de las economías regionales, y la falta de políticas demográficas ha conspirado contra su desarrollo tanto como el exceso de regulaciones e impuestos.

También el federalismo debe reflejarse en el Congreso. La desproporción de la representación provincial en la Cámara de Diputados ha sido señalada por la Justicia Electoral hace casi tres años, sin que hasta ahora se hayan hecho las reformas que la corrijan. La discusión es espinosa, porque, si bien en abstracto resulta razonable una corrección que ajuste la proporcionalidad prevista en la Constitución, en concreto plantea la alternativa de ampliar aún más la cantidad de diputados nacionales con el consiguiente aumento de la burocracia (en concreto y según los números manejados por la Justicia, habría que agregar unos 66 diputados a los 257 actuales: un aumento del más del 25%), en un país que ya tiene un Estado sobredimensionado. Pero lo cierto es que nadie ha propuesto, tampoco, alternativas de ajuste que corrijan la subrepresentación provincial sin ampliar sustancialmente la cantidad de diputados, como podría ser reformar la Ley nº 22.847 (dictada por el último presidente de facto) para modificar sus parámetros
siempre de acuerdo con la Constitución.

El federalismo no es sólo un enunciado. Nuestro unitarismo fiscal y la potenciación del Gran Buenos Aires en desmedro del resto del país, casi siempre con fines electorales, perjudican no solo a las economías regionales, sino que, además, facilitan la proliferación de feudalismos que mantienen en un virtual subdesarrollo a no pocas provincias del interior, y generan un desbalance poblacional que impide la optimización del recurso humano también en materia de Justicia, salud y educación.

El federalismo no es una opción, es una necesidad real para el desarrollo de la Argentina.