Lo que está en juego

Como le decía a un primo mío: yo no me "caso" con los candidatos, aunque sean los del partido en el que milito. Y es que la experiencia indica que en el único en quien podemos poner nuestra esperanza es Dios. El aval para los hombres -que eso son los candidatos- siempre debe ser condicional; entre otras cosas, porque así lo exige la república, una forma de Estado en la que las instituciones, supuestamente y en principio, están para suplir los defectos y limitar los excesos de quienes ejercen el poder.
Digo esto porque no va a faltar quien me acuse de estar haciendo propaganda. No es mi intención. Sí, en cambio, lo es llamar la atención sobre qué es lo que se está jugando en la Argentina este año de elecciones.

Porque son muchos los políticos que se preocupan más por la foto, por no salir "pegados" a este o a aquel, por el principismo y las utopías, o por cultivar la quinta personal, que por el país, el mal que lo aqueja y las soluciones a mano para sacarlo adelante. Algunos de estos políticos esconden con su miopía un secreto vergonzante: si el gobierno del Frente para la Victoria robara menos, quizás ellos estarían encantados acompañándolo; porque, en el fondo, comparten la visión entre "progre" y stalinista que el gobierno tiene acerca de la economía, la sociedad, las relaciones exteriores, los medios, las corporaciones, la seguridad, y una larga lista de etcéteras.

Pero el problema de la Argentina es más grave que el de un gobierno que ha hecho del latrocinio una forma de ejercer el poder. Se trata de un problema más general, que tiene que ver con una forma de "moldear" la sociedad para que sea dependiente del Estado mediante el clientelismo y el prebendarismo; que tiene que ver con el desprecio de las instituciones como sistema y forma de hacer política, que propaga y exacerba la anomia de los argentinos; que tiene que ver con una prepotencia enseñada desde el poder, que convence al ciudadano de a pie de que el uso de la fuerza es una herramienta válida -cuando no la única efectiva- de hacer valer la propia voluntad, y de que ésta se encuentra por encima del derecho; que tiene que ver, en definitiva, con la degradación intelectual de las próximas generaciones -destruyendo la educación pública, la noción de responsabilidad ciudadana y la cultura del trabajo-, para que los argentinos del futuro próximo no sean más exigentes que un rebaño dispuesto a ir detrás del líder que les ofrezca la satisfacción de sus apetencias más básicas, juguete de los tiranos, ganado para ser arreado a donde aquéllos dispongan.

La señal que deberían dar los políticos de la oposición es que entienden que este último es el problema, que lo que está en juego es la república y no el acceso al poder de un gobierno más o menos corrupto. Una sociedad que no dependa del Estado está en mejores condiciones de castigar a sus gobernantes con el voto cuando éstos incumplen con el mandato popular. Un país donde las instituciones funcionan tiene herramientas eficaces para combatir a la corrupción que pueda surgir entre quienes detentan el poder. Un ciudadano respetuoso del prójimo está más capacitado para construir que para destruir. Un pueblo educado y laborioso premia el esfuerzo, la virtud y el mérito; y condena la chantada, el vicio y el oportunismo.

Claro que, para dar esa señal, hará falta una gran dosis de pragmatismo, que lleve a poner por delante de las diferencias de estilo o de los cuestionamientos puntuales la visión estratégica del cambio que el país requiere, y difiera las discusiones que aquéllos conllevan para cuando se haya asegurado el reencarrilamiento de la república.
Parece mentira que una sociedad que reclamaba que la oposición hiciera frente al kirchnerismo en forma unida y consensuada se escandalice ahora de los acuerdos electorales que se anudan para lograr, justamente, esa unidad y consenso. Resultaría, entonces que la tan predicada unidad no es entendida sino como rendición de los demás al propio liderazgo, a la propia posición, sin concesión alguna; como si dijéramos: "seremos plurales y consensuaremos sólo con aquellos que piensen como nosotros y estén dispuestos a seguirnos".
Debemos ser pragmáticos, sin llegar a ser cínicos; sin desconocer que las diferencias existen; sin negar la realidad de plano y por conveniencia. Pero sí teniendo claras las prioridades: por delante de las ideologías está la Argentina, por arriba de las pretensiones personales están los chicos que se mueren de hambre, los pobres manipulados por el narco, los argentinos que necesitan de un trabajo digno para realizarse como seres humanos, el país que de oportunidades a las generaciones por venir.

Alguien se quejaba: "renuncian a los principios por los votos". En realidad, en la democracia son los votos los que permiten imponer los principios. Si no lo entendemos así, tenemos que dedicarnos, no a la política, sino a la charla de café.

Genocidios

Hoy, 24 de abril, se rememora uno de los episodios más lúgubres del siglo XX: el genocidio de más de un millón de armenios perpetrado por el entonces Imperio Otomano, del cual se cumple este año el centenario de su iniciación.
Quizás, después del de los judíos a manos del nazismo, es el genocidio más estudiado de los muchos cometidos en la pasada centuria.

Los armenios que fueron masacrados en aquel entonces, lo fueron por su religión. En efecto, tanto cristianos como judíos eran ciudadanos de segunda en el Imperio Otomano justamente por no pertenecer a la religión oficial: la musulmana. Los armenios deportados, vejados, asesinados o abandonados a la muerte, lo fueron por su condición de cristianos. Por eso la Iglesia Apostólica Armenia los ha canonizado.

Las vueltas de la historia: cien años después contemplamos por YouTube la abierta aniquilación de miles de cristianos (católicos, ortodoxos, protestantes) en Medio Oriente y África a manos de distintas organizaciones de la jihad islámica. Persecución que se suma a la que ya venían padeciendo en los países comunistas, la India y otros países de extremo oriente, de diversas formas que van desde la sutil segregación, pasando por la persecución legal, hasta el más bárbaro de los salvajismos.

Alguien se tomará el trabajo de contar cuántas son las víctimas que llevan acumuladas estas persecuciones. Estoy seguro de que serán más que las doce personas muertas en Charlie Hebdo a principios de año.
Lo que resulta curioso es que, mientras esta última masacre mereció, con razón, un repudio internacional unánime y la movilización civil de millones de personas en Francia, las matanzas de cristianos (también de yazidíes y otras minorías religiosas) no encuentran la misma reacción por parte de las principales potencias mundiales. Algunas, supongo, porque carecen de autoridad moral para señalar genocidios ajenos. Pero las otras, supuestamente preocupadas por la libertad, la democracia y los derechos humanos, reaccionan de manera tibia, a través de la condena formal, cuando no guardan un inexplicable silencio.

Quisiera creer que no es porque piensen que las víctimas de esos crímenes "algo habrán hecho", o que esos muertos "bien muertos están".

Por qué no soy de izquierda

Ya escribí una vez acerca del mito "progresista". Hoy quiero centrarme en otro aspecto del mismo tema: por qué no soy de izquierda (ni lo quiero ser).

En primer lugar, porque ser de izquierda es ser marxista. Sí: los socialdemócratas europeos también son marxistas, aunque light. Quizás más eficientes que los "progres" locales desde el punto de vista económico, pero marxistas filosóficos en el fondo. Si no materialistas, por lo menos inmanentistas; si no ateos militantes, por lo menos agnósticos prácticos; si no colectivistas, por lo menos amigos de repartir la riqueza ajena. En cualquier caso, deterministas convencidos de que la historia se mueve a partir del principio de la lucha de clases, y de que así debe ser "relatada"; de que hay buenos (la izquierda, los trabajadores, los pobres, las minorías) y malos (la derecha, los capitalistas, los ricos, la burguesía); de que la religión es el opio de los pueblos y que, en el mejor de los casos, debería volver a practicarse de la puerta de la catacumba para adentro; de que el hombre no es más que una pieza en la gran maquinaria de la economía y no tiene dignidad si no es en función de alcanzar la sociedad sin clases.

Una concepción del mundo y de la historia que se da de patadas con una realidad que Marx no previó: el crecimiento espontáneo de la clase media en economías más libres y tecnificadas. Ahí empiezan los problemas para la izquierda: cuando los trabajadores invierten lo que ganan y se convierten en capitalistas; cuando los pobres aprovechan las oportunidades de la economía abierta y se enriquecen; cuando las minorías adoptan todas las ventajas de la sociedad burguesa que dicen combatir. Cabe preguntarse, por ejemplo, cuánto más soportará su contradicción el régimen marxista chino en el poder, a medida que su inmensa población se aproveche de la apertura de su economía, se incorpore a la clase media, deje de conformarse con subsistir y empiece a reclamar (ya empezó, pero los tanques de Tiananmen la disuadieron, por ahora) más libertades y derechos.

En segundo lugar, porque, al ser marxista, la izquierda pretende tener el monopolio de la justicia social y los derechos humanos. Claro que no entendidos como lo hizo la Revolución Francesa (burguesa) sino como los entiende el marxismo: parte de un discurso o relato funcional a la lucha de clases. La derecha, en este esquema que no quiere admitir prueba en contrario, es elitista y preservadora de los privilegios, violadora serial de los derechos humanos.

Pero este monopolio cruje cuando las recetas económicas marxistas (estatistas, cerradas y pretendidamente nacionalistas) mantienen a inmensas multitudes en la pobreza, y cuando gobiernos que se dicen izquierdistas son conducidos por una "nomenklatura" que goza de los privilegios de la "revolución", mientras mantiene silenciados con el garrote a los "contrarrevolucionarios" que los contradigan. Allí se ve que la justicia social y los derechos humanos son para los revolucionarios; para el enemigo, ni justicia.

En tercer lugar, porque esas pretensiones de la izquierda la llevan a buscar, no sólo el poder político, sino también el poder ideológico. Los izquierdistas parecen no conformarse con imponer sus recetas, también quieren que todos adhieran. Así, la revolución marxista no solo debe controlar los medios de producción; también los medios de comunicación, la cultura y la educación.

De nuevo, este tipo de pretensiones hegemónicas, de gobernar las acciones y los pensamientos ajenos, desembocan necesariamente en la persecución de todo aquel que quiera pensar distinto; y llevan siempre al hartazgo, incluso, de los propios izquierdistas, cuando caen en la cuenta de que no pueden pensar diferente de quien detenta el poder, de que la alternativa a la cárcel (o la muerte) es el exilio.

Por último y en consecuencia de todo lo anterior, porque la izquierda no puede mantenerse en el poder sin el totalitarismo. Sin el totalitarismo de Estado (como en los países donde "triunfó la revolución") o, por lo menos, sin actitudes totalitarias traducidas en leyes concretas que apuntan a imponer paradigmas a palos: todo se justifica por la revolución. Y los izquierdistas no se hacen cargo jamás de las consecuencias negativas de sus propias políticas: todo lo que sale mal es por culpa de la contrarrevolución. Marxismo es igual a totalitarismo, necesariamente; tan contrario a la naturaleza humana es, que no hay otra forma de imponerlo a la sociedad si no es por la fuerza. La historia es elocuente: los países en donde la revolución marxista triunfa terminan convirtiéndose en regímenes de partido único; la Cortina de Hierro existió hasta que los pueblos se sublevaron contra la opresión de gobiernos marxistas; gobiernos como el cubano o el venezolano no se sostienen sin una férrea persecución de todo opositor; en China, el Estado llega a decidir cuántos hijos puede tener una persona.

Me dirán que en los países con sistemas políticos más liberales (que tampoco están exentos de esas actitudes totalitarias, lamentablemente) también se verifican, más o menos solapadas, persecuciones, injusticias y atrocidades mil. Pero en esos países, por lo menos, aún se puede levantar la voz para denunciar esos abusos, y aún se puede recurrir a las instituciones políticas para limitar los abusos del poder. Allí donde la "revolución" izquierdista triunfó, las disidencias se acallaron, la ley sólo sirve al poder y nada más se escucha sino la voz oficial... denunciando las conspiraciones de "la derecha".

Un escarmiento que truene

Últimamente se han puesto de moda las investigaciones periodísticas sobre hechos de corrupción y las denuncias judiciales contra funcionarios corruptos parecen descongelarse a medida que se acerca el sol de un cambio de gobierno. El desgaste del actual régimen kirchnerista es tal que la opinión pública parece más sensible a la conducta (o inconducta) ética de sus gobernantes.

No está mal.
Pero cabe reflexionar acerca de si los argentinos seremos capaces de escarmentar respecto de la elección de nuestros gobernantes. Escarmentar como escarmentamos alguna vez del recurso sistemático al golpe de Estado como herramienta habitual del poder y la política. Desde 1983 hemos hecho muchas cosas mal, pero esa no. La prueba está en que la crisis de finales de 2001 se resolvió por cauces institucionales; un poco a los golpes, es cierto, pero por cauces institucionales al fin.

¿Escarmentaremos, con un escarmiento que truene, sobre seguir eligiendo dirigentes mesiánicos que solo buscan enriquecerse a expensas del pueblo? ¿Seremos capaces de quebrar esa inercia que nos lleva a sostener al malo conocido en pos de la "gobernabilidad"? ¿Podremos gritar "nunca más" un gobierno de chantas, nunca más un gobierno de gente que nos mienta cínicamente, nunca más un gobierno que alardee sin pudor de su propia corrupción, nunca más un gobierno que persiga a sus críticos, nunca más un gobierno que manipule y desobedezca a la ley?

Será mejor que reflexionemos, falta poco para demostrarlo. Apenas diez meses.

En Cuba no se consigue

Es notable cómo la progresía nacional parece restregarse las manos con el destape del bochornoso caso de las torturas de la CIA en la base de Guantánamo. Tanto más cuanto que el escándalo salpica (si no sumerge) al ex presidente G. W. Bush, catalizador de los odios progresistas, y de los votos norteamericanos, durante los 8 años de su presidencia en la primera década del siglo.

La satisfacción "progre" viene porque el asunto desnuda la brutalidad de que es capaz el "Imperio" en su afán por consolidar su poder y dominación. Confirma todos los prejuicios respecto de los Estados Unidos en general, y de la administración republicana en particular. Es un "¿vieron que teníamos razón?" orientado a mostrar lo malo que es el mundo capitalista y, de paso, lo bueno que es enfrentarlo, contradecirlo, desafiarlo y despreciarlo; en este caso, en nombre de los derechos humanos. Al punto que no faltará quien se justifique las atrocidades de grupos extremistas o terroristas con el argumento de que los poderosos del norte fueron los que empezaron, o que "ellos también son terroristas".

Es evidente que un escándalo de esta magnitud, que no sorprende sino que confirma las sospechas que ya se tenían, deberá ser objeto de una investigación profunda y de un castigo ejemplar. Pero, si bien no es santo de mi devoción, estoy de acuerdo con Thomas Friedman cuando dice, bien que con cierta arrogancia, que Estados Unidos sigue siendo mejor que quienes los quieren destruir.

-¿Por qué, Tulián? -dirá el lector- ¿Ahora sos "pro yanqui"?

En realidad, el caso debería preocupar a los fanáticos de la izquierda empeñados en mostrar que el "eje del mal" pasa por Washington, porque el hecho mismo de que una comisión del Congreso de los Estados Unidos haya desnudado las miserias de su propio servicio de inteligencia habla mejor de los norteamericanos que de quienes los impugnan.

Cuesta pensar, en efecto, que algún órgano de La Habana se decida, no ya a denunciar, sino tan solo a investigar las violaciones a los derechos humanos en el resto de la isla, fuera de Guantánamo, que vienen siendo denunciadas por centenares de miles de cubanos exiliados desde hace más de 50 años. Del mismo modo que es inimaginable la existencia de alguna voluntad investigadora en Pekín para descubrir la verdad acerca de las persecuciones políticas y religiosas, las represiones brutales de manifestaciones democráticas o la estricta censura a la que está sometido el pueblo chino.

Y es que la denuncia de violaciones a los derechos humanos sólo es posible en regímenes republicanos y democráticos -realmente democráticos-, donde las libertades son respetadas y los poderes del gobierno se contrapesan, limitan y controlan unos a los otros. No en sociedades donde se instituye el totalitarismo, aunque sea en nombre de la justicia social -generalmente es así: los totalitarismos están convencidos de su propia "bondad"-, no con gobiernos que descalifican y buscan acallar o perseguir a las voces críticas, señalándolas como traidoras a la patria.

¿Por qué será que los mismos que levantan el dedo para acusar a los Estados Unidos por los crímenes que su propio gobierno está denunciando, son maestros en inventar excusas o minimizar los delitos de los populismos locales, tan afectos a disfrazar la verdad y trasladar las responsabilidades a los demás?

Así como es loable que una persona reconozca su propio error y pida perdón, también lo es que un gobierno se haga cargo de las maldades de sus agentes, no para excusarlos ni para ocultarlas, sino para proceder a hacer justicia y castigar condignamente. Esto en Cuba no se consigue... ¿Y en la Argentina?

El Estado y los particulares

Ya dijimos que tenemos que empezar por respetar la ley.
También que hemos de asumir la responsabilidad que nos toca a cada uno frente a las exigencias del cambio que la Argentina reclama.
Que no podemos pretender encarar ese cambio sin una defensa irrestricta de la institución familiar.
Que no podemos imaginar siquiera el cambio sin concordia entre los argentinos.

Hoy quiero enfocarme en otro aspecto "revolucionario" de este giro que el país anda necesitando: volver al principio de subsidiariedad.
Digo "revolucionario", porque los argentinos, como sociedad, nos hemos acostumbrado en las últimas décadas a desertar de nuestra iniciativa propia y a esperarlo todo del Estado. Y no sólo lo referente a las obras de infraestructura básica, el funcionamiento de la administración o la provisión de servicios esenciales, como la salud, la educación o la seguridad. Esperamos del Estado la solución de nuestros problemas microeconómicos, la satisfacción de nuestros deseos personales, la mitigación de nuestras miserias más íntimas.
Así, acudimos al Estado para reclamarle la protección de nuestros negocios, la organización de espectáculos culturales, el subsidio de nuestras cuentas domésticas y hasta la homologación de nuestras relaciones interpersonales.
Claro que, como siempre y como enseñaba aquel profesor, levantamos "altares a los principios" y pretendemos "cadalsos para las consecuencias". Porque nada de cuanto nos da el Estado es, aunque lo parezca, gratuito; y no sólo por los costos que supone para el presupuesto estatal el mantenimiento de tal o cual subsidio, o de tal o cual plan de ayuda, ni por los desequilibrios macroeconómicos a los que han conducido, invariablemente, las políticas demagógicas. También porque quienes nos gobiernan esperan un rédito político de toda esa demagogia, utilizada como una verdadera herramienta extorsiva: "o me votan..." -parecen decir- "...o se les acaba la fiesta". De donde cada prebenda que arrancamos al Estado la pagamos con lealtad al gobierno (mejor dicho, a quienes lo componen), so pena de terminar siendo objeto de represalias por nuestra eventual deslealtad.

Volver al principio de subsidiariedad supone asumir que la iniciativa, el impulso, la fuerza motora de la sociedad y de la economía está en cada uno de nosotros. No se trata de construir de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. El Estado sólo debe intervenir cuando el esfuerzo del particular resulta insuficiente, y sólo mientras resulte insuficiente.
Supone el compromiso por parte de cada uno de los ciudadanos de hacerse cargo del esfuerzo que supone sacar adelante el país, como si no pudiéramos esperar nada del Estado.
Supone la responsabilidad importante de los gobernantes de no convertir la acción subsidiaria del Estado en la coartada para expoliar a los ciudadanos y ahogar, así, a la iniciativa privada.

El principio de subsidiariedad es mala palabra para la izquierda "progre", tan propensa a sacralizar al Estado y a desconfiar sistemáticamente de los individuos (como si el aparato del Estado no estuviese formado por individuos). Pero la historia humana testimonia que los grandes cambios, las grandes iniciativas e inventos, los procesos institucionales más perdurables, el progreso económico de las naciones, rara vez han sido fruto de la acción estatal; casi siempre han surgido de las personas individuales, de quienes han han comprometido su propio destino, corrido su propio riesgo, jugado su propia responsabilidad.

Concordia

Es cierto que las divisiones son parte de la historia de un país. Que lo son, también, de nuestra historia. Que es lógico que existan, porque somos hombres, no ángeles. Que muchas veces la Providencia se encarga de sacar de ellas bienes inimaginables. Que, entre estos bienes y aún sin adherir a Hegel, muchas otras veces actúan como motor del progreso y de la historia.
Pero nada de ello las justifica. Nada de ello las convierte en algo bueno, positivo o aun deseable.
Resulta mezquina la visión de ciertos políticos según la cual la división aparece como la más formidable herramienta de construcción del poder.
No. La división trae más males que bienes. La división genera rencores, resentimientos, desprecios, injusticias. Si acaso resulta accidentalmente de ella algún bien, el precio suele resultar excesivo.

Una mirada a nuestra historia reciente nos bastaría para comprobar esta afirmación. Quizás uno de los obstáculos más desgraciados que tiene que sortear la Argentina para salir a flote y convertirse en potencia sea la vocación caníbal de sus ciudadanos, la aparente imposibilidad de convivir sin recelar del otro, de construir sin destruir al contrario, de generar bienestar para unos sin hundir a otros. Tenemos muy metido en nuestra idiosincrasia esa suerte de prejuicio dialéctico según el cual, si unos están bien (económica, cultural o socialmente), es a expensas de los otros; pareciera que no se puede construir la Argentina que queremos porque, para eso, hay que terminar con estos o aquellos. "Este país se va a arreglar el día que se muera el último..."; y ahí ponemos el sustantivo que queramos: el último peronista, el último oligarca, el último delincuente, el último corrupto, el último gorila, el último banquero, el último abogado, el último cura, el último negro, el último "milico", el último extranjero, el último facho, el último trosko... ¿Seguimos?

Si es señal de inmadurez el echarle permanentemente la culpa de los propios males al otro, lo es más el pensar que sólo en la exclusión de éste hallan solución aquéllos. Inmadurez y soberbia; de las que casi nadie puede considerarse ajeno en la Argentina.

Si vamos a construir un país nuevo, tenemos que asumir que lo construiremos con todos los argentinos. Si queremos revitalizar el tejido social, no sólo habrá que repetir, como lo hace la Presidenta, que "la patria somos todos"; habrá que actuar en consecuencia, habrá que asumir que el patriotismo, esa virtud tan necesaria para superar las crisis nacionales, supone identificarse con el compatriota aunque este no piense como uno ni compartamos con él las mismas aspiraciones respecto del país.

Nada se puede construir sobre la base de considerar que la sociedad argentina se divide en capitalistas y proletarios, populares y gorilas, nacionales y cipayos. Hemos de asumir que todos los argentinos queremos el bien de la Argentina, aún cuando nos conste que ello no es así. Sonará ingenuo, pero es preferible equivocarnos en aceptar la buena fe del otro que vivir recelando injustificadamente unos de otros.

La reconstrucción argentina pasará necesariamente por una búsqueda heroica -no le quito una letra al adjetivo- de la concordia. Heroica, porque nos exigirá a todos saber renunciar a nuestras personales listas de agravios, a nuestros preconceptos (por justificados que nos parezcan), para aceptar al argentino que tenemos al lado como es, sin más, y construir con él -no contra él- un país mejor.