El ganador inesperado

Reconozcámoslo: no es imposible, pero sí muy difícil que Javier Milei pierda las elecciones presidenciales. Más aún: dentro de un mes quizás estemos discutiendo si gana o no en primera vuelta ¿No es eso lo que tiene tan nerviosos a todos?

Ya he sabido de muchas personas que votaron el 13 de agosto a Patricia Bulrich solo para que Horacio Rodríguez Larreta perdiera la interna, pero que van a votar por Milei el 22 de octubre. También están los que deciden su voto en función de su utilidad para derrotar al kirchnerismo; ¿cuántos votantes de Juntos por el Cambio en las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) estarán considerando por estas horas que, si Milei tiene más posibilidades, convendría votarlo a él en las generales?

En medio de la maratón de especulaciones largada a partir de la victoria de Milei en las primarias, hay una que dice que, no habiendo votado un 30% por ciento del padrón, esos votos (unos diez millones de votos) estarían disponibles y podrían dar vuelta la elección en las generales. Pero esta hipótesis prescinde del hecho de que normalmente en una elección hay un 20% del padrón que no vota (muertos, enfermos, ancianos, viajeros y un largo etc.). Por lo que los votos ausentes de las PASO que realmente podrían ir a votar en las generales no llega a los tres millones y medio ¿Y cuántos de esos son gente que “vota a ganador” (siempre los hay)? ¿Cuántos que, partidarios de Milei, dieron por descontado que entraba a la general y se abstuvieron de votar en las PASO? ¿Cuántos desencantados de la política, que no votaron en las primarias, serán seducidos por Milei en los próximos dos meses?

No hace falta tener una gran imaginación conspirativa para pensar que en el cuarto oscuro se hicieron desaparecer boletas de La Libertad Avanza. En las redes hay centenares de denuncias al respecto, y todos los que alguna vez estuvimos en el control de un comicio sabemos que eso existe y es muy difícil de combatir si no se tiene una estructura de fiscalización suficiente. Estructura que, además, sirve para cuidar los votos en el escrutinio, momento en el que la desesperación remueve las convicciones republicanas del más demócrata de los fiscales, que termina mirando para otro lado si los votos que se pierden son los del contrario ¿Cuántos votos le costó a Milei la falta de fiscales? ¿Cuántos sumará para cuidar mejor las elecciones del 22 de octubre?

Es cierto que todo es posible y que la elección ha sido casi de tercios. Pero nadie puede llamarse a engaño: ese “casi” significa que hubo un candidato que sacó más votos individualmente que los demás, sin hacer interna, que era “punto” y se convirtió en “banca”, al que las primeras encuestas post PASO ya le están dando un 37%, y al que le va a resultar, en el curso de las próximas siete semanas, más fácil sumar votos y retener electorado que a sus contrincantes. Milei sólo depende de sí mismo. Sus adversarios, que en las primeras semanas parecieron haberse quedado atontados y sin discurso, necesitan crecer a expensas de él ¿Cómo podrían hacerlo?

El periodismo tiene su propio papel en el éxito de Milei. Es habitual y lógico que los periodistas (y los medios, en general) tengan sus preferencias políticas: que haya oficialistas y opositores. Estas preferencias siempre se transparentan en el nivel de complacencia / hostilidad con que cada periodista (o cada medio, reitero) trata a tal o cual candidato. Pero pocas veces como en esta campaña para las primarias recuerdo haber visto a periodistas opositores, incluso de los más serios, cuestionarle a Milei con vehemencia lo que pasaban por alto a los candidatos de Juntos por el Cambio (en particular a Rodríguez Larreta). Pero este punto da para un artículo por separado.

Lo cierto es que el favoritismo de los medios opositores por Bullrich, y la consecuente impugnación a Milei, es cada vez más evidente ¿Por qué reaccionan así los medios no oficialistas? ¿Porque no lo vieron venir? ¿Porque la agenda del electorado resultó no ser la misma que la del “círculo rojo”? ¿Porque hay influencers que demostraron ser más influyentes que los formadores de opinión? ¿Porque, al final, los simulacros de votación de Crónica fueron más precisos que las encuestadoras?

Sería bueno que quienes, desde los partidos o los medios, impulsan o se suman a la campaña del miedo (del miedo a Milei) recordaran que ese tipo de estrategias nunca funcionó. Por el contrario, siempre resultaron contraproducentes: desde aquella patética campaña de Angeloz en la que se pretendía equiparar al entonces casi desconocido Menem con lo peor del peronismo, hasta la de Scioli en la segunda vuelta de 2015, en la que todo el argumento era: “ese cambio, no”. Las campañas del miedo son demostración de la falta de mejores argumentos. Y los resultados de Milei, mal que les pese a quienes insisten en hablar de un “voto bronca”, demuestran que el electorado está empezando a buscar, no simplemente un cambio de caras, sino un cambio de argumentos ¿El miedo puede ser un buen argumento?

Porque lo que todos parecen pasar por alto es que, desde que La Libertad Avanza presentó su plataforma, oficialistas y opositores se dedicaron a hablar de por qué esa plataforma era mala o, en el mejor de los casos, inviable. Pero nadie presentó alternativas concretas. Entonces, todos hablaron de la plataforma de Milei, sin hablar de la propia plataforma. Sin proponérselo y con su vacío de propuestas, le hicieron la campaña a Milei.

El problema no son las ideas, ni la cordura, ni los candidatos de Milei. El problema es convencer al electorado de que se tienen mejores ideas, mayor racionalidad o candidatos mejores. La decadencia actual de nuestra dirigencia política hace dudar seriamente de que alguien pueda, a esta altura, dar respuesta cabal a esas necesidades y mejorar la oferta.

En definitiva y si la gente se convence de que debe votar al mal menor, ¿habrá algo menos malo que Milei?

¿Renovación o más de lo mismo?

La irrupción de Javier Milei en la política tiene aspectos positivos y no tanto.

Es positivo, si su discurso contra la “casta” política es la impugnación de la enorme mayoría de políticos que administran y gobiernan en función de su propio beneficio y de la conservación del poder. Habría que ver si la “casta” toma nota.

No sería el caso, en cambio, si todo terminara en un nuevo “que se vayan todos”, para que los nuevos que vengan sigan medrando con el poder como lo hacían los anteriores.

Es positivo que ser liberal deje de ser un insulto, y que el liberalismo se ha vuelto popular entre las franjas etarias más jóvenes. Reivindicar la iniciativa privada como motor de la economía, revalorizar la economía de mercado, o proponer una reforma del Estado, dejan de ser patrimonio del Coloquio de Idea, y se convierten en consignas que vociferan chicos de edad universitaria en Tik Tok.

Pero, ojo: como toda ideología, el liberalismo tiene su “lado oscuro”. Si fuera la coartada para promover un individualismo egoísta y despersonalizado, la de los libertarios se convertiría en una cruzada tan inhumana y perniciosa como la del trotskismo, solo distinguible por el signo.

Es positivo que haya quien reivindique una agenda verdaderamente contracultural, que cuestione la legalización del aborto, la ideología de género, la reingeniería social, o la ingerencia del Estado como comisario de la moral “progre” en la vida privada de las personas. Estos cuestionamientos dejan a muchos políticos y comunicadores en evidencia como defensores de una agenda que es ajena y lejana para el electorado peatón: la inflación o la inseguridad resultan más urgentes que las “nuevas masculinidades” o la “invisibilización de minorías”.

La pregunta es saber hasta dónde Milei está dispuesto a ser inflexible y qué es lo que está dispuesto a negociar, llegado el caso.

Los dogmatismos (de izquierda o derecha) se pagan caro en política: el rival también juega. Descalificar hasta la cancelación al adversario siempre ha sido una especialidad de la izquierda y, en su propia frecuencia, del peronismo. Así estamos.

Pero el fundamentalismo ideológico no es patrimonio de nadie, y nadie está vacunado contra él.

¿Se habrá dado cuenta Milei, en su recorrido político, que con la sola teoría no se va a ningún lado, que hace falta entender qué es lo importante y qué lo que se puede ceder; que tener principios no nos habilita a tirárselos por la cabeza al adversario, que “lo cortés no quita lo valiente”?

No sea que, en lugar de una renovación, termine siendo más de lo mismo. No sea que se convierta en una oportunidad de cambio perdida. Otra más.

 

Hace un año...

Hace un año, el progresismo conseguía su victoria soñada en el Congreso: la legalización del aborto. Y lo festejaba como un avance. Se tomaba revancha de la derrota de 2018. No le importó que no fuera prioritario, ni que la mayoría de la opinión pública estuviera en contra. Lo importante era imponer el dogma de que “el aborto es un derecho”; como si fuera justo decidir sobre la vida de los demás.

Hace un año, cada argentino que nace es un sobreviviente de un sistema que afirma que nadie es ser humano si su existencia no es deseada, o significa una carga, o puede ser interpretada como inconveniente, o alguien (no necesariamente la madre, también el entorno o la sociedad que la presiona) decide, por la razón que sea, que se trata de una vida que no debe o no merece ser vivida.

Hace un año, un presidente que nada tenía, ni tiene hasta ahora, para legar se asumía, con esa ambigüedad que lo caracteriza y que bascula entre la ignorancia y el cinismo, como un “católico que está a favor del aborto”.

Hace un año, el electorado que se auto considera provida y que había votado por las distintas opciones mayoritarias se dio cuenta de lo que había votado al votar “en contra de...”.

Hace un año, el Congreso decidió que la Constitución no defiende la vida sino en la medida en que le conviene a quien quiera abortar o hacer abortar. Que era más urgente, en un país que se hunde en una de sus peores crisis económicas y sanitarias, legalizar la eliminación sistemática de vidas humanas, para que a los diputados y sus hijas la obra social o la prepaga les cubran el aborto.

Hace un año, quedó claro que, para muchos, los derechos humanos son solo una consigna manipulable en función de las propias necesidades políticas, y que nada tienen que ver con derechos objetivos, ni siquiera con el primero de ellos: la vida humana.

Hace un año, vivimos en un país más inhumano y cruel. En el que ahora, los mismos que desprecian la vida naciente cuando la consideran descartable, van por la vida de los que se convierten en una carga, con el proyecto de legalización de la eutanasia. Siguen, así, el manual de procedimientos del progresismo en todos lados, sin importarles las consecuencias que ya son visibles en todos aquellos países donde se legalizaron estos crímenes; países donde ya es una realidad la revisión de todas esas prácticas. 

Hace un año empezó otra lucha: la de reponer el respeto irrestricto por la vida humana, el de devolverle humanidad a una Argentina que parece condenada a la decadencia.

Una lucha que vale la pena.

La justicia social, esa coartada...

“Libertad, igualdad, fraternidad”. Es el lema de la Revolución Francesa. Pero, además, es el resumen de los valores fundantes de la democracia moderna, tal y como la entendemos desde hace 250 años. No quiere decir que hayan nacido esos valores entonces; por el contrario, son valores incomprensibles sin los veinte siglos anteriores de cultura grecorromana y judeocristiana. Podría decirse que son el fruto, cuajado en tiempos de las “nuevas ideas”, de siglos de evolución. No podemos decir que sean la última palabra, porque la historia humana demuestra que siempre estaremos lejos de la perfección a la que aspiramos, pero sí se puede afirmar que representan un escalón del que no podemos bajarnos sin riesgo de retroceder, de involucionar.

Después de referirnos a la fraternidad y la libertad, queda hacer una reflexión acerca de la igualdad. Pocos valores tienen tanta prensa como este en los últimos años: la promoción de la igualdad se ha esgrimido como justificación de innumerables movimientos sociales que aspiran, o dicen aspirar, en última instancia a una mayor justicia. Porque la relación entre igualdad y justicia es esencial: no puede entenderse una sin la otra. Por aquello que los griegos enseñaban, y los romanos procuraban poner en práctica, de que lo justo es lo igual, según determinado tipo de igualdad. Quizás en la dificultad para entender este último punto, la distinción de los tipos de igualdad, residan muchas de las confusiones modernas en materia política: al olvidar que existe una igualdad aritmética, que supone dar a cada uno lo mismo, distinta de otra igualdad geomética, que implica dar a cada uno según su mérito, terminamos queriendo igualar cosas que no pueden ser iguales y, paradójicamente, discriminando allí donde no debe haber distinciones.

Pero hoy detengámonos en una confusión muy actual en nuestro país: la referida a la justicia social, que es aquella que busca la igualdad en orden al bien común. Ambos conceptos, inasibles para el liberalismo político y económico cuando se lo convierte en una ideología atada al individualismo, también resultan confusos hoy por hoy al haber sido manipulados por el socialismo y la izquierda en general, y aquí, en la Argentina, especialmente por el peronismo (que no por nada adoptó institucionalmente el nombre de “justicialismo”).

El peronismo se ha caracterizado, a lo largo de sus casi 80 años de historia, por afirmar que promueve la justicia social. Digo afirmar que promueve, porque los hechos distan, con demasiada frecuencia, de tales afirmaciones: la corrupción en los sucesivos gobiernos peronistas ha sido proverbial en nuestro país, superando con creces la de los restantes gobiernos civiles y militares (que también existió). Y pocas cosas pueden ser tan injustas como que los gobernantes se enriquezcan ilícitamente en el poder, porque siempre será a expensas de los impuestos que paga todo el pueblo, ricos y pobres, fuertes y débiles, siendo estos últimos los que suelen sufrir las peores consecuencias. Pero aún más injusto es que esa corrupción se haya dado en un marco de políticas económicas que, lejos de promover la prosperidad material de la Argentina, han conducido a una cada vez más marcada decadencia, justamente durante las mismas décadas en que la “justicia social” se convirtió en una verdadera política de Estado.

En efecto y desde que, de la mano de Perón, se convirtiera en la razón legitimadora del golpe del '43, la justicia social fue caballito de batalla de todos los gobiernos que le sucedieron, democráticos o no, de un signo u otro. En las últimas ocho décadas, casi nadie se atrevió, por ignorancia o por conveniencia, a cuestionarle al peronismo su noción de justicia social, tal y como se la apropió esa facción.

La justicia social tiene que ver, sí, con las exigencias éticas que impone, para los particulares, las organizaciones intermedias y el Estado, la realización del bien común, entendido como el conjunto de condiciones que permita a cada uno de los miembros de una sociedad determinada alcanzar su realización personal.

La justicia social tiene que ver con generar condiciones económicas que permitan el progreso material de todos; y no con quitarle a unos para darle a otros. La justicia social supone combatir los impedimentos para el acceso a bienes elementales como la salud, la educación, el empleo; pero no puede ser la coartada para que esos bienes sean monopolizados y administrados discrecionalmente por el Estado. Así como no hay justicia social si impera el puro individualismo, origen de tantas desigualdades, tampoco hay justicia social si no se respetan los bienes individuales indispensables para la realización de cada persona: la vida, la libertad, la propiedad privada.

Abel Albino tiene una observación genial, que generalmente se pasa por alto: creemos que “los pobres” son gente igual a la de clase media o alta, pero “sin plata”; por eso, nuestros gobiernos se esfuerzan en repartirla como si con eso se combatiera la pobreza y se hiciera “justicia social”. Pero como la pobreza es más que la falta de dinero, los recursos que estos gobiernos “justicieros” de distinto signo utilizan para combatirla no resultan eficientes: a la parte que se lleva la corrupción de los intermediarios, debe agregarse que la falta de una correcta nutrición, de educación, de cultura del trabajo, de una familia estable, de un ambiente social favorable y de una cantidad de bienes intangibles cuya carencia constituye una pobreza mayor que la falta de dinero, hace que muchos de los beneficiarios, cada vez más, no sepan cómo utilizar provechosamente lo que se les da y, en lugar de ser palanca que los saque de la pobreza, se convierte en medio para hundirlos más en ella, con el agravante de las adicciones, la violencia y el crimen.

Justamente por tratarse de una exigencia ética, la justicia social puede vivirse y promoverse, proponerse como una meta, pero no imponerse coactivamente, porque en ese mismo momento se estará faltando a la justicia. Por eso resulta urgente una suerte de cambio de paradigma: la justicia social nada tiene que ver con repartir dinero (o cosas). La justicia social supone, primero, un compromiso ético personal, individual, de cada miembro de la sociedad; la justicia social supone también el respeto de la libertad, porque solo las personas libres pueden realizarse practicando la justicia con sus semejantes; la justicia social constituye una meta que nunca podrá ser definitivamente alcanzada, en la que siempre podremos mejorar y que, como tal, exige un constante ejercicio de promoción que la convierta en objetivo de cada agente personal, corporativo o estatal de la sociedad.

Parafraseando al proverbio chino, la justicia social consiste en enseñar a pescar para dejar de tener hambre, en facilitar las condiciones para que todos, no solo estos o solo aquellos, progresen de verdad como personas.

El precio de la libertad

La renovación de las restricciones de actividad pública y de reuniones privadas con fundamento en la pretendida preservación del sistema de saludo frente al aumento repentino de contagios por la pandemia del Covid-19, ha renovado el debate en torno de la libertad ciudadana, su respeto y sus condicionamientos.

La libertad es uno de los bienes originales más preciados del hombre, junto con la vida. Convertidas en derechos en su relación con los demás hombres, el equilibrio entre las vidas y las libertades de los ciudadanos resulta la materia más delicada de cualquier agenda de gobierno en orden a dictar las normas que rigen una determinada sociedad. Lo vemos en debates públicos como el del aborto, la inseguridad, la libertad de expresión y de información, etc. También, como dijimos, en torno a las medidas que los distintos países, y la Argentina en particular, han tomado para enfrentar los desafíos de la pandemia que nos aqueja desde hace ya más de un año.

¿Cuál es el precio que la libertad debe pagar para salvar vidas humanas? ¿Hasta dónde es posible restringir la libertad sin comprometer, a largo plazo, la misma vida? El enfoque para contestar a estas preguntas y otras similares, lamentablemente, suele ser ideológico y superficial, no pasando de la repetición de fórmulas y lugares comunes, cuando no de la adopción de simples posturas de conveniencia para el momento. Así, resulta que quienes son partidarios de la libertad cuando les resulta cómodo, se vuelven enemigos de ella cuando los compromete; y no es raro encontrar quienes reclaman la propia libertad al tiempo que se la niegan a sus adversarios. 

Desde chico he escuchado la contraposición de la libertad (buena) al libertinaje (malo). Pero me llevó un tiempo entender cuándo estábamos frente a la una o al otro. Fundamentalmente, porque, como veíamos, tendemos a calificar de libertinaje a aquella libertad que nos molesta y que no queremos reconocer.

Pero el punto de división entre libertad y libertinaje es el precio de la libertad: la responsabilidad. Porque somos libres, respondemos por las consecuencias del uso de esa libertad. Si no nos quisiéramos hacer cargo de ellas, caeríamos en el libertinaje. Porque somos libres, somos responsables; y porque somos responsables, somos realmente libres: los animales no responden por sus actos; ellos siguen un instinto, carecen de una voluntad libre que les permita contradecirlo, pasar por encima de él. Los animales, por salvajes que sean, viven condicionados en forma absoluta por su naturaleza. Sólo el hombre puede contradecirla, obrar el mal.

Este precio de la libertad supone, en primer lugar, hacernos cargo de las consecuencias de nuestro propio obrar. Por lo general tendemos a pretender lo contrario: queremos libertad para hacer algo en particular, pero rechazamos las consecuencias de ello. Un ejemplo clásico es el de la llamada revolución sexual: a todos nos fascina usar de nuestra sexualidad según el deseo del momento... siempre y cuando no tenga consecuencias; pero siempre las tiene, aunque no nos lo parezca; por eso buscamos perfeccionar los medios para prevenirlas, y cuando no lo conseguimos, tendemos a buscar eliminarlas. Nos divierte la promiscuidad sexual, pero no nos queremos hacer cargo de unas consecuencias que siempre son previsibles: el embarazo no buscado, las enfermedades de transmisión sexual, los estragos del egoísmo en las relaciones humanas, la manipulación de las personas como si fueran objeto de nuestra personal satisfacción, la proliferación de ataques sexuales y de casos de pedofilia, la soledad y la depresión, el abandono, las adicciones, y una larga lista de consecuencias del uso irresponsable de la sexualidad, pretendidamente libre, pero que prescinde del compromiso, de la empatía y, en definitiva, del amor.

Siempre podemos elegir, libremente, entre el camino que nos lleva al oasis o al precipicio. Podemos equivocarnos, ciertamente, en la elección. Y siempre podemos rectificar, por lo menos hasta que la muerte nos quite esa posibilidad. Lo que no podemos es culpar al precipicio por nuestra caída.

Pero el precio de la libertad también se paga en los otros. Defender la propia libertad supone defender la de los demás, con el implícito riesgo de que los demás no obren, en uso de esa libertad, como nos gustaría o como consideramos mejor. En ejercicio de la libertad de expresión se puede denunciar el mal que los poderosos pretenden ocultar, pero también se puede calumniar al inocente; se puede hacer legítima difusión de las propias ideas, pero también se puede agredir al que piensa distinto. Como un cuchillo, la libertad de expresión sirve tanto para cortar el pan como para apuñalar al otro.

Respetar la libertad del otro pasa, necesariamente, por tolerar que el otro se equivoque u obre mal. Cuando ese mal obrar se traduce en una injusticia, interviene el orden jurídico, que busca restablecer el orden de la justicia. Pero no pocas veces este objetivo se convierte en coartada de los poderosos para recortar la libertad que le resulta incómoda. En esta tensión, el extremo es el totalitarismo, en el que ya no se legisla y gobierna para restablecer la justicia, sino para prevenir que los ciudadanos piensen de una determinada manera. Totalitarismo del que no están exentas nuestras sociedades democráticas occidentales, si se tienen en cuenta, por ejemplo, la multitud de normas orientadas a imponer determinados lineamientos ideológicos en la educación y a sancionar a quienes no adhieran a esos contenidos o enseñen a cuestionarlos. Occidente viene jactándose desde hace tres siglos de haber descubierto la importancia de la defensa de la libertad de pensamiento frente a los siglos previos de oscurantismo, en los que se imponía el dogma religioso. Paradójicamente, esta jactancia llevó a reemplazar a la religión por la ideología, y al dogma por el principio a priori, pero la censura y las persecuciones persistieron, aun impulsadas por quienes se ufanaron de defender la libertad, como recuerdan las últimas palabras de Madame Roland, revolucionaria guillotinada en tiempos del “Terror”: “¡Oh, Libertad!, ¡cuántos crímenes se cometen en tu nombre!”. Aún hoy abundan quienes, autotitulándose “tolerantes” y partidarios de la tolerancia invitan a quienes disienten con ellos, con más o menos coherción, al silencio, la catacumba o el cadalso.

En síntesis, el precio de la libertad es bancarse las consecuencias. Es muy sencillo defender la propia libertad a expensas de la libertad ajena: todo se resuelve en una cuestión de poder; quien tiene el suficiente para imponer determinado parecer será libre de hacerlo, mientras que el que lo contradiga será perseguido y carecerá de libertad alguna para disentir. Claro que esto no resulta coherente; más bien es expresión del cinismo que hoy calificamos de doble estándar. Al defender realmente la libertad, el desafío es estar dispuesto a soportar que otros la usen para decir, opinar, sostener, expresar o ejecutar ideas diversas, y hasta opuestas, a las propias. Y esto en el entendimiento de que la defensa de la libertad ajena repercute positivamente en el ejercicio de la propia libertad.

Y, para bancarse las consecuencias, hay que hacerse cargo de la propia responsabilidad, actitud que es propia de la madurez. El “progresismo” (la “Matrix” cultural en la que estamos inmersos, según imagen utilizada por el escritor Juan Manuel de Prada) no entiende esto: pretende alcanzar la mayor libertad sin responder por las consecuencias; por eso puede decirse que la del progresismo es una actitud inmadura, adolescente. Es notable como, al entender a la libertad como una pura indeterminación, como si diera igual obrar en un sentido u otro, las consecuencias negativas de nuestro obrar tienden a ser atribuidas, como hacen los adolescentes, a los demás, a las conspiraciones, al destino, a Dios o a la mala suerte: nunca al error propio, nunca a la mala decisión propia, nunca a nuestro mal obrar. Sin proponérselo, le cabe a esa actitud “progre”, aquel remate de Mafalda frente a los escandalizados: no es el acabose, “es el continuose del empezose de ustedes”. 

Las discusiones acerca de la libertad en la Argentina durarán lo que los argentinos tardemos en asumir, personal y colectivamente, nuestras responsabilidades, y en aceptar su precio. Porque para ser realmente libres hay que madurar, aceptar el disenso de la libertad de los demás, y hacernos cargo de lo que hicimos mal, para corregir, para asumir personalmente que el futuro, el de cada uno y el de todos, depende, no del destino, del azar o de la buena voluntad de otros, sino de nuestro propio esfuerzo por construirlo. Puede parecernos un desafío inoportuno en tiempos de Covid y kirchnerismo; sin embargo y si lo pensamos un poco, el desafío es absolutamente actual... y urgente.

La maldita grieta

Es universalmente conocida aquella fábula de Esopo en la que los ratones de una casa, cansados de las acechanzas del gato, deliberan acerca de cómo ocuparse de él para poder salir a buscar comida. Uno de los ratones propone la idea genial: ponerle un cascabel al gato para que su ruido los alerte y evite los furtivos ataques del felino. Todos los ratones festejaban la idea, hasta que uno preguntó: “¿quién le va a poner el cascabel al gato?”. La moraleja es que toda gran idea es más fácil de formular que de llevar a cabo.

Se aplica perfectamente esta fábula a las declamaciones de nuestros políticos acerca de cerrar la grieta: es fácil proponer aquello que todos sabemos necesario. La “grieta” de la que hablamos en la Argentina desde hace más de una década no es una mera discrepancia de opiniones, de métodos o de proyectos: se trata de la descalificación de la posición contraria, generalmente sin matices, en ejercicio de una dialéctica irreconciliable sobre la que no puede construirse nada, y que tiene como consecuencia el estancamiento del país, toda vez que cualquier proyecto común requiere, si no de un total consenso, por lo menos de un ánimo de diálogo que reconozca en quien no piensa como nosotros la legítima intención de sacar adelante a la Argentina. Difícilmente pueda recrearse este ambiente de diálogo, esta discusión civilizada, si unos desconfían y descalifican sistemáticamente a los otros como oligarcas, corruptos, “gorilas”, “peronchos”, vendepatrias, autoritarios, y un largo etcétera.

Todos coincidimos en que hay que cerrar la grieta, pero ¿quién le pondrá el cascabel al gato?, ¿quién tomará la iniciativa?, ¿quién se abstendrá de contestar la descalificación del otro?, ¿quién será capaz de ponerse por encima de la grieta para reconocer en el otro a un argentino que, aunque consideremos que está fatalmente equivocado, puede querer de buena fe el bien del país. 

Quizás la grieta sea un vicio de época. La proliferación de las redes sociales y la magnificación que en ellas encuentra todo tipo de opiniones, además de la facilidad con la que a través de ellas puede mentirse, tirar la piedra y esconder la mano, atacar anónimamente, y denigrar con o sin argumento, ha generado, no solo aquí, sino en todo el mundo un ambiente en el que la agresión masiva se ha vuelto relativamente sencilla, asequible a cualquier individuo o grupo, y las consecuencias se ven tan potenciadas como el alcance universal de Internet. Y esto vale tanto para el estallido de escándalos, como para la organización de movilizaciones populares, la cultura de la cancelación, o la instalación de dogmas de corrección política: no hacen falta ya los argumentos, basta con la descalificación, el hashtag apropiado y el resto lo hace la voluntad de no escuchar ni atender sino a lo que se quiere.

Lamentablemente y si bien el vicio no distingue ideologías, algunas hacen una verdadera instrumentalización del odio. Especialmente la izquierda: el marxismo exige enfrentamiento dialéctico, y éste no es posible sin el odio al contrario: el diálogo y la tolerancia son prejuicios burgueses. La grieta es funcional a todo discurso que se base su poder en este enfrentamiento. Por eso es impensable que la grieta termine mientras el kirchnerismo gobierne: éste necesita del enfrentamiento antipatria-patria, oligarquía-pueblo, ricos-pobres, ellos-nosotros, y ya ha demostrado que sus cultores no reparan ni siquiera en incoherencias y contradicciones para sostener estas dicotomías. Es imposible que un gobierno kirchnerista (y eso es lo que actualmente tenemos en la Argentina) le ponga el cascabel al gato. Por este motivo resulta tan irritante observar a funcionarios, dirigentes e “intelectuales” kirchneristas hablar del odio de quienes los contradicen, cuando los hechos demuestran, no sólo que ellos son expertos en odiar y fomentar el odio, sino que parecen sentirse cínicamente cómodos en ese ambiente de división.

De la divisa revolucionaria “libertad, igualdad, fraternidad”, la libertad siempre ha sido asociada al liberalismo y la igualdad a la socialdemocracia. Pero ninguna ideología parece haber hecho suya la necesaria fraternidad, sin la cual la libertad se convierte en la coartada de la desaprensión individualista, y la igualdad en la excusa del autoritarismo. Sin embargo, es en la fraternidad donde se encuentra la clave para superar la grieta: entender que el otro es mi hermano, aunque esté equivocado, y que, como tal, merece respeto; y que ese respeto se traduce en escucharlo, en no agredirlo, en tratarlo cordialmente más allá de las diferencias, por graves y profundas que estas sean.

Es cierto: es difícil ponerle “ese” cascabel al gato. Más fácil es victimizarse y señalar al otro como culpable de la grieta. Pero alguien debe correr el riesgo de pasar por ingenuo, o por tonto, y dejar de contestar el odio con más odio. Sólo creciendo en fraternidad, sólo superando y pasando por alto la obcecación de quienes sostienen por conveniencia la grieta, puede recrearse el clima social que permita la construcción de consensos, de políticas de estado, de un proyecto común de país. Proyecto común que no implica que todos sostengamos las mismas posiciones en todos los temas, pero sí que todos reconozcamos en el otro la voluntad sincera de construir un país mejor.

Sólo así aprenderemos a criticar sin agredir al criticado, a disentir sin odiar al que disiente con nosotros, a buscar ese proyecto común de buena fe, y superar de una vez por todas la maldita grieta.

La necesaria reconstrucción del federalismo argentino

Vivimos en un estado formalmente federal, pero unitario de hecho. Al contemplar el panorama de tantas provincias argentinas, sobre todo de las más pobres, resulta evidente que muchas de ellas dependen económicamente para su funcionamiento casi en forma exclusiva de la ayuda del gobierno nacional. Esto se ha visto agravado a lo largo de los años por normas de la Constitución que aún no se han cumplido, o paréntesis “provisorios permanentes” en sus previsiones.

El ejemplo clásico de esto último es el del Impuesto a las Ganancias. La Constitución de 1853 estableció que los impuestos directos podían sólo ser establecidos por las provincias, y que el gobierno federal, a través del Congreso, sólo podía establecer este tipo de impuestos “por tiempo determinado y proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan”. Así fue como el gobierno de facto surgido del golpe de Estado de 1930 estableció, y el gobierno democrático posterior confirmó, en 1932 el impuesto a los réditos, como un impuesto de emergencia, surgido en el marco de una recesión económica, en forma provisoria hasta diciembre de 1934. No obstante, la “provisoriedad” se fue prorrogando, hasta que en 1973 (41 años después de la creación del impuesto) el tercer gobierno de Perón le cambió el nombre al impuesto aún existente y lo institucionalizó como Impuesto a las Ganancias. La reforma constitucional de 1994 (62 años después) no modificó la previsión sobre cómo y en qué circunstancias excepcionales los impuestos directos podían ser establecidos por el gobierno federal, sino que le agregó la condición de que se coparticiparan y de que se dictara para ello una ley especial. Lo cierto es que, casi 90 años después de instituirse en forma excepcional, el Impuesto a las Ganancias sigue siendo un impuesto directo establecido por del gobierno federal, sin que esté clara su condición de excepcionalidad, y sin que exista aún un régimen de coparticipación, pese al mandato constitucional, que regule el modo en que debe transferirse lo recaudado a las provincias.

Situaciones como estas han hecho que la “caja” del gobierno federal sirva para subsidiar en forma permanente a las provincias, de manera discrecional y facilitando un sistema de disciplinamiento político en perjuicio del federalismo: un unitarismo de hecho, del que ni siquiera las provincias más ricas logran librarse del todo.

Porque el federalismo, como la libertad, supone responsabilidad. Responsabilidad fiscal, en primer lugar. Si el que pide el voto es el mismo que cobra el impuesto, deberá responder por la utilización de cada peso que cobró, si quiere que lo vuelvan a votar. Pero si quien pide el voto es un gobernador que vive del subsidio del gobierno federal, del impuesto que éste le cobra a ciudadanos de otras provincias para financiar la provincia que él gobierna, dará lo mismo en qué se utilice, se despilfarre o se robe: la responsabilidad y el costo será siempre de otro. Cuanto más depende de la caja nacional, el gobernador de la provincia se convierte en un señor feudal que, viviendo del dinero que no recauda, carece de incentivos para promover el desarrollo de su propia provincia; desarrollo que, de darse, generaría empleos que el señor feudal no podría manejar a discreción con fines electorales, quitándole una llave fundamental de su poder. Es experiencia común que la dependencia económica de la población respecto del Estado resulta ser inversamente proporcional a la responsabilidad de los gobernantes frente al electorado.

De ahí que un paso urgente para restaurar el federalismo en el país pase por cumplir con las previsiones en materia impositiva de la Constitución Nacional (reforma impositiva y ley de coparticipación mediante), para restablecer la responsabilidad fiscal de las provincias, especialmente la de las más pobres, que son las más expuestas a la manipulación del gobierno central. Pero, además, esas previsiones deben cumplirse de modo tal que favorezcan el mayor desarrollo y la mayor autonomía económica de las provincias, y no su dependencia.

Por otro lado, el estado federal debe promover concretamente el federalismo demográfico. La concentración de población en el área del Gran Buenos Aires y de otros centros urbanos importantes del interior, como el Gran Córdoba o el Gran Rosario, no son señal de pujanza sino de falta de oportunidades cuando la gente del interior prefiere ir a hacinarse en un asentamiento cerca de una gran ciudad porque no encuentra futuro en su propio pueblo.

Las posibilidades que la tecnología actual facilita para desconcentrar las ciudades y la economía deberían ser potenciadas desde el gobierno federal orientándolas a facilitar que las provincias puedan retener a sus propios pobladores, e incluso atraer nueva población desde los grandes centros urbanos, y que los pueblos del interior puedan desarrollarse para depender cada vez menos de las capitales. El capital humano es el primer recurso de las economías regionales, y la falta de políticas demográficas ha conspirado contra su desarrollo tanto como el exceso de regulaciones e impuestos.

También el federalismo debe reflejarse en el Congreso. La desproporción de la representación provincial en la Cámara de Diputados ha sido señalada por la Justicia Electoral hace casi tres años, sin que hasta ahora se hayan hecho las reformas que la corrijan. La discusión es espinosa, porque, si bien en abstracto resulta razonable una corrección que ajuste la proporcionalidad prevista en la Constitución, en concreto plantea la alternativa de ampliar aún más la cantidad de diputados nacionales con el consiguiente aumento de la burocracia (en concreto y según los números manejados por la Justicia, habría que agregar unos 66 diputados a los 257 actuales: un aumento del más del 25%), en un país que ya tiene un Estado sobredimensionado. Pero lo cierto es que nadie ha propuesto, tampoco, alternativas de ajuste que corrijan la subrepresentación provincial sin ampliar sustancialmente la cantidad de diputados, como podría ser reformar la Ley nº 22.847 (dictada por el último presidente de facto) para modificar sus parámetros
siempre de acuerdo con la Constitución.

El federalismo no es sólo un enunciado. Nuestro unitarismo fiscal y la potenciación del Gran Buenos Aires en desmedro del resto del país, casi siempre con fines electorales, perjudican no solo a las economías regionales, sino que, además, facilitan la proliferación de feudalismos que mantienen en un virtual subdesarrollo a no pocas provincias del interior, y generan un desbalance poblacional que impide la optimización del recurso humano también en materia de Justicia, salud y educación.

El federalismo no es una opción, es una necesidad real para el desarrollo de la Argentina.