¿#1A?

Recientemente viene circulando una convocatoria en las redes para el próximo 1 de abril, a las 18, en defensa de la democracia y del gobierno nacional, frente a lo que se entiende como un intento desestabilizador por parte de cierto sector del sindicalismo, la izquierda y, particularmente, el kirchnerismo, manifestado en la huelga docente que se prolonga en la provincia de Buenos Aires, el paro nacional convocado para el 6 de abril y las maniobras permanentemente "esmerilantes" de un sector de la oposición que se expresa decidido a impedir que el presidente Macri termine su mandato.
Si bien desde el gobierno y desde la coalición oficialista han aclarado que ellos no impulsna la convocatoria, algunos periodistas se han hecho eco de ella, y el propio Presidente ha manifestado que le parece bien que la gente se exprese. A esto se agrega la insistencia por parte de algunos periodistas, a veces con no muy claras intenciones, acerca de la generación de un "clima destituyente" contra el gobierno nacional.
No faltan tampoco, sin embargo, los que ven en esta convocatoria para el 1 de abril una maniobra orquestada en alguna oficina del kirchnerismo con el objeto de dejar en off side al oficialismo, jugando el juego que más le gusta a aquél: la lucha por "controlar la calle". Juego este propio de quienes han sido privados de espacio para manifestar sus razones en forma civilizada, o de quienes, teniendo ese espacio, carecen de razones para manifestar allí y prefieren recurrir al "apriete" de las multitudes. Estas suspicacias se ven avaladas por un detalle no menor: la convocatoria sería para un sábado a la tarde; un día y horario poco conveniente si lo que se pretende es reunir a una gran multitud.

Este tipo de convocatorias siempre son muy riesgosas en términos políticos, a menos que uno tenga la certeza de que va a ser masiva: sacando las convocatorias kirchneristas (con choripán, colectivos y punteros movilizando), las espontáneas solo fueron importantes cuando fue grave la situación. En efecto, la crisis del campo por la malograda Resolución Nro. 125, fue la respuesta de un sector a una pretensión gubernamental de matar a la gallina de los huevos de oro; no solo se trataba de un grave riesgo para el sector más productivo de la economía nacional, también fue el catalizador de una oposición que, hasta entonces, parecía acallada por la bonanza económica que el kirchnerismo explotaba, hoy vemos, pura y exclusivamente en función de sus necesidades electorales y sin preocuparse por las consecuencias a futuro. Cuando, tras su triunfo en 2011, la entonces Presidenta se dejó llevar por la fantasía del "vamos por todo", el kirchnerismo se sintió con carta blanca para promover todo tipo de atropellos institucionales, considerando que los excelentes resultados obtenidos en las elecciones presidenciales de aquel año justificaba que el gobierno nacional intentara articular un proyecto abiertamente hegemónico; era lógico que quienes no aceptaban dicho avasallamiento se expresaran como lo hicieron el 23 de septiembre y el 8 de noviembre de 2012, entre otras fechas memorables. Por último, la sorpresiva y dudosa muerte del fiscal Nisman, tan conveniente para la entonces Presidenta, hizo aparecer el fantasma monstruoso de la muerte política, que ya creíamos desterrada desde el restablecimiento de la democracia hace 33 años; la marcha del "18F" fue, entonces, imponente, y estuvo entre los antecedentes de lo que, finalmente, se tradujo en la derrota oficialista en las elecciones de 2015.

Puede gustarnos o no; podemos estar a favor o en contra del gobierno nacional.
Pero lo que resulta claro es que no tiene hoy un nivel de amenaza real, ni el gobierno ni el sistema democrático, que justifique salir a la calle. Los enfrentamientos con los sindicatos, lógicos frente a cualquier cuestionamiento del statu quo, aún están lejos de tener características "desestabilizantes"; a lo que debe agregarse -y esto es evidente en el caso de los gremios docentes- que se inscriben en el marco, por un lado, de la interna peronista (dentro de la cual, el kirchnerismo no es más que una facción), y, por otro lado, de la pugna de la izquierda por arrebatar el poder sindical a "los Gordos", en la que los gestos valen más que los hechos (como siempre para la izquierda). Tampoco existe un ambiente de conspiración como contra De la Rua en 2001, en la que una liga de gobernadores peronistas entró en alianza con sectores disconformes de la propia coalición entonces gobernante, en un clima económico sumido en la depresión; Macri ha sabido llevarse bien con los gobernadores, en términos generales, y las disidencias en Cambiemos no son extremas y cuentan, en el peor de los casos, con la válvula de escape de las elecciones de medio término previstas para agosto y octubre.

Nadie dice que las cosas marchen de maravilla. Nadie niega que el gobierno ha incurrido en errores no forzados en materia política. Nadie desconoce que la salida de la crisis económica originada en el modelo kirchnerista resulta más lenta de lo que se esperaba o pueda soportarse.
No obstante, resulta peligroso dejarse ganar por la psicosis. No peligra la democracia, ni el gobierno, ni nada. Y si bien es cierto, como afirma el Presidente, que es bueno que la gente se exprese, también lo es que la dialéctica de la manifestación callejera resulta desgastante no sólo para los gobiernos, sino también para los que participan de ella, razón por la cual siempre conviene reservarla para circunstancias cuya gravedad la justifique.

Preso de una mentalidad

El gobierno nacional se debate entre los tironeos del liberalismo ortodoxo y los del populismo ramplón.

El primero le reprocha el tan mentado "gradualismo", la falta de decisión para llevar adelante medidas impopulares (pero necesarias), el mantenimiento de un alto gasto público para subsidiar la economía. Los planes sociales -esto es, el mantenimiento a expensas del Estado de personas particulares sin contraprestación de parte de ellas-, lejos de reducirse, se han ampliado, en virtud de que el gobierno anterior, pese a ser proclamadamente "nacional y popular", retaceaba su pago para disciplinar a los llamados "movimientos sociales"; terminada la voluntad política de tal disciplinamiento, el actual gobierno simplemente cumple con lo ya reglamentado, pero sin cuidarse de que los mismos movimientos que deben su subsistencia a dichos planes sociales están compuestos en su inmensa mayoría de opositores militantes. Esto ha llevado a que algunos de los "dirigentes sociales" hasta se den el lujo de reconocer que el gobierno actual les pasa más dinero, y que esperan que fracase políticamente; es decir: el gobierno. En síntesis: el gobierno no solo financia a su propia oposición, sino que financia a aquella parte de la oposición que reconoce estar trabajando para el fracaso del gobierno.
A esta ingenuidad -¿se la podrá llamar así?- se suma el hecho de que mantener el gasto público en los niveles actuales exige un esfuerzo fiscal que no permite bajar impuestos como se prometiera en campaña. Lo que conduce a la crítica de los analistas económicos más liberales, quienes, aún reconociendo un progreso por parte de la actual administración en cuanto a la apertura de la economía, ya acuñaron el término "PROpulismo" para definir a la política económica oficial, que parece no estar dispuesta a terminar definitivamente con el crecimiento indefinido del gasto público.

Pero, del otro lado, también recibe el gobierno la crítica de quienes quisieran seguir con la "fiesta" de los últimos años; fiesta que se financiara, tras el final del ciclo económico internacional positivo (el boom de la soja), con un desequilibrio económico tras otro: déficit fiscal crónico, emisión descontrolada, cepo cambiario, tarifas distorsionadas e inflación galopante y disimulada. El sinceramiento de tal situación, pese a no ser completo (eso también lo critican los economistas liberales), desnuda la precariedad de la política económica del gobierno anterior, que dejó en una situación delicada a la actual administración, que se vio obligada a desarmar la bomba de tiempo a través de medidas que, por no haberse tomado en su momento en forma gradual, tuvieron que ser drásticas hasta el límite de lo soportable: devaluación, aumento de tarifas, sinceramiento de estadísticas... Y con un gobierno que no pretende, ni puede darse el lujo de disimular las estadísticas, con lo que la inflación, la pobreza y el desempleo ya pueden verse sin el "maquillaje" al que recurría el kirchnerismo cuando tenía que sostener su relato.
Como los críticos de este sector piensan, lo hemos oído repetidamente, que el dinero crece en los árboles, no se privan de señalar al gobierno como responsable de un ajuste y un endeudamiento salvajes. Algunos, como los ex integrantes de los equipos económicos del gobierno anterior, hacen gala de un cinismo portentoso.

Lo cierto es que el gobierno nacional parece haber subestimado la situación económica heredada, y sobreestimado la reacción de los mercados frente a las primeras medidas económicas. La sensación de que el país sigue sin un plan (como ocurría en los años del kirchnerismo) corroe el único capital que importa para cualquier política económica: la confianza.
Las medidas que eran necesarias para normalizar la economía lógicamente generarían recesión; pero ésta se revertiría con una reactivación que viniera, no de la inyección de billetes sin respaldo, sino de las inversiones atraídas por una economía con reglas claras. Las reglas no parecen ser tan claras cuando el gobierno sigue gastando como si el mañana no existiera; la reactivación tarda en llegar, o llega más lentamente de lo necesario... y las elecciones de 2017 se acercan más rápido de lo que parece.
Los años electorales no son buenos para seguir ajustando. El gobierno lo sabe y eso lo tiene condicionado. Pero también es cierto que no puede seguir preso de una mentalidad, impuesta desde hace décadas en la Argentina, según la cual el papel económico del Estado es el de repartir beneficios y prebendas. Es el camino que, a lo largo de los últimos 70 años, ha ido corrompiendo al sector privado, desalentando la iniciativa individual y, en definitiva, empobreciendo al país.

El cáncer del resentimiento

Algo que la Argentina se debe a sí misma como sociedad es la extirpación del cáncer del resentimiento.
No es que sea patrimonio exclusivo de los argentinos, ni mucho menos. Tampoco es un fenómeno nuevo. Pero hay algunos síntomas de que ha proliferado en los últimos años, hasta convertirse en un obstáculo serio para nuestro progreso como país.

Ya cansa ver a gente grande acusando a otros o sospechando de ellos por el solo hecho de tener más que ellos, ver a chicos en la escuela despreciar y perseguir a otros compañeros nada más que por considerarlos mejores alumnos, ver a las nenas haciéndole el vacío o incluso atacando a "la linda" del barrio, ver a dirigentes políticos o sociales fomentando el odio hacia quienes señalan como culpables de todos los males sin dar siquiera derecho a réplica. El que tiene es ladrón; el que sabe es soberbio; el que trabaja bien es trepador; el que progresa es un explotador; el que destaca es el enemigo... No se trata de hechos comprobados, sino de encasillamientos prejuiciosos: el encasillado es quien tiene que probar su inocencia, y no al revés.

¿Será que somos cada vez más mediocres? El mediocre recela del que, por sus virtudes personales, deja en evidencia su falta de voluntad de superación. Así, tiende a culparlo de sus males y a odiarlo por ello.
¿Será que la izquierda impone sus paradigmas? Las ideologías de izquierda han hecho del resentimiento un arma elemental de la praxis política. Basta leer a cualquiera de sus teóricos para entender el papel que el odio de clase, propagado convenientemente, hace fácil el triunfo de lugares comunes que se arraigan, casi sin darnos cuenta, en nuestros prejuicios.
¿Será que los políticos nos lo han inculcado? Nada mejor para tapar los propios errores que el encontrar "culpables" afuera. Las clases políticas argentinas (especialmente quienes gobernaron en los últimos 12 años) son especialistas en culpar a los Estados Unidos, al FMI, a la derecha, a los militares, a los empresarios, a la burocracia sindical, a Brasil, a las corporaciones, a los cipayos, a los buitres, a los ingleses, a Menem, a Grondona... y la lista sigue. No es que no haya culpas en los demás, pero la persistencia de nuestros problemas debieran hacernos reflexionar acerca de cuál es nuestra responsabilidad en ellos. Sin embargo, siempre es más fácil culpar al "otro", como bien recordaba Tato Bores. Y no ya culparlo, sino despreciarlo, odiarlo y perseguirlo.

Como sea, el resentimiento es una droga que adormece nuestro sentido de responsabilidad, personal y colectivo. Pero, peor aún, es un cáncer que corroe el tejido social, obstaculiza cualquier esfuerzo en favor del bien común y, finalmente, nos debilita como país. Porque una sociedad en la que sus integrantes se resienten unos con otros simplemente se vuelve vulnerable a que, como decía el Martín Fierro, la devoren los de afuera.
Es responsabilidad de los gobiernos no fomentar el resentimiento; más aún: buscar y poner los medios para cicatrizar las heridas de nuestra sociedad. Pero también es responsabilidad de cada uno de nosotros, ciudadanos, el extirpar este cáncer, a través de un cambio de actitudes personal.

La Bella y la Bestia

En las últimas elecciones en los Estados Unidos se han producido una serie de fenómenos interesantes.

El primero es una notable polarización y toma de posición de los medios y la intelligenza progresista, que mostraron, casi al unísono, al candidato finalmente ganador como una suerte de monstruo, una bestia que acabará con todo aquello en lo que creemos y esperamos en occidente. No exagero: pocas veces se ha visto en los Estados Unidos una campaña en términos tan lapidarios para con un candidato, a quien se ha impugnado, vituperado y atacado en toda forma hasta el paroxismo; artistas, intelectuales, periodistas, políticos y hasta el mismo presidente norteamericano se refirieron a Donald Trump en términos directamente injuriosos e insultantes. Al punto que tanta histeria sugería, seguramente sin proponérselo, que las posibilidades de victoria del candidato eran (resultó ser así) más altas de lo que se pretendía.
Para todos los observadores, norteamericanos o extranjeros, la elección no era entre dos candidatos cualquiera, sino entre la bella y la bestia del cuento.

El segundo de los fenómenos es que, justamente, el triunfador lo es a pesar de semejante campaña.
Sí, es cierto: la candidata demócrata habría obtenido unos 200 mil votos más. Pero, si se tiene en cuenta que el padrón de votantes fue de unos 120 millones de votantes, la diferencia resulta menor al 0,2%; a lo que debe agregarse que el padrón, por ser voluntario el voto, no representa a la totalidad de los votantes en condiciones de votar. Esto es, la diferencia a favor de Clinton está lejos de poder deslegitimar la victoria del candidato republicano. Estas situaciones dan pie al debate en Estados Unidos acerca del sistema indirecto de elección presidencia; pero en 2000, Gore sacó 500 mil votos más que Bush, una diferencia mayor que la de este año, aún así perdió, y el sistema no se modificó.
Volviendo al tema, Trump ganó sorpresivamente, no sólo contra todo pronóstico, sino contra toda expresión de deseo.
Nuestro país no fue ajeno a estas especulaciones; el mismísimo gobierno nacional, con dudoso criterio estratégico, apostó públicamente al triunfo de la candidata demócrata. Fueron pocos y no tuvieron mucha trascendencia en nuestro medio, quienes apuntaron el alto grado de impopularidad de Clinton (similar al de Trump) y la desesperación en la que la campaña demócrata terminó embarrándose, más allá de los escándalos y operaciones sucias que abundaron en ambos bandos (al parecer, más que de costumbre).

El tercero de los fenómenos es el de la incertidumbre respecto del futuro de la nación todavía más poderosa del planeta y las consecuencias que esta elección presidencial tendrá para el resto del mundo; incertidumbre que quizás se vaya despejando en el curso de los próximos dos o tres meses, pero que también resulta históricamente infrecuente. Parafraseando a Tato Bores: "íbamos a ganar nosotros los demócratas,... y terminamos ganando nosotros los republicanos". La economía y la política globales han quedado medio en off side por haber calculado la victoria de la "bella" y encontrarse finalmente frente a la "bestia". Nadie, salvo la izquierda más radicalizada, parece saber cómo reaccionar exactamente frente al fenómeno y cómo proceder en adelante.

No seamos ingenuos. Ninguno de los dos candidatos daba el perfil de estadista que los Estados Unidos exige y añora. La administración Obama deja muchas cuentas pendientes aún para los propios demócratas, y su candidata no prometía sino ser más de lo mismo. El candidato republicano, por su lado, no tuvo empacho en usar y abusar de su imagen de energúmeno mediático, lo que no sólo asustó a los extraños, sino también a los propios. Como bien resumió Nik en su viñeta de los domingos en el diario La Nación: ella no decía lo que pensaba y el no pensaba lo que decía.
El electorado norteamericano prefirió el cambio, aunque se lo pintaran tan extravagante como Trump.
Lo demás es especulación ideológica, bastante frívola hasta donde se puede apreciar.

La bella no resultó ser tan bella. El tiempo dirá si la bestia es tan bestia.

El dinero no crece en los árboles

En la actual discusión alrededor de los subsidios del Estado a los servicios públicos (particularmente a la electricidad y el gas) parece olvidarse, a juzgar por el discurso de algunos, que el dinero no crece en los árboles.
Me explico: cuando se le pide al Estado que se haga cargo de algo -que estatice un servicio público, que expropie algo, que subsidie tarifas, que asuma el sostenimiento de alguien, etc.-, se le está pidiendo que gaste dinero en ese compromiso.
Al igual que un particular, el Estado puede utilizar dinero propio o prestado. El dinero propio del Estado es el que recauda con los impuestos. El dinero prestado es el que le proporcionan los bancos o el mercado, a través de empréstitos, bonos, etc.; dinero que, como prestado que es, el Estado se compromete a devolver en algún momento, con intereses.
Pero, a su vez, el Estado puede tener (es el caso de nuestro Estado nacional) la facultad de imprimir dinero. Pero el dinero impreso, en cualquier economía del mundo, representa el conjunto de bienes y servicios que esa economía produce: si tenemos una economía que produce 1000, tendremos que tener un total de dinero circulante por 1000. Por esta razón, si se imprime más dinero sin que la economía crezca en igual proporción, esa relación se desbalancea: tendremos, por ejemplo, una economía que produce 1000 y un circulante por 1100. Así inicia el proceso de la inflación, en términos muy generales, que se va retroalimentando en un círculo vicioso donde la desconfianza en el valor de la moneda va haciendo escalar los precios de los bienes y servicios en forma desproporcionada: la economía real crece un ritmo menor (o, incluso, decrece) que el dinero que la representa. Los argentinos sabemos cómo termina el proceso: la hiperinflación de 1989 es el ejemplo histórico más traumático; pero en menor escala hemos padecido cómo la inflación se come nuestros ingresos y nos empuja a una carrera en la que lo importante es gastar, sacarse de encima la moneda sin valor, y el ahorro (origen de la inversión) brilla por su ausencia. La inflación, en los hechos, se comporta como el más cruel de los impuestos, porque el Estado, a través de la emisión, ya no financia nada más que su propia ineficiencia.
Esto dicho en términos más que generales y primarios. Los detalles y matices no vienen al caso, y los puede ilustrar cualquier economista mínimamente leído.

Lo cierto es que, sea por la vía de los impuestos, por la vía del crédito, o por la vía de la emisión (inflación), el costo de que el Estado se haga cargo de cualquier aspecto de la economía lo terminamos pagando todos. Con un ejemplo: cuando una aerolínea privada da pérdidas, son sus dueños quienes salen perdiendo; cuando la que da pérdidas es Aerolíneas Argentinas, somos todos los argentinos quienes asumiremos el quebranto; sea porque deberemos pagar más impuestos, sea porque nuestros hijos deberán pagar los créditos que hoy se tomen para compensar las pérdidas, sea porque sufriremos todos la inflación que produzca la emisión monetaria para tapar el agujero.

Por ello es tan grave la corrupción estatal: el dinero que va a parar a los bolsillos del funcionario corrupto es un costos que el Estado deberá compensar a expensas de los gobernados.
Por ello no es tan simple, ni tan patriótico, expropiar empresas de servicios públicos: los servicios que terminan siendo "nuestros", son los que financian sus eventuales quebrantos a expensas nuestras; y el Estado argentino ha dado históricas muestras de ineficiencia en el manejo de las empresas públicas. Peor aún: no pocas veces, supuestas gestas por la soberanía nacional encubren ambiciones de funcionarios, políticos y sindicalistas, ávidos de hacerse con recursos privados para poder financiar sus propias carreras políticas (cuando no llenar, directamente, sus cajas fuertes).
Por ello, también, resultan engañosos los subsidios: lo que se paga de menos por un lado, se termina pagando de más por otro; y de manera más inequitativa aún, si se tiene en cuenta que, como ha sucedido en nuestro país, los subsidios fueron orientados a sectores de la población determinados con el fin, no de compensar el menor poder económico, sino de ganar o conservar el favor electoral.

Y no: no son los ricos quienes más se perjudican con estos desmanejos del dinero público. Los ricos tienen más recursos para poner en resguardo sus bienes. Son los pobres los que no tienen alternativa, quienes terminan pagando los alimentos más caros, quienes no pueden evadir el IVA, quienes no tienen forma de ahorrar porque deben utilizar todos sus ingresos para subsistir.
No seamos ingenuos: el dinero del Estado no crece en los árboles, no sale de un caldero mágico sin fondo que todo lo puede y a todos alcanza. Sale de nuestro esfuerzo... o de nuestro bolsillo... y somos nosotros, cuanto más pobres peor, los que terminamos pagando la fiesta.

Responsabilidad bicentenaria

El Bicentenario de la Independencia nos invita a reflexionar acerca de la libertad y el uso que hacemos de ella.
Hace 200 años, las Provincias Unidas decidieron hacerse cargo, no ya de su propio gobierno, sino de su propio destino.

Hacerse cargo.

Es frecuente reclamar libertad, para hacer esto o para hacer aquello. Y es lógico: la libertad es uno de los primeros derechos del hombre, junto con la vida; la libertad es atributo de nuestra misma humanidad. Por eso tendemos instintivamente a defenderla y, en la modernidad democrática, a exaltarla como principio de ciudadanía.
Lo que no es tan frecuente es asumir que la libertad implica, como contracara, la responsabilidad: el que es libre, y porque es libre, responde de sus actos.

Se hace cargo.

Por eso el Bicentenario nos interpela a los argentinos como pueblo: ¿nos hacemos cargo de nuestro destino? ¿Asumimos las consecuencias de nuestras decisiones? ¿O tendemos a buscar endilgar a otros la culpa de nuestros propios errores? ¿O actuamos como adolescentes, deseando y buscando los beneficios sin estar dispuestos a pagar su precio?

Los padres de nuestro país pensaron en un pueblo libre que tuviera las herramientas para construir su propia prosperidad, con responsabilidad. Tal vez el Bicentenario sea la oportunidad, para gobernantes y gobernados, de revisar el modo como nos hacemos cargo del futuro, de asumir nuestra parte en lo que nos pasó y en lo que nos espera, de darlo todo por amor a esa Argentina que le dejaremos a nuestros hijos y a las generaciones futuras.

Las lecciones del sistema

Corrupción política hubo siempre. Es cierto. Y, segura y lamentablemente, siempre habrá. Por lo menos, mientras los gobiernos sean ejercidos por seres humanos. Falibles y débiles, como regla.
Y la hubo siempre en la Argentina. También es cierto. Más o menos generalizada, en mayor o menor escala. Y desde que se fundó el puerto de Buenos Aires, puerto de mala muerte en un rincón ignoto del planeta, olvidado de Dios y del rey y condenado al contrabando en tiempos de la colonia, la corrupción local tuvo su peculiaridad cultural con la "avivada", en los porteños en particular y en los argentinos en general.
Ni los gobiernos civiles ni los militares, ni los peronistas ni los radicales de los últimos años dejaron de presentar más o menos casos de corrupción. Ni Alfonsín, ni Menem, ni De la Rúa, ni Duhalde pudieron mostrar gestiones impolutas. Sí, es cierto: algunos menos que otros.
Es probable que en el actual gobierno del Pro, con el tiempo, también haya casos de corrupción, más o menos importantes.

Pero lo que distingue a los últimos 12 años de gobierno kirchnerista es, quizás, el volumen, la intensidad, la escala y la institucionalización de la corrupción gubernamental, que día a día va apareciendo en las fojas de los expedientes judiciales que, "milagrosamente", encuentran impulso en estos meses, gracias a la presión de la opinión pública y a la mayor libertad de que parecen gozar los jueces desde el 10 de diciembre.
Nos vamos enterando, no ya de la clásica "coima" para conseguir el pago de tal o cual obra, o del sobreprecio puntual, o del negociado que favorece a tal o cual funcionario, o del juez venal, o de la relación mafiosa de políticos con el narcotráfico. No. Aquí aparece todo un sistema en el que el desvío del dinero del Estado a los bolsillos de quienes componían la clase dirigente se hacía en forma sistemática, al parecer, hasta el estrato más alto del gobierno; un sistema en el que la plata negra del narcotráfico financiaba campañas a cambio de impunidad y facilidades operativas en todo el territorio de la nación y en directa asociación con funcionarios del gobierno; un sistema en el que las fuerzas armadas y de seguridad, y los servicios de inteligencia del Estado, estaban infiltrados y manipulados en función, no de la protección de los ciudadanos, sino de los negocios turbios del poder; un sistema en el que el latrocinio no fue una excepción, sino la regla general.
Para colmo, este latrocinio fue, además, perpetrado en nombre de una supuesta revolución social que, al cabo de 12 años de un incomparable escenario económico internacional en términos relativos para la Argentina, no redujo la pobreza en el país. Antes, peor, se sirvió de ella para sus propios fines, a través del clientelismo que facilitó la conservación del poder por parte del "Frente para la Victoria".

Los jueces ya dirán quiénes fueron y en qué medida los responsables de semejante estado de cosas. Esto, si tienen un mínimo de coraje y decencia. Pero nos toca a todos los argentinos aprender las lecciones que nos deja este sistema. Y "todos" somos todos. Los que estuvieron a favor del gobierno anterior y quienes estuvimos siempre en contra. Los de arriba y los de abajo. Los de la izquierda y los de la derecha. Los que formaron parte de aquella administración y los que forman parte de la actual.
Porque quienes estuvieron a favor del kirchnerismo muchas veces hicieron -en homenaje a la "revolución", en el mejor de los casos- la vista gorda sobre hechos que desmentían eso que ellos decían defender. Porque quienes estuvimos en contra del kirchnerismo nos tomamos 12 largos años, como si a la Argentina le sobrara tiempo, para articular una alternativa política más o menos viable (y cuya eficacia aún está por verse), sumidos en peleas de cartel y mezquindades que, muchas veces, fueron complicidad con la corrupción gobernante. Porque no faltaron los de arriba que sólo se acordaron de la ética y el patriotismo cuando les tocó a ellos pagar la cuenta. Porque no faltaron los de abajo que se aprovecharan de la situación para enriquecerse a expensas de los impuestos de todos. Porque la izquierda medró ideológica y materialmente con el dinero del Estado. Porque la derecha es la autora de muchos de los argumentos que sirvieron de coartada al kirchnerismo. Porque quienes gobernaron durante esos 12 años no vieron o no quisieron ver lo que muchos de sus colegas hacían. Porque quienes gobiernan ahora no terminan de escarmentar y repiten vicios que, si no se corrigen a tiempo, pueden degenerar en lo mismo que, dijimos, vienen a cambiar.

Los argentinos tenemos lecciones que aprender. El mani pulite actual no debe ser sólo una especie de reality para satisfacer el morbo de quienes nos opusimos al régimen kirchnerista. Debe ser, en cambio, ocasión para una reflexión masiva acerca de qué cosas tenemos los argentinos que cambiar, cada uno, para que la historia no vuelva a repetirse y la corrupción vuelva a ser la excepción, no la regla.