#18A: Más que un cacerolazo

Para el jueves 18 de abril están convocando a un cacerolazo "internacional". Yo mismo me sumé a la convocatoria.

Pero no es suficiente.

Probablemente, la convocatoria supere, incluso, la del 8 de noviembre pasado, que hiciera enmudecer al gobierno nacional, tanto por el número de personas como por la generalización geográfica.

Pero, aun así, no sería suficiente.

La coyuntura hace especialmente necesaria la participación de la mayor cantidad de ciudadanos posible, porque, casi con seguridad, el día anterior se aprobarán leyes en el Congreso de la Nación que están orientadas a modificar dramáticamente nuestro sistema republicano, ya bastante desvirtuado, para convertirlo en una virtual "dictadura democrática", donde el gobierno nacional podrá atropellar el derecho de los particulares de la manera más impune y sin el contapeso de la división de poderes. Es necesario que la protesta se concentre especialmente en el cuestionamiento de la virtual destrucción de nuestro Poder Judicial, inspirada únicamente en las necesidades políticas circunstanciales del Poder Ejecutivo Nacional.

Sin embargo, esto es sólo una parte del problema.

Ante nuestros ojos se desmorona la república. De esto ya hablamos en otros artículos anteriores. Alguna vez, en 2011 y ante un grupo de militantes de mi partido, señalé mi temor de que la victoria de Cristina Fernández de Kirchner fuera el punto de partida de una escalada autoritaria que deberíamos enfrentar en los años por venir y cuyas consecuencias eran imprevisibles. La propia Presidenta confirmó esos temores al arengar a sus partidarios, en un acto que debía ser para todos los argentinos (era el Bicentenario de la Creación de la Bandera Nacional), con aquella frase: "¡Vamos por todo!". La enumeración de atropellos al sistema republicano antes y después de esa frase no hay tiempo de listarla aquí; pero las restricciones cambiarias de carácter casi soviético, la ofensiva descarada contra los medios independientes y la libertad de expresión en general, y la pretensión de acabar con el Poder Judicial como contrapeso dentro del sistema republicano, entre muchos otros hechos de mayor o menor envergadura, nos han ido mostrando a lo largo del último año en qué consiste aquel "¡Vamos por todo!". Quienes llegaron al poder en el gobierno nacional no están dispuestos a dialogar democráticamente con quienes no piensan como ellos (algunos de sus voceros, expresamente, han dado a entender que no tienen por qué hacerlo), no buscan sino concentrar y conservar el poder a cualquier precio y, si no se les pone un freno, luego de "ir por todo", vendrán por nosotros: por nuestra propiedad, por nuestra libertad, por nuestra dignidad, por nuestras vidas... Y no importará, siquiera, de qué lado estemos parados (es elocuente, en este sentido, el episodio con el periodista Juan Miceli): nos "llevarán puestos" si nos ponemos enfrente, o si ellos nos consideran el más mínimo obstáculo para su proyecto de poder.

Y, todavía, esto no es lo peor.

Lo grave, lo verdaderamente grave, es que la oposición no ha sabido articular una alternativa. En eso, me hago cargo, tenemos responsabilidad todos los que militamos en los partidos políticos del espectro "no K". Trágico será si el #18A no hace reaccionar a los dirigentes de la oposición para generar una propuesta programática y electoral seria y competitiva, capaz de vencer al cristi-kirchnerismo, no sólo en 2013, sino en 2015. Sería patético que las masas que se movilizarán, sin duda, el #18A en todo el país quedan en sólo eso: masa sin líderes ni dirección. Serán inútiles las diatribas, los cruces y los discursos ingeniosos contra las pretensiones hegemónicas del gobierno nacional, si no se encara seriamente el proyecto de enfrentarlo y derrotarlo definitivamente. La orfandad del pueblo que no comparte la "revolución de cartulina" que impulsa el gobierno nacional -pueblo que es, a no dudarlo, más que el 54% que votó a Cristina Fernández en 2011- será, entonces, objeto de burla por parte de quienes detentan el poder para seguir acumulándolo a expensas de ese mismo pueblo, de quienes piensan seguir, cuando se hayan apagado los ecos de las cacerolas, su marcha triunfal hacia la imposición de un cesarismo del que será muy difícil volver.
¿Será mucho pedir generosidad y apertura de criterio a los dirigentes de la oposición? ¿Es posible que no se den cuenta de que enfrentan no a un partido, ni a un gobierno, sino a un sistema perverso de acumulación de poder a expensas del sistema republicano; un sistema que no fue pensado para preservar los privilegios de las oligarquías, sino para proteger los derechos del pueblo llano? ¿No ven que son "ellos o nosotros", y que ese "nosotros" incluye no sólo al "pueblo opositor", sino a todo el pueblo argentino? ¿Seguirán más preocupados de "no salir en la foto" con este o con aquel, que en encontrar las soluciones de largo plazo que vuelvan a convertir a la Argentina en un país normal?

Me duele la patria. Me duele el sufrimiento de tantos argentinos que se encuentran impotentes frente al Estado, sea por la inacción de éste o por sus atropellos. Me duelen las víctimas de un sistema que se olvidó de las personas. Me duele el papel lamentable de esta Argentina prepotente, arbitraria, veleidosa y vengativa, que el gobierno le muestra al mundo, para vergüenza de las generaciones por venir.

¡Hagamos algo, no sólo protestar!
Exijamos un programa alternativo de gobierno, que restablezca la plena vigencia de las instituciones de la república, que garantice la propiedad privada y las reglas del juego justas e iguales para todos que atraigan las inversiones necesarias para reconstruir el país (en primer lugar, las inversiones de nuestro propio pueblo), que respete la libertad de sus habitantes, que privilegie la verdad sobre el "relato", que proteja la vida de todos y todas, sin distinción y sin discriminación de ninguna especie.
¿Alguien se hace eco?
¿Alguien tomará nota?
¿Alguien se animará a hacerlo?
Que cuente conmigo.

Una lección de humildad

Los fieles de la Arquidiócesis de Buenos Aires perdimos un obispo, y ganamos un Papa. Francisco. Resulta, todavía, difícil de creer.

Alguna vez, un querido amigo, ya fallecido, hijo de una romana y que pasaba las fiestas y los inviernos junto a su nonna en Roma, me contaba que el romano medio católico se siente con derecho a criticar al Papa por cualquier cosa, como quien critica a un obispo cualquiera; al fin y al cabo, el Papa es el Obispo de Roma.
El comentario, en cierto modo, me escandalizó. Si un católico, por elemental deber de caridad, debería callar cuando no pueda alabar a su obispo (o a un obispo cualquiera y siguiendo el ejemplo de los buenos hijos de Noé), con mayor razón debería respetar y venerar a la persona del Papa, Vicario de Cristo en la tierra. Así lo aprendí en mi casa y así es la enseñanza de veinte siglos en la Iglesia; veinte siglos en los que no han faltado papas con vidas personales cuestionables desde el punto de vista moral. Lo curioso es que ni siquiera esos papas "de mala vida" cambiaron una coma de la doctrina de Cristo para autojustificar sus conductas (al contrario de los políticos modernos, tan propensos a buscar que las leyes homologuen sus vicios); pero eso es para un análisis teológico en otro momento... en otro blog.

La anécdota viene al caso porque Francisco no es un papa más para nosotros. Fue el Arzobispo de Buenos Aires hasta ayer. Sujeto, como tal, a la mirada crítica de propios y ajenos. Conozco no pocos católicos que no se han privado de criticarlo por razones políticas o religiosas, generalmente con argumentos bastante injustos. No niego que personalmente he tenido mis reservas respecto de actitudes puntuales o de puntos de vista; pero jamás lo escuché enseñar algo que pudiera interpretarse como una herejía, ni mucho menos; y cualquiera puede dar fe de que, cuando se lo atacó en mi presencia, lo defendí, aún en cuestiones opinables, por justicia y por ser mi obispo. Y es público su compromiso por la defensa de la vida, la dignidad humana y la familia en momentos en que defenderlos era exponerse a la crítica despiadada de la "progresía", cuando no al escarnio.
Y ahora el Arzobispo se convirtió en el Papa. Y es de fe que no fue ocurrencia de un puñado de cardenales, sino del Espíritu Santo que los inspiró.
Y el Papa es, como decía santa Catalina de Siena (que no se privó de decirle al papa de su tiempo las cosas en la cara), el "dulce Cristo en la tierra".

Podríamos, como los vecinos de Nazareth dijeron del Señor: "¿no es este aquel que...?". O, la gran argentina: "¿qué va a ser importante, si fue vecino mío?".
Creo que para los argentinos, el papado de Francisco será una lección de humildad. Por un lado, porque muchos católicos que se animaron a hablar mal de él deberán ahora reconocer y venerar en él al Vicario de Cristo. Por otro lado, porque el papa argentino, como todos los papas, ya no pertencece a la patria que lo vio nacer, sino a la Iglesia Universal, a la que se entregó al aceptar el ministerio de Pedro.

Queda rezar por él, para que el Señor lo conserve, lo llene de vida, lo haga feliz en la tierra, y no lo entregue en manos de sus enemigos.

¿Hacia dónde vamos?

El discurso de apertura de la Presidenta Cristina Fernández ante la Asamblea Legislativa el pasado 1.º de marzo no puede menos que inquietar a todos aquellos a los que nos preocupa el país. Si consigue llevar adelante sus proyectos de "democratización" del Poder Judicial y éstos surten el efecto buscado (concretamente, si consiguen evitar que el Poder Judicial obstaculice en cualquier forma o medida las políticas del Poder Ejecutivo), estaremos yendo hacia una dictadura, como bien me comentaba un allegado esta mañana.

Una dictadura, porque el concepto mismo de república se asienta en la división de poderes que sirven de contrapeso, y la Presidenta apunta, justamente, a diluir tales contrapesos para concentrar el poder en sus propias manos.
Una dictadura, porque tal proceder parte del presupuesto de que tenemos una líder (una fuhrer, una duce, una caudilla), única garante de una revolución en marcha destinada a transformar a la Argentina, y cuyo designio no puede ser contradicho, justamente en nombre mismo de la revolución.
Una dictadura, porque toda disidecia, en tal esquema, es una traición a la revolución y, consecuentemente, a la Patria. Y las traiciones deben ser perseguidas y castigadas ejemplarmente.
Una dictadura que, en fin, no se autoasumirá jamás como tal (nunca lo hacen), sino que se ira imponiendo progresivamente, para que, como en el cuento de la rana en la olla caliente, nadie pueda reaccionar hasta que sea demasiado tarde. Basta con que la Presidenta encuentre o invente a "su Medvedev" para alternar el poder entre 2015 y 2019 y así garantizar (y garantizarse) el "modelo"

De esto ya hablamos en un artículo anterior.

Herramientas jurídicas para oponerse existen, y seguirán existiendo mientras, como le dijo el campesino a Federico el Grande, "haya jueces en Berlín". Pero, ¿cuánto tiempo resistirán los pocos jueces probos que van quedando?
Por otro lado, la propia torpeza del Gobierno, tantas veces probada (y, especialmente, a lo largo del año pasado) puede ser el origen de su propio fracaso en la iniciativa dictatorial; así lo demuestra, por ejemplo, la penosa y tragicómica secuela del tan mentado "7D", que terminara en la nada. Sin embargo, de nada sirve que los dictadores sean torpes, si no existe una oposición en condiciones de hacerles frente y ofrecer una iniciativa al electorado.

Un electorado que debe despertar del anestesiamiento en el que se encuentra. La política ya no puede ser cosa dejada al arbitrio de profesionales, cuando lo que está en juego es la institucionalidad misma de la nación, esto es, la vida, la libertad y la propiedad de cada uno de los habitantes de este bendito país.
No bastará con oponerse, con salir a manifestarse, con gritar, en cuanta oportunidad nos toque, que no vamos a entregar la patria de nuestros hijos a los tiranos. Hay que organizarse políticamente, hay que ofrecer una alternativa orgánica, hay que buscar o gestar al líder de una oposición dispuesto a hacer frente, en nombre de la república, a la dictadura. Hay que dejar de lado la política de "paladar negro" ("Fulano es nuestro límite", "no podemos acompañar a los de tal orientación política",...); es un lujo que sólo puede darse la extrema izquierda, que carece, en realidad, de relevancia electoral.

Los tiempos que siguen ya no distinguirán entre capital e interior, ni entre derecha e izquierda, ni entre clases, ni entre capital y trabajo. La única opción, cada vez más, es entre república y dictadura. Si no hacemos un esfuerzo para unirnos en la defensa de las banderas de la república, el final será de gestapos, gulags, comisarios políticos, delaciones y desaparecidos, por mucho que la palabra "democracia" sea repetida en boca de quienes llevan adelante esta "revolución".
No podemos permitirnos ser ingenuos.

Ideología del escrache

Cuando HIJOS llamaba a escrachar a tal o cual persona, considerada "genocida" por haber participado de la represión ilegal en los '70 (o por haber servido un café en alguna oficina pública durante la época del "Proceso", lo mismo da), quienes se escandalizaron eran "sectores de la derecha solidarizados con Videla".
Cuando las abortistas escrachan templos católicos con pintadas inusualmente agresivas contra la Iglesia y su postura pro vida, los que repudian tales actos son descalificados como "partidarios de la censura y contrarios a la libertad de expresión".
Cuando Hebe de Bonafini realizó un "juicio público" (escrache) a periodistas considerados opositores por criticar las políticas del Gobierno nacional, los que cuestionaron tal proceder eran "esbirros de Magnetto".
Cuando la señora Presidenta escrachó denunciando públicamente datos impositivos de un particular que había osado cuestionar las políticas públicas que lo afectaban, aquellos que criticaron el proceder presidencial fueron catalogados como "gorilas representantes de las corporaciones afectadas por las políticas nacionales y populares".
Ahora los escrachados son el Vicepresidente Boudou y el Viceministro de Economía Kicillof. Ahora sí, se trata de prácticas deleznables para el Gobierno nacional (con la Presidenta a la cabeza) y todos sus defensores. Ahora queda en evidencia, al parecer, el "doble estándar" moral del kirchnerismo.

El escrache es una práctica nazi-fascista (literalmente), demostración de prejuicio y cobardía de parte de quienes lo practican. Prejuicio, por cuanto descalifica de manera inapelable y a priori a quien se encuentra "en la vereda de enfrente". Cobardía, porque siempre requiere del anonimato de la masa para practicarse.
El escrache es injustificable tanto contra Videla como contra Kicillof, tanto contra la Iglesia como contra el Vicepresidente.
Si no lo entendemos así, entonces carecemos de autoridad moral para exigir justicia, rectitud y buena fe de parte de los demás.

Cabe preguntarse cuánto de esta ideología del escrache tiene su origen en la crispación promovida desde el propio Gobierno que ahora se escandaliza del monstruo que él mismo alimentó cuando le fue funcional.

"El Cromagnon de Brasil"

El incendio de la discoteca Kiss en Brasil llama inmediatamente al recuerdo del incendio de Cromagnon, en Buenos Aires, aquél fatídico 30 de diciembre de 2004, que costó 194 vidas y cuyas repercusiones llegan hasta estos días, ya que hace poco recayó la condena definitiva sobre quienes fueron considerados penalmente responsables del desastre.
Los paralelos son inevitables: el incendio en una disco repleta, la gran cantidad de muertos por asfixia, la irresponsabilidad de la pirotecnia en un lugar cerrado, la precariedad en la habilitación del local...
Pero, quizás el más doloroso de los paralelos sea la reacción oficial de los respectivos gobiernos nacionales. Baste recordar, de acuerdo con un diario de tendencia oficialista, que el entonces Presidente Kirchner (junto con su mujer, la actual Presidenta) no abandonó sus vacaciones en El Calafate: así daba cuenta Página/12 de la cautela con que se mantuvo Kirchner lejos del horror.
Dilma Rousseff, en cambio, fue sorprendida por la noticia esta vez en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea, en Santiago de Chile. "Es una tragedia para todos nosotros. No voy a continuar en la reunión por razones muy claras. Frente a lo ocurrido, quien necesita de mí hoy es el pueblo brasileño, y es ahí donde tengo que estar", dijo y abandonó inmediatamente la cumbre para ir a Santa María, una ciudad de menos de 300 mil habitantes en el estado de Rio Grande do Sul, para unirse al llanto de los familiares de las víctimas. No sabemos si calculó los costos políticos, tampoco si midió cuánto le sumaría electoralmente, menos podemos decir si sus lágrimas son sinceras o no. Pero es evidente que el gesto contrasta fuertemente con aquella mezquindad de que hicieran gala los Kirchner hace poco más de ocho años; mezquindad que, por cierto, les resultó efectiva para despegarse del entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad, que había sido oportunamente apadrinado por ellos, cuyos propios errores políticos lo condujeron, meses después, a la destitución a causa de la tragedia.
No es un secreto que no comulgo ideológicamente con Dilma Rousseff, ni mucho menos. Pero - honor a quien honor merece - su gesto resulta propio de una estadista compenetrada con los problemas de su pueblo, más allá del cálculo político y la preocupación por conservar el poder.

Peligrosa concepción del poder

El fracaso del Gobierno nacional en el denominado "7D" es una buena ocasión para reflexionar acerca del modo en que concibe el poder y la democracia, y para señalar una peligrosa desviación que trasciende la anécdota de tal o cual "batalla" política que el cristinismo haya enfrentado o vaya a enfrentar en el futuro.

Es notable la reacción violenta que produce en el gobierno cualquier revés judicial. No es nuevo, pero sí notable. En cualquier democracia republicana resulta normal y esperable que, dada la división de poderes que está en su misma raíz, el Poder Judicial falle unas veces a favor y otras en contra del Poder Ejecutivo; es lo normal, así fueron pensadas las instituciones, de modo tal que aquel poder contrapese las facultades de éste. Lo mismo puede decirse del Poder Legislativo frente al Ejecutivo; aquél discute las leyes en un ámbito político donde el juego de mayorías y minorías, de oficialismo y oposición, de alianzas e intereses, va tejiendo normas que, a veces, son impulsadas o del gusto del Ejecutivo, y otras no; éste puede vetar las leyes que no le gustan, aquél puede insistir en ellas. Otro contrapeso es el que existe entre el Poder Legislativo y el Judicial, donde éste resulta el último intérprete de las leyes que aquél dicta, al tiempo que controla su constitucionalidad. Con matices, con la intervención de otras instituciones menores -formales o informales- que funcionan como contralor de los tres poderes del Estado, este sistema republicano es el que rige en todas las democracias de occidente, en particular en aquellas que garantizan actualmente los mejores estándares de vida (por lo menos, desde un punto de vista material y mensurable) para sus habitantes.

Pero el cristinismo (y, antes, el kirchnerismo) no cree en estas cosas. El único poder legítimo, en su concepción, resulta ser el Poder Ejecutivo, surgido de la voluntad popular que, de algún modo, encarna y personifica: el Poder Ejecutivo "es el pueblo". Consiguientemente, un Poder Legislativo que no siga el "dictado" del pueblo a través del Ejecutivo resulta un poder traidor de la voluntad popular y deslegitimado. Por eso, los legisladores del partido gobernante no pueden sino seguir instrucciones del Poder Ejecutivo (del pueblo, encarnado en la Presidenta) y sus proyectos no deben discutirse, por cuanto tal discusión pondría en tela de juicio la voluntad del pueblo. Otro tanto puede decirse del Poder Judicial, cuyas sentencias, si contrariaran las políticas del Poder Ejecutivo, resultarían antipopulares, inicuas, y quienes las dictaran serían pasibles del calificativo de traidores al pueblo, a cuyos intereses (encarnados en aquellas políticas del Poder Ejecutivo, siguiendo con la misma lógica) deben subordinarse.
No es exageración: debemos recordar cómo fue calificado de traidor el entonces Vicepresidente Cobos por frustrar la ratificación de la Resolución nº 125, cómo los proyectos de presupuesto llegan al Congreso Nacional con la advertencia de que no puede tocárseles ni una coma, cómo el Gobierno nacional gobernó por decreto cuando se le hizo difícil sacar leyes en el Congreso durante el bienio en que estuvo en minoría, cómo interpretó como un desafío a su autoridad la protección que el Poder Judicial hiciera del entonces Presidente del Banco Central, Martín Redrado. Finalmente, cómo ha hecho un despliegue impúdico de presiones para intentar forzar un fallo a su favor en la pendencia con Clarín, al punto de advertir que cualquier fallo en contra del Ejecutivo -por ser un fallo en contra del pueblo- debía interpretarse como un "alzamiento" y amenazar con el juicio político a los jueces que así fallen.
El relato, reitero, es lineal: el gobierno de Cristina Fernández, por haber ganado con el 54%, es el gobierno del pueblo; el que contradice a dicho gobierno, contradice al pueblo; el que contradice al pueblo es, en consecuencia, antidemocrático; y cualquier pensamiento o acción de quien es antidemocrático carece absolutamente de legitimidad, y si todavía no ha recibido la condigna sanción, es por los defectos propios de un sistema institucional liberal y burgués que, por tal motivo, deberá ser reformado para ajustarlo al verdadero espíritu de la democracia, esto es, del gobierno del pueblo.

Esta lógica no es nueva. Está presente en todas las concepciones autoritarias y totalitarias desarrolladas en los últimos 300 años en todo el mundo. El pueblo se convierte, en tales ideologías, en la coartada de la tiranía; tiranía disfrazada de encarnación misma de la voluntad popular, que no le debe explicaciones ni tiene por qué rendir cuentas ante nadie.
Que el pueblo sea pasible de ser convertido en masa, maleable para el poder de turno; que su expresión sólo pueda efectuarse en elecciones periódicas; que éstas puedan ser manipuladas por un Estado estructurado al servicio del partido gobernante; que, en última instancia, las mayorías sean falibles y mudables en sus opiniones; todas estas son cuestiones que no interesan a la concepción del poder de que venimos hablando. Por el contrario, está dispuesta a mostrar tales reparos como producto de los intereses espurios de grupos de poder que permanentemente conspiran contra el pueblo.
Así han procedido el comunismo, el fascismo, el nazismo, los populismos de todos los colores y tendencias, las dictaduras de todos los orígenes. Siempre hay justificaciones, para ellos, que se enraízan en los supremos intereses del pueblo. Siempre hay enemigos más o menos visibles y peligrosos, entre quienes se les oponen.
Así concibió el poder el primer peronismo. Concepción que el propio Perón se encargó de revisar y que el justicialismo moderno había abandonado, pero que la izquierda del movimiento conservó y hoy, reconvertida en el Frente para la Victoria, reivindica.

Es por esto que no podemos darnos el lujo de ignorar, quienes militamos en la oposición y todos los ciudadanos, que el verdadero peligro no está, solamente, en tal o cual avasallamiento de la libertad de expresión o de la propiedad privada, ni siquiera en la desaprensión por la vida y la dignidad humana que rezuman tantas posturas del Gobierno nacional (como su desdén por el combate a la inseguridad, por ejemplo). El verdadero peligro del "kirchner-cristinismo" radica en una concepción del poder que excluye cualquier límite institucional, que interpreta que las mayorías son para "tirárselas por la cabeza" al contrario, que subordina la ley al interés político del poderoso, y que considera, en definitiva, que derechos como la vida, la libertad, la dignidad y la propiedad son excusas burguesas para oponerse al supremo interés del pueblo; interés que nadie como su líder puede interpretar.

8N

Me atrevería a decir que quienes marchamos en la manifestación del "8N" no fuimos movidos tanto por lo que el Gobierno nacional haya hecho o no, cuanto por la actitud de la Presidenta y del cristinismo-kirchnerismo, en general, manifestada en cierto "cinismo político", que los ha conducido a negar sistemáticamente problemas que resultan evidentes para cualquier persona que camine por la calle, a descalificar hasta extremos insólitos a quien ose enunciar, siquiera, tales problemas, y a pretender imponer una agenda que, en tales circunstancias, o no resulta pertinente o simplemente repugna al más elemental sentido común de buena parte de la opinión pública, si no la mayoría.

No necesitamos leer La Nación para enterarnos de que existe la inflación; nos basta con ir al supermercado y percibir que se acelera aquella desproporción entre precios que suben por el ascensor y salarios (nuestros propios salarios) que suben por la escalera. Sin embargo, los funcionarios del Gobierno se cuidan escrupulosamente de hablar de la inflación, y se persigue -literalmente- a quien publica índices que desmientan al Indec. Eso, sin entrar a analizar el hecho de que aún la "baja" inflación que publica el Indec, si fuera cierta, ya merecería en cualquier otro país medidas concretas para combatirla y sería un tema de primer orden en la agenda de cualquier gobierno.

No hace falta mirar TN para enterarse que aumenta el delito; basta con preguntarse uno mismo o compulsar entre amigos, parientes y conocidos: comparar entre quince años atrás y hoy día, ¿cuántas veces hemos sido víctimas o hemos sabido de un delito contra alguno de nuestro entorno? El Gobierno nacional lo sabe, pero la inseguridad es "un tema de la derecha", por lo que no debe hablarse, tampoco, de aquélla; a lo sumo, distinguir como lo hacía la periodista de "678": no hay inseguridad, sino índices de criminalidad (¡?). Aun a pesar de haberse tomado medidas espasmódicas, como la utilización de la Gendarmería y la Prefectura para tareas propias de la Policía Federal o las policías locales; medida esta última que terminó explotando del modo menos pensado para el Gobierno, como sabemos.

No tiene que venir un economista a decirme que subió la pobreza; el aumento de las villas, de la mendicidad, del cartonerismo en los últimos 10 años me consta, como le consta a cualquiera que camine por la calle, viaje en subte o en tren, o viva o transite seguido cerca de las villas de emergencia. Como también resulta evidente que es a los pobres a quienes más castiga la inflación (porque tienen ingresos más ajustados) y la inseguridad (porque no pueden suplir privadamente el déficit de la seguridad que debe proveer el Estado). Pero el Gobierno insiste en decir que nadie ha hecho nunca tanto como él en favor de los pobres, siendo que, en realidad y en última instancia, la pobreza es manipulada por un sistema político que necesita de los pobres como "combustible electoral" a través de la dependencia clientelar, por lo que no tiene ningún interés en reducir la pobreza, sino en multiplicarla.

La gente del 8N no está ni a favor ni en contra de tal o cual medida del Gobierno, simplemente quiere que reconozca que hay inflación y tome medidas; no le importan las cruzadas contra los "medios hegemónicos", si no ve una actitud decidida a combatir el delito en las calles; tampoco puede creer en ningún "relato" cuando lo ve desmentido en los ojos del enésimo pibe que pide una moneda en la calle.

Y eso no es tener una "visión distorsionada de la realidad"; es reventar de bronca porque se nos miente en la cara y se nos dice que debemos creer al relato antes que a nuestros propios ojos. Bronca que sale a la calle porque el Gobierno nacional ha terminado por anular la efectividad de cualquier límite institucional a su poder, manipulando el Congreso, extorsionando a la Justicia, desvirtuando a los organismos de control y, finalmente, persiguiendo a la prensa independiente. Desborde de poder de un Gobierno que se ha visto favorecido por una oposición demasiado preocupada por cuestiones de cartel o prejuicios ideológicos, como para apreciar el peligro que corre la democracia republicana en nuestro país.

Dios quiera que el 8N sea el punto de partida para revertir este estado de cosas.