Hace un año...

Hace un año, el progresismo conseguía su victoria soñada en el Congreso: la legalización del aborto. Y lo festejaba como un avance. Se tomaba revancha de la derrota de 2018. No le importó que no fuera prioritario, ni que la mayoría de la opinión pública estuviera en contra. Lo importante era imponer el dogma de que “el aborto es un derecho”; como si fuera justo decidir sobre la vida de los demás.

Hace un año, cada argentino que nace es un sobreviviente de un sistema que afirma que nadie es ser humano si su existencia no es deseada, o significa una carga, o puede ser interpretada como inconveniente, o alguien (no necesariamente la madre, también el entorno o la sociedad que la presiona) decide, por la razón que sea, que se trata de una vida que no debe o no merece ser vivida.

Hace un año, un presidente que nada tenía, ni tiene hasta ahora, para legar se asumía, con esa ambigüedad que lo caracteriza y que bascula entre la ignorancia y el cinismo, como un “católico que está a favor del aborto”.

Hace un año, el electorado que se auto considera provida y que había votado por las distintas opciones mayoritarias se dio cuenta de lo que había votado al votar “en contra de...”.

Hace un año, el Congreso decidió que la Constitución no defiende la vida sino en la medida en que le conviene a quien quiera abortar o hacer abortar. Que era más urgente, en un país que se hunde en una de sus peores crisis económicas y sanitarias, legalizar la eliminación sistemática de vidas humanas, para que a los diputados y sus hijas la obra social o la prepaga les cubran el aborto.

Hace un año, quedó claro que, para muchos, los derechos humanos son solo una consigna manipulable en función de las propias necesidades políticas, y que nada tienen que ver con derechos objetivos, ni siquiera con el primero de ellos: la vida humana.

Hace un año, vivimos en un país más inhumano y cruel. En el que ahora, los mismos que desprecian la vida naciente cuando la consideran descartable, van por la vida de los que se convierten en una carga, con el proyecto de legalización de la eutanasia. Siguen, así, el manual de procedimientos del progresismo en todos lados, sin importarles las consecuencias que ya son visibles en todos aquellos países donde se legalizaron estos crímenes; países donde ya es una realidad la revisión de todas esas prácticas. 

Hace un año empezó otra lucha: la de reponer el respeto irrestricto por la vida humana, el de devolverle humanidad a una Argentina que parece condenada a la decadencia.

Una lucha que vale la pena.

La justicia social, esa coartada...

“Libertad, igualdad, fraternidad”. Es el lema de la Revolución Francesa. Pero, además, es el resumen de los valores fundantes de la democracia moderna, tal y como la entendemos desde hace 250 años. No quiere decir que hayan nacido esos valores entonces; por el contrario, son valores incomprensibles sin los veinte siglos anteriores de cultura grecorromana y judeocristiana. Podría decirse que son el fruto, cuajado en tiempos de las “nuevas ideas”, de siglos de evolución. No podemos decir que sean la última palabra, porque la historia humana demuestra que siempre estaremos lejos de la perfección a la que aspiramos, pero sí se puede afirmar que representan un escalón del que no podemos bajarnos sin riesgo de retroceder, de involucionar.

Después de referirnos a la fraternidad y la libertad, queda hacer una reflexión acerca de la igualdad. Pocos valores tienen tanta prensa como este en los últimos años: la promoción de la igualdad se ha esgrimido como justificación de innumerables movimientos sociales que aspiran, o dicen aspirar, en última instancia a una mayor justicia. Porque la relación entre igualdad y justicia es esencial: no puede entenderse una sin la otra. Por aquello que los griegos enseñaban, y los romanos procuraban poner en práctica, de que lo justo es lo igual, según determinado tipo de igualdad. Quizás en la dificultad para entender este último punto, la distinción de los tipos de igualdad, residan muchas de las confusiones modernas en materia política: al olvidar que existe una igualdad aritmética, que supone dar a cada uno lo mismo, distinta de otra igualdad geomética, que implica dar a cada uno según su mérito, terminamos queriendo igualar cosas que no pueden ser iguales y, paradójicamente, discriminando allí donde no debe haber distinciones.

Pero hoy detengámonos en una confusión muy actual en nuestro país: la referida a la justicia social, que es aquella que busca la igualdad en orden al bien común. Ambos conceptos, inasibles para el liberalismo político y económico cuando se lo convierte en una ideología atada al individualismo, también resultan confusos hoy por hoy al haber sido manipulados por el socialismo y la izquierda en general, y aquí, en la Argentina, especialmente por el peronismo (que no por nada adoptó institucionalmente el nombre de “justicialismo”).

El peronismo se ha caracterizado, a lo largo de sus casi 80 años de historia, por afirmar que promueve la justicia social. Digo afirmar que promueve, porque los hechos distan, con demasiada frecuencia, de tales afirmaciones: la corrupción en los sucesivos gobiernos peronistas ha sido proverbial en nuestro país, superando con creces la de los restantes gobiernos civiles y militares (que también existió). Y pocas cosas pueden ser tan injustas como que los gobernantes se enriquezcan ilícitamente en el poder, porque siempre será a expensas de los impuestos que paga todo el pueblo, ricos y pobres, fuertes y débiles, siendo estos últimos los que suelen sufrir las peores consecuencias. Pero aún más injusto es que esa corrupción se haya dado en un marco de políticas económicas que, lejos de promover la prosperidad material de la Argentina, han conducido a una cada vez más marcada decadencia, justamente durante las mismas décadas en que la “justicia social” se convirtió en una verdadera política de Estado.

En efecto y desde que, de la mano de Perón, se convirtiera en la razón legitimadora del golpe del '43, la justicia social fue caballito de batalla de todos los gobiernos que le sucedieron, democráticos o no, de un signo u otro. En las últimas ocho décadas, casi nadie se atrevió, por ignorancia o por conveniencia, a cuestionarle al peronismo su noción de justicia social, tal y como se la apropió esa facción.

La justicia social tiene que ver, sí, con las exigencias éticas que impone, para los particulares, las organizaciones intermedias y el Estado, la realización del bien común, entendido como el conjunto de condiciones que permita a cada uno de los miembros de una sociedad determinada alcanzar su realización personal.

La justicia social tiene que ver con generar condiciones económicas que permitan el progreso material de todos; y no con quitarle a unos para darle a otros. La justicia social supone combatir los impedimentos para el acceso a bienes elementales como la salud, la educación, el empleo; pero no puede ser la coartada para que esos bienes sean monopolizados y administrados discrecionalmente por el Estado. Así como no hay justicia social si impera el puro individualismo, origen de tantas desigualdades, tampoco hay justicia social si no se respetan los bienes individuales indispensables para la realización de cada persona: la vida, la libertad, la propiedad privada.

Abel Albino tiene una observación genial, que generalmente se pasa por alto: creemos que “los pobres” son gente igual a la de clase media o alta, pero “sin plata”; por eso, nuestros gobiernos se esfuerzan en repartirla como si con eso se combatiera la pobreza y se hiciera “justicia social”. Pero como la pobreza es más que la falta de dinero, los recursos que estos gobiernos “justicieros” de distinto signo utilizan para combatirla no resultan eficientes: a la parte que se lleva la corrupción de los intermediarios, debe agregarse que la falta de una correcta nutrición, de educación, de cultura del trabajo, de una familia estable, de un ambiente social favorable y de una cantidad de bienes intangibles cuya carencia constituye una pobreza mayor que la falta de dinero, hace que muchos de los beneficiarios, cada vez más, no sepan cómo utilizar provechosamente lo que se les da y, en lugar de ser palanca que los saque de la pobreza, se convierte en medio para hundirlos más en ella, con el agravante de las adicciones, la violencia y el crimen.

Justamente por tratarse de una exigencia ética, la justicia social puede vivirse y promoverse, proponerse como una meta, pero no imponerse coactivamente, porque en ese mismo momento se estará faltando a la justicia. Por eso resulta urgente una suerte de cambio de paradigma: la justicia social nada tiene que ver con repartir dinero (o cosas). La justicia social supone, primero, un compromiso ético personal, individual, de cada miembro de la sociedad; la justicia social supone también el respeto de la libertad, porque solo las personas libres pueden realizarse practicando la justicia con sus semejantes; la justicia social constituye una meta que nunca podrá ser definitivamente alcanzada, en la que siempre podremos mejorar y que, como tal, exige un constante ejercicio de promoción que la convierta en objetivo de cada agente personal, corporativo o estatal de la sociedad.

Parafraseando al proverbio chino, la justicia social consiste en enseñar a pescar para dejar de tener hambre, en facilitar las condiciones para que todos, no solo estos o solo aquellos, progresen de verdad como personas.

El precio de la libertad

La renovación de las restricciones de actividad pública y de reuniones privadas con fundamento en la pretendida preservación del sistema de saludo frente al aumento repentino de contagios por la pandemia del Covid-19, ha renovado el debate en torno de la libertad ciudadana, su respeto y sus condicionamientos.

La libertad es uno de los bienes originales más preciados del hombre, junto con la vida. Convertidas en derechos en su relación con los demás hombres, el equilibrio entre las vidas y las libertades de los ciudadanos resulta la materia más delicada de cualquier agenda de gobierno en orden a dictar las normas que rigen una determinada sociedad. Lo vemos en debates públicos como el del aborto, la inseguridad, la libertad de expresión y de información, etc. También, como dijimos, en torno a las medidas que los distintos países, y la Argentina en particular, han tomado para enfrentar los desafíos de la pandemia que nos aqueja desde hace ya más de un año.

¿Cuál es el precio que la libertad debe pagar para salvar vidas humanas? ¿Hasta dónde es posible restringir la libertad sin comprometer, a largo plazo, la misma vida? El enfoque para contestar a estas preguntas y otras similares, lamentablemente, suele ser ideológico y superficial, no pasando de la repetición de fórmulas y lugares comunes, cuando no de la adopción de simples posturas de conveniencia para el momento. Así, resulta que quienes son partidarios de la libertad cuando les resulta cómodo, se vuelven enemigos de ella cuando los compromete; y no es raro encontrar quienes reclaman la propia libertad al tiempo que se la niegan a sus adversarios. 

Desde chico he escuchado la contraposición de la libertad (buena) al libertinaje (malo). Pero me llevó un tiempo entender cuándo estábamos frente a la una o al otro. Fundamentalmente, porque, como veíamos, tendemos a calificar de libertinaje a aquella libertad que nos molesta y que no queremos reconocer.

Pero el punto de división entre libertad y libertinaje es el precio de la libertad: la responsabilidad. Porque somos libres, respondemos por las consecuencias del uso de esa libertad. Si no nos quisiéramos hacer cargo de ellas, caeríamos en el libertinaje. Porque somos libres, somos responsables; y porque somos responsables, somos realmente libres: los animales no responden por sus actos; ellos siguen un instinto, carecen de una voluntad libre que les permita contradecirlo, pasar por encima de él. Los animales, por salvajes que sean, viven condicionados en forma absoluta por su naturaleza. Sólo el hombre puede contradecirla, obrar el mal.

Este precio de la libertad supone, en primer lugar, hacernos cargo de las consecuencias de nuestro propio obrar. Por lo general tendemos a pretender lo contrario: queremos libertad para hacer algo en particular, pero rechazamos las consecuencias de ello. Un ejemplo clásico es el de la llamada revolución sexual: a todos nos fascina usar de nuestra sexualidad según el deseo del momento... siempre y cuando no tenga consecuencias; pero siempre las tiene, aunque no nos lo parezca; por eso buscamos perfeccionar los medios para prevenirlas, y cuando no lo conseguimos, tendemos a buscar eliminarlas. Nos divierte la promiscuidad sexual, pero no nos queremos hacer cargo de unas consecuencias que siempre son previsibles: el embarazo no buscado, las enfermedades de transmisión sexual, los estragos del egoísmo en las relaciones humanas, la manipulación de las personas como si fueran objeto de nuestra personal satisfacción, la proliferación de ataques sexuales y de casos de pedofilia, la soledad y la depresión, el abandono, las adicciones, y una larga lista de consecuencias del uso irresponsable de la sexualidad, pretendidamente libre, pero que prescinde del compromiso, de la empatía y, en definitiva, del amor.

Siempre podemos elegir, libremente, entre el camino que nos lleva al oasis o al precipicio. Podemos equivocarnos, ciertamente, en la elección. Y siempre podemos rectificar, por lo menos hasta que la muerte nos quite esa posibilidad. Lo que no podemos es culpar al precipicio por nuestra caída.

Pero el precio de la libertad también se paga en los otros. Defender la propia libertad supone defender la de los demás, con el implícito riesgo de que los demás no obren, en uso de esa libertad, como nos gustaría o como consideramos mejor. En ejercicio de la libertad de expresión se puede denunciar el mal que los poderosos pretenden ocultar, pero también se puede calumniar al inocente; se puede hacer legítima difusión de las propias ideas, pero también se puede agredir al que piensa distinto. Como un cuchillo, la libertad de expresión sirve tanto para cortar el pan como para apuñalar al otro.

Respetar la libertad del otro pasa, necesariamente, por tolerar que el otro se equivoque u obre mal. Cuando ese mal obrar se traduce en una injusticia, interviene el orden jurídico, que busca restablecer el orden de la justicia. Pero no pocas veces este objetivo se convierte en coartada de los poderosos para recortar la libertad que le resulta incómoda. En esta tensión, el extremo es el totalitarismo, en el que ya no se legisla y gobierna para restablecer la justicia, sino para prevenir que los ciudadanos piensen de una determinada manera. Totalitarismo del que no están exentas nuestras sociedades democráticas occidentales, si se tienen en cuenta, por ejemplo, la multitud de normas orientadas a imponer determinados lineamientos ideológicos en la educación y a sancionar a quienes no adhieran a esos contenidos o enseñen a cuestionarlos. Occidente viene jactándose desde hace tres siglos de haber descubierto la importancia de la defensa de la libertad de pensamiento frente a los siglos previos de oscurantismo, en los que se imponía el dogma religioso. Paradójicamente, esta jactancia llevó a reemplazar a la religión por la ideología, y al dogma por el principio a priori, pero la censura y las persecuciones persistieron, aun impulsadas por quienes se ufanaron de defender la libertad, como recuerdan las últimas palabras de Madame Roland, revolucionaria guillotinada en tiempos del “Terror”: “¡Oh, Libertad!, ¡cuántos crímenes se cometen en tu nombre!”. Aún hoy abundan quienes, autotitulándose “tolerantes” y partidarios de la tolerancia invitan a quienes disienten con ellos, con más o menos coherción, al silencio, la catacumba o el cadalso.

En síntesis, el precio de la libertad es bancarse las consecuencias. Es muy sencillo defender la propia libertad a expensas de la libertad ajena: todo se resuelve en una cuestión de poder; quien tiene el suficiente para imponer determinado parecer será libre de hacerlo, mientras que el que lo contradiga será perseguido y carecerá de libertad alguna para disentir. Claro que esto no resulta coherente; más bien es expresión del cinismo que hoy calificamos de doble estándar. Al defender realmente la libertad, el desafío es estar dispuesto a soportar que otros la usen para decir, opinar, sostener, expresar o ejecutar ideas diversas, y hasta opuestas, a las propias. Y esto en el entendimiento de que la defensa de la libertad ajena repercute positivamente en el ejercicio de la propia libertad.

Y, para bancarse las consecuencias, hay que hacerse cargo de la propia responsabilidad, actitud que es propia de la madurez. El “progresismo” (la “Matrix” cultural en la que estamos inmersos, según imagen utilizada por el escritor Juan Manuel de Prada) no entiende esto: pretende alcanzar la mayor libertad sin responder por las consecuencias; por eso puede decirse que la del progresismo es una actitud inmadura, adolescente. Es notable como, al entender a la libertad como una pura indeterminación, como si diera igual obrar en un sentido u otro, las consecuencias negativas de nuestro obrar tienden a ser atribuidas, como hacen los adolescentes, a los demás, a las conspiraciones, al destino, a Dios o a la mala suerte: nunca al error propio, nunca a la mala decisión propia, nunca a nuestro mal obrar. Sin proponérselo, le cabe a esa actitud “progre”, aquel remate de Mafalda frente a los escandalizados: no es el acabose, “es el continuose del empezose de ustedes”. 

Las discusiones acerca de la libertad en la Argentina durarán lo que los argentinos tardemos en asumir, personal y colectivamente, nuestras responsabilidades, y en aceptar su precio. Porque para ser realmente libres hay que madurar, aceptar el disenso de la libertad de los demás, y hacernos cargo de lo que hicimos mal, para corregir, para asumir personalmente que el futuro, el de cada uno y el de todos, depende, no del destino, del azar o de la buena voluntad de otros, sino de nuestro propio esfuerzo por construirlo. Puede parecernos un desafío inoportuno en tiempos de Covid y kirchnerismo; sin embargo y si lo pensamos un poco, el desafío es absolutamente actual... y urgente.

La maldita grieta

Es universalmente conocida aquella fábula de Esopo en la que los ratones de una casa, cansados de las acechanzas del gato, deliberan acerca de cómo ocuparse de él para poder salir a buscar comida. Uno de los ratones propone la idea genial: ponerle un cascabel al gato para que su ruido los alerte y evite los furtivos ataques del felino. Todos los ratones festejaban la idea, hasta que uno preguntó: “¿quién le va a poner el cascabel al gato?”. La moraleja es que toda gran idea es más fácil de formular que de llevar a cabo.

Se aplica perfectamente esta fábula a las declamaciones de nuestros políticos acerca de cerrar la grieta: es fácil proponer aquello que todos sabemos necesario. La “grieta” de la que hablamos en la Argentina desde hace más de una década no es una mera discrepancia de opiniones, de métodos o de proyectos: se trata de la descalificación de la posición contraria, generalmente sin matices, en ejercicio de una dialéctica irreconciliable sobre la que no puede construirse nada, y que tiene como consecuencia el estancamiento del país, toda vez que cualquier proyecto común requiere, si no de un total consenso, por lo menos de un ánimo de diálogo que reconozca en quien no piensa como nosotros la legítima intención de sacar adelante a la Argentina. Difícilmente pueda recrearse este ambiente de diálogo, esta discusión civilizada, si unos desconfían y descalifican sistemáticamente a los otros como oligarcas, corruptos, “gorilas”, “peronchos”, vendepatrias, autoritarios, y un largo etcétera.

Todos coincidimos en que hay que cerrar la grieta, pero ¿quién le pondrá el cascabel al gato?, ¿quién tomará la iniciativa?, ¿quién se abstendrá de contestar la descalificación del otro?, ¿quién será capaz de ponerse por encima de la grieta para reconocer en el otro a un argentino que, aunque consideremos que está fatalmente equivocado, puede querer de buena fe el bien del país. 

Quizás la grieta sea un vicio de época. La proliferación de las redes sociales y la magnificación que en ellas encuentra todo tipo de opiniones, además de la facilidad con la que a través de ellas puede mentirse, tirar la piedra y esconder la mano, atacar anónimamente, y denigrar con o sin argumento, ha generado, no solo aquí, sino en todo el mundo un ambiente en el que la agresión masiva se ha vuelto relativamente sencilla, asequible a cualquier individuo o grupo, y las consecuencias se ven tan potenciadas como el alcance universal de Internet. Y esto vale tanto para el estallido de escándalos, como para la organización de movilizaciones populares, la cultura de la cancelación, o la instalación de dogmas de corrección política: no hacen falta ya los argumentos, basta con la descalificación, el hashtag apropiado y el resto lo hace la voluntad de no escuchar ni atender sino a lo que se quiere.

Lamentablemente y si bien el vicio no distingue ideologías, algunas hacen una verdadera instrumentalización del odio. Especialmente la izquierda: el marxismo exige enfrentamiento dialéctico, y éste no es posible sin el odio al contrario: el diálogo y la tolerancia son prejuicios burgueses. La grieta es funcional a todo discurso que se base su poder en este enfrentamiento. Por eso es impensable que la grieta termine mientras el kirchnerismo gobierne: éste necesita del enfrentamiento antipatria-patria, oligarquía-pueblo, ricos-pobres, ellos-nosotros, y ya ha demostrado que sus cultores no reparan ni siquiera en incoherencias y contradicciones para sostener estas dicotomías. Es imposible que un gobierno kirchnerista (y eso es lo que actualmente tenemos en la Argentina) le ponga el cascabel al gato. Por este motivo resulta tan irritante observar a funcionarios, dirigentes e “intelectuales” kirchneristas hablar del odio de quienes los contradicen, cuando los hechos demuestran, no sólo que ellos son expertos en odiar y fomentar el odio, sino que parecen sentirse cínicamente cómodos en ese ambiente de división.

De la divisa revolucionaria “libertad, igualdad, fraternidad”, la libertad siempre ha sido asociada al liberalismo y la igualdad a la socialdemocracia. Pero ninguna ideología parece haber hecho suya la necesaria fraternidad, sin la cual la libertad se convierte en la coartada de la desaprensión individualista, y la igualdad en la excusa del autoritarismo. Sin embargo, es en la fraternidad donde se encuentra la clave para superar la grieta: entender que el otro es mi hermano, aunque esté equivocado, y que, como tal, merece respeto; y que ese respeto se traduce en escucharlo, en no agredirlo, en tratarlo cordialmente más allá de las diferencias, por graves y profundas que estas sean.

Es cierto: es difícil ponerle “ese” cascabel al gato. Más fácil es victimizarse y señalar al otro como culpable de la grieta. Pero alguien debe correr el riesgo de pasar por ingenuo, o por tonto, y dejar de contestar el odio con más odio. Sólo creciendo en fraternidad, sólo superando y pasando por alto la obcecación de quienes sostienen por conveniencia la grieta, puede recrearse el clima social que permita la construcción de consensos, de políticas de estado, de un proyecto común de país. Proyecto común que no implica que todos sostengamos las mismas posiciones en todos los temas, pero sí que todos reconozcamos en el otro la voluntad sincera de construir un país mejor.

Sólo así aprenderemos a criticar sin agredir al criticado, a disentir sin odiar al que disiente con nosotros, a buscar ese proyecto común de buena fe, y superar de una vez por todas la maldita grieta.

La necesaria reconstrucción del federalismo argentino

Vivimos en un estado formalmente federal, pero unitario de hecho. Al contemplar el panorama de tantas provincias argentinas, sobre todo de las más pobres, resulta evidente que muchas de ellas dependen económicamente para su funcionamiento casi en forma exclusiva de la ayuda del gobierno nacional. Esto se ha visto agravado a lo largo de los años por normas de la Constitución que aún no se han cumplido, o paréntesis “provisorios permanentes” en sus previsiones.

El ejemplo clásico de esto último es el del Impuesto a las Ganancias. La Constitución de 1853 estableció que los impuestos directos podían sólo ser establecidos por las provincias, y que el gobierno federal, a través del Congreso, sólo podía establecer este tipo de impuestos “por tiempo determinado y proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan”. Así fue como el gobierno de facto surgido del golpe de Estado de 1930 estableció, y el gobierno democrático posterior confirmó, en 1932 el impuesto a los réditos, como un impuesto de emergencia, surgido en el marco de una recesión económica, en forma provisoria hasta diciembre de 1934. No obstante, la “provisoriedad” se fue prorrogando, hasta que en 1973 (41 años después de la creación del impuesto) el tercer gobierno de Perón le cambió el nombre al impuesto aún existente y lo institucionalizó como Impuesto a las Ganancias. La reforma constitucional de 1994 (62 años después) no modificó la previsión sobre cómo y en qué circunstancias excepcionales los impuestos directos podían ser establecidos por el gobierno federal, sino que le agregó la condición de que se coparticiparan y de que se dictara para ello una ley especial. Lo cierto es que, casi 90 años después de instituirse en forma excepcional, el Impuesto a las Ganancias sigue siendo un impuesto directo establecido por del gobierno federal, sin que esté clara su condición de excepcionalidad, y sin que exista aún un régimen de coparticipación, pese al mandato constitucional, que regule el modo en que debe transferirse lo recaudado a las provincias.

Situaciones como estas han hecho que la “caja” del gobierno federal sirva para subsidiar en forma permanente a las provincias, de manera discrecional y facilitando un sistema de disciplinamiento político en perjuicio del federalismo: un unitarismo de hecho, del que ni siquiera las provincias más ricas logran librarse del todo.

Porque el federalismo, como la libertad, supone responsabilidad. Responsabilidad fiscal, en primer lugar. Si el que pide el voto es el mismo que cobra el impuesto, deberá responder por la utilización de cada peso que cobró, si quiere que lo vuelvan a votar. Pero si quien pide el voto es un gobernador que vive del subsidio del gobierno federal, del impuesto que éste le cobra a ciudadanos de otras provincias para financiar la provincia que él gobierna, dará lo mismo en qué se utilice, se despilfarre o se robe: la responsabilidad y el costo será siempre de otro. Cuanto más depende de la caja nacional, el gobernador de la provincia se convierte en un señor feudal que, viviendo del dinero que no recauda, carece de incentivos para promover el desarrollo de su propia provincia; desarrollo que, de darse, generaría empleos que el señor feudal no podría manejar a discreción con fines electorales, quitándole una llave fundamental de su poder. Es experiencia común que la dependencia económica de la población respecto del Estado resulta ser inversamente proporcional a la responsabilidad de los gobernantes frente al electorado.

De ahí que un paso urgente para restaurar el federalismo en el país pase por cumplir con las previsiones en materia impositiva de la Constitución Nacional (reforma impositiva y ley de coparticipación mediante), para restablecer la responsabilidad fiscal de las provincias, especialmente la de las más pobres, que son las más expuestas a la manipulación del gobierno central. Pero, además, esas previsiones deben cumplirse de modo tal que favorezcan el mayor desarrollo y la mayor autonomía económica de las provincias, y no su dependencia.

Por otro lado, el estado federal debe promover concretamente el federalismo demográfico. La concentración de población en el área del Gran Buenos Aires y de otros centros urbanos importantes del interior, como el Gran Córdoba o el Gran Rosario, no son señal de pujanza sino de falta de oportunidades cuando la gente del interior prefiere ir a hacinarse en un asentamiento cerca de una gran ciudad porque no encuentra futuro en su propio pueblo.

Las posibilidades que la tecnología actual facilita para desconcentrar las ciudades y la economía deberían ser potenciadas desde el gobierno federal orientándolas a facilitar que las provincias puedan retener a sus propios pobladores, e incluso atraer nueva población desde los grandes centros urbanos, y que los pueblos del interior puedan desarrollarse para depender cada vez menos de las capitales. El capital humano es el primer recurso de las economías regionales, y la falta de políticas demográficas ha conspirado contra su desarrollo tanto como el exceso de regulaciones e impuestos.

También el federalismo debe reflejarse en el Congreso. La desproporción de la representación provincial en la Cámara de Diputados ha sido señalada por la Justicia Electoral hace casi tres años, sin que hasta ahora se hayan hecho las reformas que la corrijan. La discusión es espinosa, porque, si bien en abstracto resulta razonable una corrección que ajuste la proporcionalidad prevista en la Constitución, en concreto plantea la alternativa de ampliar aún más la cantidad de diputados nacionales con el consiguiente aumento de la burocracia (en concreto y según los números manejados por la Justicia, habría que agregar unos 66 diputados a los 257 actuales: un aumento del más del 25%), en un país que ya tiene un Estado sobredimensionado. Pero lo cierto es que nadie ha propuesto, tampoco, alternativas de ajuste que corrijan la subrepresentación provincial sin ampliar sustancialmente la cantidad de diputados, como podría ser reformar la Ley nº 22.847 (dictada por el último presidente de facto) para modificar sus parámetros
siempre de acuerdo con la Constitución.

El federalismo no es sólo un enunciado. Nuestro unitarismo fiscal y la potenciación del Gran Buenos Aires en desmedro del resto del país, casi siempre con fines electorales, perjudican no solo a las economías regionales, sino que, además, facilitan la proliferación de feudalismos que mantienen en un virtual subdesarrollo a no pocas provincias del interior, y generan un desbalance poblacional que impide la optimización del recurso humano también en materia de Justicia, salud y educación.

El federalismo no es una opción, es una necesidad real para el desarrollo de la Argentina.

Dura lex, sed lex!

El “vacunagate” del que somos testigos en estos días, y que ya venía generando polémicas antes de estallar, parece una anécdota más de un gobierno que, además de improvisado y errático (por decir lo menos), muestra que lo único en lo que progresa es en el desparpajo y la obscenidad de la corrupción. Pero el episodio, aún siendo grave, no es más que un botón de muestra de algo más complejo: lo que Luciano Román resume como la “cultura del acomodo, el ventajismo, el amiguismo mal entendido y la avivada”, un rasgo lamentablemente distintivo de la idiosincrasia argentina. Idiosincrasia que nos ha conducido a un estado general de anomia: las leyes no existen, o actuamos como si no existieran, o como si las normas existentes fueran sólo aplicables a los demás; pareciera que cada argentino se siente ubicado por encima de las leyes, tanto más cuanto más poder se tiene.

La anomia argentina nos llevó a donde estamos. Las consecuencias prácticas de este vicio social van desde incumplir normas de tránsito (para lo que siempre encontramos excusas) hasta el tráfico de influencias para conseguir una vacuna antes de tiempo (o una contratación de favor, lo mismo da), pasando por la manipulación de las normas, como si fueran un mero instrumento de poder, y la aplicación del doble estándar (“a los amigos todo, al enemigo, ni justicia”). La anomia argentina produjo golpes de estado, guerrillas fratricidas, violaciones a los derechos humanos, corrupción estructural, estados de emergencia, ruptura masiva de contratos, saqueos, clientelismo, entre muchas otras lacras, algunas de ellas ya asimiladas como normales. Las consecuencias están a la vista: una sociedad dividida por odios que no se superan, una economía con crisis crónicas, un crecimiento estancado, una dirigencia política absolutamente desprestigiada, un país en decadencia desde hace más de 70 años.

Si queremos cambiar esto, tenemos que restablecer el respeto irrestricto por la ley. Esto significa hacernos cargo de aquel aforismo latino: “Dura lex, sed lex” (“la ley es severa, pero es la ley”). Lo que se traduce, concretamente, en la aplicación igualitaria del orden jurídico: las normas son para que las respetemos todos, sin excepción. En esta subordinación de todos (ricos y pobres, fuertes y débiles) ante la ley consiste la república: las excepciones no pueden ser la coartada de los privilegios y la arbitrariedad; del mismo modo que los cuestionamientos a una ley no pueden ser el atajo para su violación en perjuicio de los demás. Sólo respetando el estado de derecho seremos un país previsible, en el que no haya privilegios para nadie, y en el que se pueda confiar para invertir a largo plazo.

Este cambio -verdadera revolución sería- no es responsabilidad de un dirigente, ni de un gobierno, ni de un grupo más o menos grande, sino de todos los argentinos. No tenemos que sentirnos individualmente eximidos: cada uno debe hacerse cargo de su parte, porque se trata de una verdadera reforma cultural necesaria para la Argentina. No solo hay que exigir el respeto por las leyes: debemos empezar por respetarlas nosotros mismos.

No obstante, es evidente que esta reforma nunca será efectiva si no es asumida por nuestra dirigencia. Esto significa que el respeto por la ley debe reclamarse, exigirse como condición indispensable en cada oportunidad, en cada foro, en cada campaña, en cada votación, de aquellos que aspiren a gobernarnos. Y esa exigencia deberá ir acompañada con la debida sanción para aquellos dirigentes, del color que sea, que no respeten la ley.

De ello depende nuestra maduración como sociedad y el país que dejaremos a nuestros hijos.

Cuando haya pasado todo

Cuando haya pasado la pandemia. Cuando haya pasado el kirchnerismo. Cuando todo esto haya pasado, la Argentina se encontrará nuevamente ante la gran oportunidad de un recomienzo. Como en tantas otras oportunidades a lo largo de su historia. Y también, como entonces, cabrá el peligro de volver a malograr una oportunidad.

¿Sabremos aprovecharla? Depende.

En primer lugar y como no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír, los argentinos tendremos que disponernos a cambiar paradigmas e idiosincrasias que nos han hecho decaer a lo largo de los últimos 90 años. No es fácil, pero tampoco imposible. Habrá que reconocer que somos ciegos y sordos, y luego querer salir de la situación en la que nos encontramos por ello.

Tomar conciencia de que estamos como estamos no por una conjura internacional o una conspiración de poderes, sino por nuestros propios vicios como sociedad: el ventajismo, que nos lleva a buscar el provecho propio a cualquier precio; la anomia, que nos hace pensar que las leyes son siempre para que las cumplan los otros; el cortoplacismo, que ha hipotecado a las generaciones futuras con los costos que conlleva buscar resultados inmediatos sin medir sus sustentabilidad; el prebendarismo, que nos hace incapaces de prosperar si no es a expensas del Estado (y, por lo tanto, a expensas del pueblo contribuyente); el complejo de superioridad, que nos lleva a exaltar como presente a una Argentina que ya no existe. Porque la Argentina educada, rica, genial, con valores, potente, líder en Latinoamérica, ya no es ni la de nuestros padres ni la de nuestros abuelos, sino que quedó empantanada hace casi un siglo, hundiéndose en un charcal de autocomplacencia.

Si queremos que el país cambie, deberemos cambiar nosotros. La fraternidad debe dejar de ser una palabra hueca, un eslogan, una coartada para intenciones inconfesables, y convertirse en una realidad entre los argentinos; el argentino que tenemos al lado, con sus virtudes y defectos, no es un enemigo, ni es alguien de quien debemos sacar provecho: es nuestro hermano y nuestro socio en la construcción de un futuro común. El respeto por el Estado de Derecho nos debe igualar a todos, en el entendimiento de que nadie, por bueno que sea, puede ponerse por encima de la ley; que ésta no debe ser la herramienta de los poderosos, sino el límite a su poder; que nuestra libertad, su ejercicio y su respeto, depende de un orden justo que la garantice. La Argentina debe retomar un proyecto común, un “sueño argentino” que inspire al más alto dirigente y hasta al último de los habitantes de este país, que aliente políticas de Estado, que sea la falsilla de largo plazo de todos proyecto particular. En ese marco, los argentinos debemos hacernos cargo, cada uno, de nuestro propio destino, de nuestro propio progreso, de la realización de nuestro propio proyecto, sin esperar que el gobierno de turno nos ayude, sin creernos con derecho a usar lo que es de todos para nuestro provecho particular, sino sintiéndonos responsables por hacer nuestro propio aporte al desarrollo del país que queremos. Solo así la Argentina podrá recomenzar; solo así, cuando haya pasado todo, podremos construir un futuro mejor.

Se suele decir que los pueblos tienen los gobernantes que merecen. Para tener mejores gobernantes, hemos de empezar por merecerlos. Esa será la verdadera revolución: la que empieza por cada uno.

¿Estamos dispuestos a iniciarla?

A prepararse...

Decir que la crisis de la pandemia se llevará puesto al gobierno nacional ya se está convirtiendo en un secreto a voces. En épocas en que está de moda hablar de sustentabilidad, cada vez es más evidente que no resulta sustentable un gobierno que parece empeñado en su autodestrucción.

Ya no es sólo el mal manejo de la crisis sanitaria del Covid, con un confinamiento que, anunciado como un modo de preparar mejor al sistema de salud para el pico de la pandemia, sólo consiguió retrasar el problema sanitario, sin siquiera disminuirlo; y, al contrario, agravando, de paso, el problema económico. A lo que debe agregarse ahora el uso político de la vacunación, en un contexto donde nadie en el mundo puede siquiera garantizar su efectividad, con la consiguiente incertidumbre acerca de cómo se enfrentará la segunda ola de contagios, que ya está causando estragos en países más preparados y serios que el nuestro.

A todo esto se suma la falta de un plan de salida: para cualquier observador independiente resulta claro que el gobierno no tiene idea de cuándo ni cómo salir del atolladero en el que ha metido al país: una recesión sin precedentes por la velocidad en que se produjo, al ritmo del aislamiento social obligatorio más largo del mundo y la degradación social que promete a las generaciones futuras la falta de escolaridad presencial durante un año. Pero también esta falta de ideas claras lleva al gobierno a moverse en forma espasmódica, emparchando, con la consiguiente generación de desconfianza y la huida de inversiones nacionales y extranjeras.

Estos manotazos se realizan, además, a costa de la palabra del propio Presidente, que hace ahora lo que prometió siempre que no haría. Como a nadie le gusta que le mientan, ni que lo manipulen, ni que lo traicionen, el gobierno se va quedando, no ya sin apoyos, sin la más mínima comprensión de los distintos sectores de la economía y de la oposición. Y este aislamiento lo perjudica aún más en su propio frente interno, en el que el kirchnerismo confirma, día a día, las presunciones más pesimistas de cuando asumieron los Fernández: el Presidente no gobierna, la agenda la impone la Vicepresidenta, y esta agenda nada tiene que ver con las necesidades del país, sino con las de Cristina Kirchner; contraste de agendas que se ve magnificado por la pandemia, al punto de parecernos que el kirchnerismo no es consciente de la gravedad del iceberg con el que chocó el Titanic en el que viajan.

No es la primera vez que el kirchnerismo genera desconcierto y desconfianza, tampoco la primera vez que se ufana de su aislamiento político, de su autoritarismo y de su anacrónica visión de la economía. El problema ahora es que, por primera vez en su historia, el kirchnerismo no tendrá fondos para disimular su impericia.

Por ello, mientras en el gobierno siguen buscando a quién echarle la culpa de sus males, los argentinos de bien tenemos que prepararnos para el día después...