El primero le reprocha el tan mentado "gradualismo", la falta de decisión para llevar adelante medidas impopulares (pero necesarias), el mantenimiento de un alto gasto público para subsidiar la economía. Los planes sociales -esto es, el mantenimiento a expensas del Estado de personas particulares sin contraprestación de parte de ellas-, lejos de reducirse, se han ampliado, en virtud de que el gobierno anterior, pese a ser proclamadamente "nacional y popular", retaceaba su pago para disciplinar a los llamados "movimientos sociales"; terminada la voluntad política de tal disciplinamiento, el actual gobierno simplemente cumple con lo ya reglamentado, pero sin cuidarse de que los mismos movimientos que deben su subsistencia a dichos planes sociales están compuestos en su inmensa mayoría de opositores militantes. Esto ha llevado a que algunos de los "dirigentes sociales" hasta se den el lujo de reconocer que el gobierno actual les pasa más dinero, y que esperan que fracase políticamente; es decir: el gobierno. En síntesis: el gobierno no solo financia a su propia oposición, sino que financia a aquella parte de la oposición que reconoce estar trabajando para el fracaso del gobierno.
A esta ingenuidad -¿se la podrá llamar así?- se suma el hecho de que mantener el gasto público en los niveles actuales exige un esfuerzo fiscal que no permite bajar impuestos como se prometiera en campaña. Lo que conduce a la crítica de los analistas económicos más liberales, quienes, aún reconociendo un progreso por parte de la actual administración en cuanto a la apertura de la economía, ya acuñaron el término "PROpulismo" para definir a la política económica oficial, que parece no estar dispuesta a terminar definitivamente con el crecimiento indefinido del gasto público.
Pero, del otro lado, también recibe el gobierno la crítica de quienes quisieran seguir con la "fiesta" de los últimos años; fiesta que se financiara, tras el final del ciclo económico internacional positivo (el boom de la soja), con un desequilibrio económico tras otro: déficit fiscal crónico, emisión descontrolada, cepo cambiario, tarifas distorsionadas e inflación galopante y disimulada. El sinceramiento de tal situación, pese a no ser completo (eso también lo critican los economistas liberales), desnuda la precariedad de la política económica del gobierno anterior, que dejó en una situación delicada a la actual administración, que se vio obligada a desarmar la bomba de tiempo a través de medidas que, por no haberse tomado en su momento en forma gradual, tuvieron que ser drásticas hasta el límite de lo soportable: devaluación, aumento de tarifas, sinceramiento de estadísticas... Y con un gobierno que no pretende, ni puede darse el lujo de disimular las estadísticas, con lo que la inflación, la pobreza y el desempleo ya pueden verse sin el "maquillaje" al que recurría el kirchnerismo cuando tenía que sostener su relato.
Como los críticos de este sector piensan, lo hemos oído repetidamente, que el dinero crece en los árboles, no se privan de señalar al gobierno como responsable de un ajuste y un endeudamiento salvajes. Algunos, como los ex integrantes de los equipos económicos del gobierno anterior, hacen gala de un cinismo portentoso.
Lo cierto es que el gobierno nacional parece haber subestimado la situación económica heredada, y sobreestimado la reacción de los mercados frente a las primeras medidas económicas. La sensación de que el país sigue sin un plan (como ocurría en los años del kirchnerismo) corroe el único capital que importa para cualquier política económica: la confianza.
Las medidas que eran necesarias para normalizar la economía lógicamente generarían recesión; pero ésta se revertiría con una reactivación que viniera, no de la inyección de billetes sin respaldo, sino de las inversiones atraídas por una economía con reglas claras. Las reglas no parecen ser tan claras cuando el gobierno sigue gastando como si el mañana no existiera; la reactivación tarda en llegar, o llega más lentamente de lo necesario... y las elecciones de 2017 se acercan más rápido de lo que parece.
Los años electorales no son buenos para seguir ajustando. El gobierno lo sabe y eso lo tiene condicionado. Pero también es cierto que no puede seguir preso de una mentalidad, impuesta desde hace décadas en la Argentina, según la cual el papel económico del Estado es el de repartir beneficios y prebendas. Es el camino que, a lo largo de los últimos 70 años, ha ido corrompiendo al sector privado, desalentando la iniciativa individual y, en definitiva, empobreciendo al país.
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