¿Por qué 40 minutos?

Porque, si tuviera más tiempo, escribiría más largo.

miércoles, 17 de diciembre de 2014

Un escarmiento que truene

Últimamente se han puesto de moda las investigaciones periodísticas sobre hechos de corrupción y las denuncias judiciales contra funcionarios corruptos parecen descongelarse a medida que se acerca el sol de un cambio de gobierno. El desgaste del actual régimen kirchnerista es tal que la opinión pública parece más sensible a la conducta (o inconducta) ética de sus gobernantes.

No está mal.
Pero cabe reflexionar acerca de si los argentinos seremos capaces de escarmentar respecto de la elección de nuestros gobernantes. Escarmentar como escarmentamos alguna vez del recurso sistemático al golpe de Estado como herramienta habitual del poder y la política. Desde 1983 hemos hecho muchas cosas mal, pero esa no. La prueba está en que la crisis de finales de 2001 se resolvió por cauces institucionales; un poco a los golpes, es cierto, pero por cauces institucionales al fin.

¿Escarmentaremos, con un escarmiento que truene, sobre seguir eligiendo dirigentes mesiánicos que solo buscan enriquecerse a expensas del pueblo? ¿Seremos capaces de quebrar esa inercia que nos lleva a sostener al malo conocido en pos de la "gobernabilidad"? ¿Podremos gritar "nunca más" un gobierno de chantas, nunca más un gobierno de gente que nos mienta cínicamente, nunca más un gobierno que alardee sin pudor de su propia corrupción, nunca más un gobierno que persiga a sus críticos, nunca más un gobierno que manipule y desobedezca a la ley?

Será mejor que reflexionemos, falta poco para demostrarlo. Apenas diez meses.

viernes, 12 de diciembre de 2014

En Cuba no se consigue

Es notable cómo la progresía nacional parece restregarse las manos con el destape del bochornoso caso de las torturas de la CIA en la base de Guantánamo. Tanto más cuanto que el escándalo salpica (si no sumerge) al ex presidente G. W. Bush, catalizador de los odios progresistas, y de los votos norteamericanos, durante los 8 años de su presidencia en la primera década del siglo.

La satisfacción "progre" viene porque el asunto desnuda la brutalidad de que es capaz el "Imperio" en su afán por consolidar su poder y dominación. Confirma todos los prejuicios respecto de los Estados Unidos en general, y de la administración republicana en particular. Es un "¿vieron que teníamos razón?" orientado a mostrar lo malo que es el mundo capitalista y, de paso, lo bueno que es enfrentarlo, contradecirlo, desafiarlo y despreciarlo; en este caso, en nombre de los derechos humanos. Al punto que no faltará quien se justifique las atrocidades de grupos extremistas o terroristas con el argumento de que los poderosos del norte fueron los que empezaron, o que "ellos también son terroristas".

Es evidente que un escándalo de esta magnitud, que no sorprende sino que confirma las sospechas que ya se tenían, deberá ser objeto de una investigación profunda y de un castigo ejemplar. Pero, si bien no es santo de mi devoción, estoy de acuerdo con Thomas Friedman cuando dice, bien que con cierta arrogancia, que Estados Unidos sigue siendo mejor que quienes los quieren destruir.

-¿Por qué, Tulián? -dirá el lector- ¿Ahora sos "pro yanqui"?

En realidad, el caso debería preocupar a los fanáticos de la izquierda empeñados en mostrar que el "eje del mal" pasa por Washington, porque el hecho mismo de que una comisión del Congreso de los Estados Unidos haya desnudado las miserias de su propio servicio de inteligencia habla mejor de los norteamericanos que de quienes los impugnan.

Cuesta pensar, en efecto, que algún órgano de La Habana se decida, no ya a denunciar, sino tan solo a investigar las violaciones a los derechos humanos en el resto de la isla, fuera de Guantánamo, que vienen siendo denunciadas por centenares de miles de cubanos exiliados desde hace más de 50 años. Del mismo modo que es inimaginable la existencia de alguna voluntad investigadora en Pekín para descubrir la verdad acerca de las persecuciones políticas y religiosas, las represiones brutales de manifestaciones democráticas o la estricta censura a la que está sometido el pueblo chino.

Y es que la denuncia de violaciones a los derechos humanos sólo es posible en regímenes republicanos y democráticos -realmente democráticos-, donde las libertades son respetadas y los poderes del gobierno se contrapesan, limitan y controlan unos a los otros. No en sociedades donde se instituye el totalitarismo, aunque sea en nombre de la justicia social -generalmente es así: los totalitarismos están convencidos de su propia "bondad"-, no con gobiernos que descalifican y buscan acallar o perseguir a las voces críticas, señalándolas como traidoras a la patria.

¿Por qué será que los mismos que levantan el dedo para acusar a los Estados Unidos por los crímenes que su propio gobierno está denunciando, son maestros en inventar excusas o minimizar los delitos de los populismos locales, tan afectos a disfrazar la verdad y trasladar las responsabilidades a los demás?

Así como es loable que una persona reconozca su propio error y pida perdón, también lo es que un gobierno se haga cargo de las maldades de sus agentes, no para excusarlos ni para ocultarlas, sino para proceder a hacer justicia y castigar condignamente. Esto en Cuba no se consigue... ¿Y en la Argentina?

viernes, 17 de octubre de 2014

El Estado y los particulares

Ya dijimos que tenemos que empezar por respetar la ley.
También que hemos de asumir la responsabilidad que nos toca a cada uno frente a las exigencias del cambio que la Argentina reclama.
Que no podemos pretender encarar ese cambio sin una defensa irrestricta de la institución familiar.
Que no podemos imaginar siquiera el cambio sin concordia entre los argentinos.

Hoy quiero enfocarme en otro aspecto "revolucionario" de este giro que el país anda necesitando: volver al principio de subsidiariedad.
Digo "revolucionario", porque los argentinos, como sociedad, nos hemos acostumbrado en las últimas décadas a desertar de nuestra iniciativa propia y a esperarlo todo del Estado. Y no sólo lo referente a las obras de infraestructura básica, el funcionamiento de la administración o la provisión de servicios esenciales, como la salud, la educación o la seguridad. Esperamos del Estado la solución de nuestros problemas microeconómicos, la satisfacción de nuestros deseos personales, la mitigación de nuestras miserias más íntimas.
Así, acudimos al Estado para reclamarle la protección de nuestros negocios, la organización de espectáculos culturales, el subsidio de nuestras cuentas domésticas y hasta la homologación de nuestras relaciones interpersonales.
Claro que, como siempre y como enseñaba aquel profesor, levantamos "altares a los principios" y pretendemos "cadalsos para las consecuencias". Porque nada de cuanto nos da el Estado es, aunque lo parezca, gratuito; y no sólo por los costos que supone para el presupuesto estatal el mantenimiento de tal o cual subsidio, o de tal o cual plan de ayuda, ni por los desequilibrios macroeconómicos a los que han conducido, invariablemente, las políticas demagógicas. También porque quienes nos gobiernan esperan un rédito político de toda esa demagogia, utilizada como una verdadera herramienta extorsiva: "o me votan..." -parecen decir- "...o se les acaba la fiesta". De donde cada prebenda que arrancamos al Estado la pagamos con lealtad al gobierno (mejor dicho, a quienes lo componen), so pena de terminar siendo objeto de represalias por nuestra eventual deslealtad.

Volver al principio de subsidiariedad supone asumir que la iniciativa, el impulso, la fuerza motora de la sociedad y de la economía está en cada uno de nosotros. No se trata de construir de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. El Estado sólo debe intervenir cuando el esfuerzo del particular resulta insuficiente, y sólo mientras resulte insuficiente.
Supone el compromiso por parte de cada uno de los ciudadanos de hacerse cargo del esfuerzo que supone sacar adelante el país, como si no pudiéramos esperar nada del Estado.
Supone la responsabilidad importante de los gobernantes de no convertir la acción subsidiaria del Estado en la coartada para expoliar a los ciudadanos y ahogar, así, a la iniciativa privada.

El principio de subsidiariedad es mala palabra para la izquierda "progre", tan propensa a sacralizar al Estado y a desconfiar sistemáticamente de los individuos (como si el aparato del Estado no estuviese formado por individuos). Pero la historia humana testimonia que los grandes cambios, las grandes iniciativas e inventos, los procesos institucionales más perdurables, el progreso económico de las naciones, rara vez han sido fruto de la acción estatal; casi siempre han surgido de las personas individuales, de quienes han han comprometido su propio destino, corrido su propio riesgo, jugado su propia responsabilidad.

lunes, 15 de septiembre de 2014

Concordia

Es cierto que las divisiones son parte de la historia de un país. Que lo son, también, de nuestra historia. Que es lógico que existan, porque somos hombres, no ángeles. Que muchas veces la Providencia se encarga de sacar de ellas bienes inimaginables. Que, entre estos bienes y aún sin adherir a Hegel, muchas otras veces actúan como motor del progreso y de la historia.
Pero nada de ello las justifica. Nada de ello las convierte en algo bueno, positivo o aun deseable.
Resulta mezquina la visión de ciertos políticos según la cual la división aparece como la más formidable herramienta de construcción del poder.
No. La división trae más males que bienes. La división genera rencores, resentimientos, desprecios, injusticias. Si acaso resulta accidentalmente de ella algún bien, el precio suele resultar excesivo.

Una mirada a nuestra historia reciente nos bastaría para comprobar esta afirmación. Quizás uno de los obstáculos más desgraciados que tiene que sortear la Argentina para salir a flote y convertirse en potencia sea la vocación caníbal de sus ciudadanos, la aparente imposibilidad de convivir sin recelar del otro, de construir sin destruir al contrario, de generar bienestar para unos sin hundir a otros. Tenemos muy metido en nuestra idiosincrasia esa suerte de prejuicio dialéctico según el cual, si unos están bien (económica, cultural o socialmente), es a expensas de los otros; pareciera que no se puede construir la Argentina que queremos porque, para eso, hay que terminar con estos o aquellos. "Este país se va a arreglar el día que se muera el último..."; y ahí ponemos el sustantivo que queramos: el último peronista, el último oligarca, el último delincuente, el último corrupto, el último gorila, el último banquero, el último abogado, el último cura, el último negro, el último "milico", el último extranjero, el último facho, el último trosko... ¿Seguimos?

Si es señal de inmadurez el echarle permanentemente la culpa de los propios males al otro, lo es más el pensar que sólo en la exclusión de éste hallan solución aquéllos. Inmadurez y soberbia; de las que casi nadie puede considerarse ajeno en la Argentina.

Si vamos a construir un país nuevo, tenemos que asumir que lo construiremos con todos los argentinos. Si queremos revitalizar el tejido social, no sólo habrá que repetir, como lo hace la Presidenta, que "la patria somos todos"; habrá que actuar en consecuencia, habrá que asumir que el patriotismo, esa virtud tan necesaria para superar las crisis nacionales, supone identificarse con el compatriota aunque este no piense como uno ni compartamos con él las mismas aspiraciones respecto del país.

Nada se puede construir sobre la base de considerar que la sociedad argentina se divide en capitalistas y proletarios, populares y gorilas, nacionales y cipayos. Hemos de asumir que todos los argentinos queremos el bien de la Argentina, aún cuando nos conste que ello no es así. Sonará ingenuo, pero es preferible equivocarnos en aceptar la buena fe del otro que vivir recelando injustificadamente unos de otros.

La reconstrucción argentina pasará necesariamente por una búsqueda heroica -no le quito una letra al adjetivo- de la concordia. Heroica, porque nos exigirá a todos saber renunciar a nuestras personales listas de agravios, a nuestros preconceptos (por justificados que nos parezcan), para aceptar al argentino que tenemos al lado como es, sin más, y construir con él -no contra él- un país mejor.

lunes, 8 de septiembre de 2014

Hacen falta familias

Nos escandaliza la inseguridad. Ver cada vez más delincuentes, más jóvenes, más audaces (en el peor sentido de la palabra), como miembros de una generación que ha perdido la esperanza y nada más tiene que perder. Ser testigos de una degradación social que ni las tasas chinas de crecimiento de la "década ganada" consiguieron frenar.
Pero quizás no advertimos cuánto de esa degradación pasa por la falta de contención familiar, por la inexistencia de una familia bien constituida (mamá, papá, hermanos, abuelos, tíos...) que transmita valores positivos, que enseñe la empatía.
No nos hacemos cargo de que detrás de cada delincuente hubo una carencia de familia.

Nos horroriza la violencia intrafamiliar y la ahora llamada "violencia de género". Padres que golpean a sus hijos, o los abandonan, o los matan de hambre; padrastros que violan a sus hijastras ante la mirada cómplice de sus propias madres; mujeres golpeadas, abusadas o asesinadas por sus parejas; ancianos castigados por sus propios hijos. Y nos preguntamos por qué puede encerrarse tanta maldad en la propia casa.
Ahora bien, no estamos tan atentos a observar que esos "vínculos familiares" son cada vez más lábiles, fundados en relaciones de conveniencia o de egoísmo -no de amor-, en las que las personas no buscan donarse a los demás, sino la satisfacción del propio deseo; deseo que, justamente cuando es insatisfecho, genera la reacción violenta, el rechazo y la utilización (cuando no la eliminación) del otro.
Quizás no queremos ver que detrás de cada hecho de violencia doméstica hay falta de amores sólidos sobre los que construir la familia.

Nos preocupa la droga, el alcohol, el descontrol adolescente, en general. Nos sentimos impotentes ante la cada vez mayor cantidad de chicos que parecen, no sólo no tener, sino tampoco no querer aceptar ningún tipo de límite ni pauta de conducta, con sus consecuencias de embarazo adolescente, más violencia "de género", y alegre autodestrucción en aras de una mal entendida libertad.
Pero no aceptamos la inmensa responsabilidad que tenemos en todo ello, al aplaudir irresponsablemente el inicio precoz de la sexualidad, al impugnar cualquier proyecto educativo que proponga virtudes que contradigan la lógica del hedonismo, al renunciar a construir, a través de la familia, una educación en virtudes que dé a los adolescentes y los jóvenes un horizonte más rico, más fecundo, más trascendente, que el vivir para sí mismos y la satisfacción de los propios caprichos.
Nos resistimos a entender que detrás de cada adolescente desorientado faltó la conciencia clara y firme de unos padres que le dieran recursos para encarar las dificultades de la vida.

Podríamos seguir, ¿verdad?
Y el lector podría acusarme de retrógrado, cavernícola o medieval, haciendo propios los prejuicios marxistas contra la familia y su función esencial en la construcción de una sociedad sana. Y no le quito una letra: prejuicios; porque la experiencia del día a día nos muestra, de manera pura y dura, que sólo con familias bien constituidas pueden revertirse, si no reducirse a su mínima marginalidad, las lacras sociales que aquí enumeramos y muchas más.
Y familias bien constituidas significa fundadas en matrimonios estables, monogámicos, heterosexuales (¡cuánta falta hacen la figura bien definida de papá y mamá en la formación de la personalidad!), abiertos a la vida, generosos, abnegados.
Y el Estado tiene el deber, no sólo de proteger, también de alentar, de promover, este tipo de familias, sanas, que funden el cambio que el país necesita.

Hacen falta familias, y cualquier proyecto para reconstruir a la Argentina debe hacerse cargo de políticas para su fortalecimiento.

lunes, 11 de agosto de 2014

Un cambio cultural

Cada pueblo tiene gobernantes a su imagen.

No estoy de acuerdo con esas frases demagógicas del estilo de “este país no se merece estos gobernantes”. Muy por el contrario: tenemos, siempre, los gobernantes que nos merecemos.
Nuestros gobernantes no vienen de otro planeta, surgen del pueblo que los elige,… o que los tolera. Tan argentinos como cualquier argentino, con las mismas virtudes y los mismos vicios. De algún modo son un espejo en el que podemos mirarnos. Si no nos gusta la imagen que nos devuelve ese espejo, esto debería ser para nosotros un llamado a la reflexión, un motivo concreto para nuestra propia reforma personal.

Recuerdo a la vendedora de una mercería, que se quejaba de cómo robaban en el gobierno (hace 15 años), al tiempo que no entregaba factura por las ventas que hacía. Estamos acostumbrados a escuchar que los accidentes automovilísticos ocurren porque no se hacen cumplir las normas; pero nos quejamos cuando un gobierno municipal se pone duro con las multas: “lo hacen para recaudar”, decimos. Somos rápidos y rigurosos para señalar los incumplimientos ajenos, al tiempo que excesivamente indulgentes con nuestros propios incumplimientos.
Este doble estándar, esta vara desigual, esta desatención con la viga del propio ojo, se reflejan en gobernantes que manipulan la ley en virtud de su propio proyecto de poder, que se consideran providenciales, que persiguen a quienes disienten y abusan del poder para favorecer a los propios. Gobernantes, podría decirse en definitiva, que hacen lo que haría el argentino medio si estuviera en el poder.

No quiere decir esto que, como dijera el ex presidente uruguayo Batlle, los argentinos seamos todos ladrones, “del primero al último”. Pero sí que el argentino medio tiene un umbral de tolerancia a la anomia superior al de los países desarrollados, e incluso por encima de la mayor parte de los países vecinos. A veces, algunas quejas respecto de la corrupción y de la política traslucen más la decepción y el resentimiento de quien no puede participar en el negocio que la legítima indignación del hombre honrado.

¿A qué apunto? A que cualquier revolución que queramos que empiece en nuestro país debe comenzar por una revolución en nuestra conducta individual. En la medida en que cada argentino no procure ser irreprochablemente honesto, cumplidor de la ley, generoso con quienes lo rodean, etc.; en la medida, en síntesis, en que cada uno de nosotros no procure ser un buen ciudadano, no puede esperar ni reclamar probidad en nuestros gobernantes.
Cualquiera sea la política que se impulse para sacar a la Argentina de cualquiera de las distintas crisis por las que atraviesa, serán necesarias políticas educativas, culturales y de concientización social orientadas a fomentar la mejora personal de los argentinos y su responsabilidad cívica. Y ello encabezado y acompañado por el ejemplo de quienes integran las dirigencias (no solamente políticas, sino de todos los ámbitos del quehacer civil), indispensable para el éxito de aquellas políticas.
Estamos hablando de un verdadero cambio cultural, que va por delante de toda otra reforma necesaria. Un cambio en el que debemos involucrarnos todos; si bien sólo podrá hacerse efectivo una vez que la dirigencia lo haga propio y lo encabece, para que ese día llegue, cada uno de nosotros debe asumir su parte en esa revolución, sin esperar a que vengan a obligarlo. Resulta fácil decir: “¿para qué cambiar, si los de arriba siguen siendo iguales?”. Pero el razonamiento debe ser el inverso: “si yo no cambio primero, no puedo exigirle el cambio a los demás”.

Se trata de una “vuelta de tuerca” sobre la archiconocida frase de John F. Kennedy: “no pregunten qué es lo que el país puede hacer por ustedes, sino qué es lo que ustedes pueden hacer por su país”. Propuesta que, no por repetida hasta el lugar común, deja de ser cierta.

Cambiar nosotros —cambiar yo—, para que cambien nuestros gobernantes. Ese es el desafío.

lunes, 14 de julio de 2014

Por dónde empezar: las instituciones

La pregunta, ahora, es: ¿por dónde empezar? Si tenemos que reconstruir el país después de la inundación kirchnerista, la primera cuestión es qué hay que levantar primero.

Al igual que en el caso de un edificio derruido, lo primero es reconstruir el armazón que sostuvo la estructura arrasada, aquello que debe volver a mantener todo en pie. Una reconstrucción que, además, mejore las técnicas, materiales y resistencia del anterior armazón, de manera tal que evite un nuevo colapso y resista la reiteración del fenómeno que destruyó la estructura.
En el caso de un país, el armazón son sus instituciones, su orden jurídico, especialmente el constitucional, sin el cual no podrá articular ninguna solución a sus problemas.

Los argentinos tenemos una especie de prejuicio por el cual estamos esperando al dirigente providencial que nos saque de la postración. Por herencia o por vicio, lo cierto es que no toleramos las soluciones a largo plazo; no podemos sufrir la espera que supone la lenta construcción de una estructura institucional que garantice la continuidad del progreso. Quizás por eso preferimos los liderazgos fuertes, y procuramos su prolongación aun antes de evaluar sus resultados.

Pero esto tiene que terminar. Si queremos realmente ser una potencia, si aspiramos a que la Argentina aproveche al máximo su potencial, hemos de aspirar a que la fortaleza no esté tanto en los liderazgos (la permanente búsqueda del "macho alfa") como en las instituciones.
La ley tiene que trascender a las personas. No al revés. Debemos dejar de pretender manipular las normas para ajustarlas al interés político del momento. Esto tiene que terminar aquí. No puede tolerarse más que se ponga entre paréntesis el respeto por la Constitución con la excusa de la eficacia política, la celeridad procesal o la justicia social. No.

La Constitución tiene que respetarse a rajatabla, en todos sus artículos. Debemos someternos al imperio de la ley, sin excusas. Hemos de "soportar" el equilibrio de poderes, la república, sin esperar más mesías salvadores.
Solo el respecto irrestricto por el orden jurídico, sin excepciones ni privilegios, nos dará la fortaleza institucional necesaria para acometer la enorme tarea de la reconstrucción de nuestra economía y de nuestro tejido social. Solamente con instituciones fuertes recuperaremos el crédito y la credibilidad que hemos perdido en el exterior; sólo así tendremos la autoridad moral necesaria para defender los intereses nacionales en el contexto internacional.

Convenzámonos de que no hay otra alternativa. Recuperemos el valor del compromiso que reside en el respeto por la ley.
Esto supondrá un paso inmenso y sin costo. En efecto, el respeto de la ley por parte de gobernantes y gobernados no le cuesta al país un centavo, no supone ninguna erogación, no requiere ningún trámite. Solo exige el esfuerzo personal de cada argentino por cumplir con las normas establecidas, por hacerlas cumplir, por reclamar de manera civilizada, por convivir respetando al otro.
En eso consiste la justicia, en ese respeto que lleva a dar a cada uno lo suyo, alejándonos de la desmesura, de la agresión, del atropello.

Así empezaremos a construir un país nuevo.

viernes, 4 de julio de 2014

El día después

El fin del kirchnerismo no será el fin de nada, sino el comienzo de una nueva etapa para nuestro país. De nuestra clase dirigente dependerá que esa nueva etapa tenga un valor en sí misma o se reduzca a un “pos kirchnerismo”: a un mantenimiento del estado de cosas que nos dejarán los Kirchner o, a lo sumo, a un desarme de las estructuras más escandalosas legadas por esta dinastía política.
El peligro consiste, pues, en que, a partir del 11 de diciembre de 2015 sigamos refiriéndolo todo, por activa o por pasiva, por la positiva o la negativa, al sistema de poder y la acción de gobierno que encabezaron, durante más de 12 años, Néstor Kirchner y su esposa. Sería una situación análoga a la que enfrentó, y resolvió mal, el antiperonismo después del golpe de estado del 16 de septiembre de 1955. Salvadas las distancias —ahora no habrá golpe, sino una simple sucesión de gobiernos constitucionales—, a finales de 2015 también terminará un largo gobierno, que tuvo en su mano una parte extraordinaria de los resortes del poder, que hizo de ellos uso discrecional y en función, casi exclusivamente, de su conservación, que ha transfigurado el perfil social y político de la Argentina, e instaurado un régimen político ajeno al sistema institucional delineado en la Constitución Nacional.

Entre 1955 y 1973, en la Argentina se gobernó, primero, en función de destruir al peronismo y su legado político, y luego, pretendiendo sustituirlo. El antiperonismo generó actitudes tan sectarias como las del peor momento del peronismo, apuntaló o derrocó gobiernos según percibiera su lejanía o cercanía con el peronismo, llegó a cobrarse vidas humanas y, finalmente, sirvió de coartada a la locura guerrillera entre los años ’60 y ’70. Nadie pensó en rescatar lo bueno, en encontrar una fórmula superadora, en plantear otro proyecto de país. No. Se trataba de arrasar con el peronismo, como los romanos arrasaron a su turno con Cartago, o como los soviéticos pretendieron borrar durante años de la historia reciente el solo recuerdo de Stalin. En el afán de renegar del peronismo, se lo terminó potenciando, por la negativa: quienes habían formado parte del “pueblo peronista” se resintieron notablemente, e incluso quienes habían vivido el peronismo en su niñez criados por familias antiperonistas se “convirtieron” en su juventud al peronismo, como reacción frente al ciego sectarismo antiperonista.

¿Vamos a hacer lo mismo ahora?
No faltan antikirchneristas tan recalcitrantes que desearían borrar de la memoria colectiva hasta el último vestigio del recuerdo de los Kirchner cuando éstos abandonen el poder. Tampoco faltan políticos de la oposición preocupados, al parecer, únicamente por perseguir penalmente los latrocinios de la “década ganada”. Como si todos los problemas del país pasaran por la sola detentación del poder por parte de la Presidenta y sus funcionarios. Corremos, insisto, el peligro de reeditar la barbarie de aquella época en la que el nombre de Perón no podía siquiera pronunciarse en los medios masivos de comunicación.
Sí, ya sé: cuesta pensar hoy que exista algo de rescatable en un ciclo que parece conducirnos al punto del que partimos (el default de la deuda), con un gobierno que ha hecho uso y abuso del poder, que ha perseguido solapadamente a toda disidencia, que ha dilapidado los recursos del país en un inmejorable contexto internacional, y que exige para sí mismo las contemplaciones y derechos que niega expresamente a los demás. Ya escribí, en su momento, que nada tenía de “ganada” la década kirchnerista.
Pero el país no está mal, solamente, por el accionar del kirchnerismo. Está mal por aquello que nadie en nuestra clase dirigente solucionó —y ni siquiera vio que tenía que solucionar—, está mal por aquello que el kirchnerismo “vendió” y la oposición “compró” sin cuestionar durante los últimos 11 años, está mal por aquello que nadie quiere cambiar porque supone que puede servir a su propio interés, está mal porque la Argentina ha naturalizado, como se dice ahora, una serie de vicios en los que se encuentra sumergida, como en aquella “matrix” de la película, sin percatarse siquiera de que la están matando lentamente.

Entonces, ¿qué?
Como dije al principio, la etapa que se iniciará en 2015 supondrá la oportunidad para iniciar algo más que un simple “poskirchnerismo”. Tenemos que encarar todos los problemas de la Argentina desde una perspectiva que no se agote en un “anti” nada. Tenemos que proponer algo nuevo, verdaderamente nuevo, que vaya más allá de la referencia a los Kirchner. Tenemos que superar, de una vez, la perenne retorsión sobre el pasado, para escarmentar y volver a construir nuestro presente.
Mirar para adelante. Pensar la Argentina de nuevo. Que el pasado no sea el tema del presente. Ofrecer a las nuevas generaciones no una nueva venganza, sino un proyecto de país. Pero un proyecto verdadero, no una suma de frases hechas, no una “idea fuerza”, no un eslogan.

Será la oportunidad para volver a proyectar el país, para recuperar la senda, abandonada décadas atrás, de la Argentina potencia, para escarmentar de los errores, capitalizar las experiencias y empezar a construir, en lugar de destruir, de una bendita vez.

miércoles, 12 de febrero de 2014

jueves, 23 de enero de 2014

La contradictoria cultura del subsidio

La Presidenta acaba de anunciar un nuevo subsidio para los jóvenes "ni-ni" (que ni trabajan, ni estudian): el plan "ProgresAR". Lo hizo en medio de un discurso que esquivó groseramente los temas que preocupan a la sociedad; pero esto es una anécdota. Lo interesante es que, en ese mismo discurso, se jactó de haber alcanzado el pleno empleo en el país durante la "década ganada".
Si hay pleno empleo, ¿por qué hay jóvenes de entre 18 y 24 que no trabajan? Si no trabajan, es porque no quieren. Si no quieren trabajar, ¿por qué vamos a subsidiarlos? Digo "vamos", porque el dinero saldrá de los impuestos que pagamos todos.
Pero si no trabajan porque no pueden, porque no consiguen trabajo ¿cuál es el concepto que la Presidenta tiene de pleno empleo?

También surgen preguntas cuando uno analiza el razonamiento de que esos jóvenes "son los hijos del neoliberalismo", porque sus padres perdieron el empleo en los 90: ¿no pudieron recuperarse durante la "década ganada"?
La verdad es que, anunciar subsidios a la población "vulnerable" tras diez años de gobierno (y de un gobierno tan jactancioso), resulta contradictorio con un actitud triunfalista: si todavía hay gente que necesita un subsidio, es porque la gestión económica (y educativa) está muy lejos de ser brillante.

Tan contradictorio como festejar que los subsidios aumentan en cantidad (no tanto como en monto) de año en año, como si fuera un logro de gestión, cuando en realidad es el reconocimiento del fracaso. El objetivo no puede ser subsidiar cada vez más a más gente, sino generar las condiciones económicas y sociales óptimas para que cada vez sea menos la gente que necesita subsidios del Estado.

Claro que esta independencia de la ayuda estatal puede no resultar útil para nuestra clase gobernante (no sólo la nacional), tan habituada a utilizar los subsidios para generar clientela política. Es por ello que los punteros presionan a los directivos de las escuelas para que firmen certificados de escolaridad de alumnos que no asisten a clases, para que sus madres no pierdan la asignación universal por hijo.
¿Pasará lo mismo con el plan "ProgresAR"?