Con motivo del debate acerca de la ideología de género, el pasado 12 de octubre la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación se sintió en la obligación de publicar el siguiente...
Es interesante analizar el discurso del posteo oficial, porque es botón de muestra de la prosa “progre” con la que se busca confundir y manipular a las personas.
Y es que nadie niega los compromisos que el Estado pueda haber contraído o la legitimidad de que quienes gobiernan impulsen las políticas que consideren mejores para la población; esto, aun cuando tales políticas pudieran estar equivocadas, por más que respondan a buenas intenciones y serios compromisos internacionales.
El problema viene cuando se le niega al público legitimación para oponerse a tales políticas, cuando se descalifica mediante la minusvaloración (“grupos religiosos y organizaciones de la sociedad civil”) a quienes no están de acuerdo, cuestionan o exigen explicaciones acerca de posiciones oficiales frente a temas delicados y opinables.
Más allá de la discusión acerca de la carencia de fundamentos científicos de la tan mentada “perspectiva de género” (que, hasta el momento, no pasa de ser una superstición ideológica impuesta por determinados grupos de interés), resulta grave que un organismo oficial afirme que “la libertad de expresión tiene su límite en aquello que fuera discriminatorio, genere odio o violencia, por lo que bajo el argumento de la libertad de opinión no se puede manifestar, negar y/o impedir el ejercicio de los derechos humanos de las personas, y en particular ante estos mensajes de intolerancia, los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”. Dicho “en fácil”: “si no están de acuerdo con la ideología de género, son discriminadores que generan odio y violencia, y no tienen derecho a decir nada”.
¿Pensábamos que el delito de opinión era exclusivo de los regímenes totalitarios? No es así. También en democracia se puede silenciar la disidencia acusándola de criminal por “generar odio”. En otros lados, la disidencia es silenciada porque es contraria al pueblo, o a los intereses de la patria, o a la seguridad nacional, o al Corán. Aquí, porque cuestionar la ideología de género es, sin más explicaciones, “negar y/o impedir el ejercicio de los derechos humanos de las personas”.
Alexis de Tocqueville alertaba, en “La democracia en América”, acerca de los peligros de que aquélla fuera manipulada para que grupos de poder impusieran su voluntad al resto de forma tal que, finalmente, la democracia se convirtiera en un arma contra la libertad. Lo apreciamos a lo largo de la historia posterior, lo vemos hoy en fenómenos populistas que surgen de una elección democrática y terminan en regímenes hegemónicos que buscan aplastar las disidencias de un modo que en otro artículo calificábamos de peligrosa concepción del poder.
Habría, quizás, que recordarles al señor Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, al señor Ministro de Justicia y al señor Presidente de la Nación que la democracia sin libertad se pervierte. Si la libertad de expresión es sólo para aquellos que piensan de determinada manera. Si no tenemos libertad para expresar nuestras opiniones, por equivocadas que éstas puedan parecerles a algunos, la democracia se convierte en la coartada de la tiranía ideológica de quienes detentan el poder, y hablar de ella resultará una hipocresía, una burla cruel, porque habremos caído en la trampa del totalitarismo.
¿Por qué 40 minutos?
Porque, si tuviera más tiempo, escribiría más largo.
lunes, 26 de noviembre de 2018
miércoles, 7 de noviembre de 2018
Iglesia y Estado, asunto separado
Resulta tragicómico ver los pañuelos naranjas de la campaña por la pretendida separación de la Iglesia y del Estado.
Trágico, porque ahora se ha convertido en una excusa para justificar todo tipo de agresiones y de injurias hacia la Iglesia católica en particular, y hacia la religión en general. Agresiones que, en algunos casos, resultan especialmente y hasta morbosamente violentas, haciendo temer un brote de intolerancia anticlerical como los que se han registrado en distintos lugares de Occidente durante los últimos doscientos años.
Cómico, porque en el caso de la Argentina la Iglesia y el Estado están separados de hecho desde tiempos de la primer presidencia de Roca (1880-1886), cuando un gobierno denostado por los progres de hoy dio los primeros pasos efectivos de separación de la administración civil respecto de la eclesiástica -especialmente a través de la creación del registro civil y del matrimonio civil- y de un modo traumático que dejó formalmente enemistada a la Santa Sede con el Estado argentino prácticamente hasta 1966. La jerarquía católica (que a ella se refieren siempre los medios cuando hablan de “la Iglesia”) tuvo una influencia fluctuante a lo largo de los años constitucionales respecto del gobierno nacional; fluctuante, como lo fue también la influencia de las Fuerzas Armadas, la masonería, el sindicalismo, el empresariado, la banca internacional, los Estados Unidos, la Unión Soviética o el “lobby gay”; influencia, por lo demás, siempre condicionada por las necesidades políticas coyunturales del gobierno civil o militar de turno.
Pero, contrariamente a lo que se pretende hacer creer, esta influencia fluctuante no ha sido ni determinante ni mayor que la de cualquiera de los otros grupos de interés citados. Así como no impidió la imposición obligatoria del matrimonio civil o de la laicidad de la educación pública en tiempos de Roca, tampoco impidió la progresiva secularización de la cultura a lo largo del siglo XX, ni la persecución abierta por el peronismo en 1955, ni la sucesiva introducción en la legislación nacional desde 1983 del divorcio vincular, la promoción estatal de métodos anticonceptivos artificiales, la imposición oficial de la ideología de género, el matrimonio de personas del mismo sexo, y la introducción del aborto en la agenda estatal. Tampoco impide el hecho de que la jerarquía católica argentina sea hoy señalada como abierta opositora al Gobierno por señalar la pobreza, como un problema aún pendiente de solución.
Entonces ¿qué se quiere decir cuando se dice que hay que separar Iglesia de Estado?
Creo que, si lo que se pretende es terminar con la asistencia del presupuesto nacional para la Iglesia Católica como institución, uno no podría estar más de acuerdo. Si bien es un tema opinable, el artículo 2do. de la Constitución Nacional no se refiere necesariamente al sostenimiento material del culto; sobre el tema hay bibliotecas escritas en un sentido u otro. La misma Conferencia Episcopal avanza en un acuerdo con el Estado Nacional para suprimir en un par de años los alrededor de 130 millones de pesos que constituyen la partida del presupuesto nacional con el que se solventa apenas el 6% de los gastos de la Iglesia Católica en la Argentina. El tema no es nuevo y se viene charlando desde las épocas en que el entonces cardenal Bergoglio presidía esa Conferencia.
Pero algo me dice que una partida que representa algo así como cinco milésimas del presupuesto nacional no es algo que desvele a los portadores del “pañuelo naranja”. A juzgar por sus manifestaciones, a veces virulentas (soy testigo de visu de sus escraches), el tema de la separación, para ellos, pasa por otro lado: concretamente, que la Iglesia no levante la voz para contradecir ninguna política que considere equivocada; menos aún si esa política está dictada a partir de dogmas “progres”, como la legalización del aborto o la imposición de la “perspectiva de género”, por citar dos casos recientes. En una palabra y como decía un post que andaba circulando en las redes, lo que se pretende de la Iglesia no es su tolerancia, que ya la tienen, sino su silencio: amablemente o no, se le pide a los católicos en particular, y a los cristianos en general, que vuelvan a las catacumbas.
Habría que analizar con lupa el presupuesto nacional y comparar los 130 millones que percibe la Iglesia Católica argentina con las partidas destinadas, por ejemplo, para las políticas de promoción de la agenda LGBT, para la repartija de anticonceptivos gratis, o para los viáticos de determinados funcionarias y funcionarios para asistir a encuentros internacionales donde se le “baja línea” al Gobierno acerca de lo que debe legislar en materia de aborto, anticoncepción, género y otras yerbas. No vaya a ser que lo que haya que separar del Estado, por su relevancia económica, sea a ciertos ideólogos.
Trágico, porque ahora se ha convertido en una excusa para justificar todo tipo de agresiones y de injurias hacia la Iglesia católica en particular, y hacia la religión en general. Agresiones que, en algunos casos, resultan especialmente y hasta morbosamente violentas, haciendo temer un brote de intolerancia anticlerical como los que se han registrado en distintos lugares de Occidente durante los últimos doscientos años.
Cómico, porque en el caso de la Argentina la Iglesia y el Estado están separados de hecho desde tiempos de la primer presidencia de Roca (1880-1886), cuando un gobierno denostado por los progres de hoy dio los primeros pasos efectivos de separación de la administración civil respecto de la eclesiástica -especialmente a través de la creación del registro civil y del matrimonio civil- y de un modo traumático que dejó formalmente enemistada a la Santa Sede con el Estado argentino prácticamente hasta 1966. La jerarquía católica (que a ella se refieren siempre los medios cuando hablan de “la Iglesia”) tuvo una influencia fluctuante a lo largo de los años constitucionales respecto del gobierno nacional; fluctuante, como lo fue también la influencia de las Fuerzas Armadas, la masonería, el sindicalismo, el empresariado, la banca internacional, los Estados Unidos, la Unión Soviética o el “lobby gay”; influencia, por lo demás, siempre condicionada por las necesidades políticas coyunturales del gobierno civil o militar de turno.
Pero, contrariamente a lo que se pretende hacer creer, esta influencia fluctuante no ha sido ni determinante ni mayor que la de cualquiera de los otros grupos de interés citados. Así como no impidió la imposición obligatoria del matrimonio civil o de la laicidad de la educación pública en tiempos de Roca, tampoco impidió la progresiva secularización de la cultura a lo largo del siglo XX, ni la persecución abierta por el peronismo en 1955, ni la sucesiva introducción en la legislación nacional desde 1983 del divorcio vincular, la promoción estatal de métodos anticonceptivos artificiales, la imposición oficial de la ideología de género, el matrimonio de personas del mismo sexo, y la introducción del aborto en la agenda estatal. Tampoco impide el hecho de que la jerarquía católica argentina sea hoy señalada como abierta opositora al Gobierno por señalar la pobreza, como un problema aún pendiente de solución.
Entonces ¿qué se quiere decir cuando se dice que hay que separar Iglesia de Estado?
Creo que, si lo que se pretende es terminar con la asistencia del presupuesto nacional para la Iglesia Católica como institución, uno no podría estar más de acuerdo. Si bien es un tema opinable, el artículo 2do. de la Constitución Nacional no se refiere necesariamente al sostenimiento material del culto; sobre el tema hay bibliotecas escritas en un sentido u otro. La misma Conferencia Episcopal avanza en un acuerdo con el Estado Nacional para suprimir en un par de años los alrededor de 130 millones de pesos que constituyen la partida del presupuesto nacional con el que se solventa apenas el 6% de los gastos de la Iglesia Católica en la Argentina. El tema no es nuevo y se viene charlando desde las épocas en que el entonces cardenal Bergoglio presidía esa Conferencia.
Pero algo me dice que una partida que representa algo así como cinco milésimas del presupuesto nacional no es algo que desvele a los portadores del “pañuelo naranja”. A juzgar por sus manifestaciones, a veces virulentas (soy testigo de visu de sus escraches), el tema de la separación, para ellos, pasa por otro lado: concretamente, que la Iglesia no levante la voz para contradecir ninguna política que considere equivocada; menos aún si esa política está dictada a partir de dogmas “progres”, como la legalización del aborto o la imposición de la “perspectiva de género”, por citar dos casos recientes. En una palabra y como decía un post que andaba circulando en las redes, lo que se pretende de la Iglesia no es su tolerancia, que ya la tienen, sino su silencio: amablemente o no, se le pide a los católicos en particular, y a los cristianos en general, que vuelvan a las catacumbas.
Habría que analizar con lupa el presupuesto nacional y comparar los 130 millones que percibe la Iglesia Católica argentina con las partidas destinadas, por ejemplo, para las políticas de promoción de la agenda LGBT, para la repartija de anticonceptivos gratis, o para los viáticos de determinados funcionarias y funcionarios para asistir a encuentros internacionales donde se le “baja línea” al Gobierno acerca de lo que debe legislar en materia de aborto, anticoncepción, género y otras yerbas. No vaya a ser que lo que haya que separar del Estado, por su relevancia económica, sea a ciertos ideólogos.
jueves, 11 de octubre de 2018
El desafío de ir más allá de lo urgente
En este año, quienes apoyamos activamente el acceso de Cambiemos al poder en 2015 hemos tenido sentimientos encontrados.
Por un lado, la convicción de que este gobierno al que apoyamos tiene la oportunidad histórica de marcar la diferencia y producir el cambio republicano que la Argentina necesita.
Por el otro, la sensación de que falta en nuestros gobernantes la conciencia cabal de los problemas sociales y culturales que afectan al país, o la convicción necesaria para enfrentarlos definitivamente.
Sin duda, es muy positivo que, con aciertos y errores, la administración económica y política haya encarado con mayor realismo y rigor técnico problemas estructurales del Estado que hasta 2015 sólo habían recibido respuestas políticas, oportunistas o demagógicas que, lejos de solucionarlos, los fueron profundizando. Así, son elogiables los avances en transparencia, apertura al mundo, eficiencia estatal, etc. También es positivo que se procure respetar la división de poderes, abandonar los discursos de confrontación, reemplazar el clientelismo político por una acción estatal decidida a solucionar los problemas que lo generan, y encarar sin miedo ni prejuicios los desafíos que supone una mejora en la seguridad de los ciudadanos.
Sin embargo y quizás por estas mismas expectativas, resulta desconcertante ver cómo el gobierno, después de casi tres años, mantiene estructuras que nos han llevado a una nueva crisis económica; lo que puede resumirse en la insistencia en exprimir al sector privado activo para subsidiar a amplios sectores improductivos, sin planes concretos para revertir la situación. Y si estos problemas, que son de origen fundamentalmente económico, son graves, más trágico resulta, a largo plazo, el mantenimiento de políticas sociales y educativas que atentan directa o indirectamente contra la vida humana y la integridad de las familias argentinas: entre ellas, la insólita e innecesaria apertura del debate en torno a la legalización del aborto, y la promoción de prejuicios ideológicos a través de planes educativos totalitarios, como resulta de un detenido análisis de los proyectos de reforma de la “educación sexual integral” que se plantean tanto a nivel nacional como local.
No resulta coherente que un gobierno que aspira a la reconciliación de los argentinos le haya dado cabida a una causa, como la del aborto, que no sólo surgió de un electorado distinto del que le dio el voto a Cambiemos, sino que, además, desde un inicio se planteó en términos divisivos: basta consultar en Internet noticias anteriores a febrero de este año para darse cuenta de que la minoría que entonces militaba con el pañuelo verde procedía del feminismo más radical e intolerante; basta comparar en los discursos de los legisladores la cantidad de descalificaciones de uno y otro lado para darse cuenta de que el abortismo no sólo no quiso dialogar, sino que tampoco respetó la legitimidad de la posición contraria, lo que ha llevado a generar una nueva y lamentable grieta entre los argentinos.
Tampoco es coherente que un gobierno que se propone expresamente hablar con la verdad, y que quiere hacer de la calidad educativa una bandera, haga suyas causas de minorías que buscan imponer su forma de pensar en forma totalitaria a través de los planes de estudio. La denominada “perspectiva de género”, que hoy se quiere imponer en el ámbito educativo, recibe en todo el mundo cuestionamientos intelectuales y científicos serios, que lamentablemente no son tenidos en cuenta por la mayoría de nuestros legisladores, sin importar el partido al que pertenezcan, comprometiendo seriamente la formación humana de nuestras generaciones futuras.
No quiero con esto parecer pesimista, pero sí tomar una distancia que dé perspectiva para observar la realidad del país sin prejuicios ideológicos y sin ingenuidades. No estamos mal solamente por haber sido gobernados durante 12 años por lo que ahora, escándalo de los cuadernos mediante, se demuestra que fue una asociación ilícita que vació al país. Tampoco estamos mal solamente porque desde mediados del siglo pasado estamos más enfocados en dilapidar nuestros recursos económicos y humanos que en progresar como nación. Estamos mal porque no asumimos, cada uno, nuestra propia responsabilidad en todo el problema; estamos mal porque, preocupados por nuestro bienestar del hoy y ahora, nos hemos desinteresado de los grandes temas que afectan no solo nuestro presente, sino también nuestro futuro.
Sin embargo, tenemos un país que lo tiene todo. Sólo nos hace falta un poco de humildad para comprender que los argentinos somos parte del problema, y la determinación necesaria como para convertirnos en la solución.
Existe un campo enorme de trabajo por delante, para hacer de la Argentina una potencia. Y aunque parezca que los problemas de cuenta corriente del país y la discusión del presupuesto de 2019 son lo más importante, esos son solo la punta del iceberg del desafío. Por debajo de la superficie existen cuestiones que requieren una atención más estratégica.
Creo que hace falta defender la vida como el primer derecho del ser humano, sin concesiones: no sólo la vida naciente, también la niñez vulnerable, también la vejez digna, también la salud y la seguridad de todos los ciudadanos.
Creo que hace falta defender la libertad como el fundamento de la república, en todos los ámbitos de la vida ciudadana, para evitar el regreso del autoritarismo y toda pretensión totalitaria.
Creo que la familia es la célula básica de la sociedad, y promover su fortalecimiento es contribuir a la fortaleza de la patria. Las familias fuertes nos ayudarán a vencer el individualismo, a superar los resentimientos, y a fortalecer los vínculos sociales de nuestra Argentina.
Creo que la iniciativa privada es el primer motor de la economía, y de su dinamismo depende el progreso de nuestro país. Toda política económica tiene que apuntar a fomentar esa iniciativa, que es la que ha hecho grandes a los países más poderosos de la tierra.
Entre los avances políticos del cambio iniciado en 2015 debe estar el del disenso constructivo, abandonar definitivamente el fanatismo oficialista, para aprender a aportar y a aceptar miradas distintas de la oficial, sin dejar de apoyar un cambio que, para la Argentina, sigue siendo positivo.
Hacen falta espacios, dentro y fuera del oficialismo, para organizar y brindar recursos de conocimiento para la participación ciudadana de todos los argentinos, y así movilizar iniciativas que cristalicen en proyectos concretos que defiendan la vida, la libertad, la familia y la iniciativa privada.
El desafío es grande, pero será posible enfrentarlo con el compromiso de todos.
viernes, 17 de agosto de 2018
El día después
Terminó una batalla, de una guerra que será larga.
Reconozco que, como muchos, por momentos dudé del éxito de la causa pro vida frente al proyecto de ley denominado de “Interrupción Voluntaria del Embarazo”.
Enfrentar a los dogmas progresistas nunca es fácil: su principal fortaleza es la debilidad humana. Sus postulados siempre son complacientes con nuestro egoísmo más profundo y con las perturbaciones de nuestra conciencia. Eso explica su éxito y el fenómeno moderno de la “Matrix progre”.
Pero, además, y quizás justamente por lo anterior, teníamos enfrente a los medios masivos de comunicación. Se cuentan con los dedos de las manos los periodistas pro vida que se animaron a dar la cara; y algunos, como Amalia Granata, pagaron con sus empleos semejante atrevimiento. Será cuestión de ver qué consecuencias futuras tendrá para ellos haber levantado la voz a favor de la vida y en contra del aborto. La mayoría de los periodistas adhirió sin la menor crítica a la legalización del aborto, cuando no a la abierta militancia; los más serios, en el mejor de los casos, bajaron el perfil; y no pocos periodistas críticos del aborto prefirieron mostrar equidistancia.
A ellos hubo que agregar a la farándula, cuya frivolidad hacía previsible la adhesión masiva a la causa abortista, aunque también con sus honrosas y valientes excepciones. En ese sentido, la entrega de los premios Martín Fierro fue un muestrario de la militancia artística.
También habría que computar en el haber del abortismo los intereses en juego y las presiones internacionales, de las que la solicitada de Amnesty en el NYT fue solo la manifestación más gruesa.
Ahora queda mucho por hacer, en adelante.
Se acusó al sector pro vida de no tener propuestas. Lo cual no sólo es falso ahora, sino que siempre lo fue. Son innumerables las iniciativas, laicas o confesionales, que promueven desde hace tiempo la contención de las embarazadas en situación vulnerable (léase: madres en situación de abortar). Puede nombrarse a Grávida, por ejemplo, o a muchas de las agrupaciones que forman Unidad Provida, ya que ninguna de ellas es un “sello de goma” creado para la ocasión.
Pero también lo han sido los proyectos legislativos en orden a prevenir abortos, lamentablemente relegados, cuando no condicionados por los propios legisladores impulsores del aborto. Esta es la ocasión, y así lo adelantaron algunos legisladores, de impulsar con más vigor esas iniciativas, cuya implementación (por mucho que le pese al progresismo) vaciaría de contenido muchos de los alegatos “verdes”.
En efecto, proteger y contener a las chicas violadas, a las adolescentes presionadas a abortar por sus familiares (o por sus mismos abusadores), a las jóvenes que por distintas razones se sienten desbordadas por la realidad de un embarazo no deseado, siempre y en todos lados ha demostrado ser más positivo que promover la eliminación de vidas humanas en gestación; esto, por decir de una manera elegante que optar por la vida siempre es mejor que por la muerte. También es lógico que una educación sexual que se enfoque en ayudar a los niños, adolescentes y jóvenes a fortalecer su autoestima y madurar en su afectividad, ayudaría más a evitar embarazos no deseados que el puro fomento de la anticoncepción.
También es cierto que, alejando un poco el ángulo de visión para tomar perspectiva, procurar una sociedad menos individualista y egoísta llevará a una mayor sensibilidad por la vida ajena, dentro o fuera del útero materno: no sólo importa la vida del niño por nacer, sino también la del ya nacido, la del ya crecido, la del adulto y la del anciano, en cualquier situación de necesidad.
Son desafíos que deben espolearnos para seguir adelante en la lucha por defender la vida.
También quedan muchas lecciones por aprender. Quienes defendemos la vida hemos sido ingenuos al dar por descontado que determinadas cosas son, o deberían ser, evidentes. La desinformación, cuando no la lisa y llana manipulación ideológica, ha sido el arma para confundir en todo momento el debate, aún por parte de personas de las que, por su formación académica, cabía esperar algo más. Resulta patético, por poner sólo un ejemplo de mi propia profesión, ver a una jurista como Aída Kemelmajer de Carlucci afirmar dogmáticamente que “mientras que el feto va creciendo van aumentando sus derechos y se van reduciendo los derechos de la mujer”, y que “el embrión no tiene un derecho absoluto a la superviviencia”; y esto contradiciendo -sin más explicación y solo porque no van con su postura- pronunciamientos de sendas academias nacionales de derecho y de medicina.
En adelante y aunque sea más engorroso, habrá que explicar no sólo que 2 + 2 son 4, también habrá que tomarse el trabajo de demostrar por qué. La pirotecnia conceptual que se ha desplegado para defender el aborto en las exposiciones realizadas tanto en las audiencias públicas como en las sesiones del Congreso de la Nación durante los últimos meses nos muestra que, cuando se quiere, se encuentran argumentos, aunque sean aparentes, para fundar cualquier cosa, por aberrante que sea.
También tenemos que aprender la cruda lección que da la política: el interés es más fuerte que las convicciones. Entre los legisladores, tanto los cambios repentinos de voto a último momento, como el vuelco de indecisos para uno u otro lado, no se explican tanto porque repentinamente hayan tenido una clarificación de ideas que los decidieran, como por el movimiento de prebendas, favores y dinero, o por la especulación electoral frente a sus gobiernos o a sus electorados. Es lamentable, pero, para un diputado o senador, una movilización de micros resulta más persuasiva que un discurso académico.
Finalmente, la lección que hemos de tener bien aprendida es que los intereses en juego detrás de la legalización del aborto no sólo no han desaparecido, sino que garantizan una guerra continuada, sin reglas ni cuartel.
De que no bajemos los brazos, de que sigamos empeñados en impulsar las causas que nadie impulsa, de que hayamos aprendido el día después lo que esta batalla nos deja, dependerán muchas vidas.
Reconozco que, como muchos, por momentos dudé del éxito de la causa pro vida frente al proyecto de ley denominado de “Interrupción Voluntaria del Embarazo”.
Enfrentar a los dogmas progresistas nunca es fácil: su principal fortaleza es la debilidad humana. Sus postulados siempre son complacientes con nuestro egoísmo más profundo y con las perturbaciones de nuestra conciencia. Eso explica su éxito y el fenómeno moderno de la “Matrix progre”.
Pero, además, y quizás justamente por lo anterior, teníamos enfrente a los medios masivos de comunicación. Se cuentan con los dedos de las manos los periodistas pro vida que se animaron a dar la cara; y algunos, como Amalia Granata, pagaron con sus empleos semejante atrevimiento. Será cuestión de ver qué consecuencias futuras tendrá para ellos haber levantado la voz a favor de la vida y en contra del aborto. La mayoría de los periodistas adhirió sin la menor crítica a la legalización del aborto, cuando no a la abierta militancia; los más serios, en el mejor de los casos, bajaron el perfil; y no pocos periodistas críticos del aborto prefirieron mostrar equidistancia.
A ellos hubo que agregar a la farándula, cuya frivolidad hacía previsible la adhesión masiva a la causa abortista, aunque también con sus honrosas y valientes excepciones. En ese sentido, la entrega de los premios Martín Fierro fue un muestrario de la militancia artística.
También habría que computar en el haber del abortismo los intereses en juego y las presiones internacionales, de las que la solicitada de Amnesty en el NYT fue solo la manifestación más gruesa.
Ahora queda mucho por hacer, en adelante.
Se acusó al sector pro vida de no tener propuestas. Lo cual no sólo es falso ahora, sino que siempre lo fue. Son innumerables las iniciativas, laicas o confesionales, que promueven desde hace tiempo la contención de las embarazadas en situación vulnerable (léase: madres en situación de abortar). Puede nombrarse a Grávida, por ejemplo, o a muchas de las agrupaciones que forman Unidad Provida, ya que ninguna de ellas es un “sello de goma” creado para la ocasión.
Pero también lo han sido los proyectos legislativos en orden a prevenir abortos, lamentablemente relegados, cuando no condicionados por los propios legisladores impulsores del aborto. Esta es la ocasión, y así lo adelantaron algunos legisladores, de impulsar con más vigor esas iniciativas, cuya implementación (por mucho que le pese al progresismo) vaciaría de contenido muchos de los alegatos “verdes”.
En efecto, proteger y contener a las chicas violadas, a las adolescentes presionadas a abortar por sus familiares (o por sus mismos abusadores), a las jóvenes que por distintas razones se sienten desbordadas por la realidad de un embarazo no deseado, siempre y en todos lados ha demostrado ser más positivo que promover la eliminación de vidas humanas en gestación; esto, por decir de una manera elegante que optar por la vida siempre es mejor que por la muerte. También es lógico que una educación sexual que se enfoque en ayudar a los niños, adolescentes y jóvenes a fortalecer su autoestima y madurar en su afectividad, ayudaría más a evitar embarazos no deseados que el puro fomento de la anticoncepción.
También es cierto que, alejando un poco el ángulo de visión para tomar perspectiva, procurar una sociedad menos individualista y egoísta llevará a una mayor sensibilidad por la vida ajena, dentro o fuera del útero materno: no sólo importa la vida del niño por nacer, sino también la del ya nacido, la del ya crecido, la del adulto y la del anciano, en cualquier situación de necesidad.
Son desafíos que deben espolearnos para seguir adelante en la lucha por defender la vida.
También quedan muchas lecciones por aprender. Quienes defendemos la vida hemos sido ingenuos al dar por descontado que determinadas cosas son, o deberían ser, evidentes. La desinformación, cuando no la lisa y llana manipulación ideológica, ha sido el arma para confundir en todo momento el debate, aún por parte de personas de las que, por su formación académica, cabía esperar algo más. Resulta patético, por poner sólo un ejemplo de mi propia profesión, ver a una jurista como Aída Kemelmajer de Carlucci afirmar dogmáticamente que “mientras que el feto va creciendo van aumentando sus derechos y se van reduciendo los derechos de la mujer”, y que “el embrión no tiene un derecho absoluto a la superviviencia”; y esto contradiciendo -sin más explicación y solo porque no van con su postura- pronunciamientos de sendas academias nacionales de derecho y de medicina.
En adelante y aunque sea más engorroso, habrá que explicar no sólo que 2 + 2 son 4, también habrá que tomarse el trabajo de demostrar por qué. La pirotecnia conceptual que se ha desplegado para defender el aborto en las exposiciones realizadas tanto en las audiencias públicas como en las sesiones del Congreso de la Nación durante los últimos meses nos muestra que, cuando se quiere, se encuentran argumentos, aunque sean aparentes, para fundar cualquier cosa, por aberrante que sea.
También tenemos que aprender la cruda lección que da la política: el interés es más fuerte que las convicciones. Entre los legisladores, tanto los cambios repentinos de voto a último momento, como el vuelco de indecisos para uno u otro lado, no se explican tanto porque repentinamente hayan tenido una clarificación de ideas que los decidieran, como por el movimiento de prebendas, favores y dinero, o por la especulación electoral frente a sus gobiernos o a sus electorados. Es lamentable, pero, para un diputado o senador, una movilización de micros resulta más persuasiva que un discurso académico.
Finalmente, la lección que hemos de tener bien aprendida es que los intereses en juego detrás de la legalización del aborto no sólo no han desaparecido, sino que garantizan una guerra continuada, sin reglas ni cuartel.
De que no bajemos los brazos, de que sigamos empeñados en impulsar las causas que nadie impulsa, de que hayamos aprendido el día después lo que esta batalla nos deja, dependerán muchas vidas.
domingo, 22 de julio de 2018
Cuando las palabras sobran
Después de este testimonio de Amparo Medina, no queda más nada por decir.
miércoles, 13 de junio de 2018
Monólogos
Acabo de tener el enésimo cruce con un abortista en las redes. Lo de siempre. A cada argumento a favor de la vida se contesta con una frase hecha que no contesta nada: si uno dice que abortar es eliminar una vida humana, te responden que no hables por los “millones de mujeres que quieren abortar” (¡?); si uno señala que abortar es quitarse de encima un ser humano (aunque digan que es “potencial”, con más voluntarismo que fundamentos), te contestan que van a seguir muriendo mujeres en abortos clandestinos.
No he encontrado un solo abortista, uno solo, que conteste con fundamento científico el hecho de que, a partir de la unión de óvulo y espermatozoide, estamos ante una vida humana distinta de la madre. Tratan de escapar por el lado de que no sería una persona; pero los dueños del “personómetro” no se hacen cargo de que tampoco quieren darle la oportunidad de que llegue a serlo, en su estrecha visión del problema.
Pero de todo esto ya hablamos hasta el cansancio en estas columnas.
Hoy me interesa resaltar que ocurrió lo que era previsible: el abortismo no quiere discutir razones. Porque no las tiene. Sólo le interesa imponer un paradigma. Pase lo que pase. No importa si hay vida o no. No importan los fundamentos científicos o jurídicos, ni la ética, ni la lógica. Para muestra, valga el tuit de la foto. Cualquiera que haya seguido el tema por las redes o los demás medios puede dar fe de actitudes similares por parte de periodistas, políticos, gente de la farándula y un largo etcétera. Tapan sus oídos y sus ojos; pero no tapan su boca y repiten los monólogos de siempre. Monólogos que quieren imponer, descalificando a cualquiera que se anime a cuestionarlos.
Hoy habrá una votación en el Congreso. Probablemente no sea la última. Se habla de un debate que se festeja. Es raro hablar de festejo cuando lo que se debate es la vida o la muerte de seres humanos inocentes.
El gobierno no tiene nada que festejar, salga como salga la votación en el Congreso. Ha instalado una discusión sorda que sólo ha servido para envalentonar a la facción del pañuelo verde, que no lo ha votado ni lo votará, y para desalentar a quienes pusimos nuestra confianza en Cambiemos para superar los enconos.
Evidentemente, nos queda mucho por trabajar.
No he encontrado un solo abortista, uno solo, que conteste con fundamento científico el hecho de que, a partir de la unión de óvulo y espermatozoide, estamos ante una vida humana distinta de la madre. Tratan de escapar por el lado de que no sería una persona; pero los dueños del “personómetro” no se hacen cargo de que tampoco quieren darle la oportunidad de que llegue a serlo, en su estrecha visión del problema.
Pero de todo esto ya hablamos hasta el cansancio en estas columnas.
Hoy me interesa resaltar que ocurrió lo que era previsible: el abortismo no quiere discutir razones. Porque no las tiene. Sólo le interesa imponer un paradigma. Pase lo que pase. No importa si hay vida o no. No importan los fundamentos científicos o jurídicos, ni la ética, ni la lógica. Para muestra, valga el tuit de la foto. Cualquiera que haya seguido el tema por las redes o los demás medios puede dar fe de actitudes similares por parte de periodistas, políticos, gente de la farándula y un largo etcétera. Tapan sus oídos y sus ojos; pero no tapan su boca y repiten los monólogos de siempre. Monólogos que quieren imponer, descalificando a cualquiera que se anime a cuestionarlos.
Hoy habrá una votación en el Congreso. Probablemente no sea la última. Se habla de un debate que se festeja. Es raro hablar de festejo cuando lo que se debate es la vida o la muerte de seres humanos inocentes.
El gobierno no tiene nada que festejar, salga como salga la votación en el Congreso. Ha instalado una discusión sorda que sólo ha servido para envalentonar a la facción del pañuelo verde, que no lo ha votado ni lo votará, y para desalentar a quienes pusimos nuestra confianza en Cambiemos para superar los enconos.
Evidentemente, nos queda mucho por trabajar.
miércoles, 16 de mayo de 2018
Pirotecnia argumental
Cuando no se quiere aceptar la realidad, es muy común que se caiga en el vicio del sofisma. Los sofistas eran aquellos personajes a los que se enfrentó Sócrates en la antigua Atenas, más atentos al ingenio en la argumentación que a la búsqueda de la verdad. La perspectiva de los siglos nos hace ver que hoy la verdad sigue sin tener muchos buscadores ni defensores y que los sofistas siguen abundando.
En las discusiones sobre el aborto está quedando en evidencia la falta de sustento científico de la posición abortista. Ya resulta difícil para el abortismo -si no es recurriendo a un genérico e improbable “no es tan así”- demostrar que lo que se gesta en el vientre materno, desde la unión del espermatozoide con el óvulo, no es sino una vida humana, tan humana como la de la madre. También se les hace cuesta arriba, y por el mismo motivo, demostrar que esa vida humana de ADN distinto al de la madre pueda ser de algún modo parte disponible del propio cuerpo de ésta.
Los argumentos, entonces, deben apuntarse a otro lado. Ahí entramos a tallar los abogados, expertos como somos en sofismas. La justificación vendrá por el lado de negarle a dicha vida humana la personalidad: sí, puede que sea una vida humana, pero no es una persona, y consiguientemente carece de derechos y puede ser eliminada.
Ahora bien, como no se ha inventado aún el “personómetro” y la noción de persona es más filosófica y jurídica que biológica, la determinación de cuándo esa vida humana distinta de la madre se convierte en persona queda librada a los análisis más arbitrarios; algunos, tragicómicamente arbitrarios, como el de aquel periodista que dijo que, “para él”, había persona a partir de la semana 14 del embarazo.
Arbitrarios, porque la personalidad no es un hecho físico comprobable empíricamente, sino una condición abstracta que se le reconoce al individuo humano. Sólo quienes quieren eliminar individuos humanos buscan separar esa condición, buscar motivos para no reconocerla, y así asmilar a los individuos humanos indeseados, desechables, a las cosas que pueden eliminarse sin mayor prurito moral. La historia esta llena de ejemplos, algunos de los cuales son trágicamente cercanos, de individuos humanos a los que se les negó el reconocimiento de su personalidad para poder eliminarlos.
Que si tienen desarrollado el cerebro, que si son autónomos, que si sienten, etc. Ni siquiera coinciden los promotores de la legalización del aborto en sus propias tesis, que terminan siendo nada más que pirotecnia argumental, como la de los sofistas: frases biensonantes que “cierren” y sirvan a su propósito, nada más. Lo cierto es que para ellos uno no es persona prácticamente hasta que asoma la cabeza por el canal de parto... y, para algunos, ni siquiera entonces.
Lo curioso es que ninguno se hace cargo de que, aunque fuera cierto (aunque no fuéramos personas por el solo hecho de ser humanos), es evidente que lo seremos si nos dan la oportunidad de vivir. Y ¿qué diferencia práctica hay entre matar a una persona y negarle siquiera la oportunidad de existir como tal? ¿O es que no quieren darle esa oportunidad?
En las discusiones sobre el aborto está quedando en evidencia la falta de sustento científico de la posición abortista. Ya resulta difícil para el abortismo -si no es recurriendo a un genérico e improbable “no es tan así”- demostrar que lo que se gesta en el vientre materno, desde la unión del espermatozoide con el óvulo, no es sino una vida humana, tan humana como la de la madre. También se les hace cuesta arriba, y por el mismo motivo, demostrar que esa vida humana de ADN distinto al de la madre pueda ser de algún modo parte disponible del propio cuerpo de ésta.
Los argumentos, entonces, deben apuntarse a otro lado. Ahí entramos a tallar los abogados, expertos como somos en sofismas. La justificación vendrá por el lado de negarle a dicha vida humana la personalidad: sí, puede que sea una vida humana, pero no es una persona, y consiguientemente carece de derechos y puede ser eliminada.
Ahora bien, como no se ha inventado aún el “personómetro” y la noción de persona es más filosófica y jurídica que biológica, la determinación de cuándo esa vida humana distinta de la madre se convierte en persona queda librada a los análisis más arbitrarios; algunos, tragicómicamente arbitrarios, como el de aquel periodista que dijo que, “para él”, había persona a partir de la semana 14 del embarazo.
Arbitrarios, porque la personalidad no es un hecho físico comprobable empíricamente, sino una condición abstracta que se le reconoce al individuo humano. Sólo quienes quieren eliminar individuos humanos buscan separar esa condición, buscar motivos para no reconocerla, y así asmilar a los individuos humanos indeseados, desechables, a las cosas que pueden eliminarse sin mayor prurito moral. La historia esta llena de ejemplos, algunos de los cuales son trágicamente cercanos, de individuos humanos a los que se les negó el reconocimiento de su personalidad para poder eliminarlos.
Que si tienen desarrollado el cerebro, que si son autónomos, que si sienten, etc. Ni siquiera coinciden los promotores de la legalización del aborto en sus propias tesis, que terminan siendo nada más que pirotecnia argumental, como la de los sofistas: frases biensonantes que “cierren” y sirvan a su propósito, nada más. Lo cierto es que para ellos uno no es persona prácticamente hasta que asoma la cabeza por el canal de parto... y, para algunos, ni siquiera entonces.
Lo curioso es que ninguno se hace cargo de que, aunque fuera cierto (aunque no fuéramos personas por el solo hecho de ser humanos), es evidente que lo seremos si nos dan la oportunidad de vivir. Y ¿qué diferencia práctica hay entre matar a una persona y negarle siquiera la oportunidad de existir como tal? ¿O es que no quieren darle esa oportunidad?
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