Nos escandaliza la inseguridad. Ver cada vez más delincuentes, más jóvenes, más audaces (en el peor sentido de la palabra), como miembros de una generación que ha perdido la esperanza y nada más tiene que perder. Ser testigos de una degradación social que ni las tasas chinas de crecimiento de la "década ganada" consiguieron frenar.
Pero quizás no advertimos cuánto de esa degradación pasa por la falta de contención familiar, por la inexistencia de una familia bien constituida (mamá, papá, hermanos, abuelos, tíos...) que transmita valores positivos, que enseñe la empatía.
No nos hacemos cargo de que detrás de cada delincuente hubo una carencia de familia.
Nos horroriza la violencia intrafamiliar y la ahora llamada "violencia de género". Padres que golpean a sus hijos, o los abandonan, o los matan de hambre; padrastros que violan a sus hijastras ante la mirada cómplice de sus propias madres; mujeres golpeadas, abusadas o asesinadas por sus parejas; ancianos castigados por sus propios hijos. Y nos preguntamos por qué puede encerrarse tanta maldad en la propia casa.
Ahora bien, no estamos tan atentos a observar que esos "vínculos familiares" son cada vez más lábiles, fundados en relaciones de conveniencia o de egoísmo -no de amor-, en las que las personas no buscan donarse a los demás, sino la satisfacción del propio deseo; deseo que, justamente cuando es insatisfecho, genera la reacción violenta, el rechazo y la utilización (cuando no la eliminación) del otro.
Quizás no queremos ver que detrás de cada hecho de violencia doméstica hay falta de amores sólidos sobre los que construir la familia.
Nos preocupa la droga, el alcohol, el descontrol adolescente, en general. Nos sentimos impotentes ante la cada vez mayor cantidad de chicos que parecen, no sólo no tener, sino tampoco no querer aceptar ningún tipo de límite ni pauta de conducta, con sus consecuencias de embarazo adolescente, más violencia "de género", y alegre autodestrucción en aras de una mal entendida libertad.
Pero no aceptamos la inmensa responsabilidad que tenemos en todo ello, al aplaudir irresponsablemente el inicio precoz de la sexualidad, al impugnar cualquier proyecto educativo que proponga virtudes que contradigan la lógica del hedonismo, al renunciar a construir, a través de la familia, una educación en virtudes que dé a los adolescentes y los jóvenes un horizonte más rico, más fecundo, más trascendente, que el vivir para sí mismos y la satisfacción de los propios caprichos.
Nos resistimos a entender que detrás de cada adolescente desorientado faltó la conciencia clara y firme de unos padres que le dieran recursos para encarar las dificultades de la vida.
Podríamos seguir, ¿verdad?
Y el lector podría acusarme de retrógrado, cavernícola o medieval, haciendo propios los prejuicios marxistas contra la familia y su función esencial en la construcción de una sociedad sana. Y no le quito una letra: prejuicios; porque la experiencia del día a día nos muestra, de manera pura y dura, que sólo con familias bien constituidas pueden revertirse, si no reducirse a su mínima marginalidad, las lacras sociales que aquí enumeramos y muchas más.
Y familias bien constituidas significa fundadas en matrimonios estables, monogámicos, heterosexuales (¡cuánta falta hacen la figura bien definida de papá y mamá en la formación de la personalidad!), abiertos a la vida, generosos, abnegados.
Y el Estado tiene el deber, no sólo de proteger, también de alentar, de promover, este tipo de familias, sanas, que funden el cambio que el país necesita.
Hacen falta familias, y cualquier proyecto para reconstruir a la Argentina debe hacerse cargo de políticas para su fortalecimiento.
¿Por qué 40 minutos?
Porque, si tuviera más tiempo, escribiría más largo.
lunes, 8 de septiembre de 2014
lunes, 11 de agosto de 2014
Un cambio cultural
Cada pueblo tiene gobernantes a su imagen.
No estoy de acuerdo con esas frases demagógicas del estilo
de “este país no se merece estos gobernantes”. Muy por el contrario: tenemos,
siempre, los gobernantes que nos merecemos.
Nuestros gobernantes no vienen de otro planeta, surgen del
pueblo que los elige,… o que los tolera. Tan argentinos como cualquier
argentino, con las mismas virtudes y los mismos vicios. De algún modo son un
espejo en el que podemos mirarnos. Si no nos gusta la imagen que nos devuelve
ese espejo, esto debería ser para nosotros un llamado a la reflexión, un motivo
concreto para nuestra propia reforma personal.
Recuerdo a la vendedora de una mercería, que se quejaba de
cómo robaban en el gobierno (hace 15 años), al tiempo que no entregaba factura
por las ventas que hacía. Estamos acostumbrados a escuchar que los accidentes
automovilísticos ocurren porque no se hacen cumplir las normas; pero nos
quejamos cuando un gobierno municipal se pone duro con las multas: “lo hacen
para recaudar”, decimos. Somos rápidos y rigurosos para señalar los
incumplimientos ajenos, al tiempo que excesivamente indulgentes con nuestros
propios incumplimientos.
Este doble estándar, esta vara desigual, esta desatención
con la viga del propio ojo, se reflejan en gobernantes que manipulan la ley en
virtud de su propio proyecto de poder, que se consideran providenciales, que
persiguen a quienes disienten y abusan del poder para favorecer a los propios.
Gobernantes, podría decirse en definitiva, que hacen lo que haría el argentino
medio si estuviera en el poder.
No quiere decir esto que, como dijera el ex presidente
uruguayo Batlle, los argentinos seamos todos ladrones, “del primero al último”.
Pero sí que el argentino medio tiene un umbral de tolerancia a la anomia
superior al de los países desarrollados, e incluso por encima de la mayor parte
de los países vecinos. A veces, algunas quejas respecto de la corrupción y de
la política traslucen más la decepción y el resentimiento de quien no puede
participar en el negocio que la legítima indignación del hombre honrado.
¿A qué apunto? A que cualquier revolución que queramos que
empiece en nuestro país debe comenzar por una revolución en nuestra conducta
individual. En la medida en que cada argentino no procure ser irreprochablemente
honesto, cumplidor de la ley, generoso con quienes lo rodean, etc.; en la
medida, en síntesis, en que cada uno de nosotros no procure ser un buen
ciudadano, no puede esperar ni reclamar probidad en nuestros gobernantes.
Cualquiera sea la política que se impulse para sacar a la
Argentina de cualquiera de las distintas crisis por las que atraviesa, serán
necesarias políticas educativas, culturales y de concientización social
orientadas a fomentar la mejora personal de los argentinos y su responsabilidad
cívica. Y ello encabezado y acompañado por el ejemplo de quienes integran las
dirigencias (no solamente políticas, sino de todos los ámbitos del quehacer
civil), indispensable para el éxito de aquellas políticas.
Estamos hablando de un verdadero cambio cultural, que va por
delante de toda otra reforma necesaria. Un cambio en el que debemos
involucrarnos todos; si bien sólo podrá hacerse efectivo una vez que la
dirigencia lo haga propio y lo encabece, para que ese día llegue, cada uno de
nosotros debe asumir su parte en esa revolución, sin esperar a que vengan a
obligarlo. Resulta fácil decir: “¿para qué cambiar, si los de arriba siguen
siendo iguales?”. Pero el razonamiento debe ser el inverso: “si yo no cambio
primero, no puedo exigirle el cambio a los demás”.
Se trata de una “vuelta de tuerca” sobre la archiconocida
frase de John F. Kennedy: “no pregunten qué es lo que el país puede hacer por
ustedes, sino qué es lo que ustedes pueden hacer por su país”. Propuesta que,
no por repetida hasta el lugar común, deja de ser cierta.
Cambiar nosotros —cambiar yo—, para que cambien nuestros
gobernantes. Ese es el desafío.
lunes, 14 de julio de 2014
Por dónde empezar: las instituciones
La pregunta, ahora, es: ¿por dónde empezar? Si tenemos que reconstruir el país después de la inundación kirchnerista, la primera cuestión es qué hay que levantar primero.
Al igual que en el caso de un edificio derruido, lo primero es reconstruir el armazón que sostuvo la estructura arrasada, aquello que debe volver a mantener todo en pie. Una reconstrucción que, además, mejore las técnicas, materiales y resistencia del anterior armazón, de manera tal que evite un nuevo colapso y resista la reiteración del fenómeno que destruyó la estructura.
En el caso de un país, el armazón son sus instituciones, su orden jurídico, especialmente el constitucional, sin el cual no podrá articular ninguna solución a sus problemas.
Los argentinos tenemos una especie de prejuicio por el cual estamos esperando al dirigente providencial que nos saque de la postración. Por herencia o por vicio, lo cierto es que no toleramos las soluciones a largo plazo; no podemos sufrir la espera que supone la lenta construcción de una estructura institucional que garantice la continuidad del progreso. Quizás por eso preferimos los liderazgos fuertes, y procuramos su prolongación aun antes de evaluar sus resultados.
Pero esto tiene que terminar. Si queremos realmente ser una potencia, si aspiramos a que la Argentina aproveche al máximo su potencial, hemos de aspirar a que la fortaleza no esté tanto en los liderazgos (la permanente búsqueda del "macho alfa") como en las instituciones.
La ley tiene que trascender a las personas. No al revés. Debemos dejar de pretender manipular las normas para ajustarlas al interés político del momento. Esto tiene que terminar aquí. No puede tolerarse más que se ponga entre paréntesis el respeto por la Constitución con la excusa de la eficacia política, la celeridad procesal o la justicia social. No.
La Constitución tiene que respetarse a rajatabla, en todos sus artículos. Debemos someternos al imperio de la ley, sin excusas. Hemos de "soportar" el equilibrio de poderes, la república, sin esperar más mesías salvadores.
Solo el respecto irrestricto por el orden jurídico, sin excepciones ni privilegios, nos dará la fortaleza institucional necesaria para acometer la enorme tarea de la reconstrucción de nuestra economía y de nuestro tejido social. Solamente con instituciones fuertes recuperaremos el crédito y la credibilidad que hemos perdido en el exterior; sólo así tendremos la autoridad moral necesaria para defender los intereses nacionales en el contexto internacional.
Convenzámonos de que no hay otra alternativa. Recuperemos el valor del compromiso que reside en el respeto por la ley.
Esto supondrá un paso inmenso y sin costo. En efecto, el respeto de la ley por parte de gobernantes y gobernados no le cuesta al país un centavo, no supone ninguna erogación, no requiere ningún trámite. Solo exige el esfuerzo personal de cada argentino por cumplir con las normas establecidas, por hacerlas cumplir, por reclamar de manera civilizada, por convivir respetando al otro.
En eso consiste la justicia, en ese respeto que lleva a dar a cada uno lo suyo, alejándonos de la desmesura, de la agresión, del atropello.
Así empezaremos a construir un país nuevo.
Al igual que en el caso de un edificio derruido, lo primero es reconstruir el armazón que sostuvo la estructura arrasada, aquello que debe volver a mantener todo en pie. Una reconstrucción que, además, mejore las técnicas, materiales y resistencia del anterior armazón, de manera tal que evite un nuevo colapso y resista la reiteración del fenómeno que destruyó la estructura.
En el caso de un país, el armazón son sus instituciones, su orden jurídico, especialmente el constitucional, sin el cual no podrá articular ninguna solución a sus problemas.
Los argentinos tenemos una especie de prejuicio por el cual estamos esperando al dirigente providencial que nos saque de la postración. Por herencia o por vicio, lo cierto es que no toleramos las soluciones a largo plazo; no podemos sufrir la espera que supone la lenta construcción de una estructura institucional que garantice la continuidad del progreso. Quizás por eso preferimos los liderazgos fuertes, y procuramos su prolongación aun antes de evaluar sus resultados.
Pero esto tiene que terminar. Si queremos realmente ser una potencia, si aspiramos a que la Argentina aproveche al máximo su potencial, hemos de aspirar a que la fortaleza no esté tanto en los liderazgos (la permanente búsqueda del "macho alfa") como en las instituciones.
La ley tiene que trascender a las personas. No al revés. Debemos dejar de pretender manipular las normas para ajustarlas al interés político del momento. Esto tiene que terminar aquí. No puede tolerarse más que se ponga entre paréntesis el respeto por la Constitución con la excusa de la eficacia política, la celeridad procesal o la justicia social. No.
La Constitución tiene que respetarse a rajatabla, en todos sus artículos. Debemos someternos al imperio de la ley, sin excusas. Hemos de "soportar" el equilibrio de poderes, la república, sin esperar más mesías salvadores.
Solo el respecto irrestricto por el orden jurídico, sin excepciones ni privilegios, nos dará la fortaleza institucional necesaria para acometer la enorme tarea de la reconstrucción de nuestra economía y de nuestro tejido social. Solamente con instituciones fuertes recuperaremos el crédito y la credibilidad que hemos perdido en el exterior; sólo así tendremos la autoridad moral necesaria para defender los intereses nacionales en el contexto internacional.
Convenzámonos de que no hay otra alternativa. Recuperemos el valor del compromiso que reside en el respeto por la ley.
Esto supondrá un paso inmenso y sin costo. En efecto, el respeto de la ley por parte de gobernantes y gobernados no le cuesta al país un centavo, no supone ninguna erogación, no requiere ningún trámite. Solo exige el esfuerzo personal de cada argentino por cumplir con las normas establecidas, por hacerlas cumplir, por reclamar de manera civilizada, por convivir respetando al otro.
En eso consiste la justicia, en ese respeto que lleva a dar a cada uno lo suyo, alejándonos de la desmesura, de la agresión, del atropello.
Así empezaremos a construir un país nuevo.
viernes, 4 de julio de 2014
El día después
El fin del kirchnerismo no será
el fin de nada, sino el comienzo de una nueva etapa para nuestro país. De
nuestra clase dirigente dependerá que esa nueva etapa tenga un valor en sí
misma o se reduzca a un “pos kirchnerismo”: a un mantenimiento del estado de
cosas que nos dejarán los Kirchner o, a lo sumo, a un desarme de las
estructuras más escandalosas legadas por esta dinastía política.
El peligro consiste, pues, en
que, a partir del 11 de diciembre de 2015 sigamos refiriéndolo todo, por activa
o por pasiva, por la positiva o la negativa, al sistema de poder y la acción de
gobierno que encabezaron, durante más de 12 años, Néstor Kirchner y su esposa.
Sería una situación análoga a la que enfrentó, y resolvió mal, el antiperonismo
después del golpe de estado del 16 de septiembre de 1955. Salvadas las
distancias —ahora no habrá golpe, sino una simple sucesión de gobiernos
constitucionales—, a finales de 2015 también terminará un largo gobierno, que
tuvo en su mano una parte extraordinaria de los resortes del poder, que hizo de
ellos uso discrecional y en función, casi exclusivamente, de su conservación,
que ha transfigurado el perfil social y político de la Argentina, e instaurado
un régimen político ajeno al sistema institucional delineado en la Constitución
Nacional.
Entre 1955 y 1973, en la
Argentina se gobernó, primero, en función de destruir al peronismo y su legado
político, y luego, pretendiendo sustituirlo. El antiperonismo generó actitudes
tan sectarias como las del peor momento del peronismo, apuntaló o derrocó
gobiernos según percibiera su lejanía o cercanía con el peronismo, llegó a
cobrarse vidas humanas y, finalmente, sirvió de coartada a la locura
guerrillera entre los años ’60 y ’70. Nadie pensó en rescatar lo bueno, en
encontrar una fórmula superadora, en plantear otro proyecto de país. No. Se
trataba de arrasar con el peronismo, como los romanos arrasaron a su turno con
Cartago, o como los soviéticos pretendieron borrar durante años de la historia
reciente el solo recuerdo de Stalin. En el afán de renegar del peronismo, se lo
terminó potenciando, por la negativa: quienes habían formado parte del “pueblo
peronista” se resintieron notablemente, e incluso quienes habían vivido el
peronismo en su niñez criados por familias antiperonistas se “convirtieron” en
su juventud al peronismo, como reacción frente al ciego sectarismo
antiperonista.
¿Vamos a hacer lo mismo ahora?
No faltan antikirchneristas tan
recalcitrantes que desearían borrar de la memoria colectiva hasta el último
vestigio del recuerdo de los Kirchner cuando éstos abandonen el poder. Tampoco
faltan políticos de la oposición preocupados, al parecer, únicamente por
perseguir penalmente los latrocinios de la “década ganada”. Como si todos los
problemas del país pasaran por la sola detentación del poder por parte de la
Presidenta y sus funcionarios. Corremos, insisto, el peligro de reeditar la
barbarie de aquella época en la que el nombre de Perón no podía siquiera
pronunciarse en los medios masivos de comunicación.
Sí, ya sé: cuesta pensar hoy que
exista algo de rescatable en un ciclo que parece conducirnos al punto del que
partimos (el default de la deuda),
con un gobierno que ha hecho uso y abuso del poder, que ha perseguido
solapadamente a toda disidencia, que ha dilapidado los recursos del país en un
inmejorable contexto internacional, y que exige para sí mismo las
contemplaciones y derechos que niega expresamente a los demás. Ya escribí, en su momento, que nada tenía de “ganada” la década kirchnerista.
Pero el país no está mal,
solamente, por el accionar del kirchnerismo. Está mal por aquello que nadie en
nuestra clase dirigente solucionó —y ni siquiera vio que tenía que solucionar—,
está mal por aquello que el kirchnerismo “vendió” y la oposición “compró” sin
cuestionar durante los últimos 11 años, está mal por aquello que nadie quiere
cambiar porque supone que puede servir a su propio interés, está mal porque la
Argentina ha naturalizado, como se dice ahora, una serie de vicios en los que
se encuentra sumergida, como en aquella “matrix” de la película, sin percatarse
siquiera de que la están matando lentamente.
Entonces, ¿qué?
Como dije al principio, la etapa
que se iniciará en 2015 supondrá la oportunidad para iniciar algo más que un
simple “poskirchnerismo”. Tenemos que encarar todos los problemas de la
Argentina desde una perspectiva que no se agote en un “anti” nada. Tenemos que
proponer algo nuevo, verdaderamente nuevo, que vaya más allá de la referencia a
los Kirchner. Tenemos que superar, de una vez, la perenne retorsión sobre el
pasado, para escarmentar y volver a construir nuestro presente.
Mirar para adelante. Pensar la
Argentina de nuevo. Que el pasado no sea el tema del presente. Ofrecer a las
nuevas generaciones no una nueva venganza, sino un proyecto de país. Pero un proyecto
verdadero, no una suma de frases hechas, no una “idea fuerza”, no un eslogan.
Será la oportunidad para volver a
proyectar el país, para recuperar la senda, abandonada décadas atrás, de la
Argentina potencia, para escarmentar de los errores, capitalizar las
experiencias y empezar a construir, en lugar de destruir, de una bendita vez.
miércoles, 12 de febrero de 2014
Canción de cuna para una gobernante
Tema original de María Elena Walsh - genial-, de absoluta actualidad.
jueves, 23 de enero de 2014
La contradictoria cultura del subsidio
La Presidenta acaba de anunciar un nuevo subsidio para los jóvenes "ni-ni" (que ni trabajan, ni estudian): el plan "ProgresAR". Lo hizo en medio de un discurso que esquivó groseramente los temas que preocupan a la sociedad; pero esto es una anécdota. Lo interesante es que, en ese mismo discurso, se jactó de haber alcanzado el pleno empleo en el país durante la "década ganada".
Si hay pleno empleo, ¿por qué hay jóvenes de entre 18 y 24 que no trabajan? Si no trabajan, es porque no quieren. Si no quieren trabajar, ¿por qué vamos a subsidiarlos? Digo "vamos", porque el dinero saldrá de los impuestos que pagamos todos.
Pero si no trabajan porque no pueden, porque no consiguen trabajo ¿cuál es el concepto que la Presidenta tiene de pleno empleo?
También surgen preguntas cuando uno analiza el razonamiento de que esos jóvenes "son los hijos del neoliberalismo", porque sus padres perdieron el empleo en los 90: ¿no pudieron recuperarse durante la "década ganada"?
La verdad es que, anunciar subsidios a la población "vulnerable" tras diez años de gobierno (y de un gobierno tan jactancioso), resulta contradictorio con un actitud triunfalista: si todavía hay gente que necesita un subsidio, es porque la gestión económica (y educativa) está muy lejos de ser brillante.
Tan contradictorio como festejar que los subsidios aumentan en cantidad (no tanto como en monto) de año en año, como si fuera un logro de gestión, cuando en realidad es el reconocimiento del fracaso. El objetivo no puede ser subsidiar cada vez más a más gente, sino generar las condiciones económicas y sociales óptimas para que cada vez sea menos la gente que necesita subsidios del Estado.
Claro que esta independencia de la ayuda estatal puede no resultar útil para nuestra clase gobernante (no sólo la nacional), tan habituada a utilizar los subsidios para generar clientela política. Es por ello que los punteros presionan a los directivos de las escuelas para que firmen certificados de escolaridad de alumnos que no asisten a clases, para que sus madres no pierdan la asignación universal por hijo.
¿Pasará lo mismo con el plan "ProgresAR"?
Si hay pleno empleo, ¿por qué hay jóvenes de entre 18 y 24 que no trabajan? Si no trabajan, es porque no quieren. Si no quieren trabajar, ¿por qué vamos a subsidiarlos? Digo "vamos", porque el dinero saldrá de los impuestos que pagamos todos.
Pero si no trabajan porque no pueden, porque no consiguen trabajo ¿cuál es el concepto que la Presidenta tiene de pleno empleo?
También surgen preguntas cuando uno analiza el razonamiento de que esos jóvenes "son los hijos del neoliberalismo", porque sus padres perdieron el empleo en los 90: ¿no pudieron recuperarse durante la "década ganada"?
La verdad es que, anunciar subsidios a la población "vulnerable" tras diez años de gobierno (y de un gobierno tan jactancioso), resulta contradictorio con un actitud triunfalista: si todavía hay gente que necesita un subsidio, es porque la gestión económica (y educativa) está muy lejos de ser brillante.
Tan contradictorio como festejar que los subsidios aumentan en cantidad (no tanto como en monto) de año en año, como si fuera un logro de gestión, cuando en realidad es el reconocimiento del fracaso. El objetivo no puede ser subsidiar cada vez más a más gente, sino generar las condiciones económicas y sociales óptimas para que cada vez sea menos la gente que necesita subsidios del Estado.
Claro que esta independencia de la ayuda estatal puede no resultar útil para nuestra clase gobernante (no sólo la nacional), tan habituada a utilizar los subsidios para generar clientela política. Es por ello que los punteros presionan a los directivos de las escuelas para que firmen certificados de escolaridad de alumnos que no asisten a clases, para que sus madres no pierdan la asignación universal por hijo.
¿Pasará lo mismo con el plan "ProgresAR"?
lunes, 30 de diciembre de 2013
Ajuste, esa mala palabra
¡Qué malo es el ajuste!
A los que se ubican a la izquierda, en general, y a los que se autoproclaman "progresistas", en particular, la palabra "ajuste" les resulta insufrible.
"Ajuste" es una mala palabra. Las personas buenas no hacen ajuste. Eso lo hacen "los malos": "la derecha"; esos tipos sí que están obsesionados con hacer ajustes; tienen la "ideología del ajuste". Pero la gente que se preocupa por la justicia social, la gente buena, la que es de izquierda, al parecer, no hace nunca ajustes. Ellos están sólo para dar buenas noticias.
Sin embargo, el ajuste es lo que viene siempre después de la "fiesta". Después de haber repartido generosamente "servicios sociales" durante su primer gobierno, Perón tuvo que imponer austeridades en la primera mitad de los '50. Tras años de inflación al 25% anual y la pretensión de frenarla con los controles de precios de Gelbard (1973-74) que produjeran la ilusión de haberla dominado, las distorsiones llevaron a su corrección brutal mediante el "Rodrigazo", de infeliz memoria. La "plata dulce" de Martínez de Hoz culminó con la crisis del '81 y la carrera entre el dólar y las tasas de interés, que fuera el primer capítulo del final del "Proceso". El festival de gasto y empleo públicos de Alfonsín se financió con emisión monetaria a destajo, hasta estallar con la hiperinflación de 1989. La convertibilidad del 1 a 1 de Menem, en cambio, se financió con crédito externo; igual que Alfonsín, las reformas de fondo del Estado y de la economía no se llevaron a cabo, y la ilusión se volvió a quebrar en la aciaga cesasión de pagos de fines de 2001.
Las tarifas de los servicios públicos, pactadas con las concesionarias originalmente en los dólares del 1 a 1, fueron congeladas al morir la convertibilidad (enero de 2002), a la espera de una renegociación de los contratos. Esa renegociación no llegó con el gobierno provisional de Duhalde. Las tarifas de transporte también seguían reguladas y prácticamente congeladas.
Para cubrir la brecha entre costos y tarifas, se empezaron a aumentar los subsidios; cada vez más...
Y vino Kirchner. El Fisco se sostuvo sobre los famosos superávits gemelos, gracias a los inéditos precios de la soja en la primera década del siglo XXI. Esto permitió salir del pozo a los privados, y al gobierno nacional un margen de maniobra considerable, traducido en la fórmula del Frente para la Victoria: "dinero = poder".
Pero los contratos de servicios públicos tampoco fueron renegociados en esta administración. Las tarifas permanecieron casi sin variantes. Los subsidios empezaron a resultar insuficientes, pero todavía alcanzaban para evitar el colapso.
Y vino Cristina Fernández. La del congelamiento de tarifas ya parecía una política de Estado: ¿para qué asumir el costo político de un sinceramiento, si estábamos tan bien? La cuestión se sigue dilatando. Las tarifas baratas hacen que los usuarios instalen equipos de aire acondicionado en cada ambiente de la casa, regulen el calor de sus estufas abriendo las ventanas y se tomen el subte para ahorrarse caminar cuatro cuadras: el congelamiento de emergencia se convirtió en la financiación de la fiesta de consumo.
Pero el dinero ya no alcanzaba como antes. El gobierno pretende esquilar a los productores agropecuarios más allá de lo tolerable, y se produce la crisis del campo (2008). Fracasado el intento, echa mano de los fondos jubilatorios, estatiza el sistema y la Anses se convierte en una suerte de genio que concede deseos y presta a terceros a tasas negativas la plata de los pasivos, que tienen que hacer juicio para forzar al Estado a actualizarles los haberes. Cuando esto ya no alcanzó, se avalanzó el gobierno sobre las reservas del Banco Central, descapitalizando el país para solventar gastos corrientes; algo así como hipotecar la casa para pagar la cuenta del supermercado. No fue suficiente, porque las deudas con el exterior seguían allí para ser pagadas en divisas; entonces llegó el "cepo" cambiario, para evitar que se fugaran dólares; y se aceleró la fuga. Y, no contentos con esto, descapitalizado el Banco Central, sin dinero suficiente para financiar el gasto público creciente, se volvió a imprimir moneda sin control.
Todo esto, acompañado en los últimos diez años con medidas demagógicas y hasta disparatadas, y de una política económica cada vez más errática y arbitraria. Estatizaciones de ventajas improbables (YPF), cuando no decididamente deficitarias (Aerolíneas), o puramente propagandísticas (Fútbol para Todos); prohibiciones y regulaciones estrafalarias que entorpecen, cuando no anulan, el comercio exterior; falseamiento de estadísticas para sostener un relato en el que la inflación es de "sólo" el 10% anual. Un escenario macroeconómico, en definitiva, que desalentó y hasta espantó inversiones.
No hace falta haber ido a la escuela de Chicago para darse cuenta de que, si uno no ajusta, la que termina ajustando es la realidad. Pasó en cada uno de los episodios que fuimos reseñando de los gobiernos argentinos en los últimos 70 años. Nada puede hacernos pensar que no vaya a ocurrir de nuevo... De hecho, ya está ocurriendo.
Basta ser padre de familia para saber que, si uno gasta sistemáticamente más de lo que ingresa, llega un momento en que los recursos se agotan, incluido el crédito.
No se puede vivir en "fiesta" permanente: la cuenta se paga, más tarde o más temprano. No hay necesidad de ajustes allí donde hay racionalidad en la economía; nuestros vecinos latinoamericanos han aprendido esa lección, a partir de las sucesivas crisis de los '90. Es cuando se opta por la irresponsabilidad fiscal que las distorsiones terminan llevando al ajuste, del mismo modo que el agua desbordada tiende a desagotar en las zonas más bajas. Uno puede elegir entre tomar la iniciativa, realizar el ajuste y aprender de la lección, o simplemente dejar que sea la realidad la que ajuste las variables. El problema es que, mientras el primero es un ajuste controlable en su magnitud y efectos, el ajuste que hace la realidad siempre será más cruel e incontrolable: ¡cuántas vidas, por ejemplo, se habrían salvado en diciembre de 2001 si el gobierno de Menem hubiera optado por reformar el Estado, para no segur aumentando el gasto, mantener la financiación con crédito externo en niveles soportables y facilitar una salida ordenada de la convertibilidad.
Pero para los "progres", populistas vergonzantes, amigos de fiestear con la plata ajena, "ajuste" es, decíamos, mala palabra. Y lo es porque pone en evidencia su propia incapacidad y desmanejo. Quienes, desde el pensamiento "de izquierda", demonizan el ajuste, actúan siempre como si el dinero creciera en la copa de los árboles, como si no tuviera ningún costo el gasto indefinido, como si nada tuvieran que ver sus excesos demagógicos con las correcciones brutales que después exige la realidad. Levantan, como decía un amigo de mi padre, altares a los principios... y cadalsos a las consecuencias.
Es por eso que el gobierno nacional no se hace cargo del producto de sus malas políticas. Cuando, en los primeros años del kirchnerismo, la energía empezó a escasear debido al aumento del consumo y la falta de incentivos para invertir en más generación al mismo ritmo, se le cortaba la electricidad a la industria para favorecer el consumo domiciliario. Como esto no alcanzó, se empezó a penar el consumo por la vía de "premiar" a quienes consumieran menos que el año anterior. Como tampoco alcanzó, se comenzó a importar energía. Como tampoco esto alcanzó, se empezó tibiamente a ajustar la tarifa domiciliaria de determinados sectores de la población. Y así siguiendo. Sólo que el costo político de cada ajuste (ajuste en los hechos, aunque se lo bautizara con eufemismos) cada vez era mayor, lo que amedrentaba a un gobierno más preocupado por las próximas elecciones que por asegurar una provisión de energía de manera sostenible para una economía, según decían, en permanente expansión. Lo cierto es que cada vez que había un golpe de calor (y esto, en Buenos Aires, es más frecuente año a año), había problemas con la electricidad.
Otra técnica del gobierno para sacarse de encima el costo político del ajuste (su única preocupación) fue la de tercerizarlo. El ejemplo más grosero fue el del subte, que, después de cuatro años de negarse a transferirlo, un día se decidió "tirárselo por la cabeza" a la Ciudad, sin transferirle las correspondientes partidas presupuestarias que lo subsidiaban, y que así se ahorraría el Estado nacional. Como la Ciudad no tenía fondos para "manotear" ni la máquina de fabricar billetes, nunca podría mantener los niveles del subsidio y tendría que ajustar. Encima estaba gobernada por satán (Macri) y la maldita derecha (el Pro): el truco "cerraba" por todos lados. La Ciudad de Buenos Aires tuvo que asumir el costo político de ajustar la tarifa del Subte y rebuscárselas para financiar lo más posible el subsidio; no obstante, en un año el boleto de Subte subió un 218%.
De paso, sirvió para distraer la atención del ajuste que sufrieron las tarifas de transporte automotor de pasajeros, que en mismo periodo, aún con subsidio, aumentaron más de un 108%, y un 483% el boleto sin subsidio.
Según consultoras privadas, entre 2001 y 2013 el nivel general de precios aumentó 6 veces, los alimentos 11 veces, el dólar oficial 5 veces y el paralelo 8 veces, los salarios privados y formales 9 veces y los informales más de 7 veces, lo mismo los combustibles, los alquileres y los medicamentos 3 veces, y las tarifas de servicios, apenas, 1,4 veces.
Decir que, con este panorama, las tarifas de transporte siguen atrasadas puede sonar obsceno u horroroso, parafraseando al ministro Kicillof. Pero la realidad sigue humillando los dogmas "progresistas": no se puede seguir la fiesta sin pagarla; no es cuestión de aplicar recetas capitalistas o liberales, es simplemente el resultado de la "ley de la gravedad". Ya le tocó al transporte ferroviario. Le está tocando ahora a la energía: un golpe de calor excepcionalmente prolongado deja al descubierto 10 años de falta de planificación estatal; resulta patético que el Ministro de... Planificación, en funciones desde 2003, sea el que chicanee a quienes le reclaman y busque culpables entre aquellos a quienes debió haber controlado en todo este tiempo.
Y mientras el gobierno nacional y popular busca la forma de "zafar" del ajuste (ya hablan de pasarles a la Ciudad y a la Provincia la distribución eléctrica: otra vez la tercerización), la "maldita derecha" organiza jóvenes que, sin pecheras, se suman en silencio al esfuerzo de muchos otros para paliar la crisis. Me dirán que es oportunismo; no lo sé; en cualquier caso, prefiero eso al cinismo.
Como decía un colega en Facebook: "¿Como son dos años más de esto? No logró imaginarme".
A los que se ubican a la izquierda, en general, y a los que se autoproclaman "progresistas", en particular, la palabra "ajuste" les resulta insufrible.
"Ajuste" es una mala palabra. Las personas buenas no hacen ajuste. Eso lo hacen "los malos": "la derecha"; esos tipos sí que están obsesionados con hacer ajustes; tienen la "ideología del ajuste". Pero la gente que se preocupa por la justicia social, la gente buena, la que es de izquierda, al parecer, no hace nunca ajustes. Ellos están sólo para dar buenas noticias.
Sin embargo, el ajuste es lo que viene siempre después de la "fiesta". Después de haber repartido generosamente "servicios sociales" durante su primer gobierno, Perón tuvo que imponer austeridades en la primera mitad de los '50. Tras años de inflación al 25% anual y la pretensión de frenarla con los controles de precios de Gelbard (1973-74) que produjeran la ilusión de haberla dominado, las distorsiones llevaron a su corrección brutal mediante el "Rodrigazo", de infeliz memoria. La "plata dulce" de Martínez de Hoz culminó con la crisis del '81 y la carrera entre el dólar y las tasas de interés, que fuera el primer capítulo del final del "Proceso". El festival de gasto y empleo públicos de Alfonsín se financió con emisión monetaria a destajo, hasta estallar con la hiperinflación de 1989. La convertibilidad del 1 a 1 de Menem, en cambio, se financió con crédito externo; igual que Alfonsín, las reformas de fondo del Estado y de la economía no se llevaron a cabo, y la ilusión se volvió a quebrar en la aciaga cesasión de pagos de fines de 2001.
Las tarifas de los servicios públicos, pactadas con las concesionarias originalmente en los dólares del 1 a 1, fueron congeladas al morir la convertibilidad (enero de 2002), a la espera de una renegociación de los contratos. Esa renegociación no llegó con el gobierno provisional de Duhalde. Las tarifas de transporte también seguían reguladas y prácticamente congeladas.
Para cubrir la brecha entre costos y tarifas, se empezaron a aumentar los subsidios; cada vez más...
Y vino Kirchner. El Fisco se sostuvo sobre los famosos superávits gemelos, gracias a los inéditos precios de la soja en la primera década del siglo XXI. Esto permitió salir del pozo a los privados, y al gobierno nacional un margen de maniobra considerable, traducido en la fórmula del Frente para la Victoria: "dinero = poder".
Pero los contratos de servicios públicos tampoco fueron renegociados en esta administración. Las tarifas permanecieron casi sin variantes. Los subsidios empezaron a resultar insuficientes, pero todavía alcanzaban para evitar el colapso.
Y vino Cristina Fernández. La del congelamiento de tarifas ya parecía una política de Estado: ¿para qué asumir el costo político de un sinceramiento, si estábamos tan bien? La cuestión se sigue dilatando. Las tarifas baratas hacen que los usuarios instalen equipos de aire acondicionado en cada ambiente de la casa, regulen el calor de sus estufas abriendo las ventanas y se tomen el subte para ahorrarse caminar cuatro cuadras: el congelamiento de emergencia se convirtió en la financiación de la fiesta de consumo.
Pero el dinero ya no alcanzaba como antes. El gobierno pretende esquilar a los productores agropecuarios más allá de lo tolerable, y se produce la crisis del campo (2008). Fracasado el intento, echa mano de los fondos jubilatorios, estatiza el sistema y la Anses se convierte en una suerte de genio que concede deseos y presta a terceros a tasas negativas la plata de los pasivos, que tienen que hacer juicio para forzar al Estado a actualizarles los haberes. Cuando esto ya no alcanzó, se avalanzó el gobierno sobre las reservas del Banco Central, descapitalizando el país para solventar gastos corrientes; algo así como hipotecar la casa para pagar la cuenta del supermercado. No fue suficiente, porque las deudas con el exterior seguían allí para ser pagadas en divisas; entonces llegó el "cepo" cambiario, para evitar que se fugaran dólares; y se aceleró la fuga. Y, no contentos con esto, descapitalizado el Banco Central, sin dinero suficiente para financiar el gasto público creciente, se volvió a imprimir moneda sin control.
Todo esto, acompañado en los últimos diez años con medidas demagógicas y hasta disparatadas, y de una política económica cada vez más errática y arbitraria. Estatizaciones de ventajas improbables (YPF), cuando no decididamente deficitarias (Aerolíneas), o puramente propagandísticas (Fútbol para Todos); prohibiciones y regulaciones estrafalarias que entorpecen, cuando no anulan, el comercio exterior; falseamiento de estadísticas para sostener un relato en el que la inflación es de "sólo" el 10% anual. Un escenario macroeconómico, en definitiva, que desalentó y hasta espantó inversiones.
No hace falta haber ido a la escuela de Chicago para darse cuenta de que, si uno no ajusta, la que termina ajustando es la realidad. Pasó en cada uno de los episodios que fuimos reseñando de los gobiernos argentinos en los últimos 70 años. Nada puede hacernos pensar que no vaya a ocurrir de nuevo... De hecho, ya está ocurriendo.
Basta ser padre de familia para saber que, si uno gasta sistemáticamente más de lo que ingresa, llega un momento en que los recursos se agotan, incluido el crédito.
No se puede vivir en "fiesta" permanente: la cuenta se paga, más tarde o más temprano. No hay necesidad de ajustes allí donde hay racionalidad en la economía; nuestros vecinos latinoamericanos han aprendido esa lección, a partir de las sucesivas crisis de los '90. Es cuando se opta por la irresponsabilidad fiscal que las distorsiones terminan llevando al ajuste, del mismo modo que el agua desbordada tiende a desagotar en las zonas más bajas. Uno puede elegir entre tomar la iniciativa, realizar el ajuste y aprender de la lección, o simplemente dejar que sea la realidad la que ajuste las variables. El problema es que, mientras el primero es un ajuste controlable en su magnitud y efectos, el ajuste que hace la realidad siempre será más cruel e incontrolable: ¡cuántas vidas, por ejemplo, se habrían salvado en diciembre de 2001 si el gobierno de Menem hubiera optado por reformar el Estado, para no segur aumentando el gasto, mantener la financiación con crédito externo en niveles soportables y facilitar una salida ordenada de la convertibilidad.
Pero para los "progres", populistas vergonzantes, amigos de fiestear con la plata ajena, "ajuste" es, decíamos, mala palabra. Y lo es porque pone en evidencia su propia incapacidad y desmanejo. Quienes, desde el pensamiento "de izquierda", demonizan el ajuste, actúan siempre como si el dinero creciera en la copa de los árboles, como si no tuviera ningún costo el gasto indefinido, como si nada tuvieran que ver sus excesos demagógicos con las correcciones brutales que después exige la realidad. Levantan, como decía un amigo de mi padre, altares a los principios... y cadalsos a las consecuencias.
Es por eso que el gobierno nacional no se hace cargo del producto de sus malas políticas. Cuando, en los primeros años del kirchnerismo, la energía empezó a escasear debido al aumento del consumo y la falta de incentivos para invertir en más generación al mismo ritmo, se le cortaba la electricidad a la industria para favorecer el consumo domiciliario. Como esto no alcanzó, se empezó a penar el consumo por la vía de "premiar" a quienes consumieran menos que el año anterior. Como tampoco alcanzó, se comenzó a importar energía. Como tampoco esto alcanzó, se empezó tibiamente a ajustar la tarifa domiciliaria de determinados sectores de la población. Y así siguiendo. Sólo que el costo político de cada ajuste (ajuste en los hechos, aunque se lo bautizara con eufemismos) cada vez era mayor, lo que amedrentaba a un gobierno más preocupado por las próximas elecciones que por asegurar una provisión de energía de manera sostenible para una economía, según decían, en permanente expansión. Lo cierto es que cada vez que había un golpe de calor (y esto, en Buenos Aires, es más frecuente año a año), había problemas con la electricidad.
Otra técnica del gobierno para sacarse de encima el costo político del ajuste (su única preocupación) fue la de tercerizarlo. El ejemplo más grosero fue el del subte, que, después de cuatro años de negarse a transferirlo, un día se decidió "tirárselo por la cabeza" a la Ciudad, sin transferirle las correspondientes partidas presupuestarias que lo subsidiaban, y que así se ahorraría el Estado nacional. Como la Ciudad no tenía fondos para "manotear" ni la máquina de fabricar billetes, nunca podría mantener los niveles del subsidio y tendría que ajustar. Encima estaba gobernada por satán (Macri) y la maldita derecha (el Pro): el truco "cerraba" por todos lados. La Ciudad de Buenos Aires tuvo que asumir el costo político de ajustar la tarifa del Subte y rebuscárselas para financiar lo más posible el subsidio; no obstante, en un año el boleto de Subte subió un 218%.
De paso, sirvió para distraer la atención del ajuste que sufrieron las tarifas de transporte automotor de pasajeros, que en mismo periodo, aún con subsidio, aumentaron más de un 108%, y un 483% el boleto sin subsidio.
Según consultoras privadas, entre 2001 y 2013 el nivel general de precios aumentó 6 veces, los alimentos 11 veces, el dólar oficial 5 veces y el paralelo 8 veces, los salarios privados y formales 9 veces y los informales más de 7 veces, lo mismo los combustibles, los alquileres y los medicamentos 3 veces, y las tarifas de servicios, apenas, 1,4 veces.
Decir que, con este panorama, las tarifas de transporte siguen atrasadas puede sonar obsceno u horroroso, parafraseando al ministro Kicillof. Pero la realidad sigue humillando los dogmas "progresistas": no se puede seguir la fiesta sin pagarla; no es cuestión de aplicar recetas capitalistas o liberales, es simplemente el resultado de la "ley de la gravedad". Ya le tocó al transporte ferroviario. Le está tocando ahora a la energía: un golpe de calor excepcionalmente prolongado deja al descubierto 10 años de falta de planificación estatal; resulta patético que el Ministro de... Planificación, en funciones desde 2003, sea el que chicanee a quienes le reclaman y busque culpables entre aquellos a quienes debió haber controlado en todo este tiempo.Y mientras el gobierno nacional y popular busca la forma de "zafar" del ajuste (ya hablan de pasarles a la Ciudad y a la Provincia la distribución eléctrica: otra vez la tercerización), la "maldita derecha" organiza jóvenes que, sin pecheras, se suman en silencio al esfuerzo de muchos otros para paliar la crisis. Me dirán que es oportunismo; no lo sé; en cualquier caso, prefiero eso al cinismo.
Como decía un colega en Facebook: "¿Como son dos años más de esto? No logró imaginarme".
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